El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar, en primer lugar, la naturaleza de las sanciones y medidas administrativas impuestas por el Ministerio de Energía y Minas a la empresa Compañía Minera San Nicolás S.A., a partir de los hallazgos de las acciones de fiscalización llevadas a cabo en la cuenca del Río Tingo Maygasbamba. Específicamente, si es que la medida de paralización temporal de las operaciones impuesta en el marco de la referida fiscalización tiene el carácter de una sanción. Esto permitirá concluir si es que la interposición de una demanda contencioso administrativa por parte de la empresa minera contra lo resuelto por el Ministerio de Energía y Minas, así como la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva respectivo, podrían eventualmente suponer la suspensión de la ejecución de la medida de paralización temporal. En segundo lugar, se analizará si el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, se encontraba facultado a realizar una diligencia de supervisión en las instalaciones de la empresa minera referida anteriormente. Dicha diligencia tenía como finalidad comprobar la ejecución de la medida de paralización temporal impuesta meses atrás por el Ministerio de Energía y Minas, como consecuencia de los resultados obtenidos en las acciones de fiscalización detalladas anteriormente.

Considero que el presente expediente tiene especial relevancia debido a que recientemente se ha aprobado la Ley N° 31112, el cual establece el control previo de operaciones de concentración empresarial; y mediante la cual se derogó la Ley 26876 – Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico. De esta manera, mi elección del presente expediente se encuentra justificada en el hecho de que, una vez que entre en vigencia la Ley antes mencionada, se necesitará de profesionales que cuenten con conocimiento tanto del lado corporativo de una fusión y adquisición, así como del lado regulatorio, referido al control de concentraciones. En atención a lo antes mencionado, el objetivo principal de la investigación materia del presente es, en primer lugar, profundizar en la definición de operación de concentración en el Perú, así como del concepto de control. Del mismo modo, en segundo lugar, es determinar la necesidad del respeto de los principios del derecho administrativo sancionador para un eficaz procedimiento sancionador. Se utilizaron como principales métodos de interpretación jurídicos para poder arribar a las conclusiones pertinentes, los métodos de interpretación literal, teleológico y sistemático a través de la comparación con otras normas, ya sean nacionales o de derecho comparado. Ello en relación a que la interacción entre los distintos métodos de interpretación permite un análisis que le otorgará mayor riqueza a las conclusiones, teniendo en especial consideración que nacionalmente no poseemos mucho desarrollo tanto normativo como doctrinario respecto de un régimen de control de concentraciones. La conclusión principal del presente informe es que INDECOPI tuvo un criterio correcto al momento de determinar que se debía imponer la sanción, ya que el acto realizado lo ameritaba, sin embargo, finalmente, la misma no fue correctamente cuantificada tomando en consideración el administrado imputado.

El presente trabajo tiene por finalidad analizar los problemas jurídicos de la Resolución No. 3869-2014/SPCINDECOPI, la cual halló responsable a Lan Perú S.A. por infringir el deber de idoneidad (Artículo 19° del Código de Consumo), en tanto se verificó que durante los años 2012 y 2013 denegó injustificadamente el abordaje a seis pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a pesar de que los mismos tenían boletos emitidos y espacios confirmados. En ese sentido, se determinan los alcances del deber de idoneidad en el transporte aéreo, se analiza jurídicamente si Lan Perú infringió el deber de idoneidad por la práctica comercial de sobreventa, denegatoria de check-in y de abordaje; y finalmente, se analiza la competencia del INDECOPI para resolver sobre normativa regulada en la Ley de Aeronáutica civil y la Decisión 619 de la Comunidad Andina. Respecto del problema jurídico principal, la denegatoria de check-in y de abordaje tienen origen en el ejercicio de la práctica comercial de sobreventa, regulada por la Ley de Aeronáutica Civil y la Decisión 619 de la Comunidad Andina; sin embargo, la Sala decide no analizar la sobreventa porque la considera irrelevante para determinar responsabilidad de Lan Perú en el presente caso. Podemos observar que para fundamentar sus decisiones INDECOPI está resolviendo sin tomar en consideración el carácter supranacional de la Decisión 619 en materia de transporte aéreo. Así, se concluye que el INDECOPI debió pronunciarse sobre la sobreventa de pasajes en este caso.

