El presente trabajo se desarrolla dentro del marco del artículo 194 del código procesal civil peruano que habilita al juez civil para incorporar de oficio y de manera excepcional, la actuación de medios probatorios adicionales cuando los ofrecidos por las partes le resultan insuficientes para formar convicción. Específicamente, se ubica en la problemática que genera al Juez la tarea de valoración probatoria para considerar una determinada situación como excepcional y entonces justificar la decisión de incorporar un nuevo elemento probatorio. Para ello, se realiza un análisis sobre lo que ha significado la interpretación de esta disposición legal, toda vez que al tratarse de un aspecto abstracto, no siempre es entendida en el mismo sentido por todos los jueces; esto, debido a que no solo su carácter excepcional presenta controversia, sino también su propia naturaleza, y se expone incluso en el más alto nivel de la judicatura, por ejemplo en la Casación 3505-2017 – Huancavelica. La importancia de este trabajo recae en la necesidad de limitar esta facultad discrecional que se otorga a los jueces para prestar una mayor garantía de imparcialidad, y que ella no pueda significar un reemplazo a la tarea de aportación de las partes. Se plantea como objetivo, contextualizar el carácter excepcional y proponer la aplicación de presupuestos adicionales para la incorporación de nuevos elementos de prueba. Luego de ello, se concluye que el juzgador debería recurrir de manera excepcional a la incorporación de medios probatorio de oficio, siempre que a los presupuestos de la norma procesal [excepcionalidad e invocación de la fuente por las partes], le sume el filtro de verificación, es decir que la parte haya agotado las gestiones para obtener la prueba o se haya encontrado en imposibilidad de adquirir la misma.

Es sabido que, en nuestro ordenamiento procesal penal, el legislador ha establecido de manera taxativa la inimpugnabilidad en casos de aplicación de la prueba de oficio. En ese contexto, se analizará en el desarrollo del presente artículo, si es válido la interposición de algún medio impugnatorio que nos permita que la decisión jurisdiccional que admite la prueba de oficio sea revisada por un tribunal y cuál es el medio impugnatorio idóneo para nuestros fines. Otro tópico se centra en establecer cuáles son los supuestos o bajo qué criterios los sujetos procesales, pueden cuestionar la actividad oficiosa del juzgador en la aportación unilateral de la prueba en el proceso, en esa búsqueda de obtener la verdad, ello teniendo en cuenta la trascendencia que significa la aplicación de tal figura, la cual muchas veces puede ser decisiva el desarrollo final de la causa sometida al fuero jurisdiccional. Para tratar de dar una respuesta a nuestro problema planteado, se analizará la jurisprudencia de reciente data emitida por la Corte Suprema de la República, que aborda de cierta manera el estado de la cuestión, para concluir después del análisis respectivo, que resulta válido la interposición de medios impugnatorios para cuestionar la prueba de oficio, mediante el recurso por excelencia apelación y queja, todo ello con el único fin de realizar algún aporte en la praxis a los sujetos procesales, en un tema tantas veces cuestionado como la prueba de oficio. / It is known that, in our criminal procedural order, the legislator has exhaustively established the non-challenge in cases of application of the ex officio test. In this context, it will be analyzed in the development of this article, if it is valid the filing of some impugnative means that allows us that the jurisdictional decision that admits the ex officio test is reviewed by a court and what is the ideal impugnative means for our purposes. Another topic focuses on establishing what the assumptions are or under what criteria the procedural subjects can question the informal activity of the judge in the unilateral provision of evidence in the process, in that search to obtain the truth, taking into account the significance which means the application of such a figure, which many times can be decisive in the final development of the case submitted to the jurisdiction. To try to give an answer to our problem, the recent jurisprudence issued by the Supreme Court of the Republic will be analyzed, which addresses in a certain way the state of the matter, to conclude after the respective analysis that the filing is valid. of challenging means to question the ex officio evidence, by means of the appeal par excellence and complaint, all with the sole purpose of making some contribution in the praxis to the procedural subjects, on a subject so many times questioned as the ex officio evidence.

