El presente trabajo sintetiza de alguna forma mis años de experiencia en materia de derecho ambiental y de derecho de las telecomunicaciones, en tal sentido, tiene como propósito consolidar mi experiencia en estos campos y redescubrir para el sistema jurídico peruano uno de los vínculos entre ambas especialidades del derecho administrativo como es la implementación de los Instrumentos de Gestión Ambiental en el Sector de las Telecomunicaciones Peruano, de este modo, tiene como objetivo concreto, dentro del marco de protección de la salud ambiental y de la calidad de vida de las personas, considerar el impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo sostenible de la sociedad actual. Para ello, contribuimos en la propuesta propusimos adoptar los valores señalados en las Tablas de Restricciones Básicas y Niveles Referenciales, elaborados por el ICNIRP; con el fin de prevenir los posibles efectos adversos de tales radiaciones en la salud de los seres humanos. Como función del Estado en materia ambiental esta propuesta constituye el primer paso en el establecimiento de Límites Máximos Permisibles para la “emisión” de Radiaciones No Ionizantes (RNI) de Radiofrecuencias o Radiocomunicaciones o Telecomunicaciones. Así, el presente trabajo pretende aportar a la discusión nacional, el tema de la eficiencia y eficacia jurídica como instrumento de gestión ambiental, al establecimiento de los “Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes para el sector de las Telecomunicaciones”. Asimismo, hacer de conocimiento de la ciudadanía lo que en esta materia, se encuentra realizando el Estado Peruano, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En los últimos años el mercado del servicio de telefonía móvil ha experimentado cambios importantes, como hecho más significativo, se observa un alto grado de competencia, el mismo que ha guiado el desarrollo y crecimiento del mercado. La competitividad tiene como consecuencia que las empresas se encuentren ante la necesidad de ofertar un servicio diferenciado. En dicha línea, la publicidad comercial constituye como una herramienta esencial para la reducción de la asimetría informativa que existe entre los consumidores y los proveedores de bienes o servicios, procurando que los primeros tomen decisiones de consumo que se ajusten a sus intereses y necesidades. En dicho sentido, se presenta como necesario analizar la existencia de guías y lineamientos para la aplicación del principio de sustanciación en los avisos publicitarios en el mercado de los servicios de telecomunicaciones. Para dicho fin, en un primer momento se analiza la competencia del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones y la del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Posteriormente, se efectúa un análisis jurisprudencial de resoluciones emitidas por el INDECOPI con el objetivo de exponer los criterios utilizados para el análisis de las denuncias interpuestas, en primera instancia, ante la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y posteriormente analizadas por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Finalmente, se concluye que no existen lineamientos o guías que permiten a las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones o al propio INDECOPI analizar la publicidad, por lo que, el presente trabajo busca presentar una breve guía que podrá ser de utilidad para los agentes involucrados en el mercado.

Para nadie es un secreto que el territorio del Perú es altamente propenso a situaciones de emergencia, las que pueden ser tanto fenómenos naturales (sismos, inundaciones, huaycos, etc.), así como desastres causados directamente por la acción del hombre (conflictos sociales, atentados terroristas, etc.). Y, si de situaciones de emergencia estamos hablando, necesariamente debemos referirnos al terremoto de Pisco ocurrido el 15 de agosto de 2018, el cual lamentablemente causó graves daños materiales y pérdidas de cientos de vidas humanas. Es así que, luego de tener cierto acercamiento en un trabajo anterior con el tema del terremoto del 15 de agosto, surgieron muchas interrogantes respecto del rol de las telecomunicaciones en las situaciones de emergencia. Como consecuencia de dichas dudas y planteamientos, es que surgió el interés por investigar a más profundidad este tema desde un punto de vista jurídico, considerando también que muy pocos estudios se han realizado desde esa óptica en la doctrina nacional. Es así que, la presente investigación pretende abordar temas referidos a la importancia de los servicios de telecomunicaciones tanto públicos como privados antes, durante y después de un desastre; su regulación actual tanto en el ámbito internacional como nacional; y, sobre todo, plantear los desafíos y metas que significan para el Derecho Administrativo la regulación nacional actual de los servicios de telecomunicaciones en emergencias.

