Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La justificación ética del óptimo de Pareto consiste en que, entre dos situaciones sociales cualesquiera, se considera superior aquella en que todos sus miembros están mejor o en la que alguno, al menos está mejor, sin que ninguno esté peor. La solución económicamente eficiente (en términos del óptimo de Pareto) varía según la distribución inicial de los derechos. La titularidad de un derecho es riqueza, si A es titular del derecho a contaminar, es más rico que B, quien no tiene derecho a aire limpio. De ahí la importancia de la asignación inicial de los derechos a favor de quienes tienen menos recursos, por ejemplo; de los vecinos y no de la empresa contaminante del barrio, pues es más probable que esta última este en condiciones de asumir los costos de la contaminación (indemnizando a los vecinos a cambio de contaminar), que los primeros pagar a aquella para que no contamine. Y si bien, puede aceptarse que una libre actividad que produzca bienestar aunque a un solo individuo sin empeorar el bienestar de los otros sea una realidad deseable, incluso como expresión de libertad, no aparece descontado que el mismo juicio pueda hacerse si para realizar el bienestar de la libre actividad de un sujeto, sea necesario un comportamiento de mayor cuidado por parte de todos los otros sujetos, como comportamiento de prevención jurídicamente debido.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el desarrollo de este trabajo, se ha manifestado de una manera reiterada la falta de un criterio uniforme en relación ha si los contratos que celebra la administración, constituyen una figura contractual que se rige por normas de derecho público o por la ley común privada en nuestro ordenamiento jurídico. Esta situación obedece a que los contratos administrativos no han logrado posesionarse como una institución jurídica clara con principios irrefutables y concretos . En otras legislaciones y ordenamientos jurídicos, se reconoce la existencia de estos contratos, acordes con su legislación, doctrina y jurisprudencia, situación que no es tan manifiesta en nuestro país. A pesar de no tener una aceptación unánime entre los tratadistas nacionales, no cabe duda alguna que estos contratos tienen plena aplicación en las relaciones del Estado con los particulares, ya sea que respondan a principios propios o adaptados cumplen actualmente un importante papel en las políticas nacionales, ligadas sobre todo a las materias de infraestructura e inversiones públicas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo analiza los vicios que pueden afectar al acto administrativo, atendido que por primera vez una ley de la República, la ley N° 19.880 de 2003, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, los menciona y regula expresamente. Aunque si bien está circunscrita al procedimiento administrativo, establece cómo debe ser el vicio para adquirir connotaciones de relevancia. Dicho trabajo tiene por objeto proponer una tipología de los vicios del acto administrativo en relación a los elementos que lo integran, de modo de no recurrir a la vinculación tradicional entre los vicios y la sanción a estos. Para ello se analizará de qué manera incide el principio de legalidad que rige a la Administración en la configuración de los vicios, particularmente, mediante el examen de los elementos del acto administrativo y de los atributos especiales que lo caracterizan, como también mediante el estudio de la forma en que se ha abordado la visión de los vicios del acto administrativo en el Derecho Comparado y en nuestro Derecho

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Administración Pública tiene por objeto buscar satisfacer el bien común también conocido como interés general. Sin embargo para ello debe hacerlo cumpliendo dos requisitos: la administración debe actuar con sujeción a la ley y además debe cumplir con eficiencia y eficacia los fines que busca. El problema es que son requisitos contrapuestos: sujetarse estrictamente a la ley implica no cumplir eficaz y eficientemente con la satisfacción del bien común. Por el contrario, el afán de una eficaz y eficiente satisfacción de los intereses generales podría implicar una infracción a la ley y en consecuencia la declaración de nulidad de derecho público del acto administrativo dictado para ello. El principio de conservación de los actos administrativos propone una solución que es un término medio entre ambos requisitos, cuestión que no era solucionada por las teorías tradicionales sobre la nulidad de derecho público en Chile. El estudio del principio de conservación revelará distintas herramientas jurídicas que la Administración Pública puede utilizar para cumplir con la satisfacción del interés general de una forma eficiente y eficaz, sin infringir la ley. El método de estudio utilizado es deductivo, estableciendo cuáles son los elementos teóricos que sustentan el principio de conservación de los actos administrativos y cómo éstos se reflejan en su aplicación práctica tanto en la legislación comparada y nacional como la jurisprudencia ordinaria y administrativa

