Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / El presente trabajo surge como resultado de un proyecto de tesis iniciado durante el curso de Taller de Memoria denominado “El Derecho Sancionatorio de las Superintendencias: Casos Prácticos de la SVS y SEC”, y busca realizar una revisión crítica del estado de la regulación administrativa del Mercado de Valores, tanto desde la perspectiva de la regulación proveniente de los órganos autorregulados como desde la regulación impartida a nivel legislativo y administrativo. Sin intentar desdibujar los lineamientos del sistema económico actual, se sostiene que es necesario que la regulación del Mercado de Valores se efectúe de forma integrada, teniendo en consideración el interés público involucrado en las actuaciones realizadas por sus participantes. La situación anterior, se ejemplifica mediante el análisis de casos de ilícitos de manipulación bursátil, ocurridos en nuestro país durante los últimos años. Se plantea que el problema de la regulación actual del Mercado de Valores atiende tanto a aspectos de fondo como de forma. En relación al fondo, y desde una mirada más sociológica que jurídica, se señala que el problema atiende a que aún las normas del Mercado de Valores no son percibidas transversalmente en la sociedad como una vulneración al interés público, tal como sucede en otros ámbitos del derecho, como el Derecho Penal o la Libre Competencia. En cuanto a la forma, se sostiene que la regulación y los enfoques de fiscalización aplicados actualmente en el Mercado de Valores, son incapaces de anticiparse a los ilícitos, dedicándose principalmente a reaccionar ante los acontecimientos. v Atendido lo anterior, se plantea la tesis de que, en buena medida, la solución a estas problemáticas, se encuentra en realizar modificaciones tanto a nivel teórico como práctico, a través de la implementación de ciertos conceptos como la “Autorregulación Regulada” y la “Supervisión Basada en Riesgos”. / 15/09/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Derecho Disciplinario existe desde que se comienzan a formar las primeras asociaciones de personas. En toda organización es necesaria la disciplina, puesto que ésta se convierte en la única manera de proteger el buen funcionamiento de la organización. Según lo anterior, podemos distinguir Derecho Disciplinario Privado y Derecho Disciplinario Público, según sea la naturaleza jurídica de la organización a la que se aplican las normas. Dentro del Derecho Disciplinario Privado podemos encontrar diversos regímenes. Lo mismo ocurre con el Derecho Disciplinario Público, donde podemos encontrar algunos regímenes especiales y uno general: el Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos regidos por la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. La doctrina comparada –puesto que la materia no ha suscitado mucho interés en la nacional- ha llegado a considerar al Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos como una rama autónoma del derecho punitivo. No obstante, aún es discutido si ésta es parte integrante del Derecho Penal o es parte del Derecho Administrativo Sancionador.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos regula la actividad probatoria en tan sólo cuatro artículos, desde el 35 al 38. Esta deficiencia ha generado diversos conflictos, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, al intentar dotar de contenido dicha actividad. En razón de lo anterior, y considerando la relevancia e importancia de la prueba en todo procedimiento, es que hemos decidido aventurarnos en la investigación de la actividad probatoria en el Derecho Administrativo Sancionador, desde una mirada analítica, descriptiva y crítica. Para ello recurriremos a la legislación vigente, la doctrina y jurisprudencia. Finalmente, con el desarrollo de esta investigación, pretendemos aportar bases para discusiones posteriores, razonamientos jurisprudenciales y, por qué no, ofrecer una propuesta lege ferenda.

Memoria (licenciado en ciencias jurìdicas y sociales) / El objetivo de esta investigación es estudiar a fondo la presunción de legalidad de los actos administrativos. Para ello se estudia la legislación comparada de procedimientos administrativos. En Chile se dictó la ley de la materia sólo en 2003, por lo que debemos estudiar si esta es la tendencia a nivel mundial. Asimismo, debemos conocer si la presunción de legalidad ha sido consagrada a nivel legal, qué sanciones existen para los actos ilícitos, y qué facultades se le otorga a la Administración de cada país en esta materia. Luego, se estudia a la doctrina comparada. No todos los países contemplan la existencia de la presunción de legalidad, por lo que debemos estudiar qué fundamento entregan los autores en Europa y en Latinoamérica para ella en el caso que se la reconozca. Del mismo modo, es importante saber cómo han surgido estas ideas en otros países, considerando que en Chile nació gracias a un dictamen de la Contraloría General de la República. Posteriormente, se estudia todo lo que ha señalado históricamente la doctrina chilena, clasificándola en dos distintas etapas: durante la vigencia de la Constitución Política de 1925 y durante la vigencia de la Constitución Política de 1980. En este último caso, se distingue entre antes y después de la dictación de la Ley N° 19.880. Finalmente, se estudia la jurisprudencia nacional en la materia. Siendo en Chile la presunción de legalidad una creación contralora, lo señalado por esta entidad reviste de gran importancia, en especial si durante muchos años fue la única fuente de la misma. También se estudia lo señalado por el Tribunal Constitucional. Si se ha acusado a esta institución de inconstitucionalidad, será este el órgano que tenga la última palabra en la materia. Asimismo, se estudia lo señalado por los tribunales ordinarios, como garantes últimos de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos efectuados por la Administración en el ejercicio de sus facultades

