Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El cambio de paradigma respecto a la niñez a partir de la proclamación de la Convención Internacional Sobre Los Derechos Del Niño deja atrás la concepción de la infancia y la adolescencia como “objeto de protección”, constituyéndose en objetos de caridad por parte de los organismos públicos y privados. En virtud de este nuevo marco, pasan a ser “sujetos de derecho” y titulares de éstos, pudiendo exigir su respeto y cumplimiento a su familia, a la sociedad y al Estado. El propósito del presente trabajo es establecer la responsabilidad que le cabe al Estado como garante de los derechos de la infancia cuando éstos han sido violentados o se ven amenazados de serlo. Los niños, niñas y adolescentes requieren vínculos estables que le brinden la seguridad y protección necesarias para su desenvolvimiento personal. La misión de procurar la estabilidad y satisfacción de sus múltiples necesidades está entregada a la familia como organismo fundamental de la sociedad. Sin embargo, producto de diferentes situaciones, circunstancialmente hay familias que no pueden brindar el ambiente seguro y estable que un niño o niña requiere para su desarrollo integral, debiendo el Estado ejecutar medidas para el restablecimiento de los derechos vulnerados o amenazados. Estas disposiciones son de diversa índole y grado de intervención. Si excepcionalmente se requiriese la separación del niño o niña de su familia, se han establecido medidas de cuidado alternativo como el acogimiento residencial o el acogimiento familiar; debiendo escogerse entre ellas la más idónea para el interés superior del niño y la observancia de sus derechos. Las repercusiones y efectos que estas providencias tienen en los niños y niñas son objeto de un estudio multidisciplinario, debiendo recurrir a otras áreas del conocimiento para su análisis, en especial sobre los beneficios entregados por el acogimiento familiar frente a las otras modalidades.

Memoria (licenciado en ciencias juridicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Durante los años 1973 a 1990 se instauró en nuestro país un régimen militar. En tal período, se producen una gran cantidad de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado en Chile, quien ha reconocido su responsabilidad principalmente en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Como consecuencia de tales violaciones, los familiares de las víctimas han presentado numerosas demandas por indemnización de perjuicios por los daños causados por los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones por la muerte y/o desaparición de sus seres queridos. Ante tal escenario, los tribunales superiores de justicia han adoptado por declarar la acción prescrita, aplicando las normas civiles por tratarse de una acción de naturaleza patrimonial, no dando lugar a la indemnización de perjuicios; o bien, por aplicar las normas de derecho internacional declarando la imprescriptibilidad de este tipo de acciones dada la primacía del derecho internacional por sobre el derecho interno. Nuestro análisis se basará en la procedencia de las normas civiles de prescripción respecto de la responsabilidad extracontractual de Estado de Chile por los ilícitos cometidos en el período del régimen militar, fundado en el estudio de sentencias de la Corte Suprema, especialmente durante el año 2009. La elección del año estudiando se basa en que durante ese período, la Corte Suprema falló nueve litigios de hechos similares relacionados con el tema que convoca nuestra memoria. Dentro del universo de sentencias recopiladas y posteriormente extractadas, no fue posible encontrar fallos atingentes además de los seleccionados

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria se enmarca dentro del proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus Leyes Complementarias (en adelante, el Repertorio), desarrollado en el Taller de Memoria e Investigación “Actualización Repertorio del Código Civil: Prescripción y Ley del Consumidor” del Departamento de Derecho Privado. La metodología empleada para la realización de dicho proyecto consistió en, primeramente, la búsqueda de jurisprudencia respecto de los artículos 2492 al 2524 y la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. El período abarcado en la investigación era el comprendido entre el 1° de enero de 1995 al 31 de diciembre del 2010. Ésta se realizó tanto en medios físicos como electrónicos. Con todo el material reunido, procedimos a la realización de fichas de análisis de sentencias. A partir de las fichas de análisis de sentencias, pudimos llevar a cabo la actualización del Repertorio. Y finalmente, hacer un análisis sobre las decisiones de nuestros tribunales de justicia que pudimos estudiar y sistematizar. El presente trabajo versa sobre la jurisprudencia obtenida a partir de los artículos 2497 al artículo 2513 del Código Civil, abarcando las materias Prescripción de la Responsabilidad del Estado, Prescripción de la Acción de Nulidad de Derecho Público y Prescripción Adquisitiva Pasaremos a continuación a hacer una explicación más detallada de este proceso, indicando cada etapa y las labores realizadas en ellas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, tiene