La discriminación en el consumo es un concepto reciente en la normativa nacional e internacional. Este fenómeno afecta el derecho a la igualdad de las personas y su dignidad, y es por este motivo que este acto ilícito debe ser sancionado y repudiado por los Estados. Debido a que es un concepto nuevo, los consumidores no tienen muy en claro cuándo se constituye una discriminación en el consumo y tienden a confundirla con otras figuras, muy similares, que se establecen dentro del derecho del consumidor, como es el caso del trato ilícito diferenciado. En el presente trabajo de investigación desarrollaremos cómo nació la figura de discriminación en el consumo en nuestra normativa nacional. Asimismo, el presente trabajo tiene por finalidad desarrollar el concepto de discriminación en el consumo y trato ilícito diferenciado para poder demostrar que ambos conceptos no son iguales. De igual manera, para poder demostrar que existe una diferencia entre ambos conceptos analizaremos algunas resoluciones y sentencias emitidas por Indecopi y el Tribunal Constitucional. Por último, desarrollaremos nuestra teoría llamada “Teoría del tipo infractor en el consumo”, mediante la cual se demostrará que existen dos tipos infractores que tienen el mismo resultado: la vulneración del derecho a la igualdad, pero la diferencia se encontrará en el motivo que hay detrás de cada acción. / Discrimination in consumption is a recent concept in national and international regulation. This phenomenon affects the equality right and dignity of people, and it is for this reason that this illegal act must be punished and repudiated by the States. Because it is a new concept, consumers are not very clear when it constitutes a discrimination in consumption and tend to confuse it with other figures, very similar, that are established within the law of the consumer as it is: differentiated illicit treatment. In this research work we will develop how the figure of discrimination in consumption was born in our national regulations. Likewise, the purpose of this work is to develop the concept of discrimination in consumption and differentiated illicit treatment in order to demonstrate that both concepts are not the same. Similarly, in order to demonstrate that there is a difference between both concepts, we will analyze some of the resolutions and sentences issued by Indecopi and the Constitutional Court. Finally, we will develop our theory called “Theory of the offending type in consumption”, through which it will be shown that there are two offending types that have the same result: the violation of the right to equality, but the difference will be found in the reason that behind every action.

Existe un público cuestionamiento a los alimentos producidos a partir de organismos genéticamente modificados (OGM) o llamados transgénicos, pues no existe evidencia concluyente que sean inocuos, que no dañen la salud de los consumidores; y por ello en 2010 el artículo 37 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor reguló la obligación de los proveedores de informar en sus etiquetas si los alimentos que expenden incorporan insumos que sean OGM; sin embargo, los proveedores no cumplen su obligación y afectan los derechos de los consumidores a elegir y a ser informados. En atención a ello, resultó pertinente investigar esta problemática desde el Derecho de Protección al Consumidor con el objeto de determinar las medidas a tomar para que los proveedores de productos alimenticios cumplan con su obligación y respeten los derechos de los consumidores, siendo que luego de un analisis de la doctrina, la legislación pertinente y los pronunciamientos emitidos por la autoridad de consumo se concluyó que el referido artículo 37 es una norma vigente y aplicable que no establece parametros para su cumplimiento; pero, resulta insuficiente, por lo que las medidas que se deben tomar para revertir ello son realizar una aplicación combinada de acciones de oficio de la administración, de practicas de autorregulación por parte de los proveedores y de educación a las consumidores, pues dichas herramientas garantizaran el cumplimiento de la obligación de los proveedores y por ende el respeto al derecho de elecció y de información de los consumidores.

El presente informe tiene como finalidad analizar la normativa correspondiente a los derechos de los consumidores en los contratos masivos, entre ellos el reconocimiento del derecho a la cancelación anticipada en las operaciones de créditos y que no se incluyan cláusulas que lesionen los intereses de los consumidores en los contratos de consumo, para ello se analiza si dicha prerrogativa lesiona los intereses del proveedores en tanto produce la pérdida de la ganancia esperada por el préstamo, así como si dicho derecho podría estar afecto a ciertas cargas que permitan recuperar a los proveedores los intereses dejados de percibir. Al respecto, se analiza la evolución de dicha prerrogativa a través del método de interpretación ratio legis con la finalidad de dilucidar la razón de ser del derecho al pago anticipado, concluyendo que fijar cláusulas como penalidad por el ejercicio del derecho al pago anticipado distorsionan y desnaturalizan su razón de ser; asimismo, se deduce que en tanto el bien jurídico tutelado lo constituye el intereses de los consumidores y que éstos adquieran productos o servicios que satisfagan sus necesidades se regula el derecho a la cancelación anticipada que crea un orden económico equilibrado que protege los consumidores y garantiza la libre concurrencia de los proveedores, coadyuvando al modelo económico social de mercado.

