La presente investigación se centra en distinguir y aclarar los argumentos jurídicos que se ciernen sobre una futura adecuación normativa de la legislación nacional ambiental peruana al Acuerdo de Escazú. La justificación de la presente investigación es la de aclarar el sustento de los argumentos jurídicos debatidos en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República referidos a la conveniencia de la ratificación del Acuerdo de Escazú con respecto a su impacto en la legislación ambiental peruana. Nuestra hipótesis de investigación es que la adecuación normativa de la legislación nacional ambiental al Acuerdo de Escazú extiende el alcance de los derechos de acceso ambiental (participación ciudadana, acceso a la información, acceso a la justicia y protección de los defensores ambientales) a nivel convencional, constitucional y administrativo. Sobre el marco teórico a emplear, utilizamos los contenidos del derecho internacional ambiental, los principios de buen gobierno y el constitucionalismo ambiental para el análisis de la mencionada adecuación normativa. La metodología empleada es la revisión documentaria de fuentes normativas y doctrinarias que nos permite identificar categorías jurídicas para dilucidar la interpretación integral de ambos cuerpos normativos. Una de nuestras más importantes conclusiones es que la adecuación de la legislación ambiental peruana al Acuerdo de Escazú dota de mayor protección constitucional y convencional los derechos de acceso a ambiental, limitando al legislador y el poder reglamentario de la administración a afectar la naturaleza jurídica de estos derechos, más bien guiándolos a desarrollar sus contenidos en base a la idoneidad de las normas ambientales, la transparencia y participación de los procedimientos administrativos relacionados a la evaluación ambiental, la rendición de cuentas y la efectividad de la administración en el marco de la fiscalización ambiental, es decir, a tener una legislación más consistente desde el enfoque de los principios de buen gobierno

El presente Informe aborda la el proceso entorno al Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, en el cual intervienen en conflicto los derechos de las empresas titulares de la licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el área y los derechos al medio ambiente equilibrado y la salud. Es un caso de relevancia tanto para la actualidad, debido a que muestra un conflicto entre la actividad privada y el medio ambiente que no es ajeno en estos tiempos y que genera bastante discusión y decisiones de carácter políticas y sociales. El objetivo del Informe es realizar un análisis respecto de los principales problemas jurídicos a considerar para un resolver adecuado del caso, tomando en consideración los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por las partes involucradas en el proceso, así como los derechos invocados en el marco de la Constitución. Se parte de dos hipótesis: (i) en el presente caso no es aplicable el principio precautorio, y (ii) la medida adoptada por el Tribunal Constitucional de prohibición de realizar actividades en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera hasta contar con un Plan Maestro no es proporcional con el fin constitucionalmente legítimo perseguido. A través de un análisis normativo y fáctico, tomando como referencia la doctrina, desarrollo normativo y los principios de interpretación constitucional se confirman ambas hipótesis. Es importante mencionar que para el caso de la segunda hipótesis se recurre a un test de proporcionalidad ya que las normas que regulan a las Áreas Naturales Protegidas no son claras respecto de la relación entre los derechos adquiridos previamente al establecimiento del área y la necesidad de contar con un Plan Maestro para realizar actividades. Es así que la conclusión principal del Informe es que se pudieron haber adoptado medidas menos restrictivas y menos lesivas para los derechos de los demandados, permitiendo un mismo grado de realización de los derechos que se buscan proteger, y salvaguardando los derechos adquiridos y la seguridad jurídica en el caso particular.

Con este tema de investigación se busca analizar la categoría jurídica de medida administrativa; específicamente las medidas preventivas, medidas correctivas y medidas cautelares; que impone la administración en el ámbito de su potestad fiscalizadora y sancionadora. En este orden de ideas, se ha elegido al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante OEFA) debido a la importancia que tiene esta entidad en proteger y preservar el bien jurídico medio ambiente de las actividades económicas que desarrollamos continuamente, específicamente en el sector de hidrocarburos. En ese sentido, se analiza cómo se han definido estas medidas administrativas en el ámbito del OEFA y si estas se aplican de forma apropiada a los administrados; verificando así que se cumplan con el fin proteger y resguardar el medio ambiente, pero sin dejar de lado las garantías que se señalan en el ordenamiento jurídico. En razón de ello, se analiza la doctrina correspondiente que ha abordado el tema, así como, diversos casos en los cuales se ha determinado imponer medidas administrativas. Por consiguiente, se determina que la conceptualización de las medidas administrativas aplicadas por el OEFA no cumple con la descrito en la doctrina; asimismo, se vulnera el ordenamiento jurídico al no aplicar apropiadamente los principios reconocidos en este, lo cual ocasiona que no se tutele correctamente el bien jurídico medio ambiente al momento de asignar una medida administrativa y se genere inseguridad jurídica al administrado.

