El presente trabajo parte del hallazgo de cuatro expedientes tributarios de cobranza coactiva bastante similares y recientes. En éstos un contribuyente tiene una deuda tributaria exigible, en virtud de lo cual la Administración Tributaria inicia su cobranza coactiva y posteriormente ordena el embargo de los bienes del deudor. No obstante, el problema surge cuando dicho embargo recae sobre bienes fideicometidos, respecto de los cuales el deudor solo es el fideicomitente. Una primera cuestión, es la ilegalidad del embargo del bien fideicometido, dada la existencia de un patrimonio autónomo, el cual instituye automáticamente un cerco de aislamiento patrimonial que protege a los bienes que lo componen, de cualquier deuda y/o obligación del fideicomitente. Asimismo, una segunda cuestión, es la relativa a la legitimidad del fiduciario para accionar la Intervención Excluyente de Propiedad (art. 120° del Código Tributario), pues como bien lo señala el Tribunal Fiscal y la SUNAT, éste no tiene la condición de propietario de los bienes afectados con el embargo. Esta investigación resulta relevante pues los cuatro casos identificados demuestran no solo una situación de indefensión de los fideicomisos dada la ausencia de un mecanismo procedimental que permita la desafectación de bienes ilegítimamente embargados, sino también que la reciente aparición de los fideicomisos en el ámbito tributario, genera una espesa nebulosa de confusión entre la Administración y los administrados que necesita ser resuelta con apremio a fin de evitar que dicha situación redunde. En tal sentido, este trabajo busca responder a si: ¿Los fiduciarios deberían poder accionar la Intervención Excluyente de Propiedad del art. 120° del Código Tributario? Para lo cual, la metodología está establecida de modo que a partir de la casuística y del estudio de las instituciones y mecanismos procesales respectivos (i.e. Intervención excluyente de propiedad, tercería de propiedad, embargo, procedimiento de cobranza coactiva, trust, fideicomiso y patrimonio autónomo) se pueda responder tanto a la cuestión de carácter procedimental (legitimidad para obrar del fiduciario), como a la cuestión referida al fondo del asunto (ilegalidad del embargo). Conforme a lo cual, la conclusión arribada es que los fiduciarios, en tanto representantes del patrimonio autónomo fideicometido, sí tienen legitimidad para accionar la Intervención Excluyente de Propiedad.

El caso analizado en el presente trabajo de investigación, se enfoca en la sistematización normativa que existe en nuestro país, en él se evidencia como el derecho administrativo responde a un problema que se generó en el ámbito tributario, dado que las administraciones tributarias de los gobiernos locales y primigeniamente el Tribunal Fiscal, no consideraban dentro del ámbito de aplicación de la infectación del artículo 17° inciso “a” de la ley de tributación municipal, a los Organismos Reguladores y los Organismos Técnicos Especializados. Sin embargo, en el Año 2018, el Tribunal fiscal emite el precedente de observancia Obligatoria N° 04369-7-2018, mediante el cual se cambia la interpretación de “Gobierno Central” del artículo 17° inciso “a” y se “amplía” la inafectación del Impuesto predial e Impuesto Vehicular a los Organismos Reguladores y los Organismos Técnicos Especializados. Dado que el Tribunal cambió su interpretación histórica con el precedente de observancia obligatoria estipulado en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04369-7-2018, es probable que se vulneraron o no principios constitucionales, como el Principio de Predictibilidad, por su aplicación “retroactiva”, el Principio de Legalidad, por lo que es necesario revisar, lo señalado por la Ley 27444, casuística de las administraciones tributarias de los gobiernos locales, casuística del Tribunal Fiscal y casuística del Poder Judicial. El derecho administrativo nos da la respuesta con respecto a la temporalidad en la aplicación de los precedentes de Observancia Obligatoria en sede administrativa, que después del análisis doctrinario y jurisprudencial, se tiene que estos por naturaleza no son retroactivos y como requisito de validez requieren de ser publicados en el Diario Oficial El Peruano, conforme lo señala el T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General, además que en materia tributaria se deben respetar los principios constitucionales señalados en nuestra constitución.