En el presente trabajo académico trato de determinar si los canales de televisión de señal abierta, sobre la base de su producción propia tienen derecho a celebrar uno o más contratos de exclusividad con los servicios de televisión de paga (o, también denominadas ‘empresas de cable’ o ‘cableras’), con exclusión de otros servicios de televisión de paga, o si esto se trataría de una práctica colusoria vertical o de un abuso de la posición de dominio ilícitos de la empresa operadora de servicio de televisión de paga que celebra contrato de exclusividad con los canales de televisión de señal abierta. La conclusión principal a la que he llegado es que si un agente del mercado tiene posición de dominio y, abusando de ella, celebra contratos de exclusividad con otros agentes del mercado, exigiéndoles que restrinjan sus relaciones comerciales con otros agentes del mercado, sin acreditar beneficios al proceso competitivo, estaría en la potencialdiad de afectar injustificadamente a la competencia. Este análisis debe realizarse caso por caso, verificpandose los efectos positivos y negativos que pudieran tener. En sector de Telecomunicaciones, es particularmente relevante el abuso de la citada posición de dominio y afectación al proceso competitivo, por afectar normas de orden público, como la prohibición del monopolio y exclusividades (injustificadas) en el mercado de las comunicaciones.

La presente investigación se circunscribe en el ámbito de las telecomunicaciones, buscando analizar retos regulatorios actuales en ese sector. Se trata de un mercado dinámico que, en las últimas décadas, ha buscado evolucionar a la par de las mejoras tecnológicas y dar políticas que permitan mayor competencia, en favor del usuario. El objetivo fue analizar dos tipos de abordaje que se le puede dar a un nuevo reto, detallando el contexto en el que surgieron, cómo se diseñó la estrategia y cuáles fueron los resultados observables. El primero, sobre Operadores Móviles Virtuales, parte de una política pública nacional, por lo que puede evaluarse los objetivos planificados y cuál es el estado actual. El segundo ejemplo parte de la experiencia comparada para constatar la diferencia de tratamiento de un mismo caso entre Europa y Perú, reflexionando sobre qué modelo sería más adecuado. Respecto al reto de los "Operadores Móviles Virtuales", encuentro que se trató de una propuesta interesante de política pública para incrementar la competencia en el sector sorteando la dificultad de la instalación de grandes infraestructuras. Su formulación tuvo varios elementos adecuados, como la accesibilidad, las provisiones orientadas a una sana competencia y la determinación del mandato de interconexión. Sin embargo, a día de hoy no ha producido los efectos deseados y considero que sería importante modificar algunos aspectos para darle un nuevo impulso. Respecto a los servicios de telecomunicación que he denominado "híbridos", por utilizar redes de internet y de telecomunicaciones, encontré que nuestra regulación no los ha contemplado, a pesar de que funcionan en nuestro país. Al determinar que tienen importantes similitudes con los OMV y que sí implican la prestación de servicios que ya se encuentran regulados, mi propuesta es que se amplíe la primera categoría jurídica para incluirlos, determinando las obligaciones que le son aplicables.

