Es posible seguir confiando en una organización encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, cuando nos enteramos de que sus miembros trasgreden voluntariamente y de manera sistemática las normas que deberían regir su actuación? ¿Podemos pensar que un cuerpo policial que comete de manera generalizada actos delictivos, tiene legitimidad? Estas preguntas resultan pertinentes en medio de un contexto en el que el 58% de la población considera la corrupción de funcionarios y autoridades como “el principal problema que enfrenta el Estado y que impide el desarrollo”, según la más reciente encuesta de Proética sobre corrupción (Proética 2013), en la que además se considera a la Policía Nacional como la segunda organización del Estado más corrupta después del Congreso de la República. Por si fuera poco, de acuerdo con el Barómetro de las Américas del 2012, de las personas que señalaban haber sido víctimas de la corrupción en Perú (28,5%), más de la mitad decía haberlo sido por parte de un miembro de la Policía Nacional (LAPOP 2012), y en su versión más reciente, la encuesta muestra que la segunda mayor probabilidad de victimización por corrupción (16,5%) ocurre cuando los peruanos se relacionan con la policía (LAPOP 2014) / Tesis

La corrupción tiende a ser abordada y enmarcada principalmente en torno a sus manifestaciones más visibles y mediáticas, las cuales suelen consistir en transacciones económicas de naturaleza ilícita. No obstante, este enfoque reduccionista soslaya otras manifestaciones igualmente perniciosas del fenómeno, cuyos impactos diferenciados sobre grupos vulnerables, como las mujeres, son a menudo ignorados, minimizados o desvinculados del discurso anticorrupción. A modo ilustrativo, se presentan escenarios en los que la corrupción se entrelaza con estructuras patriarcales preexistentes, configurando un sistema en el que los cuerpos y la dignidad de las mujeres se convierten en "monedas de cambio", incidiendo en la vulneración sistemática de sus derechos. Ante tal contexto, el presente Informe Jurídico, a partir del análisis de la sentencia de Apelación N°14-2015/NCPP, tiene como objetivo principal coadyuvar a la visibilización de las dimensiones de género inherentes al delito de cohecho pasivo específico que tengan como medio corruptor los favores sexuales, y subrayar la necesidad de aplicar la perspectiva de género como herramienta metodológica en el análisis y tratamiento de estos casos. Para ello, el presente trabajo ha empleado diversos recursos para un análisis adecuado, tales como la referencia a jurisprudencia y doctrina nacional como comparada. Siendo que, tras una investigación exhaustiva, se concluyó efectivamente que los jueces de la Corte Suprema de Justicia no impartieron justicia con perspectiva de género en el caso analizado. / Corruption tends to be addressed and framed primarily around its most visible and mediatic manifestations, which usually consist of economic transactions of an illicit nature. However, this reductionist approach overlooks other equally pernicious manifestations of the phenomenon, whose differentiated impacts on vulnerable groups, such as women, are often ignored, minimised or dissociated from the anti-corruption discourse. By way of illustration, scenarios are presented in which corruption is intertwined with pre-existing patriarchal structures, configuring a system in which women's bodies and dignity become "bargaining chips", leading to the systematic violation of their rights. In this context, the main objective of this Legal Report, based on the analysis of the Appeal Judgement N°14-2015/NCPP, is to contribute to the visibility of the gender dimensions inherent to the crime of specific passive bribery with sexual favors as a corrupting means, and to underline the need to apply the gender perspective as a methodological tool in the analysis and treatment of these cases. To this end, this paper has employed various resources for an adequate analysis, such as reference to national and comparative jurisprudence and doctrine. After an exhaustive investigation, it was effectively concluded that the judges of the Supreme Court of Justice did not impart justice with a gender perspective in the case analyzed.