En el marco de transacciones transfronterizas de compraventa de bienes entre sujetos domiciliados y no domiciliados, para efectos del Impuesto a la Renta, nuestra legislación tributaria recoge el criterio de la ubicación física en el país para determinar si la venta se encuentra gravada con el impuesto. En el presente informe analizaremos la controversia suscitada entre la empresa Doe Run Perú S.R.L. y la SUNAT, a razón de que esta última cuestionó que algunas de las transacciones de compra de metales refinados efectuadas por la compañía no se habrían realizado en el extranjero, sino en el territorio nacional por lo que se encuentran gravadas con el Impuesto a la Renta. En esa línea, en este trabajo nos centraremos en el análisis jurídico del tratamiento tributario del Impuesto a la Renta peruano aplicable a la venta de bienes muebles ejecutada por sujetos no domiciliados, así como de la transferencia de propiedad de este tipo de bienes desde el derecho civil. Adicionalmente, profundizaremos en la facultad de la SUNAT para exigir retenciones del Impuesto a la Renta peruano y su relación con los principios constitucionales de seguridad jurídica, irretroactividad y legalidad, vulnerados por la Disposición Transitoria Única de la Ley No. 28647.

La presenta investigación tiene como propósito verificar si en la jurisprudencia local emitida en instancia judicial existe un correcto entendimiento de la facultad excepcional de la Administración Tributaria para cuestionar en la vía de proceso contencioso administrativo las resoluciones del Tribunal Fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 157° del Código Tributario. Esta investigación se desarrolla siguiendo el enfoque metodológico de tipo jurisprudencial. Para estos efectos, revisamos los principales conceptos vinculados a esta facultad excepcional (legitimidad para obrar activa, objeto del proceso contencioso administrativo, facultad para iniciar proceso contencioso administrativo, acción de lesividad, entre otros). De igual forma, analizamos diversos pronunciamientos emitidos en instancia judicial (desde primera instancia hasta casación) en los que se ha puesto en discusión esta facultad. Con ello, verificamos que en la práctica los órganos jurisdiccionales al verificar la admisión de la demanda no cuestionan este asunto, sino que la controversia es iniciada cuando el contribuyente interpone excepción de legitimidad para obrar; asimismo, en estos casos casi en su totalidad esta acción es desestimada por diversas razones que dependen del órgano resolutor y del caso concreto. Esto demuestra que no existe una sola interpretación de la acción de la Administración Tributaria y que en la realidad no existe el carácter excepcional que hace referencia el Código Tributario. A fin de evitar lo que viene sucediendo en la jurisprudencia nacional y que supone la afectación del principio de seguridad jurídica, consideramos que se deben fijar concretamente los requisitos que se deben cumplir para que se admita la demanda iniciada por la Administración Tributaria, lo que supone una revisión conjunta del Código Tributario, la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo y la Ley del Procedimiento Administrativo General.

1. Justificación de la investigación: La justificación de la investigación viene dada por la importancia de determinar si pertinente utilizar normas contables para darle contenido o definir aspectos relacionados a categorías contables recogidos en normas tributarias. Para ello, nos apoyaremos en las opiniones vertidas por estudiosos del Derecho Tributario, los Informes de la SUNAT, las resoluciones del Tribunal Fiscal y las sentencias del Poder Judicial. Cabe indicar además que la investigación resulta viable en la medida que el tema elegido aún sigue generando debate en la doctrina nacional y dado que los operadores jurídicos (Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial) aún no han podido dar una respuesta univoca sobre el asunto. Asimismo, la presente investigación nos permite recopilar lo señalado en anteriores investigaciones sobre el tema propuesto y profundizarlo tomando en cuenta la jurisprudencia actual. 2. Hipótesis: Es permisible el uso de normas contables para definir, completar o darle contenido a las normas tributarias siempre que: 1. Se realice una justificación argumentativa respecto a las razones jurídicas y base normativa que origina su aplicación, debiendo usar para dicho fin, en la medida que sea posible, todos los métodos de interpretación permitidos por el Derecho y 2. No se opongan, desnaturalicen o transgredan las normas tributarias. 3. Conclusión principal: Es posible que la SUNAT, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial recurran a las normas contables para definir, completar o darle contenido a las normas tributarias siempre que:  Se realice una justificación argumentativa respecto a las razones jurídicas y base normativa que origina su aplicación, debiendo usar para dicho fin, en la medida que sea posible, todos los métodos de interpretación permitidos por el Derecho.  No se opongan desnaturalicen o transgredan las normas tributarias.