El presente informe jurídico desarrolla el contenido de la Resolución 0030-2018/SDC INDECOPI, en el que América Móvil Perú S.A.C. interpone una denuncia contra Entel Perú S.A. por actos de competencia desleal principalmente en las modalidades de comparación indebida, engaño y denigración. De este modo, el tema central del trabajo es analizar la decisión de la Sala Especializada de Defensa de la Competencia respecto de la configuración del caso como publicidad comparativa, primordialmente, sobre el elemento de la alusión inequívoca hacia la empresa competidora; sin perjuicio del análisis posterior de otros elementos influyentes, tales como el mensaje desprendido de los anuncios televisivos, el porcentaje de participación en el mercado de las empresas de telefonía móvil, los votos discordantes y los pronunciamientos anteriores en casos similares por parte de la autoridad resolutiva. Asimismo, también se desarrolla el concepto de la exceptio veritatis como aquel que engloba los requisitos de licitud para la publicidad comparativa, o la publicidad alusiva en general. Adicionalmente, también se presenta el tema de actos de engaño, como supuesto normativo en el que la Sala debe identificar un determinado parámetro para determinar la objetividad de una afirmación y poder, posteriormente, realizar el análisis respecto del principio de veracidad. Finalmente, el último tema jurídico que desarrolla el presente informe está relacionado a la decisión de la Sala de declarar la nulidad de la imputación de cargos por actos de denigración, cuando la denuncia versa a la vez sobre comparación indebida; pues cuando prevalece el elemento comparativo, el órgano instructor tiene el deber de encajar las conductas en una determinada calificación jurídica. / This legal report develops the content of the Resolution 0030-2018/SDC-INDECOPI, in which América Móvil Perú S.A.C. files a complaint against Entel Perú S.A. for acts of unfair competition mainly in the modalities of undue comparison, deception and denigration. In this way, the central theme of the work is to analyze the decision of the Specialized Chamber for the Defense of Competition regarding the configuration of the case as comparative advertising, primarily, on the element of the unequivocal allusion to the competitor company; without prejudice to the subsequent analysis of other influential elements, such as the message detached from the television advertisements, the percentage of participation in the market of the mobile telephone companies, the discordant votes and the previous pronouncements in similar cases by the resolving authority. Likewise, the concept of exceptio veritatis is also developed as the one that encompasses the legality requirements for comparative advertising, or allusive advertising in general. Additionally, the issue of acts of deception is also presented, as a normative assumption in which the Chamber must identify a certain parameter to determine the objectivity of an affirmation and be able, later, to carry out the analysis regarding the principle of veracity. Finally, the last legal issue that this report develops is related to the decision of the Chamber to declare the nullity of the imputation of charges for acts of denigration, when the complaint is both about undue comparison; because when the comparative element prevails, the investigating body has the duty to fit the behaviors into a certain legal classification.

El presente informe jurídico analiza la controversia suscitada entre la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y América Móvil Perú S.A.C. a raíz de la solicitud formulada por esta empresa que tenía como finalidad la regularización de una infraestructura de telecomunicaciones instalada antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. Dicha solicitud fue denegada fácticamente por la municipalidad puesto que no se habrían cumplido con ciertos requisitos. Al respecto, América Móvil Perú S.A.C. consideró que dicha denegatoria fue ilegal debido a que la municipalidad no habría hecho efectiva la aplicación del Silencio Administrativo Positivo por lo que, tras presentar el recurso correspondiente, la controversia llegó a instancias judiciales. En ese sentido, postulamos como principal hipótesis que no correspondía aplicar el Silencio Administrativo Positivo toda vez que sí ha existido una actividad material por parte de la municipalidad, la cual a su vez desembocó en un acto administrativo. Dicho acto, pese a su ilegalidad manifiesta, produjo efectos jurídicos debido a la presunción de validez del acto administrativo. Dicho ello, al haber existido un pronunciamiento denegatorio por parte de la municipalidad correspondía la interposición de recursos impugnatorios. Para llegar a dicha conclusión, recurrimos, en primer lugar, a revisar el marco normativo del sector telecomunicaciones vigente durante el acaecimiento de los hechos, así como el ordenamiento jurídico relativo a las funciones y competencias de los gobiernos locales. Posteriormente, se analizó la naturaleza jurídica del acto administrativo con la finalidad de verificar la validez jurídica de los actos y declaraciones emitidas por la Municipalidad. Finalmente, analizamos la naturaleza jurídica del Silencio Administrativo Positivo para poder conocer sus principales características y formular nuestra toma de posición respecto a la principal controversia tramitada en este expediente.

