Los desarrollos contemporáneos en la tecnología de la información y comunicación han hecho posible la implementación de la subasta inversa electrónica en el ámbito de las contrataciones públicas. La mayoría de los gobiernos consideran a la subasta inversa electrónica como un novedoso mecanismo de ahorro de los costos administrativos vinculados a los procesos de contratación de bienes o servicios; y principalmente, como una alternativa para que las entidades públicas puedan adquirir a precios bajos aquellos productos y servicios que comúnmente se transan en el mercado. En los últimos años, el empleo y marco normativo de la subasta inversa electrónica en América Latina y la Comunidad Europea se han desarrollado considerablemente. Similar situación se da en las contrataciones públicas de los Estados Unidos, en donde un gran número de entidades del gobierno federal han llevado a cabo compras de commodities en línea. Sin embargo, la particularidad del sistema estadounidense es que esta modalidad de contratación no se encuentra acompañada de un régimen normativo o norma especial, a diferencia de lo que ocurre en Perú y los países de la Comunidad Europea. A pesar de la diferencia resaltada, el uso de la subasta inversa electrónica en los países antes mencionados presenta los mismos riegos e inconvenientes, que no hacen más que cuestionar la capacidad de esta técnica de contratación de satisfacer los principios elementales que guían las adquisiciones públicas en la mayoría de sistemas avanzados; tales como: eficiencia (valor por el dinero), trato justo e igualitario, competencia e imparcialidad. Esta situación pone en tela de juicio la idoneidad de algunos aspectos del actual régimen peruano sobre la subasta inversa electrónica, tales como: el nivel de control o intervencionismo del marco regulatorio, el procedimiento operativo de la subasta, y la administración del sistema operativo o software de la subasta; siendo por tanto el objetivo de la Tesis, el presentar y analizar algunas de las alternativas de solución legal adoptadas por los regímenes de contratación pública más avanzados e incluso recomendadas por los organismos internacionales. / Tesis

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público)

En la presente investigación se pretende realizar un análisis al artículo 48 de la Ley de Arbitraje, sobre la ejecución de las medidas cautelares en las contrataciones con el Estado, bajo el contexto de las normas constitucionales, Ley de Contrataciones con el Estado y el Reglamento de la misma Ley. Con la finalidad de determinar la forma cómo debe regularse la ejecución de las medidas cautelares en los procesos de arbitraje en contrataciones con el Estado para asegurar su cumplimiento. La presente investigación en el primer capítulo analiza el arbitraje en la legislación peruana y comparada, sus características, los tipos de arbitraje: el Institucional y al ad hoc; En el segundo capítulo, entra a tallar en las medidas cautelares en los procesos de arbitraje en las contrataciones con el Estado; en el tercer capítulo se desarrollará el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos en las contrataciones estatales y la ejecución en las medidas cautelares. Llegando a la conclusión, que no es conveniente que las medidas cautelares tengan que ser ejecutadas por el Poder Judicial, sino por el contrario, deben ser obligatoriamente cumplidas de forma inmediata cuando el Tribunal Arbitral las ejecute. Para ello, es necesario que el Tribunal Arbitral cuente con el Ius imperium al igual que el Poder Judicial. De contar con el poder coacionador, mermaría la carga procesal del Poder Judicial.

La actividad empresarial que realiza la administración pública a través de la celebración de contratos BOOT, parte de la actividad de fomento que realiza el Estado en el cumplimiento del modelo económico que rige actualmente la Constitución Política del Perú. Por esa razón es importante en primer lugar, estar sujeto a un adecuado procedimiento en la celebración de contratos BOOT, teniendo como eje central el interés público, toda vez que está en juego bienes de dominio público, que pasan a titularidad del inversionista privado. En segundo término, es pertinente mencionar, que al tiempo que se propone establecer un adecuado procedimiento para la celebración del contrato BOOT, se pretenderá dar una mejor imagen de nuestro sistema jurídico ante la inversión privada nacional o extranjera, desarrollando las principales formas de contratación de las cuales el Estado se vale para cumplir sus fines económicos. Finalmente, con un adecuado procedimiento que nos permita tener una negociación transparente, el Estado y el privado, se encontraran en igualdad de condiciones al momento de negociar y fijar intereses, obteniendo así un beneficio equitativo entre el interés público y el interés particular del inversionista.

