el año 2014 el número de las medidas correctivas ambientales ordenadas por el OEFA ha aumentado, de 28 medidas ordenadas en el periodo 2009- julio 2014 hasta 1227 medidas ordenadas en el periodo julio 2014- julio 2016. Al respecto, el TFA ha anulado un número muy pequeño de medidas correctivas en el sector de hidrocarburos1 mientras que en el sector minería el TFA confirmó un gran número de medidas apeladas. Sumado a ello, en abril de 2016, el OEFA publicó una metodología para la aplicación de las medidas correctivas la cual velaba porque cumplan con la finalidad de revertir el impacto ambiental negativo generado. Al respecto, los datos señalados mostrarían que la DFSAI habría ordenado medidas correctivas proporcionales a los administrados, por ello la interrogante en la presente investigación es ¿la metodología para la aplicación de las medidas correctivas de adecuación en el OEFA logró que las mismas reviertan el impacto ambiental negativo? La hipótesis consiste en que la aplicación de las medidas correctivas no fue proporcional para revertir el impacto ambiental negativo que la conducta infractora hubiera podido producir. Las conclusiones de la presente investigación consisten en que la metodología del OEFA cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional; sin embargo, la aplicación de dicha metodología en dos resoluciones del TFA

A través del presente trabajo se busca analizar la aplicación y cumplimiento de las medidas correctivas, poniendo como ejemplo un caso representativo denominado Laguna Shanshococha, en el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental interpuso a la empresa Pluspetro Norte S.A. la medida correctiva de compensación Ambiental. Las medidas correctivas son actos administrativos de gravamen, que tienen como objeto el revertir los daños o afectación que se hubieran generado. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuenta con la función de fiscalización y sanción, la cual comprende, la investigación de la comisión de posibles infracciones administrativas y la imposición de sanciones y medidas administrativas, entre las cuales se encuentran las medidas correctivas. En el presente trabajo se analiza la imposición de la medida correctiva que se dio en el caso denominado Laguna Shanshococha, en el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental determinó imponer un medida correctiva de compensación ambiental, la cual consistió en generar una nueva laguna o, de ser el caso, potenciar o proteger un cuerpo de agua o zona dentro del área de influencia del lugar afectado, según sea determinado mediante un estudio hidrogeológico que la empresa Pluspetrol Norte S.A. debía realizar previamente. A la fecha, la empresa Pluspetrol ha cumplido con realizar el pago de la multa impuesta, sin embargo, lo referido al cumplimiento de la medida correctiva no se ha concluido. Es importante realizar el análisis de este caso, con la finalidad de dar cuenta de la importancia que tiene el cumplimiento de las medidas correctivas, ya que ante un incumplimiento no solo vulnera la facultad fiscalizadora, sancionadora y de supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental sino que principalmente no se repara el ecosistema vulnerado, lo cual muchas veces genera aún mayores consecuencias.

El presente trabajo de investigación busca analizar la aplicación del proceso de análisis de alternativas para el desarrollo de las actividades mineras de gran envergadura y comparar su regulación con legislaciones de la región. Se plantea responder si el análisis de alternativas ha sido tomado en cuenta en la etapa de planificación del proyecto por el titular; y, de ser así, si ha sido tomada en cuenta en la etapa de evaluación ambiental, por el evaluador. Los resultados de la investigación son relevantes en tanto permite conocer su relevancia en las etapas de desarrollo y evaluación de proyectos de actvidades mineras. La revisión de una muestra de expedientes, permite concluir que no existe uniformidad al momento de desarrollar las alternativas del proyecto, en los estudios de impacto ambiental y que tampoco ha sido objeto de observación o pronunciamiento por parte del evaluadro. En ese sentido, se recomienda una reforma en el proceso de elaboración de alternativas y desarrollar normas que permitan reconocer su importancia para el desarrollo sostenible y participativo del proyecto de inversión.