El análisis de las reglas de conexión resulta fundamental para efectos de determinar el gravamen del Impuesto a la Renta tanto de sujetos domiciliados como no domiciliados. Es por ello que la presente investigación se centra en analizar la aplicación de estas reglas de conexión de la fuente con el fin de determinar si una renta califica como de fuente peruana o no. Para efectos de este análisis, hemos observado que, a la fecha, existen diversos pronunciamientos, a nivel de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, que resultarían cuestionables dado que carecen de un desarrollo jurídico. Asimismo, a nivel jurisprudencial no se ha establecido un criterio uniforme que nos permita aplicar de manera correcta las reglas de conexión. Es por ello que, en el presente trabajo de investigación, buscamos plantear una propuesta para su aplicación haciendo uso de los diversos instrumentos jurídicos permitidos por el Derecho Tributario. En línea con ello, basamos nuestra conclusión en la aplicación del principio de especialidad, en base al cual existe una regla de conexión a analizar para cada tipo de renta a fin de determinar si califica o no como de fuente peruana; no debiendo aplicarse más de una regla de conexión a un mismo supuesto generador de renta; y siendo aplicable, la regla específica según la renta de la que se trate, por sobre la regla general. / Trabajo de investigación

La presente entrega desarrolla la figura del secreto bancario a la luz de su fundamento constitucional, del panorama internacional actual y de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en casos anteriores para tener una visión completa respecto a sus alcances cuando entra en contacto con las finalidades recaudatorias del Estado. En ese sentido, se desarrolla la importancia que tiene el deber de contribuir en la consecución de las finalidades sociales y democráticas del Estado, siendo muchas veces el secreto bancario una limitación para dichos efectos. En ese contexto, y atendiendo a los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano relativos al intercambio de información, la presente entrega busca analizar si las modificaciones efectuadas recientemente a la regulación del secreto bancario se ajustan a Constitución. Así, tras el análisis de los Decretos Legislativos No. 1313 y 1434 a la luz de la regulación del secreto bancario en nuestro país y de los conceptos señalados previamente, se concluye que estas no resultan inconstitucionales al no lesionar el ámbito de protección del secreto bancario. No obstante, se recomienda la modificación del numeral 5 del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú para efectos de terminar con futuras discusiones de la misma índole. / In this sense, the importance of the duty to contribute to the achievement of the social and democratic purposes of the State develops, being often the bank secrecy a limitation for such purposes. In this context and considering the international commitments assumed by the Peruvian State regarding the exchange of information, this article seeks to analyze whether the modifications recently made to the regulation of banking secrecy are in accordance with the Constitution. Thus, after analyzing Legislative Decrees No. 1313 and 1434 considering the regulation of banking secrecy in our country and the concepts previously mentioned, it is concluded that they are not unconstitutional since they do not harm the scope of protection of banking secrecy. However, it is recommended the modification of numeral 5 of Article 2 of the Political Constitution of Peru to put an end to future discussions of the same nature. / Trabajo académico

El presente trabajo es un proyecto de aplicación dirigido a una empresa de servicios que realiza sus operaciones en el Perú. El motivo de elección del tema se justifica por la importancia del planeamiento tributario para la toma de decisiones gerenciales, los beneficios que se pueden obtener al anticiparse a posibles contingencias tributarias, así como por la optimización de recursos en la empresa. Asimismo, el trabajo será de utilidad para la entidad en cuestión porque se está realizando en base a la premisa de que la empresa no cuenta con un planeamiento tributario y por ello tiene como objetivo general proponer un modelo de planeamiento tributario sobre los gastos en la empresa que le permita realizar un pago eficiente de impuestos. Para ello, los objetivos planteados son: analizar los parámetros aplicables a la empresa para la deducción de los gastos que realiza, identificar si el desconocimiento de la normativa tributaria por parte del área de contabilidad implica un riesgo tributario, y analizar si la falta de contratos referentes a gastos con terceros no permite aprovechar los beneficios tributarios aplicables a le empresa. La metodología por usar es de tipo exploratoria. Del trabajo se llega a la conclusión de que un planeamiento tributario influiría positivamente en un eficiente pago de impuestos por parte de la empresa y ello permite un primer paso para un completo desarrollo tributario a futuro. / The present Project is applicated to a services company that works in Peru. The principal reason of choosing this topic is that is important the tax planning for the management decision making, the benefits of anticipate to the tax contingences and to contribute to optimization of resources in the company. Also, this research will help to the entity because is based on the premise that the enterprise doesn't have a tax planning and that is the reason why the principal objective is to propose a tax planning on revenues related with third parties to make an efficient payment tax. The objetives are: To analyze the parameters applied to the entity to the expense deduction, to identify if lack of knowledge on tax legislation of o part of the accounting area is a risk to the company, and to analyze if the lack contracts with third parties about their expenses doesn't allow to have benefits of the tax legal legislation. The methodology is exploratory. The principal conclusion is that a tax planning has a positive impact on the company and that will help them to make a complete tax planning in the future.

