El objetivo del presente trabajo es analizar la demanda planteada por Eryka San Miguel Wong contra su ex empleador, la empresa Deportes Aventura S.A.C. por indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato, así como terminación injustificada del mismo. Lo interesante del caso es que aborda temas controvertidos en torno a la formalización del contrato de trabajo, la aplicación del periodo de prueba y la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de la buena fe contractual en el marco de una relación laboral. De igual manera, el caso es relevante para resaltar la importancia de la debida motivación de las resoluciones judiciales como parte integrante del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, siendo ello una exigencia para los órganos que ejercen el poder jurisdiccional. Para tal fin se realiza un análisis legal en base a la normativa vigente al momento de llevarse el proceso (por lo que es de aplicación la derogada Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636), a la jurisprudencia y a la doctrina aplicable a las materias que forman parte del caso. De dicho análisis, se puede concluir que corresponde el pago de una indemnización por daños y perjuicios por parte de Deportes Aventura S.A.C. a Eryka San Miguel Wong al haberse vulnerado la buena fe contractual conforme a los artículos 1321° y 1362° del Código Civil.

El objetivo del trabajo es analizar la postura de las Salas Penales Permanentes de la Corte Suprema en relación al testimonio de las víctimas de violación sexual, menores de 14 años, y analizar, a su vez, cómo el Acuerdo Plenario N°02- 2005/CJ-116 regula la valoración probatoria; esto tiene como objeto de análisis la Casación N° 1952-2018 Arequipa. A este análisis se debe sumar dos aspectos relevantes que aclararán el problema principal; para lo cual, nos apoyamos en el Acuerdo Plenario N°02- 2005/CJ-116 como jurisprudencia, atendiendo a la generalidad con la que fue regulada; el mismo que establece limitaciones para valorar las sindicaciones de las víctimas, porque presenta dificultades en la valoración del criterio de la verosimilitud en menores de edad. Posteriormente, se realizará un análisis sobre la falta de metodología en la psicología forense a nivel nacional para evaluar la credibilidad en las declaraciones de las víctimas menores de edad abusados sexualmente; para luego referirnos a la metodología CBCA-SVA como una alternativa de apoyo para el juez al analizar la valoración sobre la declaración testimonial del menor. Como corolario, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema establece un análisis de valoración insuficiente y conservador sobre los criterios de certeza establecidos en el Acuerdo Plenario actual. Razón por la cual es necesario la implementación de un nuevo acuerdo plenario y la aplicación de una metodología psicológica forense como el CBCA-SVA. / The objective of the work is to analyze the position of the Permanent Criminal Chambers of the Supreme Court in relation to the testimony of victims of sexual rape, under 14 years of age, and to analyze, in turn, how Plenary Agreement No. 02-2005/ CJ-116 regulates the evaluation of evidence; This has as its object of analysis Cassation No. 1952-2018 Arequipa. Two relevant aspects must be added to this analysis that will clarify the main problem; For which, we rely on Plenary Agreement No. 02-2005/CJ-116 as jurisprudence, taking into account the generality with which it was regulated; the same one that establishes limitations to evaluate the syndications of the victims, because it presents difficulties in the evaluation of the criterion of verisimilitude in minors. Subsequently, an analysis will be carried out on the lack of methodology in forensic psychology at the national level to evaluate the credibility of the statements of sexually abused minor victims; and then refer to the CBCA-SVA methodology as an alternative support for the judge when analyzing the assessment of the minor's testimonial statement. Finally, at the end of this legal report, we concluded that the Permanent Criminal Chamber of the Supreme Court establishes an insufficient and conservative assessment analysis on the certainty criteria established in Plenary Agreement No. 02-2005/CJ-116. Reason why the implementation of a new plenary agreement and the application of a forensic psychological methodology such as the CBCA-SVA is necessary.

El tema que abordamos no pretende eliminar la prohibición de gastos deducibles en paraísos fiscales, porque comprendemos que el legislador impuso en su momento esta medida antiparaíso para contrarrestar la elusión fiscal, sin embargo, actualmente tenemos una diferente coyuntura, que podría hacer posible la carga probatoria para que las empresas demuestren que sus operaciones son reales, dado que existen instrumentos que permiten un intercambio de información tributaria. Dicha prohibición la cotejamos en el inc. m) del art. 44° del TUO de la LIR. Se parte de la hipótesis que con el escenario actual el Perú es capaz de intercambiar información tributaria con una red amplia de países, siendo posible la permisión de la carga probatoria, tenemos que nuestro país se ha adherido al CAAMMF, así también los AIIT, vienes a ser instrumentos que establecen el intercambio de información tributaria con paraísos fiscales, máxime si se tiene en cuenta que con la actual lista de paraísos fiscales establecida en el Anexo 1 del RLIR, hay un 95.45% entre convenios y acuerdos que lo permiten. En ese sentido, nuestro principal objetivo es analizar en qué medida se debería permitir la carga probatoria a las empresas en los casos sobre deducciones de gastos en paraísos fiscales. La metodología a utilizar es el analítico para el estudio de diferentes literaturas, así como legisprudencial porque se cuestiona el inc. m) del art. 44 del TUO de la LIR y de forma referencial, el comparado.

