El presente informe analiza la Sentencia No. 00027 emitida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Jusiticia de Lambayeque en el marco de un proceso de otorgamiento de escritura pública respecto de una minuta de compraventa de fecha 26 de agosto de 2011. A este respecto, la primera parte del informe está destinada a evidenciar que la Sala no tuvo un correcto entendimiento de la institución referida a la suspensión del proceso por prejudicialidad civil regulada en el artículo 320º del Código Procesal Civil, pues si bien ha declarado improcedente el pedido de suspensión del proceso formulada por la parte demanda, esta decisión solo es correcta en la forma, ya que las razones que sustentan la misma son equivocadas y evidencian un desconocimiento de esta institución. Por otro lado, la segunda parte de este informe se centra en demostrar los errores en la valoración de la prueba en los que ha incurrido la Sala los cuales han generado que se declare fundada la demanda de otorgamiento de escritura pública respecto de una minuta de compraventa que es manifiestamente nula por vulneración al órden público según el inciso 8 del artículo 219º del Código Civil y el VIII Pleno Casatorio Civil. / This report analyzes Judgment No. 00027 issued by the First Specialized Civil Chamber of the Superior Court of Justice of Lambayeque in the framework of a process of granting a public deed with respect to a bill of sale dated August 26, 2011. In this regard, the first part of the report is intended to show that the Chamber did not have a correct understanding of the institution referring to the suspension of the process for civil prejudicial proceedings regulated in Article 320 of the Code of Civil Procedure, since although it has declared inadmissible the request for suspension of the process made by the plaintiff, this decision is only correct in form, since the reasons that support it are wrong and show a lack of knowledge of this institution. On the other hand, the second part of this report focuses on demonstrating the errors in the assessment of the evidence in which the Chamber has incurred, which have led to the declaration of foundation of the claim for the execution of a public deed with respect to a bill of sale that is manifestly null and void for violation of public order according to paragraph 8 of article 219 of the Civil Code and the VIII Civil Cassation Plenum.

El presente informe buscará resolver, como incógnita principal, si fue adecuada la justificación brindada por la Sala Superior, para sustentar su decisión de declarar infundada la demanda de prescripción adquisitiva interpuesta en el caso estudiado. Para estos efectos, este trabajo se sustentará en instrumentos normativos como la legislación nacional, doctrina y jurisprudencia. Concretamente, las principales fuentes que se emplearán se tratan del Código Civil, Código Procesal Civil, diversas sentencias emitidas por la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional, doctrina, la Ley N° 29618, el Decreto Legislativo N° 1089, el Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA, entre otros. A lo largo de este informe, lo primero que advertiremos es que los errores en los que incurrió la Sala Superior, al emitir la sentencia de vista analizada, guardan relación con la indebida valoración de las constancias de posesión, que forman parte de las pruebas ofrecidas al proceso; así como la insuficiente motivación desarrollada en la sentencia expedida. Verificaremos, además, que el poco desarrollo jurisprudencial que existe sobre la materia en debate ha ejercido un rol importante en la formación de los criterios dispares de valoración probatoria que se ha presentado en el caso analizado, tanto en primera como en segunda instancia, respecto de las constancias de posesión ofrecidas como prueba posesoria. Finalmente, analizaremos también cómo es que el sentido del fallo expedido no solo se ha limitado a afectar los derechos a la prueba y a la debida motivación de las resoluciones judiciales del prescribiente, sino que ha trascendido al plano material, generando que el demandante atraviese por la imposibilidad de recurrir a otras vías previstas en nuestro ordenamiento jurídico para poder formalizar y regularizar el derecho que ostentaría sobre el predio objeto de prescripción. / This report will seek to resolve, as the main question, whether the justification provided by the Upper Court was adequate to support its decision to declare unfounded the claim of acquisitive prescription filed in the case under study. For these purposes, this work will be based on normative instruments such as national legislation, doctrine and jurisprudence. Specifically, the main sources to be used are the Civil Code, the Code of Civil Procedure, various judgments issued by the Supreme Court and the Constitutional Court, doctrine, Law No. 29618, Legislative Decree No. 1089, Supreme Decree No. 032-2008-VIVIENDA, among others. Throughout this report, the first thing we will notice is that the errors made by the Upper Court, when issuing the judgement analyzed, are related to the improper evaluation of the proofs of possession, which form part of the evidence offered in the process, as well as the insufficient reasoning developed in the judgement issued. We will also verify that the lack of jurisprudential development that exists on the matter under debate has played an important role in the formation of the disparate criteria of evidential evaluation that has been presented in the case analyzed, both in the first and second instance, regarding the proofs of possession offered as evidence of possession. Finally, we will also analyze how the meaning of the ruling issued has not only been limited to affecting the rights to proof and to the due motivation of the prescribing party's judicial decisions, but has also transcended to the material level, causing the plaintiff to find it impossible to resort to other means provided for in our legal system in order to formalize and regularize the right that he holds over the property that is the object of the claim.

