Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente obra busca abordar el problema de la indeterminación de un estándar de prueba aplicable a los distintos procedimientos para la defensa de los derechos de los consumidores, procediéndose a revisar cómo otras legislaciones han tratado el tema. En el primer capítulo se tratará el marco de referencia sobre los estándares probatorios, estableciendo ciertas definiciones y distinciones conceptuales utilizadas a lo largo del trabajo, para luego buscar estándares de prueba a lo largo del proceso civil y penal en Chile, distinguiendo estándares aplicables a decisiones provisionales y a las decisiones de término. Posteriormente se analizará la regulación procesal de la Ley N° 19.496 para los distintos procedimientos judiciales contenidos en ella. En el segundo capítulo se procede con el análisis comparado de los estándares de prueba aplicables a los juicios de defensa de los consumidores en distintos países de Iberoamérica, estudiando principalmente la regulación legal que establece dichos procedimientos, junto con la revisión de doctrina y jurisprudencia atingente al tema. Finalmente se estudiará la regulación para la defensa de los consumidores en Estados Unidos de América, país perteneciente a la tradición jurídica del Common Law que cuenta con largo desarrollo sobre estándares de prueba.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El principal objetivo de esta memoria es examinar la inclusión o admisibilidad de la denominada “prueba ilícita” dentro del proceso civil siguiendo una concepción racionalista de la prueba. Para esto, se sostendrá que el fin de la prueba no es otro que la búsqueda de la verdad y como tal fin impone una acertada determinación de los hechos, es imprescindible considerar todos los elementos probatorios que se dispongan de forma de aumentar la probabilidad de obtener decisiones correctamente aplicadas. En el primer capítulo, la investigación sostendrá que el fin de la prueba es la averiguación de la verdad. Para esto se desarrollará el método más satisfactorio para alcanzar dicho objetivo, el principio de inclusión procesal probatoria. Se enunciarán las bases y críticas de este principio. A su vez, para un análisis comprensivo de la materia, se señalarán de forma breve los momentos de la actividad probatoria. En el segundo capítulo, se abordarán algunas de las muy distintas reglas de exclusión vigentes en nuestro proceso civil, sosteniendo una crítica respecto a la excesiva regulación normativa en cuanto a la inclusión de los distintos medios probatorios, como de la forma en que se valoran por parte del órgano adjudicador. Por último, el tercer capítulo tiene por finalidad mostrar la conveniencia epistémica que significa aceptar la inclusión y valoración de toda prueba dentro del proceso civil. Para ello, se analizarán las distintas justificaciones que han emanado tanto doctrinaria como jurisprudencialmente para determinar su inclusión o exclusión, dentro de un proceso civil. Se compararán también los distintos objetivos del proceso, examinando si su inclusión responde sólo a un análisis epistemológico o hay también valores políticos o morales que justificación su exclusión como elemento probatorio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito del presente trabajo consiste en el análisis del sistema probatorio a la luz del Código de Procedimiento Civil vigente en nuestro país, el cual se remonta al año 1902 y que hasta el día de hoy no ha tenido importantes modificaciones. Al respecto, nos avocaremos específicamente al tratamiento de la confesión como medio de prueba. Con este objetivo, analizaremos el tratamiento de la confesión en nuestro actual procedimiento civil y en otros procedimientos, como los de familia y laboral, para terminar, particularizando en los sistemas de valoración que rigen a cada uno. Lo anterior, aportará elementos importantes a la discusión a propósito de la relación que existe entre la confesión y su transformación en una declaración de parte, considerando si el sistema de valoración que rige al procedimiento es el de prueba legal o tasada o sana crítica. Analizaremos cuál ha sido la regulación de este medio de prueba en legislaciones de otros países para dar cuenta de la evolución de la confesión a una declaración de parte sustentada en procedimientos orales, donde rige el principio de la inmediación y en los cuales la prueba se valora conforme a las normas de sana crítica como un sistema racional y que busca la mayor certeza para alcanzar una decisión justa del juez. En base a lo anterior, nos detendremos en el procedimiento laboral, realizando un estudio de su normativa y a la vez un análisis jurisprudencial para comentar algunas de las problemáticas que lleva consigo la confesión y ix por lo tanto, dar cuenta de las críticas que pueden verificarse respecto de este medio de prueba. Finalizaremos la investigación con ciertas consideraciones respecto al Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil en Chile que se encuentra en el Congreso Nacional desde el año 2012. Analizaremos brevemente los cambios que conllevará para el procedimiento civil y los nuevos principios que lo regirán, deteniéndonos a la vez, en la consagración de la declaración de parte como medio de prueba: una declaración voluntaria, oral, valorada conforme a la sana crítica y donde no solo se considerarán los hechos perjudiciales declarados por la parte para la valoración de la prueba, sino también aquellos que le favorezcan, apartándose de esta forma, de la anacrónica confesión.

