A pesar de que los abusos sexuales forman parte de la crónica cotidiana, generan fuerte rechazo social y son relevante tema de investigación científica, en Posadas, Provincia de Misiones, Argentina, no se cuenta con información que permita dimensionar la magnitud de este delito ni conocer las características que adquiere localmente. Con la meta de contribuir con la adquisición de parte de ese conocimiento faltante y de poner a disposición de la comunidad información que permita diseñar medidas preventivas y nuevos estudios, la presente investigación tiene el objetivo de establecer una caracterización de la población involucrada en delitos contra la integridad sexual en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones. La investigación se llevó a cabo en la Primera Circunscripción del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, República Argentina. El diseño del estudio combina técnicas cualitativas y cuantitativas. Se obtuvo una serie de 73 expedientes en el período comprendido entre los años 2005 a junio 2010 incluido, cuyas causas están exclusivamente relacionadas con delitos contra la integridad sexual con sentencia firme. Los datos cuantitativos se definieron operacionalmente, se registraron en una base de datos y se analizaron estadísticamente. La información cualitativa se obtuvo a través de datos relevantes de los participantes que constan en los expedientes y de los testimonios de hechos no denunciados. Del material estudiado se ha encontrado que resultan 78 agresores y 106 víctimas, de las cuales predominan las mujeres, 95 sobre 106. Las edades de las victimas abarcan desde los 2 años de edad a más de 18, encontrándose la mayor edad en una mujer de 53 años. El grado de instrucción fue, en la mayoría de los casos, suficiente. De estas 95 víctimas, como consecuencia de la agresión 9 resultaron embarazadas, habiéndose demostrado mediante estudios genéticos, la filiación con paternidad positiva para 5 padres, 2 padrastros y otros 2 sin vínculo con la víctima. De los 78 agresores estudiados solamente una es de sexo femenino y madre de un varón. En la mayoría, el grado de instrucción resultó insuficiente y se desempeñaba en trabajos informales. Estos tienden a abstenerse de declarar y en los casos en que se avienen a hacerlo, niegan el hecho y/o descalifican a la víctima o al denunciante. En esta subpoblacion, las edades, entre los 40 y los 49 años presentaron la mayor frecuencia en la producción de este delito y las víctimas son mayoritariamente de sexo femenino y tienen entre los 13 a 18 años de edad. De la relación con la víctima resultaron 18 padres, 16 padrastros, 21 familiares y 21 allegados. Respecto al lugar del hecho, la mayor frecuencia resultó ser en ámbito urbano; y tanto en este ámbito como en el rural el delito aconteció en el domicilio de corresidencia de víctima y victimario. El denunciante, en un 60% resultó ser la madre de la víctima, en un 11% padre de las víctimas. La suma de ambos resultó para los progenitores un porcentual de 71%. Las condenas oscilaron entre los 8 meses de prisión en suspenso y los 40 años de prisión. Del análisis cualitativo de los testimonios se desprende que el grupo de victimas de hechos denunciados y no denunciados, comparten expresiones que guardan relación con el desconocimiento, estado de confusión y conmoción, el silencio, el sentimiento de culpa, la indefensión y la confianza traicionada, como predominantes. También que, aunque los hechos judicializados pertenecen en general a un estrato social bajo, el hecho también se produce en sectores de condición social media-alta. En las declaraciones de los victimarios, el nivel sociocultural se expresa en las características pueriles de la descalificación de las victimas y/o denunciantes, que se diferencian de otros agresores que poseen un nivel de instrucción muy suficiente, con recursos y conocimientos a través de los cuales intenta mejorar su situación procesal. Se ha encontrado también, que la descalificación de la víctima, es un recurso utilizado por el defensor de oficio del victimario para mejorar su situación procesal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende hacer revisión de los Registros y sistemas de notificación de individuos condenados por delitos sexuales, a través de una metodología analítica que comprende aristas normativas, criminológicas, político-criminales y de fundamentación punitiva. En el (I) PRIMER CAPÍTULO se establecerá el marco conceptual del objeto de estudio a partir del examen de sus presupuestos básicos. Para ello, (i) se hará revisión del sistema de delitos contra la libertad e indemnidad sexual y sus justificaciones históricas, con el propósito de comprender la constelación de conductas que son tipificadas y sancionadas por el Derecho Penal. Luego, (ii) se identificarán los factores que configuran el perfil criminógeno de los sujetos que se ven afectos a este tipo de mecanismos: los denominados «delincuentes sexuales». Por último (iii) se efectuará una exposición de las medidas político-criminales que en la actualidad se erigen como las principales herramientas para dar tratamiento a la delincuencia sexual. En el (II) SEGUNDO CAPÍTULO se llevará a cabo un análisis conceptual, histórico y normativo de los Registros y sistemas de notificación de agresores sexuales. En primer lugar, se estudiarán las conceptualizaciones y tipologías registrales junto a la «notificación comunitaria». En armonía con ello, se buscará dilucidar cuál es la naturaleza jurídica de los Registros Públicos y el fundamento que legitima la imposición de la «pena» o de la «medida de seguridad», según se concluya. Luego, se hará revisión del origen y la evolución histórica de los mecanismos en cuestión, analizando las propuestas normativas desarrolladas en el derecho comparado y especialmente en Estados Unidos, para luego evaluar la recepción que ha tenido este fenómeno jurídico-penal en nuestro país. En el (III) TERCER CAPÍTULO, se expondrán las consideraciones críticas respecto de los Registros Públicos. Estas serán abordadas desde dos prismas: en primer lugar, mediante la identificación de sus fundamentos: (i) en términos criminológicos, donde cabe dilucidar cuál es la comprensión que subyace a este tipo de sistemas en lo que compete a la etiología del comportamiento delictual y (ii) en términos político-criminales, con el objetivo de extraer la lógica que rige al esquema registro-notificación comunitaria. En segundo lugar, desde una perspectiva funcional, se sostendrá la falta de idoneidad de estos mecanismos. Para ello, resultará necesario evaluar el impacto que producen los Registros, desde las consecuencias fenoménicas negativas en la x sociedad (las que se extienden tanto al registrado, a su familia, a la víctima y la comunidad) así como la tensión constitucional que generan en los ordenamientos jurídicos. Luego, se examinará la (in)eficacia de estas herramientas para satisfacer las finalidades que justifican su implementación, a saber, la prevención de la reincidencia de los ofensores sexuales y la seguridad del público. Por último, en el (IV) CUARTO CAPÍTULO se propondrán medidas que permitan afrontar el fenómeno de la delincuencia sexual bajo una lógica que propenda a la reinserción del agresor sexual en la sociedad. / 20/06/2018

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