por objeto analizar desde el ámbito del Derecho Administrativo, la eventual responsabilidad que recae en los organismos del Estado, por accidentes debido al mal estado de la vía pública y/o a la falta de o a una inadecuada señalización. Los organismos que se analizarán son las Municipalidades, de los SERVIU y de los Gobiernos Regionales. Se profundizará por separado cada organismo, y se expondrán sus características, funciones y deberes específicos, para finalmente concluir en cual o cuales recae la responsabilidad. Para todo lo anterior, se trabajará con una amplia fuente bibliográfica, conformada por la legislación vigente, la doctrina mayoritariamente nacional y la jurisprudencia de nuestros tribunales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el siguiente trabajo busca responder cuál ha sido el rol del Estado chileno como propietario de nuestro recurso natural más importante: El cobre. Para ello se analiza si hay captura por parte de este de las ganancias excedentarias que deja este recurso, denominada renta por parte de la literatura económica. En ese sentido, comienza por entregar un marco teórico que explique la incidencia de un recurso natural como factor productivo, para así poder analizar cómo se insertan las normas jurídicas en la realidad social. Luego, se analiza el sistema concesional y tributario chileno a la luz de este marco, para dar cuenta a través de qué mecanismos jurídicos el Estado captura la renta dejada por el cobre. Para lo cual se hace una revisión exhaustiva de la normativa aplicable, en conjunto con las formulaciones doctrinales sobre la materia, que permitan una compresión cabal de las instituciones jurídicas a estudiar; a la par se recurre a otras disciplinas y a cifras que den cuenta de cómo operan de hecho las normas en la realidad, para no limitar la investigación a una mera descripción formal normativa. Se obtiene como resultado que el Estado recaba renta pero limitada a fines específicos, y no ejerce un control a la hora de entregar las concesiones, tan solo un control indirecto a través de Codelco; al momento de exigir el pago de impuestos, recaba renta a través del impuesto específico, pero este impuesto resulta ser de una tasa bastante baja y no la técnica legislativa adecuada, además de las falencias del sistema tributario general que benefician al capital minero privado. Nuevamente, Codelco sería el mecanismo a través del cual el Estado recaba más renta, pero que ha ido disminuyendo su participación en la producción, disminuyendo así también el rol del Estado como propietario.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / ¿En qué consiste el Convenio 169 de la OIT? ¿Cómo fue la discusión que ratifica el convenio mencionado en el Congreso Nacional? ¿Cómo ha sido la implementación del Convenio? Las preguntas enunciadas tienen por objetivo generar inferencias descriptivas respecto el impacto que ha tenido el Convenio en los procesos de consulta y participación de los pueblos indígenas en Chile. Mediante una revisión exhaustiva de la discusión suscitada en el Congreso Nacional que antecedió la ratificación de este convenio, se aportan los principales elementos de análisis para abordar tres fallos de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que sientan jurisprudencia respecto del trámite de consulta de los pueblos indígenas y del estándar establecido para este por el Convenio 169. Además, se hace hincapié en el proceso de consulta constituyente iniciado por el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), donde se avizoran críticas a la implementación del convenio, por parte de los propios pueblos indígenas y otros actores de la sociedad civil. Este elemento del derecho internacional, en una lógica de dos niveles, permea el ordenamiento jurídico interno e invita a cuestionar los avances del Estado chileno en el reconocimiento de las demandas históricas de los pueblos indígenas, generando una superficie propicia de mejora en la materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo analizar la determinación del vínculo jurídico que rige la relación entre el Concesionario de obra pública y el Usuario con la finalidad de poder sustentar una postura en relación a este tema, basándonos en doctrina y jurisprudencia judicial y administrativa a la luz de lo planteado tanto a nivel nacional como en derecho comparado. Los tópicos que analizaremos se centrarán en los siguientes temas: 1º Primeramente comenzaremos con un capítulo introductorio relativo a las relaciones entre el Concesionario y el Usuario, explicando y analizando derechos y obligaciones de las partes a la luz del régimen aplicable. 2º Un segundo punto de revisión atiende a la responsabilidad que rige las relaciones entre Concesionario de obra pública y el Usuario. 3º Se contempla además un análisis respecto del rol del Estado y su responsabilidad ante accidentes ocurridos en vías concesionadas. 4º El análisis del sistema tarifario a través de la tarifa y sus alcances jurídicos. 5º Finalmente, nos introducimos en detalle al fundamento mismo de la tarifa creando un apartado donde se analiza la evolución del artículo 42 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas