Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento

Memoria para optar al título de Periodista / Roberto Lagos Flores deseaba ir a vivir a Chiloé con su madre, Víctor Fabián Díaz quería realizar el Servicio Militar, Paulina Gómez se había propuesto terminar su colegio, Víctor Hugo Barría estaba contento porque iba a estudiar Acuicultura en Temuco y Rodrigo Barichivich salió a comprar pan para tomar desayuno con su madre. Ninguno de estos jóvenes pudo cumplir sus deseos. Todos aparecieron muertos en Puerto Aysén en extrañas circunstancias y la Justicia determinó que se habían suicidado. Estos decesos, junto a casi una decena de otras muertes, formaron parte del llamado Caso Aysén, polémico y emblemático puzzle policial que conmocionó a la opinión pública desde 1997 hasta 2002. Chile aún no sabía de la desaparición de Jorge Matute Johns ni de los terribles asesinatos cometidos en Alto Hospicio por Julio Pérez Silva, sin embargo, y al igual que en los crímenes acontecidos en la Región de Tarapacá, las humildes familias de las víctimas de Aysén también sintieron la indiferencia y el desprecio de las autoridades. Pasaron dos Gobiernos de la Concertación y ninguno de ellos mostró voluntad para resolver las muertes. De hecho, en algún momento, esa falta de interés se convirtió en algo ofensivo: En el período de Ricardo Lagos, los familiares de las víctimas demandaron reunirse con la entonces primera dama, Luisa Durán, pero a cambio, la asistente de la esposa del ex Presidente ofreció regalarle a las familias tres tortas. En un comienzo, el polémico juez Carlos Klapp estuvo a cargo del caso. En la ciudad, el magistrado era famoso por su excesivo gusto por las fiestas, el alcohol y las drogas. De hecho, en varias ocasiones el funcionario habría llegado a trabajar ebrio. Todas estas acusaciones llegaron a su punto más alto cuando fue fotografiado desnudo y drogado compartiendo con prostitutas. La imagen fue portada en varios diarios nacionales y motivó a la Comisión de Ética y Control Disciplinario del Poder Judicial a trasladar al juez a Castro, en Chiloé. Además, en la ciudad se hablaba de la existencia de un polémico video donde aparecían, aparte de Klapp, varias autoridades importantes de la zona, tales como funcionarios del Poder Judicial, trabajadores de la Municipalidad y miembros de Carabineros realizando una fiesta en un conocido prostíbulo de Puerto Aysén. Quien supuestamente tenía el registro audiovisual en su poder apareció muerto de forma sorpresiva y su fallecimiento fue catalogado como suicidio por la Justicia. Pero Klapp no fue el único funcionario con un actuar reprochable. Alicia Araneda, ministra en visita a cargo del caso, incluso llegó a asegurar que el Puente Presidente Carlos Ibáñez había sido el culpable de los decesos de los jóvenes al ejercer una suerte de atracción fatal sobre ellos y propuso, como una medida innovadora, poner rejas a la estructura. Las autoridades y la prensa nacional y local parecían estar de acuerdo con esta teoría. Sin embargo, el resto de los aiseninos nunca se conformó y aún asegura que hay algo detrás de estas muertes.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Trata sobre la política del Estado (política criminal) en la protección y asistencia de las víctimas de delitos violentos (homicidio, asesinato, lesiones, aborto, agresiones sexuales, etc.), dado que este tipo de delitos al causar grandes estragos y daños a la víctima, afectan gravemente los derechos fundamentales de la persona; por lo que siendo unas de las funciones principales del Estado, brindar seguridad y protección a la sociedad en general, en el presente estudio se trata de determinar y plantear una política del Estado dirigida a la protección y atención a la víctimas de los delitos violentos. / Tesis