En el presente trabajo académico se analizan dos problemas jurídico penales identificados en la Casación 160-2014-Áncash. El primero de ellos tiene que ver con la clarificación del contenido del elemento normativo “razón de cargo” previsto en el tipo penal de peculado a la luz de los conceptos deber general y deber específico del cargo, propuestos por un sector de la doctrina y recogidos en la indicada resolución judicial. En esa dirección, luego de ensayar una definición de ambos conceptos, el autor propone un solo y único concepto de deber que permita comprender y aplicar de una mejor manera el artículo 387 del Código Penal. De otra parte, el segundo problema jurídico que se aborda se centra en la aplicación del principio de confianza en los casos en que se imputa la comisión de un delito de corrupción al más alto funcionario de una entidad pública. Al respecto, con base en lo establecido por la doctrina y jurisprudencia, el autor identifica que en tales supuestos la operatividad de este filtro de imputación objetiva está sujeta a la observancia de deberes de vigilancia, control y supervisión por parte del superior jearáquico respecto a la conducta de sus subordinados. Finalmente, antes que constiruirse en un aporte netamente teórico, el tratamiento de ambos problemas jurídicos apunta a contribuir a que la resolución de casos prácticos en materia anticorrupción sea lo más sustentada y lograda posible. / In this academic work, two legal-criminal problems identified in Cassation 160-2014-Áncash are analyzed. The first of them has to do with the clarification of the content of the normative element "reason for the charge" provided for in the criminal type of embezzlement in light of the concepts of general duty and specific duty of the position, proposed by a sector of the doctrine and collected in the aforementioned judicial resolution. In this direction, after testing a definition of both concepts, the author proposes a single and unique concept of duty that allows for a better understanding and application of article 387 of the Penal Code. On the other hand, the second legal problem that is addressed focuses on the application of the principle of trust in cases in which the commission of a crime of corruption is imputed to the highest official of a public entity. In this regard, based on what is established by doctrine and jurisprudence, the author identifies that the operation of said objective imputation filter in such cases is not unconditional, but subject to the observance of surveillance, control and supervision duties by the superior hierarchical with respect to the behavior of his subordinates. Finally, rather than constituting a purely theoretical contribution, the treatment of both legal problems aims to contribute to making the resolution of practical cases in anti-corruption matters as supported and successful as possible.

La presente investigación tuvo como objetivo estudiar la relación entre la SDO, Laxitud Moral Política, Percepción del Sistema Normativo, Confianza en las Instituciones, Tolerancia a la Transgresión Normativa y Tolerancia a la Corrupción en abogados peruanos. Se evaluó a 105 abogados, 62 hombres (59%) y 43 mujeres (41%), entre los 25 y 62 años (M = 33.54, DE=6.59). Los resultados muestran una relación significativa y directa entre Laxitud Moral Política con SDO, con Tolerancia a la Transgresión Normativa y con Corrupción como un mal menor. La dimensión de Percepción de falta de legitimidad se relacionó con la dimensión de Corrupción como un fenómeno normalizado y con Corrupción como un fenómeno necesario. Tolerancia a la Corrupción correlacionó directamente con Tolerancia a la Transgresión Normativa. Se encontraron relaciones significativas e inversas entre Percepción de Falta de Legitimidad, Percepción de Transgresión y Percepción de Debilidad Normativa y algunas dimensiones de Tolerancia a la corrupción con Confianza en ciertas instituciones. Por último, se encontraron tres modelos de regresiones. El primer modelo de regresión estableció que la variable de Laxitud Moral Política explica en un 15.2% la Tolerancia hacia el uso de dinero en beneficio propio/soborno. El segundo modelo de regresión estableció que la dimensión de Percepción de Debilidad Normativa explica en un 13% la Corrupción como un fenómeno normalizado. El ultimo modelo de regresión estableció que la tolerancia a la corrupción es explicada en un 40% por la tolerancia a la transgresión normativa. / The aim of this research was to study the relationship between SDO, Political Moral Laxity, Perception of the Regulatory System, Trust in Institutions, Tolerance to Regulatory Transgression and Tolerance to Corruption in Peruvian lawyers. A total of 105 lawyers were evaluated, 62 men (59%) and 43 women (41%), between 25 and 62 years of age (M=33.54, SD=6.59). The results show a significant and direct relationship was found between Political Moral Laxity with SDO, with Tolerance to Normative Transgression and with Corruption as a lesser evil. The dimension of Perception of Lack of Legitimacy was related to the dimension of Corruption as a Normalized Phenomenon and to Corruption as a Necessary Phenomenon. Tolerance to Corruption correlated directly with Tolerance to Normative Transgression. Significant inverse relationships were found between Perception of Lack of Legitimacy, Perception of Transgression and Perception of Normative Weakness and some dimensions of Tolerance to Corruption with Trust in certain institutions. Finally, three regression models were found. The first regression model established that the Political Moral Laxity variable explains 15.2% of the Tolerance to the use of money for personal benefit/bribery. The second regression model established that the Normative Weakness Perception dimension explains 13% of Corruption as a normalized phenomenon. The last regression model established that tolerance to corruption is explained by 40% by tolerance to normative transgression.

