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The article is related to an autonomous constitutional body responsible for the selection, appointment, ratification and dismissal of the judges and prosecutors. Strictly speaking, it exercises a political and administrative function. The first one is understood because, by the rule of the Constitution, it exercises power of institutionalized determination and directs its decisions in accordance with ideological and juridical principles and values provided in said text. The second one is meant to expose a unilateral declaration of will made in the name and representation of the State that produces individual legal effects, immediately. / El artículo trata de un órgano constitucional autónomo encargado de la selección, nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y fiscales. En puridad, ejerce una función político-administrativa. La primera se entiende en razón a que, por mandato de la Constitución, ejerce potestad de determinación institucionalizada y orienta sus decisiones conforme a los principios y valores ideológicos y jurídicos previstos en dicho texto. La segunda s e e ntiende e n r azón a e xponer u na d eclaración u nilateral de voluntad realizada a nombre y representación del Estado que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata.

It is usually understood that free competition gives rise to certain groups to prevail over others and obtain the monopoly of some goods and products. However, regarding the press, written or not: Is free competition a masked enemy for the reader, or is it it’s best friend? Should the State prevent an eventual concentration in the power of some media or economic group? In this article, the author argues that considering the market control by an economic groupis a fallacy. On the contrary, he considers that the monopoly on the press doesn’t affect the freedom of the readers. / Se suele entender que la libre competencia da lugar a que ciertos grupos prevalezcan sobre otros y obtengan el monopolio de ciertos bienes y productos. Sin embargo, respecto de la prensa, escrita o no: ¿Es la libre competencia un enemigo enmascarado del lector, o su mejor aliado? ¿Debe el Estado impedirla concentración en el poder de algún grupo económico?En este artículo, el autor sostiene que es una falacia considerar que el control de un grupo económico sobre un mercado es un problema. Por el contrario, considera que el monopolio sobre la prensa no afecta ni la libertad de los lectores, ni la de los periodistas.

Los «principios supremos» son una creación de la Corte Constitucional italiana, tiene como referente la teoría de la «Constitución material» de Constantino Mortati. En la doctrina constitucional italiana actualmente se pueden comprender dentro del marco del «ordenamiento constitucional» que plantea Augusto Barbera. En uno o en otro el texto constitucional no es suficiente para identificar los valores de un ordenamiento, como las fuerzas que lo modelan y también el sistema normativo. Los principios supremos son una respuesta al sistema jurídico que contiene normas que provienen de fuentes externas internacionales o supranacionales y que no son directamente confrontadas por el texto constitucional porque se incorporan indirectamente a través de normas que tienen un rango supralegal. El uso de los principios se inició con las normas que se incorporaban en el ordenamiento interno a través de los Pactos de Letrán, luego se aplicó a las decisiones de la Comunidad Europea y después a las normas de la Convención Europea e interpretación consolidada de la Corte Europea de Derechos Humanos. Actualmente los principios supremos se identifican en el ámbito de la Unión Europea como los principios de identidad de un Estado. El conocimiento de historia sobre la redacción del texto constitucional y la actividad de la Corte Constitucional son necesarios para comprender como se ha configurado a la laicidad como «principio supremo».

In this article, the author makes a critical analysis of the political regime in the 1993 Constitution. He begins analyzing the institution of the Presidency of the Republic, along with its vices and defects, criticizing the concentration of power in the figure of the President and the authoritarian management of his attributions, characteristics that are meaningless in a republic system. Thus, he concludes with a new vision of the figure of the President of the Republic and his attributions in order to achieve an improvement in the functioning and efficiency of the State, without affecting the democratic balance. / En el presente artículo, el autor realiza un análisis crítico del régimen político en la Constitución de 1993. Comienza analizando la institución de la presidencia de la República, junto con sus vicios y defectos, criticando así la concentración de poder en la figura del Presidente y el manejo autoritario de sus atribuciones, características que carecen de sentido en un Sistema Republicano. Así concluye con una nueva visión de la figura del Presidente de la República y sus atribuciones para lograr una mejora en el funcionamiento y eficiencia del Estado, sin afectar el equilibrio democrático.

Si la Constitución implica un pacto destinado a establecer límites y una organización al ejercicio del poder (y sobre todo, al poder político) dentro de una sociedad determinada, para el fortalecimiento y consolidación de su rol no basta con que cuente con una adecuada redacción. Y es que, incluso contando con esa cuidadosa redacción, un texto constitucional tiene día a día que legitimarse siendo interpretado de forma que permita resolver problemas ciudadanos muy a despecho de eventuales limitaciones técnicas en su configuración (y con mayor razón, ante cuestionamientos al proceso de su gestación).

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El presente tema, tiene que ver con la función unificadora, conectora, social que alguna vez cumplióel ferrocarril como único y fundamental medio de transporte para la sociedad. Fue la columna vertebral, trazo líneas, recorridos, estaciones, y hoy día, progresivamente dicha red ha ido desapareciendo y deteriorándose, aun a pesar del fuerte impulso e inversión que se ha llevado a cabo por EFE, el estado y las empresas privadas, a fin de rescatar y potenciar un servicio, que con su masiva retirada,fue dejando localidades y zonas enteras con escasa o nula conectividad y comunicación exterior. Aun mas, en muchos casos, las economías de dichas áreas se vieron fuertemente perjudicadas por dicha situación, y ni siquiera con los avances tecnológicos modernos han podido salir adelante. Es que no se puede desconocer la tremenda tradición del campo chileno y sus zonas rurales, y agrícolas, como la presentada en este proyecto, en el desarrollo integral de la economía. Se debe partir reconociendo, que existen microeconomías, rurales en este caso, que funcionan con una lógica diferente a la del mercado, y al estado le queda una obligación moral para con sus habitantes de respetarlas, y mantenerlas en el tiempo, proveyendo las condiciones y las infraestructuras necesarias para talefecto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo del presente trabajo es desarrollar una análisis acabado de la Constitución Política de la República de Chile de 1828. Para ello se ha trabajado sobre la base de una hipótesis (La Constitución de 1828 fue muy bien lograda desde un punto de vista doctrinario, pero adoleció de falta de asidero en la realidad del Chile de la época), nacida de la impresión que tenía este memorista respecto de dicha Carta antes de iniciar la investigación que culmina con este trabajo, hipótesis que obviamente se pretende comprobar o refutar a lo largo de esta Memoria. Con dicho objetivo en mente, he dividido el trabajo en cuatro partes, que reflejan la doble perspectiva histórico – política y jurídica que se ha querido dar al estudio de la Carta de 1828. Así, en una primera instancia se pretende situar la Carta Fundamental de 1828 en un contexto histórico, político, económico y social, al tiempo que se describe genéricamente el marco jurídico positivo de Chile durante el período histórico que la precede, haciendo breve referencia a los mismos aspectos de otros países del continente. En un segundo momento, se analizarán los antecedentes y elementos de hecho que dan origen directo a la Constitución en comento; la creación e integrantes de la Comisión Redactora, deteniéndose particularmente en la persona de Don José Joaquín de Mora; el desarrollo y contingencias de la etapa de discusión en el Congreso, y, finalmente, su aprobación y entrada en vigencia. Acto seguido, se hará un análisis de la Carta de 1828, tanto en su contenido global, como de cada una de sus disposiciones, haciendo mayor hincapié en los aspectos jurídico doctrinarios, pero con proyección a su eficacia y consecuencias en la vida político institucional de Chile bajo su vigencia, así como su trascendencia o influencia en constituciones posteriores. Finalmente, se expondrán las conclusiones a las que he llegado, comprobando o rebatiendo la hipótesis de trabajo.