El objetivo central del programa consiste en analizar la implementación de un programa estatal de conservación de bosques en una comunidad indígena y su influencia en las actividades económicas y organización social. Los objetivos secundarios de la investigación son describir el proceso de implementación del PNCBMCC y los compromisos de conservación establecidos entre éste y la comunidad nativa, identificar los posibles cambios en las formas de uso y manejo del bosque en una comunidad nativa a partir de la implementación del PNCBMCC e identificar los posibles cambios en las actividades económicas y organización social en una comunidad nativa a partir de la implementación del PNCBMCC. / Tesis

El desarrollo del presente trabajo pretende brindar los criterios para la aplicación del principio de causalidad esbozado en el numeral 8 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores seguidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ante el incumplimiento de las obligaciones ambientales en el ámbito administrativo respecto de titulares de la actividad de gran y mediana minería, en los casos de fusión de personas jurídicas que implican la extinción de las mismas. Hasta la fecha, en los supuestos de extinción y fusión de personas jurídicas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental aplica la sucesión procesal de personas jurídicas y continúa los procedimientos sancionadores contra la persona jurídica subsistente del proceso de fusión. Al respecto, considero que esta acción puede ser perfeccionada. De esta manera, como se desarrollará en el presente trabajo, considero que existen documentos elaborados por los órganos de este organismo que deben ser considerados para la configuración del pasivo contingente en la transferencia de patrimonio en bloque y universal que implica la fusión de las personas jurídicas. Específicamente, se está hablando del informe de supervisión y del informe final de instrucción. Ambos documentos deberían ser considerados en el pasivo contingente para así evitar la elusión de la responsabilidad administrativa por parte de las personas jurídicas subsistentes.

El objetivo central del programa consiste en analizar la implementación de un programa estatal de conservación de bosques en una comunidad indígena y su influencia en las actividades económicas y organización social. Los objetivos secundarios de la investigación son describir el proceso de implementación del PNCBMCC y los compromisos de conservación establecidos entre éste y la comunidad nativa, identificar los posibles cambios en las formas de uso y manejo del bosque en una comunidad nativa a partir de la implementación del PNCBMCC e identificar los posibles cambios en las actividades económicas y organización social en una comunidad nativa a partir de la implementación del PNCBMCC.

Los conflictos socio ambientales sostenidos entre empresas mineras y las localidades que conforman su ámbito de influencia han cobrado cada vez mayor relevancia a nivel nacional1. De allí la importancia de prestar atención a las relaciones que establecen estas localidades con las empresas mineras, para el adecuado diagnóstico que permita su prevención y manejo. Así, cobra gran relevancia analizar el uso de una de las herramientas más importantes con las que cuentan los proyectos mineros para su relacionamiento con la comunidad: el proceso de participación ciudadana. En este sentido, el presente informe profesional examina la intervención sociológica realizada como parte de un equipo consultor, durante la implementación del proceso de participación ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto minero Shahuindo, ubicado en la Región Cajamarca, entre los años 2012 y 2013. / Proyecto Profesional

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El presente artículo aborda el papel que puede cumplir la Empresa B frente a la deforestación de los bosques amazónicos en el Perú, siendo este uno de los problemas causantes del cambio climático. Problema que el Estado Peruano no ha podido reducir de forma eficiente en los últimos años. La conservación de bosques es un tema de suma importancia, dentro de las obligaciones que el Estado debe realizar frente a los recursos naturales, en su rol de promotor según lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política del Perú (1993). El presente trabajo se justifica, en el sentido que el Perú ha asumido compromisos internacionales –como la XIV Conferencia del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en lo que respecta a la conservación de bosques-. Por consiguiente, resulta necesario analizar el rol del Estado Peruano, las comunidades nativas –como actor directamente involucrado a este recurso natural- y a la Empresa B como nuevo modelo empresarial y como una herramienta importante para cumplir con el objetivo de conservación de bosques. La participación de un agente externo –como es la Empresa B-, y la acción en conjunto entre este y uno de los agentes relacionados a este recurso natural -como son las comunidades nativas-, puede ser una herramienta que permita dar cumplimiento de forma más eficiente al objetivo de conservación. / Trabajo de investigación

En nuestra realidad nacional se puede apreciar que no existe una aplicación correcta del principio de mínima Intervención en función a la determinación de conductas ambientales penalmente relevante, en donde se puede afirmar que como bien jurídico protegido se busca garantizar la estabilidad de los ecosistemas, a través de diseñar una propuesta legislativa en función a la problemática existente con criterios constitucionales y buscando la aplicación del principio de fragmentariedad frente a las conductas ilícitas ambientales recogidas en el ordenamiento penal peruano, delimitando aspectos en función al derecho penal ambiental pues este no debe criminalizar cualquier conducta que vulnere el entorno, sino aquellas perjudiciales al ambiente o a la salud ambiental, mediante su lesión o puesta en peligro grave, teniendo en cuenta los altos índices de incidencia que ocurren no solo la región materia de estudio sino en todo el territorio nacional.