El informe tiene como finalidad analizar las herramientas jurídicas que permiten priorizar la evidencia psicológica de la agraviada y la prueba periférica frente al examen médico para acreditar si se ha cometido un acto de violación sexual en agravio de una menor de edad que tiene himen dilatable. Para ello, se debe considerar los criterios de valoración que existen en el ordenamiento peruano respecto de las pruebas psicológicas, físicas y periféricas. Además, se desarrolla sobre la valoración de las pruebas a nivel individual y conjunta que se debe realizar en cada una de ellas. Asimismo, se examina cómo se debe utilizar las máximas de la experiencia en este tipo de delitos. Por último, se evalúa el tipo de concurso presente cuando en un caso existen delitos como violación sexual de menor de edad, violación sexual y actos contra el pudor. Lo característico del caso analizado es que desarrolla que la ausencia de desfloración himeneal y de signos de actos contra natura son suficientes para descartar un delito en contra de la indemnidad y libertad sexual. Sin embargo, en el presente informe, se evidencia lo contrario utilizando diversa doctrina, normativa y jurisprudencia relacionada al tema que desvirtúa la postura que tomó tanto la primera instancia como segunda instancia que analizó en su oportunidad el presente caso. En ese sentido, el derecho de defensa de la menor agraviada no se vulnera. / The purpose of this report is to analyze the legal tools that allow prioritizing the psychological evidence of the victim and the peripheral evidence over the medical examination to prove whether an act of rape has been committed against a minor with a dilatable hymen. For this purpose, the evaluation criteria that exist in the Peruvian legal system with respect to psychological, physical and peripheral evidence must be considered. In addition, it is developed on the evaluation of the evidence at the individual and joint level that must be performed in each of them. It also examines how the maxims of experience should be used in this type of crime. Finally, it evaluates the type of concurrence present when in a case there are crimes such as rape of a minor, rape and acts against modesty. The characteristic of the analyzed case is that it develops that the absence of hymenal defilement and signs of unnatural acts are sufficient to rule out a crime against sexual indemnity and freedom. However, in the present report, the contrary is evidenced by using diverse doctrine, norms and jurisprudence related to the subject, which detracts from the position taken by both the first instance and the second instance that analyzed the present case at the time. In this sense, the right of defense of the aggrieved minor is not violated.

En el presente informe jurídico se aborda la acción de revisión interpuesta por Ricardo Ávalo Flores, contra la sentencia que lo condenó como autor del delito de libramiento indebido. La argumentación central se basa en determinar que la Corte Suprema no valoró la prueba nueva presentada por el accionante, ni motivó correctamente la sentencia, conforme a las garantías del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Se advierte una deficiente valoración sobre la alegada vulneración del derecho de defensa, al haber sido asesorado por un abogado que no contaba con título válido. Además, se evidencian deficiencias en la valoración probatoria realizada por la Corte Suprema, al no aplicar rigurosamente sus propios criterios jurisprudenciales e incurrir en errores fácticos. Finalmente, se identifican falencias en la debida motivación de la sentencia, al omitir la valoración de pruebas críticas, utilizar falacias y generalizaciones sin sustento probatorio, y no abordar correctamente las cuestiones centrales planteadas por el accionante. / This legal report addresses the review action filed by Ricardo Ávalo Flores against the sentence that convicted him as the perpetrator of the crime of improper drafting. The central argument is based on determining that the Supreme Court did not evaluate the new evidence presented by the petitioner, nor did it properly justify the sentence, in accordance with the guarantees of due process and effective judicial protection. There is a deficient assessment of the alleged violation of the right to defense, as the defendant was advised by a lawyer who did not have a valid license. Furthermore, there are evident deficiencies in the evidentiary assessment conducted by the Supreme Court, as it did not rigorously apply its own jurisprudential criteria and incurred factual errors. Finally, shortcomings are identified in the proper justification of the sentence, as it omits the evaluation of critical evidence, uses fallacies and generalizations without evidentiary support, and does not correctly address the central issues raised by the petitioner.