El presente trabajo de investigación me permitirá profundizar en la potestad fiscalizadora y sancionadora de la Administración, en su desarrollo en los últimos años, resulta interesante poder revisar como las diversas entidades reguladoras establece sus definiciones al respecto de un Acto de Fiscalización, y como este a pesar de su importancia como material probatorio en un Proceso Administrativo Sancionador, se encuentra separado del concepto de Actos Administrativos. Asimismo, también nos permite establecer la actividad inspectora del personal de fiscalización de una entidad reguladora, poder revisar sus procedimientos, sus alcances, sus límites , y profundizar más en el Derecho Sancionador, el cual, si bien tiene una normativa desarrollada, actualmente aún mantiene alejada a las Actas de Fiscalización de la categoría de Actos Administrativos, también podremos ahondar en la naturaleza del Acto Administrativo en sí, sus diferencias con los Actos de Fiscalización, la naturaleza de su fundamento normativo, la cual le otorga una sustancial preferencia respecto a otros actos, como la capacidad de crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas y por lo tanto también ser susceptible a recursos administrativos en cuando se verifique la falta de elementos sustanciales, en otras palabras la nulidad, concluyendo de manera razonable y fundamentada, por qué determinados actos, como el de fiscalización, no son susceptibles de declararse nulos. / This research work will allow me to delve into the oversight and sanctioning power of the Administration, in its development in recent years, it's interesting to be able to review how the various regulatory entities establish their definitions regarding an Oversight Act, and how this to Despite its importance as evidentiary material in a Sanctioning Administrative Process, it is separated from the concept of Administrative Acts. Likewise, it also allows us to establish the inspection activity of the control personnel of a regulatory entity, to be able to review its procedures, its scope, its limits, and to delve deeper into the Penalty Law, which, although it has developed regulations, currently still maintains away from the Audit Acts of the category of Administrative Acts, we can also delve into the nature of the Administrative Act itself, its differences with the Audit Acts, the nature of its regulatory basis, which gives it a substantial preference over others acts, such as the ability to create, modify, terminate legal relationships and therefore also be susceptible to administrative appeals when the lack of substantial elements is verified, in other words, nullity, concluding reasonably and fundamentally, why certain acts, such as the inspection, are not likely to be declared null.

La entrevista única es un método adoptado por el ordenamiento procesal peruano destinado a recibir el testimonio de menores de edad víctimas de delitos sexuales con el apoyo de un psicólogo y en un ambiente denominado cámara Gesell, para evitar la revictimización y declaraciones reiterativas, sin embargo ha estado sujeto a cuestionamientos a partir de alegaciones de vulneración del derecho de defensa respecto a su principio de contradicción. Por ello este trabajo de investigación buscó ofrecer una perspectiva de los aportes que la entrevista única brinda a la conservación del medio de prueba mediante la participación del psicólogo con sus protocolos de entrevista forense y al respeto de la actuación del medio de prueba a través del trámite de prueba anticipada con participación de Juez de Investigación Preparatoria para garantizar el contradictorio y el interés superior del niño. En consecuencia, para este artículo, se utilizó una metodología propia de la investigación jurídica dogmática, la cual incluye la revisión y análisis de normativa, jurisprudencia, doctrina y artículos científicos, se tuvo como objetivo general establecer que la entrevista única en Cámara Gesell puede armonizar las manifestaciones del derecho fundamental a probar y el interés superior del niño en los menores de edad víctimas de delitos sexuales. / The single interview is a method adopted by the Peruvian procedural system aimed at receiving the testimony of minors who are victims of sexual crimes with the support of a psychologist and in an environment called the Gesell chamber, to avoid re-victimization and repetitive statements, however it has been subject to questioning based on allegations of violation of the right of defense regarding its principle of contradiction. For this reason, this research work seeks to offer a perspective of the contributions that the single interview offers to the conservation of the means of evidence through the participation of the psychologist with his forensic interview protocols and respect for the performance of the means of evidence through the procedure. advance evidence with the participation of the Preparatory Investigation Judge to guarantee the contradictory and the best interests of the child. Consequently, for this article, which used a methodology of dogmatic legal research, which includes the review and analysis of regulations, jurisprudence, doctrine and scientific articles, the general objective was to establish that the single interview in Gesell Chamber can harmonize the manifestations of the fundamental right to prove and the best interest of the child in minors who are victims of sexual crimes.