En los últimos años, la sensación de que convertirse en víctima era demasiado común ha llevado a los hogares a pensar en la delincuencia como uno de los problemas más graves del país. Sin embargo, las tasas de victimización no son homogéneas en una misma región. Si se toma el caso de Perú, la disparidad espacial de la victimización sucede en diferentes niveles regionales: provincias, áreas interdistritales y distritos. A pesar de esta disparidad espacial, este aspecto ha sido incluido pocas veces en los trabajos sobre victimización o criminalidad de América Latina. Por ello, el objetivo de este trabajo es incorporar este aspecto para evaluar su importancia en la probabilidad de victimización de Lima Metropolitana. La incorporación del lugar en donde ocurre el crimen se hace mediante la introducción de las características distritales de donde ocurrió el delito siempre que este haya ocurrido en el mismo distrito que reside la víctima. Esta limitación reduce el número de crímenes que se puede analizar. Finalmente, se eligió los crímenes de robo de vivienda y maltrato en el hogar. Las hipótesis es que las características comunales del lugar en donde ocurre el crimen, controlando por las características individuales de la víctima, tiene un efecto en la victimización. La metodología que se propone es el modelo jerárquico LOGIT que permite la incorporación de los aspectos individuales y comunales en la ecuación de probabilidad de victimización. Se tiene como fuente principal a la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos de los años del 2010 al 2015 y las bases del CENACOM, CENEC, Censo Penitenciario, SISFOH y RENAMU. Los resultados muestran que las características individuales y las características contextuales afectan de forma independiente a la probabilidad de robo de vivienda, pero en el caso de maltrato en el hogar, las características individuales y las interacciones de estas con las contextuales afectan la probabilidad de victimización. Es decir, las características contextuales son los canales por las que las características individuales afectan la probabilidad de ser maltratado en el hogar. Los aportes de la investigación son dos: la incorporación del aspecto espacial al crimen, la evaluación de dos teorías simultáneamente y el uso de los modelos jerárquicos para corrección de los errores macro-distritales. / Tesis

La presente investigación sigue un paradigma cualitativo y explora la percepción de la aplicación del Plan Integral de Reparaciones – PIR – en cuatro mujeres víctimas de violencia y violación sexual durante el conflicto armado interno que afectó nuestro país. Además, se explora su inclusión en esta política pública, su satisfacción sobre los beneficios que reciben, cómo evalúan las atenciones que brinda el Consejo de Reparaciones y cuál es su nivel de resiliencia para enfrentar lo que sufrieron y sobreponerse a sus consecuencias. Su mirada se complementa con el recojo de información en trabajadores y trabajadoras de la Comisión Multisectorial Alto Nivel y del Consejo de Reparaciones. Los resultados muestran que las mujeres no se sienten incluidas en esta política pública y que el PIR no se ha implementado correctamente: Existe falta de presupuesto y está pendiente un proceso de descentralización y articulación para su ejecución. Por otro lado, las reparaciones que son muy limitadas en cuanto a sus beneficios; y la afectación de violencia sexual no tiene ninguna reparación por sí misma. Finalmente, las cuatro mujeres desarrollaron resiliencia frente a lo vivido, sin que esto signifique que no experimenten actualmente dificultades o angustias en diferentes intensidades / This research follows a qualitative paradigm and explores the perception of the implementation of the Integral Reparations Plan - PIR - in four women victims of violence and rape during the internal armed conflict that affected our country. In addition, they explore their inclusion in this public policy, their satisfaction about the benefits they receive, how they assess the care provided by the Reparations Council and what their level of resilience is to face what they suffered and overcome their consequences. Their vision is complemented by the collection of information on workers of the High Level Multisectoral Commission and the Reparations Council. The results show that women do not feel included in this public policy and that the PIR has not been correctly implemented: There is a lack of budget and a process of decentralization and articulation for its execution is pending. On the other hand, repairs that are very limited in terms of their benefits; And the affectation of sexual violence has no reparation of its own. Finally, the four women developed resilience compared to what was experienced, without this meaning that they do not currently experience difficulties or distress at different intensities / Tesis