El presente artículo científico tiene como finalidad proponer una correcta aplicación de la resolución contractual con el motivo de la no superación del periodo de prueba, la cual solo se lograra a partir de la modificación del artículo 10 del DL N° 728 y la incorporación de criterios objetivos que puedan justificar el accionar del empleador y evitar conductas irregulares que se originan en la falta de criterios evaluativos. Sin embargo, para lograr este objetivo previamente se debe analizar la situación del periodo de prueba en España y Colombia, para tener una perspectiva distinta en la forma de operar esta institución, su naturaleza jurídica y sus límites. Es así, que se pudo determinar que en España los convenios colectivos juegan un papel importante al regular esta institución, respecto a plazos y condiciones resolutorias; por otro lado, se evidencia la participación de los tribunales de justicia al proscribir actos de discriminación, fraude ante la ley o vulneración de derechos durante el periodo de prueba. Por otro lado, en Colombia se llegó a evidenciar que con la entrada en vigencia del Decreto 989 del 2020 se incorporó una evaluación en base a un instrumento de desempeño dentro de la fase de prueba que determinaría la continuidad del trabajador en el puesto de trabajo. Finalmente, se concluye que con la incorporación de estos criterios se garantiza protección al trabajador frente al despido arbitrario, al ser necesario acreditar la causa que justifique la no superación de este periodo.

La prueba trasladada llega a la legislación peruana con la finalidad de coadyuvar en el proceso, pero a lo que se enfrenta es a una realidad a la que no puede ser sometida, porque la valoración que se le da es la misma del juicio de la valoración del proceso de la cual es extraída, tornándose de esta forma un tanto subjetiva. Teniendo en cuenta la realidad de la prueba trasladada en cuanto a su valoración, esta investigación plantea determinar de qué forma la aplicación del sistema cuantitativo en la prueba trasladada constituiría una contribución en la valoración del caudal probatorio en los delitos de corrupción funcionarial. Por lo que se propone la utilización del sistema cuantitativo basado en una tabla de contenido de estándar probatorio, en la misma que se le da un peso porcentual a la prueba trasladada para poder ser admitida en el proceso a la que se traslada.

La presente investigación trata sobre criterios para la aplicación de la prueba indiciaria en el delito de cohecho pasivo impropio. Debido a que en el Derecho Penal, la prueba es un elemento esencial para poder determinar la comisión de un hecho delictivo. Por ello, es importante el estudio de las pruebas por indicios, debido a que una correcta valoración, traería consigo un pronunciamiento válido, siempre y cuando se encuentre basado en criterios razonables y con sustento sólido para un pronunciamiento eficaz. En consecuencia, la valoración de la prueba indiciaria en el proceso penal, traería consigo la sanción e inhabilitación a malos funcionarios públicos en el campo penal, provocando una privación de las funciones que ostenta, ya que con la inhabilitación el funcionario se encontraría impedido de realizar funciones que ejercía, a la vez, la prueba indiciaria es de suma importancia, ya que gracias a ella, se puede obtener la veracidad de un acto delictivo; por lo que en la actualidad existen muchos casos, sobre todo en el delito de cohecho pasivo impropio en el que es dificultoso conseguir una prueba directa, por lo tanto, es donde los indicios cumplen un rol muy importante para comprobar la verdad; en conclusión, lo que se pretende es establecer criterios de interpretación del operador jurídico para que se aplique a través de un acuerdo plenario o exista un pronunciamiento de la corte suprema respecto a este tema.

La presente tesis denominada “Criterios para la correcta aplicación de la Prueba Trasladada en el Ordenamiento Procesal Penal”, tiene como fundamento establecer los criterios pertinentes para la correcta aplicación de la prueba trasladada en el ordenamiento procesal penal. Por ello se ha creído conveniente estructurar la investigación en tres capítulos, en cuanto al primero, se encuentran todos los alcances referentes a la prueba, teniendo como objetivo explicar la importancia de la prueba en el ordenamiento penal peruano; en el segundo capítulo, se analiza completamente la prueba trasladada, dónde nace esta figura, la actual regulación que tenemos sobre ella, jurisprudencia comparada y se tiene como objetivo explicar la deficiente regulación de la prueba trasladada en el ámbito procesal penal; finalmente, el último capítulo de la presente investigación tiene como objetivo fijar los criterios de aplicación de la prueba trasladada en los procesos penales. Fijar criterios de aplicación contribuirá al correcto y eficaz uso de esta figura procesal en los procesos penales peruanos.