Cuando los Jueces emiten pronunciamiento de fondo lo hacen realizando la valoración conjunta de los medios probatorios admitidos y actuados, pero puede suceder que se omita la valoración de un medio probatorio, pese a ello se emite una decisión. La parte afectada impugna la resolución alegando el error in iudicando por existir una deficiente valoración de la prueba; entonces, el a quem tiene la difícil decisión de valorar la prueba omitida al momento de examinar el caso o no hacerla, dependiendo de lo que se opte, la decisión será revocatoria o rescisoria, aspecto que genera en nuestros días una incertidumbre porque no existen criterios objetivos para saber cual será el proceder del órgano de segunda instancia. Es por ello, que la investigación tiene por objetivo es determinar en qué supuestos el órgano de segundo grado cumple el fin rescisorio o revocatorio de la impugnación, cuando el a quo no valora un medio probatorio. Para el desarrollo del presente trabajo se ha utilizado el método de análisis y síntesis, para interpretar y analizar de la doctrina (nacional y extranjera), normativa y casuística que se ha encontrado sobre la teoría impugnatoria (los fines de la impugnación y pluralidad de instancias), la valoración de la prueba y motivación de resoluciones judiciales. A fin de poder establecer nuestras propias consideraciones y alcances sobre el particular. Uno de ellos es, que en el caso que el Superior opte por valorar el medio probatorio omitido por el a quo, y este es relevante para determinar la existencia o inexistencia de los hechos afirmados o esclarecer un hecho controvertido, por ende, fundamental para revocar la sentencia, esta decisión vulnera la garantía de la pluralidad de instancias. / When the Judges issue a ruling on the merits, they do so by jointly evaluating the evidence admitted and acted upon, but it may happen that the assessment of an evidence is omitted, despite this, a decision is issued. The affected party challenges the resolution, alleging the error, alleging that there is a deficient assessment of the evidence; then, the a quem has the difficult decision of evaluating the omitted test at the time of examining the case or not doing it, depending on what is chosen, the decision will be revocation or rescission, an aspect that generates uncertainty in our days because there are no criteria objectives to know what will be the procedure of the second instance body. That is why the objective of the investigation is to determine in which cases the second-degree body fulfills the termination or revocation purpose of the challenge. For the development of this work, the method of analysis and synthesis has been used, to carry out an interpretation and analysis of the doctrine (national and foreign), normative and casuistry that has been found on the challenge theory (the purposes of the challenge and plurality of instances), the evaluation of the evidence and motivation of judicial decisions. In order to be able to establish our own considerations and scope on the matter. One of them is that in the event that the Superior chooses to assess the evidence omitted by the a quo, and this is relevant to determine the existence or non-existence of the facts asserted or clarify a controversial fact, therefore, essential to revoke the sentence, this decision violates the guarantee of the plurality of instances.

El presente Informe Jurídico analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional recaía en el Expediente N° 00655-2010-PHC/TC, el cual resuelve el recurso de Hábeas Corpus interpuesto por la defensa de Alberto Químper Herrera, miembro del directorio de la empresa estatal Perúpetro, quién habría participado en negociaciones junto a Rómulo León, ex ministro aprista, a fin de favorecer la entrega de lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petrolum. Dichas negociaciones se dieron a conocer debido a interceptaciones telefónicas que sufrieron los suscritos. A pesar que, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda, tuvo a bien pronunciarse respecto al manejo de dichos audios provenientes de “chuponeo” por parte de la justicia, los cuales son considerados prueba prohibida. Asimismo, el Tribunal advierte que el uso de interceptaciones telefónicas ilícitas por parte de los medios de comunicación puede acarrear responsabilidad penal. En ese sentido, se buscará analizar y tomar posición frente a lo esbozado por el Tribunal Constitucional, de cara a la normativa, jurisprudencia y doctrina jurídica respecto a la improcedencia de un Hábeas Corpus contra una resolución judicial, la prueba prohibida y la censura previa. / This Legal Report analyzes the decision of the Constitutional Tribunal in the Case No. 00655-2010-PHC/TC, which resolves the Habeas Corpus appeal filed by the defense of Alberto Químper Herrera, member of the board of directors of the state company Perúpetro, who allegedly participated in negotiations together with Rómulo León, former minister from APRA. This in order to take advantage of the delivery of oil lots to the Norwegian company Discover Petrolum. These negotiations became known due to telephone interceptions suffered by the subscribers. Despite the Constitutional Court declared the lawsuit inadmissible, it was kind enough to pronounce on the handling of such audios coming from "tapping" by the justice system, which are considered prohibited evidence. Likewise, the Court warns that the use of illicit telephone interceptions by the media may entail criminal liability. In this sense, we will to analyze and take a position on what was outlined by the Constitutional Court, in view of the regulations, jurisprudence and legal doctrine regarding the inadmissibility of a Habeas Corpus against a judicial decision, the prohibited evidence and the prior censorship.

El presente análisis dilucida la interrogante respecto a si un sujeto puede ser imputado por una prueba que no fue presentada a tiempo, en específico a Homero Gonzales Duárez Sáenz se le absolvió como coautor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de parricidio, en agravio de María del Carmen Requejo Chaname, pero el Superior Jerárquico se pronunció sobre una prueba documental que no fue invocada en el recurso de apelación, en específico un reporte de llamadas entrantes y salientes entre los involucrados, de la cual, el imputado no tuvo la oportunidad ni la circunstancia para hacer uso de su derecho de defensa, por esa razón se realizó el estudio de las instituciones jurídicas como el de parricidio y prueba. Además, con ayuda de normas legales nacionales e internacionales pudo ser posible confirmar la importancia de la salvaguarda del derecho a la defensa y con jurisprudencia nacional fue posible conocer casos similares que sirvieron de ayuda para reforzar mi postura. Por esa razón, después de analizar las normas nacionales, internacionales, jurisprudencia y doctrina en general, mi postura se encuentra totalmente ligada con el fallo de la sentencia N°413-2014 – LAMBAYEQUE en la cual confirman la sentencia de primera instancia en donde se absolvió al imputado Homero Gonzalo Sánchez de la imputación por el delito de parricidio.