El trabajo de investigación versa sobre la evaluación y análisis del marco jurídico para la implementación (construcción) de carreteras de la Red Vial Regional, y su impacto sobre las Áreas Naturales Protegidas en la Región de Madre de Dios; y, un estudio de caso correspondiente a la construcción de la carretera de integración regional, Tramos: Nuevo Edén – Boca Manu – Boca Colorado. La investigación comprende dos capítulos: en el Capítulo I, desarrollamos los conceptos principales sobre la ejecución de proyectos viales y áreas naturales protegidas, identificamos a las principales instituciones involucradas en la ejecución de proyectos viales, evaluamos el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, analizamos el procedimiento de certificación ambiental para la ejecución de proyectos del sub sector transporte; y, en el Capítulo II, evaluamos la construcción de la carretera de integración regional, Tramos: Nuevo Edén – Boca Manu – Boca Colorado, caso que nos permite identificar las atribuciones y competencias de los gobiernos regionales. El Registro Nacional de Carreteras - RENAC es un instrumento que nos permite identificar la trayectoria de todas las vías terrestres que recorren el país (construidas o en proyecto), y por ende cuáles de éstas vías afectarán las áreas naturales protegidas y/o sus zonas de amortiguamiento; dicha información se encuentra al alcance de todas las autoridades públicas para que éstas puedan adoptar las medidas de protección de las áreas naturales protegidas y/o su zona de amortiguamiento que correspondan con la debida anticipación al inicio de la ejecución (construcción) de una carretera.

En el marco del cumplimiento, de los “Objetivos de desarrollo al 2015” (Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, 2000), orientado por el objetivo “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, Perú implementa proyectos ambientales. Es así, el Gobierno Regional Cusco desarrolla el proyecto “Educación ambiental para mejorar los hábitos y costumbres en la conservación del medio ambiente de la población en la cuenca del Vilcanota – Cusco” (PREA), cuyo horizonte es de 5 años, iniciándose el 2008 hasta el 2012. En el 2011 comienza la preocupación sobre los objetivos esperados del PREA, los actores hacen algunas comparaciones empíricas, concluyendo que las actitudes y comportamientos frente a los problemas ambientales no han cambiado sustancialmente. La tesis analiza el proceso de sensibilización y capacitación de la educación ambiental en el mejoramiento de hábitos y costumbres de la población en la Cuenca del Vilcanota – Cusco (cabecera), mediante la estrategia metodológica del enfoque cualitativo y como estudio de caso. El estudio confirma que el PREA ha logrado resultados importantes de avance, como también tiene dificultades de consideración subsanables. Entre las debilidades sustanciales identificadas tenemos, la aplicación de una secuencia metodológica debilitada, técnicas progresivamente no utilizadas, capacitadores con limitada motivación para sensibilizar en temas con poco interés de los capacitandos, horario no consensuado con los capacitandos, convocatorias sin asegurar su difusión, los cambios frecuentes de personal y, muchas veces, con profesionales que no cumplen los requisitos exigidos por el PREA. Para lograr que el PREA obtenga los resultados esperados, se debe retroalimentar a los capacitadores para evitar lo expositivo en demasía, entender el espíritu de la secuencia metodológica y fases, utilizar las técnicas necesarias, disponer capacitadores con motivación y amplia experiencia, consensuar horarios con los capacitandos, asegurar convocatoria y gestionar el equipo profesional como lo recomienda el proyecto PREA. En consecuencia, la tesis presenta un plan con propuestas de oportunidades de mejora, siendo necesaria su incorporación en la ejecución del PREA en el 2016 y proyectos similares. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación busca analizar la procedencia de la demanda de cumplimiento en aquellos casos en los cuales la acción o inacción de terceros termine por afectar el derecho a la salud y al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. El análisis nace de la hipótesis de que la Demanda de Cumplimiento presentada por pobladores de La Oroya que trajo como resultado la Sentencia del Tribunal Constitucional 2002-2016-AC, no fue la vía idónea para proteger sus derechos pues existen otros recursos constitucionales que hubieran logrado mejor dicho objetivo. La relevancia del presente análisis se centra en la protección efectiva e idónea de derechos constitucionales, mediante la vía adecuada y en aprovechamiento de las instituciones existentes. En este análisis se trabaja desde la perspectiva del derecho constitucional y ambiental, particularmente a partir de la propuesta de Roberto Alexy, Victor Abramovich y Christian Courtis. Se concluye que la vía idónea para proteger los dos derechos citados y en el caso particular mencionado, es la Acción de Amparo pues a diferencia de le Demanda de Cumplimiento que solo puede obligar a los funcionarios renuentes del Ministerio de Salud a cumplir con sus funciones, esta puede obligar a la empresa causante del daño ambiental (y en consecuencia del daño a la salud) a ejecutar acciones necesarias para parar los daños ocasionados a los pobladores y al medio ambiente.