Después de la segunda guerra mundial y del enorme número de pérdidas sufridas, el mundo entero pensó que por fin la paz estaba garantizada y que la guerra ya era solo parte de la historia, es más, los aliados en su asombro ante la capacidad destructiva del hombre suscriben por primera vez un tratado para incriminar el ius ad bellum y establecer responsabilidad penal internacional para aquellos que lo violen; este documento es la Carta de las Naciones Unidas, la cual no solo es un avance enorme para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional sino que al mismo tiempo crea una institucionalidad internacional al más alto nivel, después del fracaso de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, y a pesar de todo el esfuerzo de Naciones Unidas por evitar la guerra, esta al igual que otras expresiones de conflictividad violenta, constituye un fenómeno de permanente actualidad. Tan actual es que durante los más de 50 años transcurridos desde el final de la 2da. Gran contienda bélica, tan solo ha habido un mes (septiembre de 1945) en que el mundo pareció vivir en relativa paz. Salvo esos días, siempre ha existido alguna guerra, ya fuese de alcance interno o internacional. Muchos expertos sostenían que esos conflictos armados estaban relacionados en su mayoría con la guerra fría, los consideraban una consecuencia inevitable de las tensiones existentes entre las dos superpotencias entonces hegemónicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. / Tesis

Memoria para optar al título de Periodista / El autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Lejos del espíritu alfabetizador y educativo que tuvo para el mundo civil y popular la aprobación en 1900 de la ley Nº 1362 de Reclutas, muchos de los conscriptos que realizaron el Servicio Militar Obligatorio (SMO) siete décadas más tarde se sintieron traicionados y tremendamente dañados al salir licenciados dos o tres años después de asumir su compromiso con la patria en abril de 1973. Una querella interpuesta en 2009 por 438 de estos ex soldados, que demanda una reparación por el atropello a sus derechos humanos durante el cumplimiento de su SMO entre 1973 y 1989, da cuenta de que la contribución de las FFAA a la educación y bienestar del país contenida en la primera ley de reclusión no prevaleció en el tiempo. Pese a ello, en sus inicios, y aun cuando fue resistida por algunos sectores de la sociedad, como los anarquistas y los partidarios de la organización social y la educación estatal no militar, la ley de reclusión obligatoria promulgada a principios del siglo XX significó un importante avance en la alfabetización de una buena parte de la población popular masculina, más aún si se considera que la educación fiscal básica se hizo realidad recién en 1920, con la aprobación de la ley Nº 3.654 de Instrucción Primaria Obligatoria. Se trató de una de las tantas medidas de modernización y profesionalización emprendidas por el Ejército décadas antes, cuando finalizó la Guerra del Pacifico (1879-1884). Esta implementación estuvo ligada a la llegada del capitán alemán Emilio Körner Henze y de otros militares germanos, cuyas enseñanzas tuvieron como resultado una creciente “prusianización” del Ejército de Chile, donde uno de los ejes fundamentales lo constituye el concepto de “verticalidad del mando”. La duración de esa instrucción obligatoria era de un año. Posteriormente, en 1925, la ley Nª 678 aumentó la permanencia en las filas a 18 meses en el Ejército, y a dos años en la Marina. Este período de conscripción se redujo luego en 1931, con la puesta en marcha del DFL Nº 31. En 1953, con el DFL Nº 13, se agrega lo que se llamó el Cuerpo Militar del Trabajo, que perseguía entregar herramientas a los jóvenes reclutas para que pudieran desempeñarse laboralmente una vez que se licenciaran. En 1970 la ley de conscripción que regía era la Nº 11.170, que especificaba que el servicio militar tendría una duración de un año para el Ejército y la Aviación, mientras que en la Armada se prolongaría por dos años. Pese a este evidente aporte al desarrollo del país, el vínculo entre los militares y el mundo civil ha estado constantemente cargado de tensión desde fines del siglo XIX. La insurrección exhibida por la Armada durante la Guerra Civil de 1891 ya