El presente informe jurídico analiza la denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) interpuesta por Geo Supply S.A.C., empresa del sector telecomunicaciones prestadora del servicio público móvil satelital, contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por la presunta existencia de una barrera burocrática consistente en la fórmula de cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico. La denuncia tiene como pretensión que se declare la inaplicación de la metodología de cálculo del canon, al considerarla como una barrera burocrática irracional que impide la ejecución de sus actividades comerciales. El caso refleja un problema jurídico medular que radica en evaluar la naturaleza jurídica del cobro del canon por el uso del espectro radioeléctrico que realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La posición que se adopte sobre la naturaleza de esta obligación deriva en consecuencias jurídicas distintas respecto a las reglas que deberían regir su determinación y sus características Del caso analizado se derivan diversos tópicos controvertidos en materia jurídica como la naturaleza de los cobros efectuados por la Administración, las características del tributo, el alcance de la potestad tributaria, los mecanismos de interpretación del ordenamiento jurídico, las competencias de Indecopi, la evaluación de la vía idónea para cuestionar la razonabilidad del cobro del canon, entre otros temas que serán evaluados bajo el prisma de la teoría general del derecho. En las conclusiones de este informe se confirman nuestra primer hipótesis de investigación referida a que el canon por uso del espectro radioeléctrico tiene naturaleza tributaria, al calificar como una tasa de la especie derecho, así como nuestra segunda hipótesis que sostiene que la vía adecuada para cuestionar la razonabilidad del cobro del canon es el proceso contencioso administrativo o los procesos de acción popular o amparo en sede constitucional, en cuyo ámbito se puede efectuar un control de constitucionalidad de la razonabilidad del importe cobrado. / This legal paper analyzes the complaint filed before Indecopi by Geo Supply S.A.C., a telecommunications company engaged in the provision of public mobile satellite service, against the Ministry of Transportation and Telecommunications for the alleged existence of an administrative barrier consisting in the formula to calculate the fee for the use of the radio electric spectrum (“canon fee”). This complaint seeks to declare the non-application of the fee calculation methodology, considering that such methodology qualifies as an irrational administrative barrier that prevents the execution of its commercial activities. The case reflects a key legal problem that lies in evaluating the legal nature of the canon fee charged by the Ministry of Transportation and Communications. The position adopted on the nature of this obligation leads to different legal consequences with respect to the rules that should regulate its determination and characteristics From the case analyzed, several controversial topics in legal matters are derived, such as the nature of the fees charged by the Administration, the characteristics of the tax, the scope of the taxation power, the mechanisms of interpretation of the legal system, the competences of Indecopi, the evaluation of the suitable procedure to question the reasonableness of the canon fee, among other topics that will be evaluated under the prism of the general theory of law. The conclusions of this report confirm our first research hypothesis that the canon fee it’s a tax, as it qualifies as a fee of the type of law, as well as our second hypothesis that the appropriate way to question the reasonableness of the canon fee is the administrative litigation process or the processes of popular action or amparo in constitutional venue, in which a control of constitutionality of the reasonableness of the amount charged by the Administration can be carried out.