En marzo del año 2010, cuando comenzamos esta investigación, el diario “El Comercio” informó que pobladores de la provincia de Ica, específicamente del caserío de Comatrana habían bloqueado el acceso al desierto iqueño impidiendo el pase de seis camiones recolectores de basura, los que pretendían descargar su contenido en un botadero improvisado debido a que el botadero de La Huega había colapsado luego de casi 25 años de funcionamiento. La noticia fue confirmada por el diario local “La voz de Ica” que indicaba que la ciudad de Ica se encontraba en emergencia ambiental puesto que había amanecido con montes de basura por la falta de recojo de la misma por parte de la empresa concesionaria. De acuerdo con el diario, el Alcalde Provincial de Ica Mariano Nacimiento, sería el culpable de dicha situación debido a que las críticas a su gestión lo habrían llevado a ordenar que se detuviera la recolección de residuos sólidos. Para empeorar la situación, las instalaciones de un campo ferial cercano al caserío de Comatrana, ubicado en el distrito de Santiago, provincia de Ica, habría sido utilizado como botadero informal para descargar estos residuos.

El presente trabajo de investigación busca analizar la importancia del pago del aporte por regulación de las empresas de mediana y gran minería para la institucionalidad del OEFA, tanto por su sostenibilidad financiera como para la continuidad del mismo, ejerciendo una eficiente fiscalización y supervisión ambiental. Para lo cual se parte desde la importancia de la actividad minera en el Perú como factor del desarrollo económico y a la vez sostenible, mediante el cual el OEFA, como organismo regulador social – ambiental, garantiza el cumplimiento de las normas de protección al ambiente a través sus facultades de evaluación, supervisión, fiscalización y de aplicación de incentivos a través del cobro del aporte por regulación. Este tema resulta relevante al haber ha sido cuestionado dicho cobro por las empresas mineras, tanto en la vía procesal-constitucional como en la vía administrativa ante INDECOPI. En este análisis se trabaja desde el desarrollo de la actividad minera en el Perú, su regulación ambiental, así como las funciones del OEFA como organismo regulador, la naturaleza del aporte y la importancia del mismo; finalmente se exponen los problemas jurídicos generados a raíz de dicho cobro. Se concluye reafirmando la importancia del cobro del aporte por regulación al brindar beneficios tanto para las sostenibilidad financiera de OSITRAN, como para las empresas mineras y las comunidades, a fin de contar con una buena convivencia socio ambiental; conforme a ello, se proponen algunas alternativas para alcanzar una solución neutra o conciliatoria ante las contingencias legales iniciadas, a fin de evitar algún daño y/o perjuicio que pueda repercutir con el crecimiento económico del país, la libertad de empresas y la afectación al medio ambiente.

El presente artículo aborda el papel que puede cumplir la Empresa B frente a la deforestación de los bosques amazónicos en el Perú, siendo este uno de los problemas causantes del cambio climático. Problema que el Estado Peruano no ha podido reducir de forma eficiente en los últimos años. La conservación de bosques es un tema de suma importancia, dentro de las obligaciones que el Estado debe realizar frente a los recursos naturales, en su rol de promotor según lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política del Perú (1993). El presente trabajo se justifica, en el sentido que el Perú ha asumido compromisos internacionales –como la XIV Conferencia del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en lo que respecta a la conservación de bosques-. Por consiguiente, resulta necesario analizar el rol del Estado Peruano, las comunidades nativas –como actor directamente involucrado a este recurso natural- y a la Empresa B como nuevo modelo empresarial y como una herramienta importante para cumplir con el objetivo de conservación de bosques. La participación de un agente externo –como es la Empresa B-, y la acción en conjunto entre este y uno de los agentes relacionados a este recurso natural -como son las comunidades nativas-, puede ser una herramienta que permita dar cumplimiento de forma más eficiente al objetivo de conservación. / Trabajo de investigación

La presente investigación analiza qué factores permiten explicar que una empresa agroindustrial se instale de manera irregular en una localidad de la Amazonía peruana, sin que previamente se haya determinado si los suelos son aptos para la agricultura intensiva y que, tras deforestar más de 2,000 hectáreas de bosques primarios, consiga el respaldo de las autoridades estatales para regularizar su situación. Para explicar qué factores influyen en que el Estado no cumpla con su responsabilidad de proteger los suelos no aptos para actividades agrícolas en la Amazonía, la presente investigación se orienta bajo el concepto de la autonomía relativa, la cual implica una aparente neutralidad en el funcionamiento del Estado, pero tal neutralidad se anula cuando el mismo Estado actúa de forma negligente e indiferente, favoreciendo en última instancia el accionar de una empresa que desde un principio actuó de manera ilegal, sin considerar las características socio ambientales de la región ni las normativas ambientales existentes. En el mediano y largo plazo, tales contradicciones e imprecisiones han terminado favoreciendo a la empresa