La presente tesis se orienta a encontrar una respuesta a la discordancia o disenso surgida entre la doctrina y la jurisprudencia laboral del país, acerca de la verdadera finalidad del periodo de prueba. En ese objetivo, el autor efectúa una nueva revisión de los aspectos doctrinario y jurisprudencial del periodo de prueba (tanto en el ámbito nacional y comparado), apoyándose además en casos concretos de vigente aplicación, que le permiten explicar la naturaleza jurídica, fundamento jurídico y finalidad de la institución en estudio. A partir de ello, plantea la presencia de un límite general, relacionado con la necesidad de causalizar el despido en el periodo de prueba, donde – sin trastocar la naturaleza de la institución de ser una etapa experimental y de especial inestabilidad - la causa del despido siempre deberá estar asociada a una evaluación negativa del trabajador en prueba. A su vez, los límites específicos, estarán relacionados con la vulneración de los derechos fundamentales, el fraude y el abuso del derecho en la aplicación del periodo de prueba. Se propone finalmente, algunas eventuales consecuencias frente a la aplicación irregular del periodo de prueba, a partir de la trasgresión de los referidos límites generales o específicos. Concluye sustentando que la esencia o finalidad que motivó la previsión legal del periodo de prueba, siempre fue la evaluación de la idoneidad del trabajador. Advierte, además, que este periodo de prueba se incluyó, a partir de la solicitud del propio empleador, quien reclamaba un lapso de tiempo, exento de los rigores formales del despido, que le permitiesen evaluar previamente e incorporar personal adecuado al seno de su organización empresarial. Sin embargo, lo que ha devenido después, ha sido el trastocamiento de esta institución hacia fines no previstos originariamente, que incluyen aspectos económicos, especulativos y de presión al trabajador, hasta llegar a concebirse como un espacio libérrimo, de absoluta discrecionalidad del empleador y exento de causa o justificación.

El presente informe aborda el análisis del recurso resuelto en la Casación Nº2817- 2009-LA LIBERTAD emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, que aborda el tema de valoración de medios probatorios extemporáneos y la primacía del principio de búsqueda de verdad, bajo el argumento de cumplir con el fin del proceso. El desarrollo del informe permitirá analizar lo resuelto en primera y segunda instancia, así como en casación, identificando los problemas jurídicos existentes y emitir una opinión en base al análisis realizado. El análisis gira en torno a la vulneración del principio de preclusión en materia probatoria, con el fin de garantizar el principio de búsqueda de verdad durante el proceso, amparada en el numeral tercero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y si esta justificación es suficiente para que la Corte Suprema ordene la inaplicación tácita de la regla establecida en el artículo 374° del Código Procesal Civil, siendo una norma vigente y constitucional. El desarrollo del informe también permite analizar temas como la debida motivación de resoluciones judiciales, prueba de oficio y si la aplicación de sexta regla establecida en la Sentencia del X Pleno Casatorio Civil serviría como fundamento jurídico para argumentar la primacía de la búsqueda de verdad sobre toda regla establecida. / This report addresses the analysis of the appeal resolved in Cassation No. 2817- 2009-LA LIBERTAD issued by the Permanent Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of Lima, which addresses the issue of assessment of extemporaneous evidence and the primacy of the principle of seeking the truth, under the argument of complying with the purpose of the process. The development of the report will allow analyzing what has been resolved in the first and second instance, as well as in cassation, identifying the existing legal problems and issuing an opinion based on the analysis made. The analysis revolves around the infraction of the principle of preclusion in evidentiary matters, in order to guarantee the principle of the search for truth during the process, protected in the third numeral of the Preliminary Title of the Code of Civil Procedure, and if this justification is sufficient for the Supreme Court to order the tacit inapplication of the rule established in article 374° of the Code of Civil Procedure, being a current and constitutional rule. The development of the report also allows analyzing issues such as the due motivation of judicial resolutions, ex officio evidence and whether the application of the sixth rule established in the X Plenary Civil Cassation Ruling would serve as a legal basis to argue the primacy of the search for truth over any established rule.