En la actualidad es muy importante establecer si es conveniente la regulación de un determinado contrato atípico, respetando los principios y fuentes del derecho vigentes en nuestro sistema jurídico, tomando en cuenta lo desarrollado por la doctrina mercantil y la normativa internacional. El desenvolvimiento de los contratos modernos no regulados en nuestro ordenamiento son una realidad, ya que se encuentran operativos en nuestra economía social de mercado, comprobando de esta manera la funcionabilidad y rentabilidad de estas formas contractuales, siendo más precisos se estudiara al contrato de management como una herramienta de medición económica, de acuerdo a las exigencias del mercado y al giro de negocio de la actividad empresarial. Investigando la necesidad dentro del mercado empresarial de una legislación para volver más eficiente al contrato de management, no limitando su utilización, si no a fin de fomentar su implementación. Asimismo se planteara cláusulas generales de contracción, y una propuesta legislativa, formulando artículos que serán adheridos a la Ley General de Sociedades a partir del artículo 193, considerando de esta manera que es perfectamente viable la regulación

En la presente investigación se analiza si los términos ‘malicioso’ o ‘manifiestamente infundado’ son términos jurídicamente indeterminados que han sido recogidos en el artículo 50. numeral 1 inciso n) de la Ley de Contrataciones del Estado, dentro del régimen de infracciones y si estos resultan o no apropiados para el derecho Administrativo, los cuales serán interpretados y analizados para verificar si se encuentran en conformidad con los principios generales de las Contrataciones Públicas. A fin de evitar que el postor sea afectado por una potestad discrecional que devenga en arbitraria. Así se pretende dotar de sentido al término ‘malicioso’ pues resulta más acorde a derecho; por otro lado, erradicar el término ‘manifiestamente infundado’ para prevenir o anular acciones fraudulentas que atenten contra la seguridad jurídica pues resulta un concepto que linda más con lo arbitrario.

Con la presente investigación se pretende hacer un análisis a unos datos dados por la Contraloría General de la República, en la se muestra la exposición de los recursos públicos en una situación de peligro, situación que resulta alarmante teniendo en cuenta que los recursos públicos son los ingresos que permiten ejercer la función pública. Se ha procedido a hacer un análisis en el ámbito del Arbitraje en las Contrataciones Públicas, para ello se ha creído conveniente que la presente investigación sea dividida en tres capítulos; en el capítulo I, se habla de la figura del Arbitraje de manera amplia, se han desarrollado puntos referidos a los antecedentes históricos, definición, naturaleza y el procedimiento que se debe seguir en este mecanismo de resolución de controversias; en el capítulo II, se hace referencia a aquellos aspectos de la institución de las Contrataciones Públicas en nuestro país, y finalmente en el capítulo III, se ha procedido a realizar un análisis del Arbitraje Ad Hoc y el Arbitraje Institucional en el ámbito de las Contrataciones del Estado, habiéndose llegado a la conclusión de que el Arbitraje Institucional se consolidaría como un mecanismo que asegure la defensa de los intereses del Estado, en el tema de las contrataciones públicas.