El presente Informe de Relevancia Jurídica versa sobre la demanda ante la Comisión de Protección al Consumidor interpuesta por Ismael Rodriguez y otros funcionarios de Electro Dunas S.A.A. frente a Rímac Internacional Compañías de Seguros y Reaseguros por la negativa de esta última a brindarles la indemnización de la Póliza de Responsabilidad Civil D&O a raíz de la aplicación de la Exclusión de Accionista Mayoritario. Tanto la Comisión como la Sala de Defensa en segunda instancia, se declararon competentes para conocer la denuncia en tanto indicaron que existía una relación de consumo. El objetivo general del trabajo busca revisar, analizar y cuestionar los fundamentos de estos órganos para calificar tal relación; así como también, examinar aspectos controvertidos adicionales como una de las consecuencias de esta decisión o la revisión de cláusulas relevantes del Contrato. Los problemas jurídicos abarcan un análisis sistemático de las Pólizas de D&O en calidad de Contratos de Seguro de carácter mercantil, a efectos de determinar que en los hechos concretos del caso, la denuncia no debió ser llevada a cabo por la vía de Protección al Consumidor. Asimismo, se toman en cuenta otras aristas, como la afectación al Principio de Mutualidad de los Contratos de Seguro y el análisis la cláusula de Gastos de Defensa de las Condiciones Generales a efectos de preguntarnos si esta es abusiva o no.

La presente investigación académica se diferencia de otros enfoques académicos porque se realiza un análisis global e integral de la protección al consumidor financiero en la actualidad y con instrumentos internacionales, sobre la importancia del trabajo en conjunto de Indecopi y SBS, para garantizar la transparencia en la actividad en el sistema de intermediación financiera peruana de la mano con la protección a las normas de consumidor. En esa misma línea, se tienen diversos proyectos para optimizar los canales de atención con los consumidores, tales como: implementación de la ventanilla única de reclamos, lanzamiento del nuevo convenio de cooperación institucional 2022, publicación oficial de la Circular SBS respecto a la atención de reclamos y requerimientos conformación de grupos de trabajo, no obstante, es relevante que en nuestro ordenamiento jurídico se brinde una protección especializada ante los cambios acelerados con las tecnologías que manejan las institucionales del sistema financiero, es decir, dotar de funciones y mecanismos a las instituciones responsables de la protección a los usuarios financieros, ya que, desde su óptica pueden aportar mucho en la gestión de la revisión de procedimientos administrativos por el conocimiento en este sector que es considero complejo por las operaciones que se realizan en él, y de ese modo pueda lograr el equilibrio de funciones tanto velar por la solidez, solvencia de las entidades financieras y una adecuada protección indirecta a los derechos de los consumidores. / This academic research differs from other academic approaches because a global and comprehensive analysis of financial consumer protection is carried out today and with international instruments, on the importance of the joint work of Indecopi and SBS, to guarantee transparency in the activity in the Peruvian financial intermediation system hand in hand with the protection of consumer standards. Along the same lines, there are various projects to optimize customer service channels, such as: implementation of the single window for complaints, launch of the new institutional cooperation agreement for 2022, official publication of the SBS Circular regarding customer service. claims and requirements for the formation of working groups, however, it is relevant that in our legal system specialized protection is provided in the face of accelerated changes with the technologies that institutions of the financial system manage, that is, to provide functions and mechanisms to the institutions responsible for the protection of financial users, since, from their point of view, they can contribute a lot in the management of the review of administrative procedures for knowledge in this sector, which is considered complex by those carried out in it, and in this way achieve the balance of functions so much that it can ensure the solidity, solvency of the entities and adequate indirect protection of consumer rights.

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar la Resolución N° 199- 2013/SPC-INDECOPI (en adelante, la “Resolución”), emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI (en adelante, la “Sala”), mediante la cual se declaró infundado el recurso de revisión interpuesto por la empresa Paratel S.A.C contra la Resolución N° 507-2012/ILN-CPC por: (i) la presunta aplicación indebida del artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, “Código de Consumo”), (ii) la presunta inaplicación del artículo 20° del Código de Consumo y (iii) la presunta inaplicación del precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución N°85-96-TDC. En ese sentido, mediante el presente informe se busca determinar si existió una infracción al deber de idoneidad, ello mediante el análisis normativo y jurisprudencial de dicho concepto. Asimismo, se analiza el derecho de reposición, reconocido en el Código de Consumo, como parte de la garantía legal y si el mismo ha sido desplazado mediante la garantía expresa otorgada por el proveedor en el presente caso. Finalmente, en relación a la inaplicabilidad del precedente de observancia obligatoria aprobado mediante la Resolución N°85-96- TDC, se busca determinar si el mismo ha quedado sin efecto como consecuencia de la derogación expresa de la Ley de Protección al Consumidor.