La presente investigación busca plantear una definición armonizadora de emergencias ambientales en la Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente, en base al estudio de las Declaratorias de Emergencias Ambientales (DEA) en un contexto nacional y comparativo a propósito del análisis del Caso Repsol sobre el derrame de petróleo marino costero más significativo en el Perú. En la primera y segunda sección se estudiará las emergencias ambientales en un contexto comparado y nacional para la propuesta de una definición armonizadora que considere también lo regulado en normativa específica: Declaratoria de Emergencia Ambientales en la Ley N.° 28804; Declaratoria de emergencias climáticas en la Ley N.° 30754; Declaratoria de emergencias de residuos sólidos, Decreto Legislativo N.° 1278; Declaratoria de emergencias por recursos hídricos en la Ley N.º 29338; Estado de emergencias por gestión de desastres en el marco del SINAGERD; y los reportes de emergencias ambientales en el marco del SINEFA. De esta manera, y evaluado los criterios para establecer una DEA en el caso Repsol en comparación con otros casos no declarados en la tercera sección, se determinará que además de la necesidad de un concepto armonizador, es necesario establecer mayor articulación multisectorial de la información reportada para la toma decisión, así como también, de reflexionar medidas regulatorios que busquen optimizar los planes de contingencias, seguros de caución ambientales y en pensar como última medida a la revocación de la certificación ambiental ante el incumplimiento de medidas administrativas dictadas por el OEFA en el marco de la DEA. / This article proposes a harmonized definition of environmental emergencies in the General Law of the Environment in Peru, based on the study of the Environmental Emergency Declarations (DEA) in a national and comparative context regarding the analysis of the Repsol case on the most significant oil spill. In the first and second section, environmental emergencies will be studied in a comparative and national context for the proposal of a harmonized definition that also considers what is regulated in specific regulations: Environmental Emergency Declaration; Declaration of Climate Emergencies; Declaration of Solid Waste Emergencies; Declaration of Water Emergencies in Act; State of Disaster Management Emergencies under SINAGERD; and environmental emergency reports under SINEFA. In this way, and evaluated the criteria for an environmental emergency declaration in the Repsol case compared to other cases not declared in the third section, it will be determined that in addition to the need for a harmonizer concept, it is necessary to establish greater multisectoral articulation of the information reported for the authorities, as well as to reflect on regulations that seek to optimize contingency plans, environmental insurance and the revocation of environmental certification as the ultimate sanction for failure to comply with administrative actions issued by the OEFA under the DEA.

Esta investigación pretende demostrar como la continua ampliación de los beneficios penales a favor de los mineros informales constituyen un límite a la protección penal ambiental. En ese sentido, abordamos algunos temas vinculados con la titularidad de los minerales, así como todo lo referido al programa de formalización minera y las exenciones penales a su favor. En este último asunto, analizamos a qué categoría del delito pertenece la exención penal vinculada con el programa de formalización minera, determinamos sus beneficios, y tomamos una posición al respecto. Finalmente, desarrollamos los efectos legales, ambientales y económicos de continuar con este programa del Estado. Para finalmente, concluir que efectivamente seguir ampliando los beneficios penales a favor de los mineros informales en virtud de este programa, atenta contra el medio ambiente. En tal sentido, se recomienda, evaluar su eficacia y su continuidad, si queremos cuidar un bien mayor: la estabilidad del ecosistema. / Trabajo académico

Los conflictos socio ambientales sostenidos entre empresas mineras y las localidades que conforman su ámbito de influencia han cobrado cada vez mayor relevancia a nivel nacional1. De allí la importancia de prestar atención a las relaciones que establecen estas localidades con las empresas mineras, para el adecuado diagnóstico que permita su prevención y manejo. Así, cobra gran relevancia analizar el uso de una de las herramientas más importantes con las que cuentan los proyectos mineros para su relacionamiento con la comunidad: el proceso de participación ciudadana. En este sentido, el presente informe profesional examina la intervención sociológica realizada como parte de un equipo consultor, durante la implementación del proceso de participación ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto minero Shahuindo, ubicado en la Región Cajamarca, entre los años 2012 y 2013.