El presente Informe Jurídico contiene la formulación y el análisis de diferentes problemas jurídicos suscitados como consecuencia de la Resolución 1197- 2014-SPC. La mencionada resolución trata del procedimiento administrativo sancionador en materia de Discriminación en el Consumo, iniciado tanto de oficio como de parte por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor, y Godfrey Arbulú Grippa, respectivamente; denunciando a la empresa Gothic Entertainment S.A. – Discoteca Gótica. El motivo de la denuncia es que -presuntamente- la Discoteca Gótica intentó disuadir a Godfrey Arbulú Grippa de ingresar al local sin que exista causas objetivas y justificadas para ello, como aumentarle el precio de la entrada y ponerle trabas para que termine desistiendo, debido a su condición de transgénero. Luego de haber realizado una descripción de los hechos, un análisis de tanto los problemas principales como secundarios, se concluye que sí hubo vulneración del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en materia de discriminación, además de estar en desacuerdo con la sanción impuesta. Finalmente, se brindan algunas recomendaciones en relación con las conclusiones a las que se han llegado. / The following Legal Report contains the formulation and analysis of different legal problems arising as a consequence of Resolution 1197-2014-SPC. The aforementioned resolution covers the administrative sanctioning procedure regarding Discrimination in Consumption, initiated both ex officio and as a party by the Technical Secretariat of the Consumer Protection Commission, and Godfrey Arbulú Grippa, respectively; denouncing the company Gothic Entertainment S.A. - Discoteca Gótica. The reason for the complaint is that - allegedly - Gothic Discotheque tried to dissuade Godfrey Arbulú Grippa from entering the establishment without the existence of objective and justified causes for it, such as increasing the price of the admission fee and making it difficult for him to desist, due to his transgender condition. After having made a description of the facts, an analysis of both the main and secondary problems, it is concluded that there was a violation of the Code of Consumer Protection and Defense, in terms of discrimination, in addition to disagreeing with the sanction imposed. Finally, some recommendations are provided in relation to the reached conclusions.

En el presente Informe se llevará a cabo el análisis de la obligación de comunicación de Hechos de importancia en materia de Mercado de Valores y la distinción de los tipos infractores correspondientes a su comunicación incompleta o inexacta. Al respecto, como resultado de la investigación, se sostendrá que acuerdos llevados a cabo entre accionistas de empresas supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores y otros actores del mercado, así no contengan obligaciones para la empresa supervisada, sí podrían calificar como Hechos de Importancia. Junto a ello, se determinará que la tipificación actual de los supuestos de comunicación incompleta e inexacta de Hechos de Importancia resulta insuficiente para que los administrados puedan conocer de antemano la consecuencia de sus conductas, vulnerándose así el principio de Tipicidad. Asimismo, como corolario, se propondrá una nueva redacción de dichos tipos infractores. Para lograr sostener tales conclusiones se realizará un estudio doctrinario de la Transparencia del Mercado y del Principio de Tipicidad en materia de Derecho Administrativo Sancionador. Esto será contrastado con la regulación sectorial aplicable y con los preceptos encontrados en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, para determinar el alcance de los tipos infractores ya descritos, se analizarán resoluciones de Procedimientos Administrativos Sancionadores emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores. / This report will carry out the analysis of the obligation to communicate Important Facts in the securities market and the distinction of the description of the conduct corresponding to their incomplete or inaccurate communication. In this regard, as a result of the investigation, it will be argued that certain agreements carried out between shareholders of companies supervised by the Superintendency of Securities Market and other market players, even if they do not contain obligations for the supervised company, could qualify as Important Facts. In addition, it will be determined that the current classification of the conduct of incomplete and inaccurate communication of Important Facts is insufficient for companies to be able to know in advance the consequence of their conduct. Likewise, a new wording of said descriptions of offending conduct will be proposed. In order to sustain such conclusions, a doctrinal study of Market Transparency and the principle of prior definition of conduct in the field of Administrative Law will be carried out. This will be contrasted with the capital market regulation and with the precepts found in the Peruvian General Administrative Procedure Law. Finally, to determine the scope of the description of the offending conduct, resolutions of sanctioning administrative procedures issued by the Superintendency of the Securities Market will be analyzed.

El presente informe de relevancia jurídica tiene como objeto resolver los diversos problemas jurídicos, en materia de Protección al Consumidor y Derecho Administrativo, surgidos a partir de un procedimiento sumarísimo iniciado ante INDECOPI por infracción al deber de idoneidad. La relevancia del caso materia de análisis recae, entre otros, en la Resolución emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual ya que, mediante este, la Sala estableció un cambio de criterio del alcance del deber de idoneidad por la venta de producto defectuoso. Ante esto, se plantea la interrogante de si la infracción al deber de idoneidad se configura con la sola venta del producto defectuoso o si, por el contrario, debe analizarse a partir del comportamiento desplegado por el proveedor una vez que este ha tomado conocimiento del defecto del producto. Dada la complejidad del tema, a nivel doctrinario existen aún posiciones discordantes al respecto. Sin embargo, como posición personal considero que la infracción al deber de idoneidad se configura con la sola venta del producto defectuoso ya que, precisamente la finalidad de las leyes promulgadas en materia de consumidor tiene como finalidad su protección dada su clara posición desventajosa en el mercado. Asimismo, en cuanto al análisis del procedimiento mismo, se ha advertido la vulneración del principio de debido procedimiento referido a la debida motivación del acto administrativo. Esto, a raíz de una declaratoria de nulidad parcial contraria al ordenamiento jurídico y por vulneración del principio de congruencia que debe revertir a todo contenido del acto administrativo. Para arribar a las diversas conclusiones se ha hecho uso de doctrina, jurisprudencia nacional pertinente al caso, así como de las normas vigentes entre los años 2011 y 2013 y de aquellas vigentes en la actualidad.