La presente investigación, se basa en la inexistencia de plazo específico para la responsabilidad del contratista en obras públicas, en el periodo de prueba; la cual parte de la línea de investigación, de contrataciones estatales: retos y propuestas para su mejor regulación. Más aún, si consideramos que en la nueva ley de contrataciones del Estado Ley 30225, no existe ninguna norma que establezca un plazo para poder exigir o establecer responsabilidad en el contratista. Por ello, se ha optado por dividir a nuestra investigación, en tres capítulos el primero de ellos, denominado: Los contratos administrativos y, en especial el contrato de obras públicas; el segundo: Proceso de contratación y responsabilidad contractual en los contratos de obras públicas y finalmente el tercer capítulo denominado: Ámbito del plazo de responsabilidad contractual en el contrato de obras públicas. El motivo de nuestra investigación, se basa en que es frecuente escuchar que el desarrollo de un país se puede medir, por el desarrollo de la infraestructura de servicios públicos. Es por eso que el Estado a través de la administración pública, puede celebrar ciertos contratos de carácter público con los privados, para que de esa manera pueda lograr sus fines. Sin embargo, pese a la gran inversión que realizada el Estado, a través de las Entidades competentes, no se ha logrado un resultado adecuado y sobre todo duradero, después de la ejecución, entrega y liquidación de una obra. Con lo que podemos concluir, que es necesario una mejor y específica regulación respecto a la responsabilidad del contratista durante un periodo de prueba, debido a la vida útil del bien y a la finalidad para lo cual fue construido, ya que la ejecución de infraestructuras, son un pilar importante para el desarrollo nacional.

En el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general elaborar un instructivo para los procesos de contrataciones menores a 8UIT de una unidad ejecutora de la Policía Nacional del Perú del 2018, el cual pretende ordenar los procesos internos y asignar las responsabilidades de los responsables del abastecimiento, así como alcanzar un alto grado de cumplimiento de las metas proyectadas, evitando asumir responsabilidades administrativas, civiles y/o penales; abordando para ello una metodología que se desarrolla bajo un enfoque basado a la operatividad, deficiencias y riesgos en las contrataciones menores a 8UIT. Actualmente estos procesos se realizan de manera inadecuada, debido a la ausencia de personal calificado, la falta de documentos de gestión adaptados a las normas de carácter nacional. Toda unidad ejecutora está conformada por una serie de departamentos y áreas que en conjunto tienen a cargo operaciones con alta demanda de recursos como: parque automotor, equipos de comunicaciones, instalaciones, mobiliario, sistemas de información, laboratorios criminalísticas, personal policial, etc., por ello la gestión de las contrataciones deben realizarse de forma eficiente para abastecer a tiempo a todas las unidades orgánicas dependientes y cumplir con las responsabilidades establecidas por el comando nacional institucional. El tipo de investigación es propositivo, con diseño no experimental. Las contrataciones de bienes y servicios tienen una connotación adicional en el caso de la Policía, debido a que se busca proteger la integridad física y Sico-emocional del efectivo policial quien se hace responsable de un cargo público, a fin de respetar el debido procedimiento con la finalidad de no resultar perjudicado posteriormente cuando postule para posibles ascensos en su carrera profesional.

Las renegociaciones contractuales en Asociaciones Público Privadas (en adelante, APP) es un tema actual que tiene la atención del Gobierno de turno, el sector privado y los académicos. A pesar de ello, son un instrumento que presenta varios problemas y que no se ha estudiado con detenimiento en el Perú. Se han realizado estudios criticando las adendas, otros señalando que bien ejecutadas estas no son “malas” per se, sin embargo, aún quedan interrogantes, como por ejemplo ¿cuál es la regulación ideal y cuáles son las buenas prácticas internacionales que tienen que ser usadas para limitar los comportamientos oportunistas de los inversionistas y del Estado en la celebración de renegociaciones contractuales en contratos realizados bajo la modalidad de APP en Perú? Así, el problema que origina la presente investigación es que, dada la experiencia en diversos proyectos realizados bajo la modalidad de APP, existe un marco regulatorio insuficiente que no utiliza buenas prácticas que permitan limitar correctamente el comportamiento oportunista de los inversionistas y del Estado en relación a las modificaciones contractuales en APP. Por tanto, la justificación y motivación para realizar la presente tesis, se basa en que las renegociaciones contractuales en APP son un instrumento que presenta varios problemas y que no existen estudios en el Perú sobre cuál es su regulación ideal y cuáles son las buenas prácticas internacionales que tienen que ser usadas para limitar los comportamientos oportunistas de estos actores en la celebración de mencionadas renegociaciones contractuales. / Tesis