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el marco del procedimiento administrativo sancionador la prueba cumple un papel fundamental al permitir que la decisión que ahí se emita sea conforme a las garantías de un debido proceso. Uno de los propósitos de este trabajo es analizar los aspectos generales de la actividad probatoria dentro del procedimiento administrativo sancionador, tanto desde la perspectiva de la autoridad como del presunto infractor, a la luz de lo establecido en la legislación chilena. Para ello, me centraré en la interpretación de la Ley N°19.880, buscando establecer un marco común y supletorio para aquellos aspectos atingentes a la prueba que no han sido regulados en la normativa específica del órgano responsable del procedimiento. Otro de los propósitos de este trabajo será analizar el poco estudiado periodo de informaciones previas, considerando que en la práctica gran parte de los antecedentes incorporados por la autoridad al procedimiento fueron recabados dentro de él. En esta parte, las conclusiones se guiarán conforme a lo dispuesto en la carta fundamental, especialmente en cuanto al derecho a defensa. Lo anterior, a falta de una regulación especial por parte del legislador. Palabras claves: Procedimiento administrativo sancionador; debido proceso; derecho a defensa; periodo de información previa; prueba en el procedimiento administrativo sancionador.

Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo analiza las penas pecuniarias que existen a luz del Derecho Penal y del Derecho Administrativo en materia ambiental. Para ello, se hará una recopilación de todas las sanciones de multa que puedan existir al respecto, analizando tanto la normativa interna como la internacional. Una vez hecha esta recopilación se hará mención a los bienes jurídicos protegidos por diferentes ramas del derecho que se relacionan con el medio ambiente, para así lograr conocer la diferencia que existe entre ellos o, a contrario sensu, la similitud entre aquellos. Y, finalmente, se hará mención, entre otras cosas, a los fines que el poder punitivo estatal pretende cumplir con la imposición de estas multas, para comprender si con ellas es o no posible reparar el medio ambiente dañado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como propósito efectuar un análisis normativo, dogmático y jurisprudencial sobre la manera en que el ordenamiento jurídico chileno responde al problema de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado, en el contexto del Derecho Administrativo Sancionador. En efecto, es un problema que ha suscitado diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que han intentado resolverlo. Para ello, analizaremos cuál ha sido el origen de la discusión, las posturas doctrinales en cada caso, las diferencias e implicancias prácticas de cada una y qué ha dicho la jurisprudencia a partir de la regulación administrativa para este problema. Al respecto, comenzaré explicando los aspectos relevantes de la discusión que se ha dado en torno a la relación entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador. En este punto, se van a señalar las principales posturas doctrinales además de realizar un análisis crítico de las mismas a efectos de mostrar los aspectos prácticos y jurídicos sobre los que tiene incidencia la discusión. Otro aspecto a analizar es la fundamentación y fines de la sanción administrativa, lo cual nos dará aún más luces para determinar qué ocurre con la responsabilidad administrativa. Posteriormente, a partir de lo expuesto en el punto anterior, se entrará de lleno en la discusión jurídica acerca de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado. Al efecto, se revisará doctrina y la respuesta que nuestro ordenamiento jurídico entrega a la luz de esta investigación. Así, se analizará, principalmente, lo dispuesto en la Constitución Política de la República, El Código Penal y la Ley N° 19.880, entre otras. Finalmente, se analizará lo resuelto por la jurisprudencia nacional, específicamente la Corte Suprema respecto de los únicos tres casos en que se ha referido al problema de la extinción de responsabilidad administrativa por muerte del regulado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como objeto analizar los distintos criterios utilizados por dos Superintendencias del Estado a la hora de determinar específicamente una sanción monetaria. De este modo se realizará una breve descripción general del sistema regulatorio de las dos Superintendencias en que se centrará el estudio, para posteriormente realizar un análisis profundo, por cada Superintendencia, de cada uno de los criterios establecidos por las leyes respectivas. Además, veremos cómo fueron aplicados en casos concretos, mediante el estudio de resoluciones emanadas de los mismos organismos, con especial énfasis en aquellas donde se haya realizado un ejercicio interpretativo destacable y, en ciertos casos, en que se haya creado un nuevo criterio no establecido por la ley. Por lo tanto, el desarrollo de esta investigación permitirá otorgar una mayor comprensión sobre la forma en que estos organismos aumentan o disminuyen los montos de sus sanciones para, así, enriquecer cualquier discusión sobre las potestades sancionatorias de los distintos órganos administrativos del estado chileno.