Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene por objeto estudiar el régimen jurídico de las filmaciones, captaciones de imagen, y grabaciones sonoras como actuaciones investigativas en el Proceso Penal, y dilucidar los desafíos que ha traído su incorporación, como la afectación de los derechos de las personas y las problemáticas posteriores a la realización de estas diligencias, la mayor parte de ellas relacionadas con la prueba ilícita. Para ello se analiza su regulación en el Código Procesal Penal, junto con estudiar los derechos fundamentales más susceptibles de ser afectados por estas técnicas investigativas. Observándose una dualidad en la regulación de estas medidas en dicho cuerpo legal, se propone una distinción más novedosa que la tradicional que permita conciliar la necesidad de protección de derechos fundamentales con la incorporación de estas modernas técnicas investigativas en pos del esclarecimiento de los hechos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación desarrollada, es presentada en el contexto de los medios de prueba tecnológicos aceptados por la ley para ser acompañados en juicio, con relevancia en la prueba de las causales taxativas determinadas para el juicio de divorcio sanción, cuyos elementos diferenciadores como la existencia de una demanda entre cónyuges y la dificultad en la existencia de prueba preconstituida, involucran circunstancias relevantes en el ámbito de las nuevas tecnologías, los derechos fundamentales y la prueba ilícita. En concreto se analizan las condiciones de legitimidad del uso de correos electrónicos como medio de prueba para acreditar la culpa del cónyuge infractor de los deberes conyugales, con una visión de derecho nacional y comparado. Para ilustrar al lector, al final de esta investigación se agrega una selección de fallos analizados en el curso de la investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta tesis analizaremos la regla de facilitación probatoria del procedimiento de tutela laboral, usualmente conocida como prueba indiciaria. Se ha dicho que esta regla tiene como finalidad modificar la carga de la prueba a favor del denunciante, que importaría un estándar probatorio disminuido o que se trataría de una presunción. Para analizar tal cuestión, examinaremos algunas instituciones relevantes relacionadas a la prueba judicial y también a la prueba en el procedimiento de tutela laboral. En el primer capítulo, se analizarán diversas instituciones relacionada a la prueba de los hechos dentro del proceso judicial. Revisaremos, a grandes rasgos, concepciones acerca de la verdad de los enunciados probatorios, los sistemas de valoración de la prueba, los estándares de prueba, los indicios y su relación con la prueba indirecta, las presunciones y la regla de carga de la prueba. En el segundo capítulo, realizaremos algunas aplicaciones concretas al proceso laboral a partir de lo sostenido en el capítulo anterior. Revisaremos las principales características de este proceso, la valoración de la prueba, el estándar de prueba laboral y algunos poderes probatorios del juez. En el tercer capítulo, nos centraremos en el procedimiento de tutela laboral y el mecanismo de facilitación probatoria. Revisaremos algunas generalidades del procedimiento, la justificación de la regla de facilitación probatoria, las distintas interpretaciones realizadas por la doctrina en la materia, la recepción de la norma por parte de la jurisprudencia y, finalmente, cómo –a nuestro juicio– debe entenderse la norma.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo discute la aplicación de una determinada regla de estándar probatorio para la hipótesis de colusión en el derecho de la competencia chileno (‘preponderancia de evidencia’ o ‘balance de probabilidades’). A partir de las críticas realizadas a dicho estándar, propuesto por el Voto de Prevención de la Sentencia Nº 160/2017 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, plantea una propuesta alternativa de regla de estándar probatorio aplicable, desde la perspectiva de la teoría racional de la prueba. / 02/01/2020

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La sana crítica como sistema de valoración de la prueba ha ido avanzando progresivamente en nuestro ordenamiento jurídico hasta tal punto que la próxima reforma procesal civil pretende que este método de ponderación sea la regla general, en desmedro del sistema de prueba legal tasada vigente en nuestro ordenamiento jurídico civil. Es debido a lo anterior que nos surge la siguiente pregunta: ¿Los tribunales de justicia nacionales estarán cumpliendo con todos los requisitos que establece la sana crítica? Por lo anterior, hemos decidido investigar de qué forma los tribunales nacionales han aplicado la sana crítica en diversos procedimientos, llegando a la conclusión de tales no cumplen con los requisitos pertinentes al sistema referido.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En primer término, el presente trabajo pretende subsanar deficiencias procesales que se han ido develando con el devenir de los años en ciertos ámbitos de la contratación. Si bien, desde una óptica tradicional, en las relaciones entre particulares existen lazos de carácter eminentemente horizontal, en que las partes se miran como iguales, hoy por hoy, en contextos tales como la responsabilidad médica por mala praxis, el derecho del trabajo o de protección al consumidor, presentan especiales características de desigualdad económica, productiva y de información, entre las partes contratantes. Para esto, analizaremos la institución moderna de la carga dinámica de la prueba, sus principales características y estructura, consecuencias prácticas, fundamentos que llevaron a su creación y estudio, así como también, el actual estado de la distribución del esfuerzo probatorio en áreas de especial interés; como son el derecho laboral y de protección al consumidor. Luego, se construirá doctrinalmente el principio de colaboración, a través de los elementos que nos proporcionan la buena fe y la adquisición procesal. Veremos que dicho principio actúa como idea inspiradora de diversas normas que contemplan