El presente informe tiene como objetivo analizar las cuestiones en materia de Derecho Administrativo y Protección al Consumidor contenidas en la tramitación del Expediente N° 1771-2007/CPC y Resolución N° 2130-2009/SC2-INDECOPI, emitida por la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Al respecto, dicho pronunciamiento justifica su trascendencia al presentar dos niveles de análisis: en primer lugar, como cuestión procedimental, relacionado a la legitimidad para obrar pasiva de Elektra, uno de los proveedores denunciados; y, en segundo lugar, cuestiones de fondo, relacionado a lo siguiente: (i) la aplicación de la teoría probatoria dinámica e inversión de la carga de la prueba a favor del consumidor; (ii) la discusión y debate por establecer el criterio de consumidor razonable y si el mismo se flexibiliza frente a la obligación del proveedor; y, (iii) determinar si el proveedor denunciado incurrió en métodos prohibidos y/o abusivos de cobranza mediante el envío de una comunicación aparentemente prejudicial. Como conclusión principal en la cuestión procedimental, el informe establece que la denuncia contra Elektra debió ser declarada improcedente al advertir que no formaba parte de la relación de consumo. Asimismo, sobre las cuestiones de fondo del procedimiento, se desarrollan las siguientes tres posiciones: (i) ante la denuncia de un hecho negativo corresponde al proveedor aportar los medios de prueba que permitan exonerarlo de responsabilidad; (ii) no correspondía plantear el criterio de consumidor razonable para eximir de responsabilidad al proveedor denunciado; y, (iii) la comunicación de cobranza calzaba en el supuesto de cobranza prohibida y/o abusiva.

El presente informe jurídico analiza los principales problemas jurídicos advertidos en el proceso judicial seguido por la empresa Norsac S.A. contra el Banco Internacional del Perú en un proceso de indemnización por daños y perjuicios. Los principales problemas jurídicos advertidos son los siguientes: la interpretación del artículo 172 de la Ley No. 16587, antigua Ley de Títulos Valores, en lo que respecta a la “notoriedad” en la falsificación de firmas; la determinación del tipo de responsabilidad civil en la que incurrió el Banco Internacional del Perú al pagar cheques con firmas notoriamente falsificadas y el criterio de imputación que se le debe aplicar; el análisis de si correspondía o no pagar a Norsac S.A. una indemnización por concepto de lucro cesante; la evaluación de si el mismo accionar de Norsac S.A. le generó su propio daño; y la determinación de si los medios probatorios del proceso fueron debidamente incorporados y valorados. Para responder a estos problemas jurídicos se han revisado los argumentos expuestos por cada parte durante el trámite del proceso judicial y, a su vez, se ha estudiado la legislación de la materia, así como las fuentes doctrinarias y jurisprudenciales que tratan estos conceptos jurídicos para aplicar el método dogmático - jurídico. Finalmente, se concluye que no todas las instituciones jurídicas fueron aplicadas de forma correcta por los órganos jurisdiccionales al resolver este caso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación, comienza con la exposición del sistema de responsabilidad civil como mecanismo de prevención y reparación del daño ambiental, comúnmente recogido en diversas legislaciones, e incluida en el Derecho chileno a partir de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta ley, establece un régimen general de responsabilidad basado en la culpa del autor del daño ambiental, el que contempla ciertos matices, tales como las presunciones de culpabilidad que invierten la carga probatoria en favor de la víctima de un daño ambiental, entre otros. En los capítulos siguientes, se describe y analiza especialmente la presunción de culpabilidad del artículo 52 de la Ley N° 19.300, con el objeto de determinar su alcance normativo, para enseguida estudiar los fallos de la Excelentísima Corte Suprema, y de los Tribunales Ambientales de Santiago y Valdivia que aplican la presunción, examinando su incidencia práctica y su evolución, para finalmente concluir cuáles son las tendencias jurisprudenciales en la materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca investigar el medio de prueba “declaración de parte” y cuál debe ser su valor probatorio en los procedimientos laborales, particularmente cuando es rendido por trabajadores. Este es un medio de prueba escasamente tratado en la doctrina nacional, presumiblemente debido a que no se encuentra recogido en las normas procesales de nuestro país. Si bien las teorías que se estudiarán acerca de valoración de este medio probatorio pueden ser usadas a otros procesos en donde se utiliza la sana crítica, se