anticipaba que la relación cívico-militar sería convulsa en el transcurso del siglo XX. La sublevación que generó un quiebre en el seno del Ejército significó la toma de posición de las FFAA en un conflicto civil que tuvo un saldo de diez mil muertos. Posteriormente, al levantamiento de 1925 protagonizado por los jóvenes de los institutos militares se sumó el movimiento de 1932. Esos eventos dieron paso a un período de cuatro décadas en que los militares, en apariencia, se subordinaron al devenir de un país gobernado por civiles. No obstante, fue durante este último período que se gestó al interior de las FFAA la línea de pensamiento ideológico que estuvo detrás de la acción más mortífera y dañina que los militares chilenos dirigirían hacia sus compatriotas: el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y la Defensa Hemisférica, en el contexto del desarrollo de la Guerra Fría que devino al término de la Segunda Guerra Mundial orientó el foco en la defensa externa ante un enemigo foráneo, propio de los ejércitos en los que se cristaliza el Estado nacional, también hacia el “enemigo interno”: es decir, contra los civiles al interior del país que podrían constituir una amenaza al adscribirse a las ideas del socialismo y el marxismo. Estas doctrinas ya se ponían en práctica en un conjunto de naciones lideradas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (ex URSS), entre las cuales se encontraban algunos países latinoamericanos, como Cuba. Bajo esta lógica, las FFAA chilenas enfocaron su modernización en las décadas previas al golpe: el combate al enemigo interno se instaló en los programas de formación de los militares chilenos, y sucesivas promociones egresadas de la Academia de Guerra eran enviados a la Escuela de las Américas que tenía Estados Unidos en Panamá, donde aprendieron estrategias de contrainsurgencia. En este contexto el socialista Salvador Allende llegó a la presidencia de la República en 1970, apoyado por una base partidaria agrupada en la Unidad Popular (UP). Lo que vino en adelante no fue sino el derrotero inevitable de lo que significaría gobernar contra los intereses de Estados Unidos y de la clase oligárquica y empresarial chilena, que veía con estupor cómo el programa de la UP avanzaba en la conquista real de derechos sociales para las masas obreras, campesinas y populares, y afectaba sus propios intereses en tierras, propiedades e inversiones. El golpe de Estado de septiembre de 1973 encabezado por el general Augusto Pinochet se transformó en el punto culmine de tres años de tensión y conflictos políticos e ideológicos. En ese tiempo las FFAA fueron dejando de lado la subordinación al poder civil que marcó las cuatro décadas precedentes. La Doctrina de Seguridad Nacional, que tomó cada vez más fuerza al interior de la institución castrense, se materializó en el entrenamiento que recibieron quienes se presentaron a cumplir con el SMO en abril de 1973.

Tesis para optar al grado de Magíster en Comunicación Política / El autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / A 42 años del golpe de Estado de 1973, en el espacio público existe una memoria oficial y una memoria proveniente de sujetos políticos que integraron un movimiento social denominado "Movimiento de Derechos Humanos", que nace en respuesta a la persecución política y la aplicación sistemática del terrorismo de Estado. Donde la mujer, a partir de diferentes roles y esferas de acción, interpela al espacio público, instalando su reivindicación –en mayor o menor valencia- en la agenda de participación pública hasta el día de hoy. Por consiguiente, el presente estudio tuvo como objetivo general analizar las dimensiones de la acción sociopolítica construida por la mujer integrante del movimiento de derechos humanos en Chile, en la interpelación al espacio público político desde la dictadura militar hasta la actual democracia. En su marco teórico el concepto transversal es la Memoria Social, propuesto por Maurice Halbwachs (2004), seguido por Ricoeur (2010), y desde el contexto latinoamericano por Feierstein (2012). Bajo su eje conviven conceptualizaciones como Movimientos Sociales, planteadas por Melucci (en Salazar 2012), y Touraine (1997). Además de Subjetivación Política desde Rancière (2000) y Žižek (2007). A la par, desde la intelectualidad chilena