En el artículo 400° del Código Penal peruano aparece la regulación del tráfico de influencias en sus dos modalidades: real y simulado. Ambos supuestos están descritos en el mismo párrafo y reciben el mismo tratamiento (consecuencia), tanto en la modalidad básica (primer párrafo) como en los casos agravados en razón del agente, cuando el autor es un funcionario o servidor público (segundo párrafo), es decir, el legislador peruano da un tratamiento equivalente, en cuanto a la pena, al tráfico real y simulado, tanto en la modalidad básica como en la agravada. Este punto es el que da origen a la presente investigación. Al respecto, en dogmática se discute la relevancia penal del tráfico de influencias simulado, considerando que el agente no llega a tener contacto ni relación con el funcionario o servidor público que va a interceder en el procedimiento o proceso, por lo que la controversia reside en si se afecta el correcto funcionamiento de la Administración pública, su prestigio, el patrimonio individual del sujeto que se aprovecha de la influencia simulada o si no existe ningún bien que merezca tutela penal dado que el tráfico no es real (“venta de humo”). Entonces ¿cuál es el bien jurídico protegido en el delito de tráfico de influencias simulado en el Perú? Este estudio aporta criterios para (re)definir el bien jurídico protegido (el prestigio de la Administración pública) y, a partir de esa (re)definición, delimitar cuándo dicho prestigio es afectado con la invocación de las influencias simuladas. Por otro lado, nos ocupamos de diferenciar el tráfico de influencias real del simulado, a partir de nuestra toma de postura sobre el bien jurídico protegido y, sobre esa base, planteamos una reevaluación de las consecuencias punitivas, a partir del principio de proporcionalidad

Durante los últimos años los Estados vienen incentivando la participación del sector privado como agente colaborador en la lucha contra el soborno. En ese contexto, varios países han aceptado la premisa de que las personas jurídicas pueden ser objeto de responsabilidad penal por los delitos de soborno que cometan las personas naturales relacionadas a ella. Así, nuestro país se ha sumado a esta tendencia al aprobar la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa1 de las personas jurídicas; la misma que ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835, los cuales amplían los delitos por los que pueden ser sancionadas, entre ellos, el soborno. Por otro lado, son las empresas del sector construcción quienes observan con especial atención las implicancias de esta reforma, debido a que, dadas las características de sus actividades están expuestas al riesgo del soborno en mayor medida. Así también, esta regulación ha previsto la implementación de un modelo de prevención al interior de la empresa, como circunstancia atenuante o eximente de responsabilidad ante la comisión de un delito. En el presente trabajo de investigación se identifican los factores esenciales que deben tomar en cuenta las empresas constructoras, durante la elaboración del plan de administración del riesgo del soborno, como elemento principal del modelo de prevención; entendiéndose por estos factores, al proceso de selección del personal, las relaciones con socios comerciales, el registro de gastos en proveedores, las políticas de beneficios a terceros y las políticas de agentes intermediarios en la empresa / Trabajo de investigación