decidió aplicarlo a los procedimientos laborales debido, entre otras razones, a las características especiales que presenta la declaración del trabajador, especialmente en lo referido a las emociones que probablemente sentirá al presentar su testimonio, de acuerdo a la teoría del “contrato psicológico”. Luego de estudiar dos de los principios base que rigen actualmente los procesos reformados, como son la sana crítica y la libertad de prueba, y un breve análisis de los trabajadores en Chile y como sus características especiales pueden influir en su relación, se examinan las dos principales teorías modernas de valoración de la prueba, de Jordi Nieva Fenoll y Jordi Ferrer Beltrán. Posteriormente estas teorías se aplican a dos casos laborales ocurridos en Chile, para ver cómo se desenvuelven en la práctica. Al constatar que estas teorías no responden una de las interrogantes que motivaron esta investigación, como es si la declaración de parte puede ser suficiente para probar un hecho si no existen otros medios de prueba que lo corroboren teniendo en consideración el interés de la parte en el resultado del juicio, se esbozará una teoría propia que responda a esta interrogante.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La judicialización del cambio climático ha aumentado exponencialmente dentro de los últimos años, debido a la lenta reacción de los Estados en tomar las medidas legislativas necesarias para adaptar a la sociedad actual a las exigencias del fenómeno del cambio climático. Uno de los casos más emblemáticos dentro de este nuevo movimiento es el de Urgenda vs Holanda, en donde el Tribunal ordenó al Estado que redujera sus emisiones de GEI en al menos un 25% para el año 2020 respecto a los niveles de 1990, basado en la evidencia científica disponible y en los compromisos internacionales adoptados por el Estado. Sin embargo, y a pesar del éxito del caso anteriormente mencionado, la mayoría de estos juicios no corren la misma suerte, principalmente por dos grandes problemas: El primero de ellos es la prueba de la causalidad, la que se ve muchas veces obstaculizada debido a la naturaleza difusa del daño ambiental. El segundo problema es la reticencia de los tribunales a aceptar la evidencia científica como argumento válido para imputar responsabilidad o para establecer un deber de cuidado respecto del demandado. El objetivo de este artículo es, en base al análisis de doctrina especializada y jurisprudencia nacional y comparada, revisar estas dificultades y descubrir sus posibles soluciones, las que van desde la inversión de la carga de la prueba, hasta las presunciones de responsabilidad. Por otro lado, también se pretende analizar el caso Urgenda vs Holanda con la finalidad de exponer los principales puntos de la sentencia, para luego pasar a la revisión de la prueba de la causalidad y por qué razones fue aceptada la evidencia científica del IPCC en este caso, lo que ha traído como consecuencia un nuevo movimiento de demandas en contra de Estados por razones y con argumentos muy similares a los entregados por la Fundación Urgenda.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mediante la presente memoria intentaremos realizar un análisis respecto de las exigencias y la necesidad de fundamentar las sentencias judiciales a la luz de la garantía del debido proceso y en particular respecto de la garantía que recae sobre toda sentencia de ser debidamente fundamentada, toda vez que en nuestra legislación, el artículo 501 inciso 3º del Código del Trabajo, se faculta al juez para omitir de la sentencia la síntesis de los hechos y las alegaciones de las partes, así como el análisis de la prueba rendida, los hechos probados y el razonamiento que condujo al juez a fallar de una u otra manera. Esto lo realizaremos a lo largo de cuatro capítulos en los que abordaremos los aspectos más relevantes. En primer lugar, analizamos la fundamentación de las sentencias desde el debido proceso, su contenido y las garantías que lo comprenden, además de revisar la recepción normativa de esta garantía en el derecho internacional y el ordenamiento nacional. En segundo lugar, se determina cual es el contenido de la Motivación de la sentencia, así como las funciones endoprocesales y extraprocesales de la misma. En tercer lugar, daremos un breve repaso al procedimiento monitorio en materia laboral, respecto de sus características, naturaleza jurídica, así como a sus etapas y veremos algunos problemas anexos al tema en estudio respecto del mismo. Por último, en el capítulo final de este trabajo, analizamos, en base a todo lo anterior, los problemas y los alcances que se derivan de la omisión del análisis de la prueba y la fundamentación de la sentencia dentro del procedimiento monitorio.