El presente informe aborda el procedimiento administrativo sancionador seguido por OSITRAN contra Ferrocarril Trasandino S.A, por la imposición de una penalidad contractual, en el marco de la ejecución del contrato de Concesión de la Administración de los Ferrocarriles Centro, Sur y Sur- Oriente. Los hechos inician cuando el operador de servicios de transporte ferroviario adquiere seis coches nuevos destinados al servicio de lujo Hiram Bingham, los cuales circulan en la vía férrea sin la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A partir de la Resolución de Consejo Directivo N° 041-2004-CD/OSITRAN, se analizan los límites de la colaboración público – privada y el alcance de la cláusula 7.5 del contrato de concesión, la cual impone al concesionario la obligación de supervisar que el operador de servicios de transporte ferroviario cumpla con las Leyes Aplicables. Así, se determina que el contrato de concesión no trasfiere la facultad de fiscalización al concesionario, por el contrario, impone la realización de la actividad material de verificación. Asimismo, se abarca el tratamiento jurídico de las penalidades contractuales bajo el marco de lo establecido en el contrato de concesión. A partir de ello, se evalúa el ejercicio de la potestad punitiva de OSITRAN para la imposición de penalidades contractuales mediante un procedimiento administrativo sancionador. De esta forma, se expone la desnaturalización de las cláusulas penales y del poder punitivo del Estado. / This report addresses the administrative sanctioning procedure followed by OSITRAN against Ferrocarril Trasandino S.A., for the imposition of a contractual penalty, within the framework of the execution of the Concession Contract for the Administration of the Central, South and South-East Railroads. The facts begin when the railroad transportation services operator acquires six new cars destined for the Hiram Bingham luxury service, which circulate on the railroad without the authorization of the Ministry of Transportation and Communications.. Based on Board of Directors Resolution No. 041-2004-CD/OSITRAN, the limits of the publicprivate partnership and the scope of clause 7.5 of the concession contract, which imposes on the concessionaire the obligation to supervise that the railroad transportation services operator complies with the Applicable Laws, are analyzed. Thus, it is determined that the concession contract does not transfer the power of supervision to the concessionaire, on the contrary, it imposes the performance of the material activity of verification. Likewise, the legal treatment of contractual penalties is covered under the framework established in the concession contract. Based on this, the exercise of OSITRAN's punitive power to impose contractual penalties through an administrative sanctioning procedure is evaluated. In this way, the distortion of the penal clauses and the punitive power of the State is exposed.