El presente trabajo de investigación centra su estudio en el ámbito de aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, cuestiona su vigencia, analizando la afectación actual que ejerce el Sistema sobre los sujetos u operaciones comprendidas y propone un cambio regulatorio a la luz de las innovaciones tecnológicos que ha experimentado la Administración Tributaria con el paso del tiempo. Teniendo el contexto expuesto es válido efectuar las siguientes interrogantes ¿los fundamentos del ámbito de aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias justifican en la actualidad, la aplicación del Sistema bajo los mismos términos en que fue concebido inicialmente?, ¿el actual ámbito de aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias resulta razonable o perjudicial para los sujetos afectos al mismo?, ¿Se vulnera el Principio Constitucional de Igualdad al proponer una diferenciación de tratamientos en la operatividad del Sistema de Detracciones?. Se tiene por hipótesis que el Principio Constitucional Tributario de Igualdad no impide el tratamiento desigual en el ámbito tributario, cuando existen condiciones objetivas y razonables para ofrecer un tratamiento diferenciado, siempre y cuando se realice sobre bases objetivas y razonables que respeten los límites del poder tributario, respecto de las cuales nos pronunciamos en el desarrollo de la presente investigación. Para corroborar ello realizamos un análisis del marco legal vigente, la jurisprudencia constitucional vinculada, la doctrina extranjera y la doctrina nacional, bajo la consideración de observar la realidad operativa de los sujetos u operaciones comprendidos en el ámbito de aplicación del Sistema de Detracciones. Finalmente, queda en evidencia que actualmente la Administración Tributaria en mérito a sus mecanismos de gestión puede perfilar a los contribuyentes y a partir de esa diferenciación y en cabal respeto al Principio Constitucional Tributario de Igualdad otorgar distintos tratamientos a los sujetos inmersos en una misma cadena de comercialización.

El presente trabajo de investigación analiza los alcances de la impugnación de los depositarios y terceros retenedores como responsables tributarios, siendo que el Código Tributario permite un derecho de contradicción, no solo a la atribución de responsabilidad, sino también a la “deuda tributaria” declarada por el contribuyente o la que le determina la Administración Tributaria. La norma peruana, recoge en principio el modelo español, incorporando una nueva definición de los “actos firmes”, que obliga a la revisión de diversas instituciones jurídicas que podrían vulnerarse, por el ejercicio del derecho de contradicción respecto de la deuda tributaria misma. Con la presente investigación, se pretende demostrar a partir de instituciones jurídicas, como: el acto administrativo y sus alcances, la seguridad jurídica, la firmeza de los actos administrativos y la reserva tributaria; que el impugnar la deuda tributaria de los depositarios y los terceros retenedores como sujetos ajenos a la relación jurídica tributaria, conlleva a “inconsistencias” en nuestro sistema jurídico cuando atenta contra las instituciones referidas y por ende a nuestro ordenamiento jurídico. Así, luego de analizar la institución de la responsabilidad tributaria, y la naturaleza jurídica de los depositarios y terceros retenedores, así como los alcances de la atribución de su responsabilidad tributaria; el acto administrativo de determinación de responsabilidad, permite al responsable el ejercicio del derecho de contradicción o defensa respecto de la exigibilidad y la validez de la deuda tributaria por la que responde, debiendo ajustares la regulación normativa con relación a la posibilidad de cuestionar la deuda misma, ya que ello genera, en la mayoría de los casos, afectación y vulneración de las instituciones jurídicas, a lo que hemos denominado “inconsistencias”.