La finalidad de la investigación es comparar las iniciativas que se desarrollaron en el marco de las políticas impulsadas por el Estado para promover un mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones en las zonas rurales y lugares de preferente interés social, específicamente con respecto a la ampliación de cobertura del servicio de telefonía móvil. Los principales resultados de los proyectos tradicionalmente efectuados con los recursos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) en el año 2011, se comparan con los resultados de las iniciativas que se han ejecutado desde el año 2018, con la finalidad de incentivar que las empresas operadoras destienen parte del pago correspondiente al canon por el uso del espectro radioeléctrico a la ampliación de la cobertura del servicio de telefonía móvil. Los Proyectos FITEL y la iniciativa del canje del canon son evaluados en términos de eficacia, es decir con relación al cumplimiento de los objetivos y las condiciones definidas en los diseños iniciales, así como respecto a la eficiencia, que se enmarca en el aprovechamiento de las capacidades o el control de los recursos de manera óptima. El principal resultado es que la iniciativa del canje del canon del periodo 2021-2022 ha obtenido mejores resultados en términos de eficacia que los proyectos FITEL al haber beneficiado a 307 localidades en un tiempo promedio de 12 meses. Asimismo, la iniciativa del canje del canon del periodo 2021-2022 presenta resultados que permiten deducir que ha resultado, en términos relativos, más eficiente que los Proyectos FITEL. / The goal of this research is to compare the initiatives developed within the framework of State-enforced policies aimed at fostering more spread access to telecommunication services in rural areas and locations of preferred social interest, specifically regarding the enlargement of mobile coverage. The main results attained by projects traditionally fulfilled by the Telecommunication Investment Fund (Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL) in 2011 are compared with the results achieved by the initiatives being executed since 2018, directed at encouraging operators to destinate part of their canon payments due to the use of the radioelectric-spectrum to the expansion of mobile telephone coverage. Both FITEL and the canon exchange initiatives are assessed in terms of efficacy, that is, in relation to the accomplishment of set objectives and the conditions defined in their original design, as well as in terms of efficiency, set by the maximization of capacities and the optimal control of used resources. The primary result is that the canon exchange initiative in the 2021-2022 period has yielded better results in terms of efficacy, compared with FITEL projects, having benefited 307 communities in an average span of 12 months. Likewise, the canon exchange ventures display indicators that establish them as more efficient than their FITEL counterparts.

El principal problema del caso gira en torno a analizar si los remedios adoptados por el proveedor ante el defecto en el producto se encuentran dentro de los alcances del deber de idoneidad y, en consecuencia, determinar que Claro es responsable administrativamente. En base al criterio establecido en la Resolución 1008-2013/SPC-INDECOPI establece que, independientemente de que el proveedor haya corregido el defecto, basta que se acredite que hubo un defecto y que dicho defecto sea atribuible al proveedor, el proveedor debe de responder por dicho defecto. Por lo que, en el presente caso, el proveedor no logró acreditar que el golpe fue la causa de que el celular presentara defectos. Por lo que, Claro es responsable administrativamente por incurrir a una infracción al deber de idoneidad. Asimismo, analizar que no existió vulneración al debido procedimiento por parte de la Comisión al declarar nulidad parcial de la resolución de la primera instancia. Además, se analizará el recurso de revisión y si ante su interposición era posible ejecutar o exigir el cumplimiento de la medida correctiva y de la sanción emitida mediante Resolución Final Nº 3015-2012/PS3. Finalmente, cuestionar la aplicación del recurso de revisión en el presente caso. / The main problem of the case revolves around analyzing the remedies adopted by the supplier in the face of the defect in the product are within the scope of the duty of suitability and, consequently, determining that Claro is administratively responsible. Based on the criteria established in Resolution 1008-2013/SPC INDECOPI, it establishes that, regardless of whether the supplier has corrected the defect, it is enough to prove that there was a defect and that said defect is attributable to the supplier, the supplier must respond for said defect. Therefore, in the present case, the provider was unable to prove that the blow was the cause of the defects in the cell phone. Therefore, Claro is administratively responsible for incurring a breach of the duty of suitability. Likewise, to analyze that there was no violation of due process by the Commission by declaring partial nullity of the resolution of the first instance. In addition, the appeal for review will be analyzed and if before its filing it was possible to execute or demand compliance with the corrective measure and the sanction issued by Final Resolution No. 3015-2012/PS3. Finally, to question the application of the review resource in the present case.