El presente artículo aborda las formas de participación del delito de negociación incompatible, a fin de determinar si puede es posible admitir la complicidad en este tipo penal. El estudio analiza la estructura típica del delito y las tres modalidades de participación reguladas, sustentándose que es posible la participación del extraneus bajo la modalidad de intervención indirecta. Para sostener ello, se desarrolla lo señalado en distintos pronunciamientos de la Corte Suprema y doctrina nacional, y se incorpora una propuesta personal. Asimismo, se incide en la incorrecta subsunción fáctica realizada en el caso en concreto, motivo por el cual se desarrolla una cadena de indicios capaz de fundamentar la responsabilidad de los intervinientes que acredita el acuerdo colusorio entre los funcionarios representantes de SERPAR Lima y Tomás Raúl Encinas Vilquimichi como representante de Perny’s E.I.R.L. El principal objetivo del presente trabajo es contribuir a contrarrestar aquellos espacios de riesgo que se presentan dentro de la Administración Pública - sobre todo en el contexto de contratación estatal - y que perpetúan la impunidad de aquellos que, si bien no ostentan la cualidad especial de funcionarios o servidores públicos, participan en el acto corruptor y contribuyen a lesionar el bien jurídico general protegido: el correcto funcionamiento de la Administración Pública.

El Perú es uno de los países con más altos índices de corrupción, delito que se vincula directamente con el delito de lavado de dinero. En ese contexto, el estado en su tarea de prevención y detección ha promulgado normas, ha suscrito convenios internacionales y sigue estándares y recomendaciones de estos. Sin embargo, esto no resulta suficiente cuando se observa que las señales en el mercado y la ciudadanía no son las esperadas o cuando las estadísticas en las sentencias condenatorias no reflejan la persecución del delito que se espera. Entonces el ciudadano percibe que existe impunidad total y ha llegado a concientizar que la corrupción los delitos afines son parte de su vida diaria. En este trabajo de investigación he querido reflejar cuales son las limitantes con que se ha encontrado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su función detectora de posibles casos de lavado de dinero, siendo esta el órgano técnico y especializado que desempeña esta función. En ese sentido, desde la perspectiva regulatoria y de prevención en el primer capítulo revisaremos el marco teórico de lo que es el lavado de dinero, el secreto bancario, qué funciones realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuáles son las normas de prevención, qué proyectos de ley se ha trabajado hasta la fecha y cuál es su situación actual. En el segundo capítulo abordaremos todas las limitantes que he querido explicar como: las consecuencias del modelo regulatorio que tiene la UIF, el análisis y evaluación de los Reportes de Operaciones Sospechosas versus a los Informes de Inteligencia Financiera que emite la UIF. Por último, en el tercer capítulo analizaremos alternativas de solución a este problema, ya sea desde el aspecto regulatorio, de la UIF, las alianzas público-privadas que se están implementando en otras partes del mundo siendo los más cercanos el caso de Méjico o Argentina.