En el presente trabajo se analiza, no solo desde una perspectiva de derecho del consumidor, sino desde los derechos humanos y de derecho constitucional, algunos aspectos de la Resolución N° 2025-2019/SPC-INDECOPI. Se pregunta si es que, en la situación suscitada en la referida Resolución, efectivamente hubo discriminación por razones etarias a personas mayores de edad. Para ello primero elabora un breve marco teórico sobre el derecho a la igualdad y no discriminación en el que se repasan diversos instrumentos internacionales que recogen y profundizan en estos derechos fundamentales, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En segundo lugar, se enfoca en el análisis de los derechos fundamentales de las personas mayores, como es el derecho a una vivienda digna, basándose también en instrumentos internacionales que los han desarrollado. Se realiza una mención especial a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, único instrumento internacional de obligatorio cumplimiento, recientemente ratificado por nuestro país. Luego, se explora la función de las instituciones financieras y su colaboración con el Estado, especialmente a través del Fondo Mivivienda, en el desarrollo de alternativas que permitan a las personas mayores el pleno goce de sus derechos. Posteriormente, se comenta el impacto económico y de costos que podría tener para las instituciones financieras el otorgamiento de créditos a personas mayores, desde una perspectiva de su responsabilidad empresarial para con los derechos humanos. Finalmente, se realiza un test de proporcionalidad con la finalidad de verificar y validar la constitucionalidad de las medidas propuestas en el Informe. / In this paper, the author analyzes, from human rights and constitutional law perspective some aspects of the Resolution N° 2025-2019/SPC-INDECOPI. He wonders if in the mentioned situation, older consumers were discriminated based on their age. First, he elaborates a short theoretical framework about the right to be treated equally and to not be discriminated by any reason, in which he reviews a series of international instruments that provide a development of these fundamental rights, based on International Human Rights Law. Second, the author focuses on the analysis of older consumers human and fundamental rights, such as owning a deserving house, based on the international instruments that have developed these topics. He does a special mention to the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons, the only instrument of mandatory compliance, that has been recently ratified by our country. Then, he analyses the function of financial institutions and their collaborative work with the government, especially with Fondo Mivivienda, in the development of alternatives that allow older consumers to pursue their fundamental and human rights. Finally, we elaborate a proportionality test in order to validate the constitutionality of the proposed measures in this paper.

El derecho de la protección al consumidor tiene como fundamento la tutela de los consumidores en un escenario en el que el desequilibrio económico y la asimetría informativa propias de la dinámica de mercado pueden propiciar perjuicios en su esfera económica y personal. En la actividad bancaria la particular complejidad que asiste a sus operaciones amplifica este desequilibrio en la relación de consumo, exponiendo al consumidor bancario a una situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la eficacia del sistema legal peruano de protección al consumidor de productos y servicios de entidades de crédito. Para tal propósito, desde una perspectiva dogmática, legislativa y jurisprudencial, se perfilan los alcances y particularidades que componen al consumidor bancario y se establece su diferenciación respecto de la común categoría del consumidor protegido ante el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Por otro lado, se desarrolla la regulación específica dirigida a tutelar los derechos del consumidor financiero y el diseño institucional de las entidades competentes en esta materia: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, se evalúa la aplicación de iniciativas de autorregulación privada como las implementadas por ASBANC. De esta manera, con sustento en un marco conceptual descriptivo compuesto por doctrina, jurisprudencia y la legislación pertinente en la materia, desde un enfoque descriptivo y crítico, se busca alcanzar un diagnóstico detallado de la regulación sobre el consumidor de productos y servicios de entidades de crédito financiero y los mecanismos de resolución de quejas y denuncias de consumidores, a efectos de poder evaluar si las disposiciones en la materia dan solución a la mayoría de los conflictos que se suscitan de transacciones y operaciones en el sector bancario. / Consumer protection law is based on the protection of consumers in a scenario in which the economic imbalance and information asymmetry inherent in market dynamics can lead to harm in their economic and personal sphere. In banking activity, the particular complexity of its operations amplifies this imbalance in the consumption ratio, exposing the banking consumer to a situation of greater vulnerability. Therefore, this paper aims to evaluate the effectiveness of the peruvian legal system of consumer protection of products and services of credit institutions. For this purpose, from a dogmatic, legislative and jurisprudential perspective, the scope and particularities that make up the banking consumer are outlined and their differentiation is established with respect to the common category of consumer protected by the Código de Protección y Defensa del Consumidor. On the other hand, the specific regulation aimed at protecting the rights of the financial consumer and the institutional design of the competent entities in this area is developed: the Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual and the Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. In addition, the implemetation of private self regulation initiatives such as those implemented by ASBANC is evaluated. Thus, base on a descriptive conceptual framework composed of doctrine, jurisprudence and relevant legislation on the subject, from a descriptive and critical approach, a detailed diagnosis of consumer regulation of financial credit institution’s products and services and consumer complaint and resolution mechanisms is sought, for the purpose of assessing whether the provisions in this área resolve mosto f the conflicts arising from transactions and operations in the banking sector.