El Aporte por Regulación percibido por el OEFA es quizá la fuente de financiamiento más controversial que tiene esta institución para realizar sus actividades de fiscalización ambiental. Hasta la fecha, aun cuando existen diversas sentencias y resoluciones que acreditan la constitucionalidad de su cobro, la aplicación del Aporte por Regulación es materia de cuestionamientos. Por ello, el objetivo de este Informe es determinar la constitucionalidad del Aporte por Regulación establecido a favor del OEFA para efectos de aportar en el desarrollo de su estudio. Para ello, en base a los alcances del caso recogido en la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el Expediente N° 05410-2015-PA/TC, analizaremos los principios de reserva de ley, y de no confiscatoriedad tributarios para el establecimiento del Aporte por Regulación en favor del OEFA. En este Informe nos encontramos de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional, en tanto consideramos que el Aporte por Regulación asignado al OEFA es una fuente legítima de financiamiento para sus actividades de fiscalización ambiental. Sin embargo, creemos necesario hacer énfasis en cuestiones adicionales que no fueron detalladas por Tribunal Constitucional y que permitirían entender la funcionalidad y naturaleza de este tributo.

En el Derecho Ambiental existen diversos principios orientadores, destacando entre ellos el principio de prevención, el cual tiene como finalidad anticipar los riesgos que puedan generarse en el medio ambiente como parte del desarrollo de actividades extractivas y productivas, para tomar las medidas que eviten o minimicen los impactos negativos y así podamos disfrutar todos de un ambiente sano y adecuado para el desarrollo de la vida. Cabe destacar que los alcances de este principio han sido desarrollados por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental a través de un precedente administrativo de observancia obligatoria para la actividad minera. Sin embargo, la interpretación a que se ha arribado resulta ser muy amplia, toda vez que incluye conductas tipificadas y no tipificadas. Es decir, va más allá de la normatividad sectorial y de los instrumentos de gestión ambiental. Como consecuencia de ello, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha exigido a los titulares mineros desarrollen conductas que no estaban en posibilidad de conocer previamente, sometiéndolos a un procedimiento administrativo sancionador, lo cual no solo es un exceso de punición, sino que colisiona directamente con el derecho a la libertad de empresa de los afectados. Por ello, consideramos que el principio de prevención debe conciliarse adecuadamente con el derecho a la libertad de empresa. Por ello, proponemos realizar una interpretación sistemática de la norma, de tal forma que, para cada una de las posibles afectaciones al medio ambiente, exista una medida de prevención, establecida con antelación en el instrumento de gestión ambiental, cuyo conocimiento determinará la predictibilidad de la conducta esperada por los titulares mineros y, por ende, cuáles son los supuestos de incumplimiento que son sancionables administrativamente. De esta manera, estas omisiones no facultarían a la Administración a imponer una sanción alegando que el administrado omitió tomar las acciones preventivas necesarias para evitar los impactos ambientales negativos, toda vez que la conducta no fue tipificada previamente al proceso de fiscalización. En los supuestos en los que la medida de prevención no haya sido considerada en el instrumento de gestión, la obligación ambiental de proteger el medio subsiste. Ante ello, la Administración puede dictar otros tipos de medidas administrativas, como los Mandatos de carácter particular; las Medidas preventivas propiamente dichas; y, los Requerimientos de actualización de instrumentos de gestión ambiental. / Trabajo de investigación

En el presente informe jurídico se analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0023-2009-PI/TC que corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad planteada por el Señor Gonzalo Tuanamá Tuanamá, en representación de 5000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo Nº 1079, que establecemedidas que garanticen el patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas. Es por ello que se analizará la importancia, creación, zonificación y procedimiento de aprobación de las Áreas Naturales Protegidas en el Perú, las competencias del Ministerio del Ambiente, específicamente el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, para lograr el Estado cumpla con el mandato constitucional de preservación y uso sostenible de los recursos naturales. A pesar de que, al momento de los hechos del presente caso, el ordenamiento peruano no contaba con la Ley de Consulta Previa, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo ya había entrado en vigor, por lo cual implicaba una serie de obligaciones para el Estado en la gestión de políticas públicas que involucren a los pueblos indígenas. En ese contexto, se evaluará como la obligación del Estado en materia ambiental se puede llevar a cabo sin afectar los derechos de los pueblos indígenas que se encuentren en dichas áreas protegidas. / This legal report analyzes the Constitutional Tribunal's Decision Nº 0023-2009-PI/TC which corresponds to the Unconstitutionality Action filed by Mr. Gonzalo Tuanamá Tuanamá, on behalf of 5000 citizens against Legislative Decree Nº 1079, which establishes measures to guarantee the patrimony of Natural Protected Areas. Therefore, we will analyze the importance, creation, zoning and approval procedure of the Natural Protected Areas in Peru, the competencies of the Ministry of the Environment, specifically the National Service of Natural Protected Areas - SERNANP, and the disposition of natural resources to achieve the State's compliance with the constitutional mandate of preservation and sustainable use of natural resources. Despite the fact that, at the time of the facts of this case, the Peruvian legal system did not have the Prior Consultation Law, Convention No. 169 of the International Labor Organization had already entered into force, which implied a series of obligations for the State in the management of public policies involving indigenous peoples. In this context, we will evaluate how the State's obligation in environmental matters can be carried out without affecting the rights of the indigenous peoples located in these protected areas.