La presente investigación analiza la Certificación Ambiental Global o IntegrAmbiente, nuevo instrumento para el fortalecimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que integra a la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado, catorce títulos habilitantes requeridos para el desarrollo de la actividad minera en el Perú. Para ello, se identifican los antecedentes normativos en materia de Certificación Ambiental Global; así como las normas que la regulan en la actualidad, tal como la Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, Ley N° 30327, su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 005-2016-MINAM, y la Resolución Ministerial N° 184-2016-MINAM, que establece el contenido mínimo para la elaboración del EIA en minería, hidrocarburos y electricidad, en el marco del proceso de IntegrAmbiente. Finalmente, se analiza el nivel de información requerido para la Certificación Ambiental Global, estudiándose tres alternativas: Exigir un Estudio de Impacto Ambiental detallado con información a nivel diseño definitivo; requerirse títulos habilitantes con información a nivel de factibilidad; y finalmente, solicitarse un Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel de factibilidad, solo en las partes que no coincida con los títulos habilitantes integrados.

La Resolución N° 068-2016-OEFA/TFA-SEE emitida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental es la culminación del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa Fénix Power Perú S.A. por la presunta comisión de tres conductas infractoras, el cual tuvo como resultado que se declare la existencia de responsabilidad administrativa por parte de la empresa, confirmándose así el pronunciamiento de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos. Al respecto, es preciso señalar que dos de las imputaciones hechas a la empresa reflejaban incumplimientos ambientales expresamente establecidos en su estudio ambiental. La imputación restante estaba referida a la ejecución de construcciones, así como la implementación de dicha infraestructura asociada a la Central Térmica de la empresa generadora de energía eléctrica y, en este caso concreto, se trataría de actividades que no habrían sido evaluadas y aprobadas en el instrumento de gestión ambiental correspondiente.

En la presente investigación analizamos la figura de protección del medio ambiente, contenida en el artículo 87 de la Ley N° 26221, Ley Orgánica que norma las actividades de Hidrocarburos en el territorio nacional, bajo ese supuesto encontramos evidencia de la existencia de zonas grises en su implementación ante la falta de un contenido reglamentario, las cuales esperamos exponer y analizar. En relación con lo antes expuesto, dicha norma faculta al Ministerio de Energía y Minas a resolver contratos de actividades de hidrocarburos ante el incumplimiento de disposiciones ambientales. En atención a ello, el objetivo de esta investigación es analizar la viabilidad legal de aplicar el artículo 87 en el Oleoducto Norperuano. Por tal motivo, el presente trabajo parte de analizar el rol del Ministerio de Energía y Minas como entidad contratante, así como las singularidades en torno al Contrato de Concesión Definitiva para el Transporte de Hidrocarburos por el Oleoducto Norperuano. Asimismo, se estudia los alcances de dicha norma en el marco de las competencias del Ministerio de Energía y Minas como entidad contratante y se evalúa la posibilidad de resolver el contrato del Oleoducto Norperuano. Posteriormente, se desarrollan algunas consideraciones para un posible contenido reglamentario del artículo 87. Finalmente, se concluye que no es posible aplicar el artículo 87 debido a que no existen las condiciones legales necesarias para ello.

Este artículo tiene como objetivo proponer una definición completa y actualizada de la naturaleza jurídica de los títulos de carbono forestal y la titularidad de los mismos en el Perú, a la vez que compila los conceptos legales que son de utilidad para los tomadores de decisiones en materia de derecho sobre el carbono forestal y en el marco de los mercados de carbono AFOLU. Para ello, la autora desarrolla los conceptos biofísicos de captura y almacenamiento de carbono, y los relaciona a definiciones legales presentes en la normativa nacional vigente. Luego, sugiere tres fundamentos definidos a nivel de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que, considera, orientan los diferentes matices legales de los títulos de carbono forestal. Finalmente, la autora compila las diferentes interpretaciones jurídicas que han sido redactadas en la materia en el Perú y las revisa sobre la base de los conceptos y fundamentos identificados previamente. Concluye que los procesos de flujo de carbono y almacenamiento de carbono son servicios ecosistémicos inherentes a los recursos naturales. No obstante, los documentos de los títulos de carbono forestal se comportan como bienes muebles que contienen derechos personales de carácter transmisible. En relación a la titularidad, en tanto las autorizaciones, concesiones y permisos que otorgan un derecho de uso sobre los ecosistemas forestales incluyen también los servicios ecosistémicos de carbono, siempre y cuando incluyan el aprovechamiento de estos servicios en sus planes de manejo, estos titulares tienen la capacidad de transferir sus derechos sobre el carbono a un tercero. Por último, cabe precisar que en tanto el patrimonio forestal es Patrimonio de la Nación en el Perú en virtud del artículo 66 de la Constitución, el Estado es titular de los derechos sobre el carbono forestal en las áreas naturales protegidas y los bosques no categorizados de su territorio.