Es importante tomar conocimiento respecto de las obligaciones y responsabilidades que debe emplear una persona natural o jurídica cuando optará por brindar el servicio de estacionamiento vehicular, ya sea como actividad principal o como actividad accesoria. Esto, debido a que, como cualquier prestación de servicio, se encontrará regulada por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que exigirá que se cumpla el principio de idoneidad. Asimismo, es relevante tomar en cuenta la asimetría informativa en esta relación de consumo, donde los consumidores optarán por tomar estos servicios para tener mayor cuidado respecto de los vehículos. Es evidente que, ante algún defecto encontrado en la prestación de un servicio, es decir, en una relación de consumo, no siempre tendremos suficientes pruebas materiales, por lo que la valoración de las pruebas indiciarias debe tomar mayor relevancia y deben ser analizadas en conjunto por el juzgador. De esta manera, los consumidores que opten por tomar el servicio de estacionamiento vehicular se sentirán seguros en donde las medidas reglamentarias se encuentren siendo cumplidas por los proveedores. / It is important to be aware of the obligations and responsibilities that a natural or legal person must assume when choosing to provide a vehicle parking service, whether as a main or ancillary activity. This is because, like any service provision, it will be regulated by the Consumer Protection and Defense Code, which requires compliance with the principle of suitability. Likewise, it is relevant to take into account the informational asymmetry in this consumer relationship, where consumers will opt to take these services to ensure greater care of their vehicles. It is evident that, in the event of a defect found in the provision of a service, that is, in a consumer relationship, we will not always have sufficient material evidence, so the assessment of circumstantial evidence must take on greater relevance and must be analyzed as a whole by the judge. In this way, consumers who choose to use the vehicle parking service will feel secure knowing that the regulatory measures are being complied with by the providers.

El presente informe jurídico, a partir del análisis de la Casación Nº 2097–2019- Lima, tiene por objetivo dar respuesta a dos problemáticas principales. Primero, respecto a qué debe evaluarse para deducir razonablemente que el incremento patrimonial es consecuencia del abuso del cargo en el delito de enriquecimiento ilícito. Y, segundo, respecto a cuál es el límite para la inversión de la carga de la prueba en este tipo penal. Para ello, la realización del presente informe se ha valido del análisis de distintos instrumentos jurídicos, como la normativa penal y procesal penal, la principal jurisprudencia de la Corte Suprema y la doctrina. De esta manera, luego de la investigación llevada a cabo, se ha concluido, por un lado, que para deducir razonablemente que el incremento patrimonial es consecuencia del abuso del cargo, debe evaluarse si el marco competencial del funcionario o servidor público y la calidad de la posición o puesto que desempeña en la Administración Pública son susceptibles de generar las condiciones para un enriquecimiento ilícito. Y, por otro lado, que la inversión de la carga de la prueba al procesado tiene como límite el deber de la carga de la prueba del Ministerio Público, el cual consiste en acreditar, primero, el incremento patrimonial y, segundo, el vínculo funcionarial entre el mismo y el abuso del cargo. / This legal report, based on the analysis of Cassation No. 2097-2019-Lima, aims to respond to two main problems. First, regarding what must be evaluated to reasonably deduce that the increase in assets is a consequence of the abuse of charge in the crime of illicit enrichment. And, second, regarding what is the limit for reversing the burden of proof in this type of crime. To this end, the preparation of this report has used the analysis of different legal instruments, such as criminal and criminal procedural regulations, the main jurisprudence of the Supreme Court and doctrine. In this way, after the investigation carried out, it has been concluded, on the one hand, that to reasonably deduce that the increase in assets is a consequence of the abuse of charge, it must be evaluated whether the competency framework of the official or public servant and the quality of the position or position held in the Public Administration are susceptible of generating the conditions for illicit enrichment. And, on the other hand, that the reversal of the burden of proof on the accused is limited by the duty of the Ministerio Público's burden of proof, which consists of proving, first, the increase in assets and, second, the official link between it and the abuse of charge.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El documento electrónico se enfrenta a un aura de supuesta ilicitud en el proceso civil basada en la desconfianza técnica por parte de los operadores jurídicos al mismo, así como por la eventual vulneración de derechos fundamentales producto de la divulgación no autorizada de su contenido. Ahora bien, ¿por qué hemos de limitarnos a aceptar dichos prejuicios, obviando el impacto probatorio que pueda llegar a tener un documento de tales características? Resignarse a mantener esa preconcepción es insostenible porque se le quita al proceso la oportunidad de lograr ser un mecanismo eficaz y eficiente para la solución de los conflictos jurídicos suscitados, sobre todo cuando el documento electrónico puede marcar la diferencia entre tener o no por acreditado un hecho y, con ello, ganar o perder un juicio. Sin duda se requiere poner fin al reproche injustificado hacia el documento electrónico, para que así los litigantes y jueces puedan realizar su labor en forma adecuada, apreciando el documento electrónico de acuerdo con su verdadera naturaleza, despojada de tabúes y falsas interpretaciones que llevan a la restricción de su uso. Para ello, será necesario hallar, dentro de las herramientas procesales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, un mecanismo que, sin afectar el debido proceso, permita lograr dicho cometido, para lo cual será clave poder recurrir al uso combinado de ciertos medios probatorios, en conjunto con el documento electrónico, consagrados en nuestra legislación adjetiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)