La sanción disciplinaria es un medio que garantiza indirectamente el correcto desarrollo de la función pública; por lo tanto, la entidad debe instaurar los procedimientos disciplinarios en un plazo oportuno, a fin de que la potestad punitiva responda a su finalidad, más aún que constituye una garantía del servidor el determinar un plazo específico a cuyo término no podrá ser investigado. En el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, este período temporal – denominado plazo de prescripción – es de un año a partir de que la oficina de recursos humanos toma conocimiento de la falta (plazo corto – hechos conocidos), salvo que no haya tomado conocimiento en el transcurso de tres años a partir de la comisión de la falta (plazo largo – hechos no conocidos). Por lo tanto, se entendería que la entidad cuenta con el plazo corto de un año porque está en la posibilidad de realizar las investigaciones necesarias para determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria. No obstante, el poder de realizar las acciones de investigación no ha sido conferido a la oficina de recursos humanos, sino a la Secretaría Técnica; por lo tanto, surge la paradoja en la que la Entidad – a través de la Secretaría Técnica – ha conocido de la falta y cuenta con la posibilidad de realizar acciones de investigación, no obstante, estas acciones de investigación se desarrollarían en el marco de un plazo de prescripción largo que debería de operar únicamente cuando la falta aún no haya sido conocida. / The disciplinary sanction is a means that indirectly guarantees the correct development of the public function; therefore, the entity must institute disciplinary proceedings in a timely manner, so that the punitive power responds to its purpose, moreover, it is a guarantee for the employee to determine a specific time period at the end of which he/she may not be investigated. In the disciplinary regime of the Civil Service Law, this time period - called the statute of limitations - is one year after the human resources office becomes aware of the offense (short period - known facts), unless it has not become aware of it within three years of the commission of the offense (long period - facts not known). Therefore, it would be understood that the entity has the short period of one year because it is able to carry out the necessary investigations to determine the existence of disciplinary liability. However, the power to carry out the investigation actions has not been conferred to the human resources office, but to the Technical Secretariat; therefore, a paradox arises in which the entity - through the Technical Secretariat - has known about the misconduct and has the possibility to carry out investigation actions, however, these investigation actions would be developed within the framework of a long statute of limitations that should only operate when the misconduct has not yet been known. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación aborda cómo la subsanación voluntaria regulada en el sector forestal presenta problemas respecto a sus presupuestos básicos y sus límites de aplicación. En esa línea, es que se plantea como objetivo determinar si efectivamente se presentan problemas en su aplicación. Para tal efecto, es que se evalúa cómo la regulación de la subsanación voluntaria en el sector forestal genera confusión respecto de los presupuestos básicos para su configuración, y si es necesario establecer límites a la subsanación voluntaria regulada en el sector forestal. Producto de lo analizado, se llegó a la conclusión que la subsanación voluntaria en el sector forestal presenta problemas respecto a sus presupuestos básicos y sus límites de aplicación. En relación a sus presupuestos básicos, porque la subsanación voluntaria solo se configuraría en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, y, asimismo, porque se considera a la tala no autorizada como infracción subsanable, cuando ello supone un daño a los recursos forestales, siendo ello incongruente con lo regulado en el reglamento anteriormente aludido. Por otro lado, respecto a sus límites de aplicación, no basta con que la subsanación voluntaria no sea aplicable a sujetos reincidentes, sino que además se evalúe la introducción de algunos límites de su aplicación, como que su aplicación sea por única vez, que se considere la gravedad del daño generado y que la subsanación voluntaria tardía sea considerada como un posible factor atenuante de multa. / This research work addresses how the voluntary rectification regulated in the forestry sector presents problems with respect to its basic assumptions and its limits of application. In this line, the objective is to determine if there are indeed problems in its application. For this purpose, it is evaluated how the regulation of voluntary correction in the forestry sector generates confusion regarding the basic assumptions for its configuration, and if it is necessary to establish limits to regulated voluntary correction in the forestry sector. As a result of the analysis, it was concluded that voluntary rectification in the forestry sector presents problems with respect to its basic budgets and its application limits. In relation to its basic assumptions, because voluntary rectification would only be configured within the framework of a sanctioning administrative procedure, and, likewise, because unauthorized logging is considered a rectifiable infraction, when it supposes damage to forest resources, being This is inconsistent with what is regulated in the aforementioned regulation. On the other hand, regarding its limits of application, it is not enough that the voluntary correction is not applicable to repeat offenders, but also that the introduction of some limits of its application be evaluated, such as that its application be only once, that it be consider the seriousness of the damage generated and that late voluntary rectification is considered as a possible mitigating factor for a fine. / Trabajo académico

El presente trabajo académico tiene como propósito determinar y desarrollar el valor objetivo que se debería aplicar a los programas de cumplimiento normativo, elaborados por las empresas, en procedimientos administrativos sancionadores en materia de protección al consumidor ante el INDECOPI. En ese sentido, empezaremos por una breve identificación de la forma en que se desarrollaron los programas de cumplimiento, entendido en el ámbito empresarial como compliance, resaltando la iniciativa privada. Lo cual posibilita el desarrollo empresarial con buenas prácticas comerciales en determinados ámbitos de su actividad. Ahora bien, con la modificación al Código de Protección al Consumidor, en el año 2016, mediante el Decreto Legislativo 1308, se añadió como atenuante, en los procedimientos administrativos sancionadores, la presentación de los programas de cumplimiento. En la actualidad son pocos los procedimientos donde se observa la presentación de estos programas de cumplimiento para su aplicación de atenuante. A su vez, INDECOPI no ha establecido criterios para la determinación del valor objetivo que debe asignarse a estos como factores atenuantes. A través del presente trabajo académico se tratará de dar un valor objetivo para el programa de cumplimiento en los procedimientos sancionadores en materia de protección al consumidor ante el INDECOPI. En ese sentido, en una primera parte se desarrollará un breve repaso de los programas de compliance en distintos rubros empresariales y sectoriales, luego se hará el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y las atenuantes en materia de protección al consumidor, lo cual dará paso a comentar y exponer el programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor además de la forma de graduación de sanciones en la actualidad por los órganos resolutivos del Indecopi, y finalmente, analizare el valor objetivo que debe considerarse para los programas de cumplimiento.