sanciones efectivas a las partes que injustificadamente no colaboren en el esclarecimiento de los hechos. En tercer lugar, presentamos como modelo alternativo, la responsabilidad objetiva y las presunciones de culpa, los cuales permiten eximir de la carga de acreditar la negligencia con que ha actuado el causante del daño, cuando se trate de actividades que normalmente lleven un riesgo aparejado por el solo desarrollo de dicha función. Cerraremos dando un vistazo hacia el exterior y examinaremos el tratamiento con el que el derecho comparado ha intentado revertir situaciones de desigualdad contractual y procesal, dentro de las reglas relativas a la carga de la prueba. Por último, expondremos un ítem final que da cuenta del Proyecto de Ley (Boletín 9369-03), en actual tramitación, que pretende incorporar a la normativa vigente de defensa de los derechos de los consumidores, una alteración de las cargas probatorias de manera facultativa por el juez, verificados ciertos supuestos de hecho. Para finalizar, se extraerán las conclusiones que se coligen del presente trabajo, delimitando así, el mecanismo idóneo bajo el cual se posibilita el restablecimiento de la igualdad entre las partes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos regula la actividad probatoria en tan sólo cuatro artículos, desde el 35 al 38. Esta deficiencia ha generado diversos conflictos, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, al intentar dotar de contenido dicha actividad. En razón de lo anterior, y considerando la relevancia e importancia de la prueba en todo procedimiento, es que hemos decidido aventurarnos en la investigación de la actividad probatoria en el Derecho Administrativo Sancionador, desde una mirada analítica, descriptiva y crítica. Para ello recurriremos a la legislación vigente, la doctrina y jurisprudencia. Finalmente, con el desarrollo de esta investigación, pretendemos aportar bases para discusiones posteriores, razonamientos jurisprudenciales y, por qué no, ofrecer una propuesta lege ferenda.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con una frase más bien breve nuestro Código Procesal Penal ha introducido a la normativa nacional un tema que ha dado origen a una vasta literatura creadora de una arraigada y a su vez sólida construcción jurídica en los sistemas procesal-penales extranjeros. El Artículo 276 del Código Procesal Penal, que será objeto de nuestro estudio, ordena al juez de garantía proceder a la exclusión de aquellas pruebas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. De esta manera ingresa a nuestro sistema esta institución de antigua data en la mayor parte de los sistemas procesal-penales de derecho comparado, circunstancia que nos lleva de manera natural a dirigir nuestra mirada al ámbito del constitucionalismo y jurisprudencia de los tribunales, por ejemplo de Estados Unidos de América.1 Suele señalarse que es sólo en 19142 cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos, por primera vez, resolvió que si no se excluía o proscribía de los juicios la prueba obtenida por la policía, en forma inconstitucional, los términos de la Cuarta Enmienda de la Carta Fundamental estadounidense3 constituirían meras palabras sin contenido, declaración apoyada años más tarde, en 1949, cuando la Corte, en palabras del juez Félix Frankfurter, sostendría que la seguridad de la propia privacidad, frente a la intrusión policial arbitraria, es básica en una sociedad libre, dando el sentido que alcanzaría en lo sucesivo la evolución jurisprudencial que conforma las reglas de exclusión: se trata de detener las incursiones policiales que vulneran el derecho a la privacidad, por la vía de no aceptar en juicio, las evidencias obtenidas en infracción a las normas constitucionales que amparan los derechos de las personas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, tiene como punto de investigación y análisis, la eventual procedencia del recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva que se dicte por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, conociendo de un juicio ordinario del trabajo, en el caso que exista en el prouniciamiento de esta sentencia infracción a las leyes reguladoras de la prueba.

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014 / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria aborda uno de los principales problemas que han surgido en la discusión doctrinaria procesal, la existencia de facultades probatorias de oficio en las diversas normativas, esto enmarcado en un análisis del procedimiento laboral de aplicación general. La forma de tomar el tema presenta una diferencia en el análisis, puesto que se analizará el efecto de las mismas en la estrategia procesal de las partes. Para llegar a este razonamiento se utiliza una herramienta teórica surgida en la economía, cual es, la teoría de juegos. Para enmarcar la investigación, el texto comienza con una visión esquemática de las dos escuelas más relevantes, el garantismo procesal y el publicismo, exponiendo aquellos puntos de discusión más relevantes en la dogmática procesal. Una vez adoptada una visión respecto del objeto del proceso, comienza un análisis respecto de la figura del juez en éste, haciendo un análisis de los diversos deberes y facultades que se le atribuyen en general en las normas procesales. Una vez terminado el análisis doctrinario general pasamos a analizar el procedimiento laboral de aplicación general, cuestión que será muy importante a la hora de establecer las reglas del juego que propondremos. Aquí nos detendremos particularmente en la regulación de las facultades probatorias oficiosas en el Código del Trabajo. Luego de haber establecido las normas relevantes para esta investigación, pasaremos a realizar un análisis económico de las mismas, basado en criterios de eficiencia. Una vez determinado aquello propondremos un modelo de análisis basado en la interacción estratégica, de la forma normal que propone la teoría de juegos, intentado extrapolar los resultados teóricos para descubrir qué incentivo es el que está poniendo el sistema en abstracto al regular de la manera en que lo hace