Desde la perspectiva racionalista del análisis probatorio la finalidad institucional del proceso es la búsqueda de la verdad. En este propósito se construyen razones mediante un esquema lógico, cuyo análisis en la prueba por indicios es el propósito de este trabajo, a partir de un conjunto de sentencias. Los hallazgos muestran que, por lo general, se soslaya la prueba por indicios y cuando se recurre a ella no se justifica adecuadamente dicho razonamiento. Develado ello, se formulan algunas sugerencias para mejorar el valor epistemológico del razonamiento acorde a la finalidad del proceso y, la motivación de la decisión que adopta el juez o jueza al dar por probados los hechos.

En el presente trabajo académico se aborda el cuestionamiento realizado en el recurso de Casación N° 4260-2017, respecto de la aparente obligación del Juez de solicitar pruebas de oficio ante la falta de convicción de elementos de prueba que acrediten la falta de manifestación de voluntad de la vendedora Juana Rodríguez Salas, la cual se fundamenta en la actuación de una Pericia Dactiloscópica, la cual determinó que la huella dactilar presente en el contrato era una mancha. Se plantea, como problema principal, si persiste la facultad del juez de incorporar pruebas de oficio al proceso ante la presencia de un informe pericial dactiloscópico ante una posible falta de convicción, y como problema secundario, si es suficiente para el juez alegar que mantiene plena convicción de las pruebas incorporadas para omitir la disposición de medios de prueba de oficio. Como resultado, se ha realizado una apreciación conjunta del artículo 194° del Código Civil Peruano y el X Pleno Casatorio Civil, así como los fundamentos de las garantías del debido proceso relativos al derecho a probar y la motivación de resoluciones judiciales, para concluir que es posible incorporar pruebas de oficio ante las circunstancias descritas, siempre y cuando se haya realizado una valoración racional de la prueba respecto del informe dactiloscópico, y se pueda emitir pronunciamiento pleno sobre los puntos controvertidos. Asimismo, es necesario que la convicción del juez que no incorpora pruebas de oficio esté debidamente motivada. / In the present academic work, the questioning made in the Cassation appeal No. 4260- 2017 is addressed, regarding the apparent obligation of the Judge to request ex officio evidence due to the lack of conviction of evidence that proves the lack of expression of will of the seller Juana Rodríguez Salas, which is based on the performance of a Fingerprint Expertise, which determined that the fingerprint present in the contract was a stain. The main problem is whether the judge's power to incorporate ex officio evidence into the process persists in the presence of a dactyloscopic expert report in the event of a possible lack of conviction, and as a secondary problem, if it is enough for the judge to allege that he maintains full conviction of the evidence incorporated to omit the disposition of means of evidence ex officio. As a result, a joint assessment of article 194 of the Peruvian Civil Code and the X Pleno Casatorio Civil has been carried out, as well as the foundations of the guarantees of due process related to the right to prove and the motivation of judicial decisions, to conclude that it is It is possible to incorporate ex officio evidence in the circumstances described, as long as a rational assessment of the evidence has been made with respect to the dactyloscopic report, and a full pronouncement can be issued on the controversial points. Likewise, it is necessary that the conviction of the judge who does not incorporate ex officio evidence is duly motivated.

El motivo de la presente investigación académica es poder sustentar un mecanismo o herramienta para que el juez pueda juzgar, en casos donde no existan pruebas o las que tiene son pocas y no le generan convencimiento ni certeza, ya que el juez no puede juzgar, porque su sentencia no la puede motivar; por tal motivo y sólo de forma extraordinaria puede emplear este mecanismo y poder usar estas reglas de juicio destinadas para el juez. Hay que tomar en cuenta que el juez se encuentra obligado a pronunciarse si o si, ya que el fin de proceso es resolver los conflictos de interés y si existe alguna falla en la decisión el derecho lo tiene que asumir. Los objetivos e hipótesis que plantea este trabajo, es de dar un panorama más amplio y el juez tenga un mejor conocimiento del caso, así los operadores de justicia puedan resolver mejor, con estas reglas de decisión, La regla que existe de quien debía probar y no probó debe cambiar por una deducción lógica y de razonamiento, la carga dinámica de la prueba como regla de cierre debe ser extraordinaria. Tenemos un proceso con una igualdad que es sólo aparente, ya que no todas las partes se encuentran en condiciones de probar o de generar pruebas, se debe de abrir paso a lo que es diferente y excepcional, adoptar una mente abierta para poder analizar de forma racional y evaluar o hasta ponderar la condición de las partes, lógicamente esto trae efectos perjudiciales para alguna de las partes. Riesgo que el derecho ya asume, por tal sentido la hipótesis que plantea este trabajo puede ser debatida o calificada como arriesgada, pero también nos aportaría muy buenos resultados como nos da en el Derecho Laboral donde ya se emplea.