son rescatadas las propuestas historiográficas sobre el movimiento chileno en Orellana y Quay Hutchinson (1991), y de mirada sociocultural de Salazar (2012) junto a la compilación de Olea y Grau (2001). Luego, la mirada teórica desemboca sobre el rol de la mujer del movimiento de derechos humanos, que toman autores como Pinto y Salazar (2002), Lira (en Pinto, 2010) y Prudant (2013). Bajo un enfoque cualitativo, se aplicaron aspectos del método biográfico, a modo de dialogar desde la entrevista en profundidad con una muestra de mujeres representativas del liderazgo femenino que, ya sea por razones ligadas a su profesión, vínculo filial o la mezcla de ambos criterios fueron y siguen siendo parte del movimiento social. Así, el registro oral fue examinado a través de un análisis de tipo temático, inspirado en el trabajo de Fraga, Maidana, Paredes y Vega (2007), que se interpreta en una sección denominada “Núcleo Motivacional”, logrando reconstruir las principales dimensiones de la identidad de la subjetividad política de la mujer militante del movimiento de derechos humanos, que desarrolla su participación y sentido de rememoración, desde argumentos 7 emocionales, socioculturales, éticos y políticos. En donde, el centro de su accionar se justifica en el compromiso, la voluntad, la memoria y la dignidad humana. Un segundo tipo de análisis denominado “Meta Memoria”, relaciona las rememoraciones en episodios históricos, rescatados desde los propios testimonios de las entrevistadas, entrelazados con el rescate bibliográfico y fotográfico. Lo que permitió realizar una mirada comprensiva del espacio público generado, así como de la trascendencia del movimiento social. Finalmente, las consideraciones claves que cierran este estudio, giran en torno a la comprensión de que esta particular subjetividad política generó un proceso de reconversión ciudadana tanto en la mujer como en el hombre militante del movimiento, que le dieron vida desde razones ligadas a su ética, solidaridad, profesión, emotividad o cercanía con las víctimas de la última dictadura chilena. Además, se realizó una última lectura de la “Meta Memoria” desde tres ejes históricos que se superponen en Pinto y Salazar (2002), que permitieron dar cuenta del tránsito histórico del movimiento de derechos humanos, así como de las rutas personales de las propias entrevistadas, que representan tres tipos de memorias significativas para el movimiento y su memoria social: La resistencia, la labor técnica y la exigencia de reparación. Por ende, el acto de memoria, es en sí mismo un acto de reivindicación política, donde la memoria vuelve una y otra vez a legitimar los argumentos que permitieron resistir e instalar a los derechos humanos en el espacio público, manteniendo una interrogante inconclusa: ¿Dónde instalar la Memoria de los Derechos Humanos y cómo usarla para beneficio de una cultura ciudadana y democrática que hoy continúa en proceso de regeneración?

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Los relatos autobiográficos, construidos en un escenario fronterizo de las ciencias sociales donde el periodismo actúa como eje articulador de metodologías, constituyen procedimientos y géneros literarios apropiados para relatar las experiencias de las víctimas de conflictos violentos, largos y permanentes como el colombiano. A esta constatación se llega después de un trabajo de reflexión sobre cómo narrar la guerra desde una perspectiva diferente a la del periodismo de titulares; y después de aplicar un modelo metodológico en talleres de escritura dirigidos por periodistas con el propósito de encontrar caminos para contar la guerra desde adentro. El resultado de esos talleres, publicados en los libros <i>Jamás olvidaré tu nombre</i>, <i>El cielo no me abandona</i>, y <i>Donde pisé aún crece la hierba</i>, son la evidencia de un hallazgo propio de esta tesis. Además, son piezas literarias poseedoras de una verdad subjetiva imprescindibles para construir la memoria política de un país. Una vez leídos, y vistos en perspectiva histórica, estos relatos en primera persona, sumados a los cientos conservados en archivos, ofrecen claves para comprender la profunda herida de la sociedad colombiana y, tal vez conociéndola, sea posible idear caminos para enmendar las fracturas de nuestro sistema democrático.