De acuerdo a las convenciones internacionales contra la corrupción y el principio Constitucional de proscripción de la corrupción el proceso penal peruano tiene los fines de perseguir y sancionar los delitos y con mayor razón si se trata de gran corrupción, juzgando a los responsables en los plazos establecidos y sancionarlos dando un mensaje a la sociedad de confiabilidad en el sistema democrático. Es probable que en el Perú el procesal penal contra la gran corrupción presente obstáculos que conlleve a que la población tenga desconfianza en la administración de justicia y se cree un clima de impunidad no evitando que la gran corrupción llegue a vulnerar derechos humanos si no es sancionada en su oportunidad. Para identificar ello este trabajo desarrolla que debemos entender por gran corrupción y porque su naturaleza procesal es compleja describiendo sus características y su tratamiento procesal penal como una organización criminal de acuerdo a la ley No 30077, siendo que los obstáculos que se han presentado de acuerdo al modelo acusatorio- adversarial, es el Ministerio Público y sus fiscales quienes deben afrontarlos para obtener elementos de convicción y asegurar la prueba para construir un caso que sea llevado a juicio con éxito y cumplir con los fines del proceso penal. / According to the international conventions against corruption and the Constitutional principle of proscription of corruption, the Peruvian criminal process has the purpose of prosecuting and punishing crimes and even more so in the case of grand corruption, judging those responsible within the established deadlines. and punish them by giving a message to society of reliability in the democratic system. It is probable that in Peru the criminal procedure against grand corruption presents obstacles that lead the population to have distrust in the administration of justice and a climate of impunity is created, not preventing grand corruption from violating human rights if it is not sanctioned. at your opportunity. To identify this, this work develops that we must understand grand corruption and because its procedural nature is complex, describing its characteristics and its criminal procedural treatment as a criminal organization according to Law No. 30077, being that the obstacles that have arisen according to the accusatory-adversarial model, it is the Public Ministry and its prosecutors who must face them to obtain elements of conviction and secure the evidence to build a case that is successfully brought to trial and fulfill the purposes of the criminal process. / Trabajo académico

Esta investigación identifica cuales son los mecanismos informales en la conformación de tribunales arbitrales ad hoc que resuelven controversias ligadas a contratos de obra pública en el Perú, en los años 2010 y 2011. Se concluye que las razones por las cuales se hizo obligatorio el arbitraje con el Estado a partir del año 1998 obedecieron más a cuestiones políticas que legales, lo que dio como resultado una deficiente e insuficiente normativa en arbitraje con el Estado, que a su vez facilitó la aparición de mecanismos informales en este tipo de arbitraje. Algunos de estos mecanismos son las “cadenas de favores”, la aparición de redes y corrupción, así como prácticas de cobro de “bonos por resultado” por parte de los árbitros. Estas prácticas se presentan desde el inicio del proceso cuando se conforman los tribunales arbitrales y por lo tanto la naturaleza del sistema de administración de justicia se ve viciada. Asimismo, se establece que estas prácticas no solo aparecen debido a la insuficiente o defectuosa normativa, sino gracias al amplio rango de libertad y discrecionalidad del que gozan los árbitros para establecer las reglas del proceso, los honorarios y la designación de secretarios arbitrales en el arbitraje ad hoc. Este alto nivel de libertad que es intrínseco al arbitraje, permite que las prácticas informales convivan con la normativa ya que el problema de fondo no tiene que ver con ingeniera legal, sino con la forma como los actores (árbitros y/o secretarios arbitrales) conciben el sistema de justicia y se desenvuelven dentro de éste / This investigation identifies what are the informal mechanisms in the conformation of ad hoc arbitration tribunals that resolve disputes related to public works contracts in Peru, in the years 2010 and 2011. It is concluded that the reasons for which arbitration was made mandatory the State as of 1998 was more due to political than legal reasons, which resulted in a deficient and insufficient regulation in arbitration with the State, which in turn facilitated the appearance of informal mechanisms in this type of arbitration. Some of these mechanisms are the "chains of favors", the appearance of networks and corruption, as well as "bonus by result" collection practices by the arbitrators. These practices are presented from the beginning of the process when the arbitral tribunals are formed and therefore the nature of the system of administration of justice is vitiated. It also establishes that these practices not only appear due to insufficient or defective regulations, but also thanks to the wide range of freedom and discretion enjoyed by the arbitrators to establish the rules of the process, the fees and the appointment of arbitration secretaries in arbitration. ad hoc. This high level of freedom that is intrinsic to arbitration, allows informal practices to coexist with the regulations since the underlying problem has nothing to do with legal engineering but with the way in which the actors (arbitrators and / or arbitration secretaries) conceive the system of justice and they develop within it