En la presente investigación sobre “La validez probatoria de las testimoniales en juicios orales ante juzgados penales colegiados”, se planteó como objetivo de estudio el análisis sobre la utilización de la videoconferencia en las audiencias virtuales en el proceso penal. La metodología de la investigación consistió en un estudio cualitativo - descriptivo, en el que se realizó el análisis documental de diferentes artículos científicos y de doctrina relacionada al tema. En ese sentido, se concluyó que, el sistema de videoconferencia favorece al sistema judicial en aspectos como la rapidez, eficiencia de comunicación y efectividad de llevarse a cabo el juicio oral para evitar gastos innecesarios. Además, se concluyo que el aplicar este sistema, conlleva a aspectos negativos en cuanto a la vulneración de los principios del juicio oral; especialmente, en el principio de inmediación, defensa del imputado y debido proceso. / The present investigation on "The probative validity of the testimonials in oral trials before collegiate criminal courts", raised as an objective of study the analysis of the use of videoconference in virtual hearings in the Criminal Process. The research methodology consisted of a qualitative - descriptive study, carrying out the documentary analysis of different scientific articles and doctrine related to the subject. Concluding that the videoconferencing system favors the judicial system in aspects such as speed, communication efficiency and effectiveness of carrying out the oral trial to avoid expenses. In addition, there would be negative aspects regarding the violation of the principles of the oral trial; especially, in the principle of mediation, defense of the accused and due process.

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo demostrar la vital importancia de la institución procesal de la carga de la prueba, en el caso particular del reconocimiento judicial de uniones de hecho en nuestro país, partiendo de su regulación actual y como ha sido utilizada por los tribunales de cierre de la justicia ordinaria nacional. En base a ello, se busca acreditar que la regulación vigente en el Código Procesal Civil peruano ha quedado obsoleta, respecto a los avances del Derecho Probatorio y del proceso en general, teniendo como alternativa a mediano plazo, la aprobación del Proyecto del Nuevo Código Procesal Civil. Para arribar a tal conclusión sobre la carga de la prueba, se analizarán figuras como las reglas de juicio para el juez, la teoría de las cargas probatorias dinámicas, la alegación de nuevos hechos y los deberes de ambas partes en el proceso, con especial detalle en los procesos de reconocimiento judicial de unión de hecho. Finalmente se detallarán las particularidades del tipo de proceso en cuestión, atendiendo a que es declarativo de un derecho preexistente y que la actividad probatoria es de mayor complejidad cuando la demanda se interpone post mortem de uno de los convivientes, puesto que de no allanarse, la parte demandada tendrá sumamente complicado negar con mejor calidad de prueba la supuesta existencia de una unión de hecho que alega la parte demandante. / The objective of this work is to demonstrate the great importance of the procedural institution of the burden of proof, in the particular case of the judicial recognition of civil partnerships in our country, based on its current regulation and how it has been used by high courts of the national ordinary justice system. Based on this, it seeks to prove that the current regulation in the Peruvian Civil Procedure Code has become obsolete, in comparison to the advances of Probative Law and the judicial process in general, having as an alternative in the medium term, the approval of the New Civil Procedural Code. To reach such a conclusion about the burden of proof, figures such as the trial rules for the judge, the theory of dynamic probative burdens, the allegation of new facts and the obligations of both parties in the process will be analyzed, with special detail in the processes of judicial recognition of civil partnership. Finally, the particularities of the type of process in question will be detailed, taking into account that it is declaratory of a pre-existing right and that the probatory act is more complex when the lawsuit is filed post-mortem of one of the cohabitants, since if it is not settled, the defendant party will find it extremely difficult to deny with better quality of evidence the alleged existence of a civil partnership that the plaintiff alleges. / Trabajo académico

Las cargas probatorias dinámicas, surgen como una herramienta que ayuda a cumplir la finalidad de la Tutela Jurisdiccional Efectiva, tiene como énfasis buscar la verdad de un caso y la obtención de justicia a través del traslado de la carga de probar a la parte que se encuentre en mejores condiciones. Es importante resaltar que opera como excepción a la regla general, conocida como el deber de probar de quien alega hechos que configuran su pretensión. La parte que aporta las pruebas, es la encargada de solucionar el caso, siempre que no se le cause indefensión, se le otorgue un plazo razonable y se encuentre en condiciones técnicas, científicas, económicas, suficientes para aportar pruebas. En ese sentido la autora propone a través de una serie de criterios, que deben cumplirse de manera concurrente, para que el Juez, pueda admitir las cargas probatorias dinámicas, de manera excepcional y sobre todos los elementos de la responsabilidad civil extracontractual.