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La importancia que tiene la gestión de los recursos humanos al interior de las organizaciones es una idea que genera un consenso transversal. Esta idea ha permeado, como era de esperar, también en la esfera de la administración pública, donde en las últimas décadas se ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar desde una burocracia estática hacia ideas y modelos que se adapten de mejor forma a entornos cambiantes y diversos. Los municipios, que constituyen un tipo particular de organización dentro de la administración pública, no escapan a esta necesidad, siendo cada vez más imperativo que se reflexione en torno a la gestión del recurso humano en los denominados gobiernos locales. Los municipios chilenos sin embargo se han mantenido al margen de esta tendencia mundial, modernizándose en varios aspectos pero dejando rezagada, por razones estructurales pero también operativas, la internalización de modelos de gestión del recurso humano. Este estudio, de carácter exploratorio-descriptivo, busca dar cuenta de las actuales condiciones en que el conjunto de los municipios chilenos dota su estructura de personal, concentrándose en un tipo particular de vínculo laboral denominado contratación a honorarios. Esta forma de empleo diseñada para otorgar cierto margen de flexibilidad a la hora de ejecutar tareas de carácter ocasional y no habitual, en la práctica se ha convertido en la principal forma de contratación en los municipios del país (para el año 2015 representa el 56% de la fuerza laboral municipal), aun cuando no ofrece estándares mínimos de estabilidad laboral, seguridad jurídica y/o equilibrio en la relación empleado/empleador. Lo anterior, según se pudo concluir, genera riesgos no sólo para el sistema de administración municipal, asociados entre otros al bajo control de la gestión y el clientelismo político, sino también para las personas contratadas a honorarios, asociados entre otros a la ausencia de seguros laborales y la incertidumbre previsional. Se aporta además una caracterización a nivel exploratorio de los funcionarios contratados bajo esta modalidad, encontrando altos niveles de motivación y satisfacción laboral, como también altos niveles de capital humano, lo que puede constituir un insumo relevante a la hora de diseñar un sistema o política de recursos humanos al interior de la organización municipal. Finalmente, este estudio busca contribuir a la discusión en torno a una política de normalización laboral, que mejore no sólo las condiciones de los trabajadores a honorarios sino que permita, a partir de la gestión del personal municipal, mejorar la calidad del conjunto del sistema.

En el presente trabajo se estudia si en los contratos públicos el principio de observancia de los pactado (pacta sunt servanda, o lex inter pares) tiene preponderancia sobre el principio del ius vivandi típico de los contratos administrativos. Se busca, a través del estudio del derecho comparado y de la doctrina que originó ambos principios, llegara a una síntesis de ambos. Mediante la aplicación del principio de la legalidad, se trata de arribar a un equilibrio de ambos, sin perjuicio de reconocer el autor la preeminencia del principio contrato-ley.

El Código de los Contratos Públicos (CCP) regula, por un lado, los procedimientos de formación de la generalidad de contratos públicos y, por otro lado, establece el régimen aplicable a la generalidad de los contratos administrativos. En atención a ellos, un contrato celebrado por una entidad pública podrá no ser un contrato administrativo y, sin embargo, tampoco será un contrato de derecho privado, más sí un contrato público. En estos casos, a pesar de no tratarse de un contrato de Derecho administrativo, su relevancia pública lo somete a un procedimiento de formación regulado por normas propias del Derecho administrativo, de donde resulta que es calificado como un contrato público, en el sentido y para el efecto en que el Derecho de la Unión Europea utiliza esta expreisón.

Los desarrollos contemporáneos en la tecnología de la información y comunicación han hecho posible la implementación de la subasta inversa electrónica en el ámbito de las contrataciones públicas. La mayoría de los gobiernos consideran a la subasta inversa electrónica como un novedoso mecanismo de ahorro de los costos administrativos vinculados a los procesos de contratación de bienes o servicios; y principalmente, como una alternativa para que las entidades públicas puedan adquirir a precios bajos aquellos productos y servicios que comúnmente se transan en el mercado. En los últimos años, el empleo y marco normativo de la subasta inversa electrónica en América Latina y la Comunidad Europea se han desarrollado considerablemente. Similar situación se da en las contrataciones públicas de los Estados Unidos, en donde un gran número de entidades del gobierno federal han llevado a cabo compras de commodities en línea. Sin embargo, la particularidad del sistema estadounidense es que esta modalidad de contratación no se encuentra acompañada de un régimen normativo o norma especial, a diferencia de lo que ocurre en Perú y los países de la Comunidad Europea. A pesar de la diferencia resaltada, el uso de la subasta inversa electrónica en los países antes mencionados presenta los mismos riegos e inconvenientes, que no hacen más que cuestionar la capacidad de esta técnica de contratación de satisfacer los principios elementales que guían las adquisiciones públicas en la mayoría de sistemas avanzados; tales como: eficiencia (valor por el dinero), trato justo e igualitario, competencia e imparcialidad. Esta situación pone en tela de juicio la idoneidad de algunos aspectos del actual régimen peruano sobre la subasta inversa electrónica, tales como: el nivel de control o intervencionismo del marco regulatorio, el procedimiento operativo de la subasta, y la administración del sistema operativo o software de la subasta; siendo por tanto el objetivo de la Tesis, el presentar y analizar algunas de las alternativas de solución legal adoptadas por los regímenes de contratación pública más avanzados e incluso recomendadas por los organismos internacionales. / Tesis

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)