El presente informe tiene por objeto analizar el contenido de la Resolución No 0219-2018/SPC- INDECOPI, mediante la cual la Sala Especializada en Protección al Consumidor concluyó que la restricción de ingresar a las salas de cine con alimentos y/o bebidas adquiridas en establecimientos comerciales diferentes al de Cineplex S.A. constituye un supuesto de cláusula abusiva de ineficacia absoluta que vulnera el derecho a la libre elección de los consumidores. En ese sentido, este trabajo evalúa la cuestión referida a si dicha restricción constituye, en efecto, una cláusula abusiva que vulnera el derecho a elegir de los consumidores y si, amparada en el derecho a la libertad de empresa, es una restricción legítimamente válida en el contexto de una modelo de economía social de mercado, en el cual se encuentra adscrito el Perú. Para este propósito, se analiza el contenido esencial y los alcances del derecho a la libertad de empresa y el derecho de protección de los consumidores. Asimismo, se examina si la restricción puede calificarse como una cláusula abusiva en atención a lo dispuesto en la legislación nacional. Finalmente, desde un enfoque de los contornos constitucionales de los derechos involucrados, se efectúa un el test de proporcionalidad sobre la medida correctiva ordenada. Todo ello para efectos de evidenciar que, bajo la interpretación del Indecopi en la resolución materia de análisis, el mandato constitucional del derecho a la libertad de empresa se restringió sin un debido sustento, en tanto la cláusula de restricción de acceso a las salas de cine con alimentos y/o bebidas adquiridas fuera del establecimiento comercial no representa una restricción al derecho a la libre elección de los consumidores. / The purpose of this report is to analyze the content of the Resolution N° 0219-2018/SPC- INDECOPI, by which the Sala Especializada en Protección al Consumidor concluded that the restriction of entering movie theaters with food and/or beverages purchased in commercial establishments other than Cineplex S.A. constitutes a case of unfair term of absolute ineffectiveness that infringes the right of free choice of consumers. In this sense, this paper evaluates the question of whether such restriction constitutes, in effect, an unfair term that infringes the right to choose of consumers and whether, protected by the right to freedom of enterprise, it is a legitimately valid restriction in the context of a model of social market economy, in which Perú belongs. For this purpose, the essential content and scope of the right to free enterprise and the right to consumer protection are analyzed. Likewise, it is examined whether the restriction can be classified as an unfair term in accordance with the provisions of national legislation. Finally, from an approach of the constitutional contours of the rights involved, a proportionality test is carried out on the corrective measure ordered. All this for the purposes of evidencing that, under the interpretation of the Indecopi in the resolution subject to analysis, the constitutional mandate of the right to freedom of enterprise was restricted without due support, since the term restricting access to movie theaters with food and/or beverages purchased outside the commercial establishment does not represent a restriction on the right to free choice of consumers.

Una persona no realiza una inversión si no considera que obtendrá un beneficio mayor. No es razonable invertir un monto superior a la máxima ganancia esperable. Del mismo modo, si el costo de asumir un litigio es mayor al beneficio que uno podría obtener del mismo, una persona razonable difícilmente asumirá dicho costo y la controversia no será iniciada. Frente a esta situación es que surgen las acciones de clase y, en particular, las acciones de clase por daños individuales homogéneos. una acción de clase permite que afectaciones individuales muy reducidas puedan ser tuteladas en conjunto y, así, lograr el resarcimiento de tales daños. La acción de clase es, entonces, un tipo de proceso colectivo que se caracteriza por tutelar los intereses de una gran cantidad de individuos que han sufrido un perjuicio por hechos comunes u homogéneos entre sí. Debido a estas similitudes entre tantos involucrados, sería ineficiente que reclamen sus controversias individualmente, por lo que se vuelve necesario iniciar una acción de clase que englobe las pretensiones de todos los afectados y que resuelva la controversia mediante una única sentencia.