Mediante un diseño transeccional, el objetivo de esta Memoria es comparar características sociocriminológicas, e indicadores del Test de Lüscher, presentes en varones recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina, que cumplen condena por crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública (Título VII), contra las personas (Título VIII), o contra la propiedad (Título IX), con el fin de verificar si existen diferencias entre las distintas modalidades delictivas agrupadas bajo dichos Títulos del Código Penal.

Cien años después de la primera Convención Internacional de 1912 de lucha contra las drogas ilícitas, se ha sucedido un intenso camino de tratados, programas, discursos y realidades, para luchar contra la producción de drogas y desde donde se ha llegado hasta la identificación del problema, focalizado en las distintas formas de criminalidad organizada. Aún, en la academia persiste la dificultad en la determinación de las complejas relaciones entre uso de drogas y criminalidad,2 a pesar de los esfuerzos internacionales por fusionarlos cada vez más a nivel ideológico, político, jurídico y discursivo. América Latina, los países de la región andina y el Perú, en particular, han sido testigos protagónicos de esta historia de creciente represión, con leyes especiales, modelos basados en el control de la oferta, presupuestos provenientes de la cooperación internacional, principalmente de Estados Unidos.  Treinta años después, estamos lejos de una respuesta final. Los países de América Latina hemos recibido presiones que pretenden librar una guerra permanente –muy  funcional  a  terceros  intereses  geopolíticos–  contra el flagelo del narcotráfico, pero con pobres resultados. En este trabajo, pretendo mostrar las desviaciones, errores y omisiones de esta hoja de ruta, así como un intento de alternativa para abordar este problema, ahora que existen condiciones de debate mayores.

Esta tesis aborda los cambios y las continuidades en la administración de la Justicia de Paz en la provincia de Buenos Aires desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, desde un análisis de múltiples escalas, combinando la indagación de la dimensión estatal y las prácticas de los sujetos a través del estudio de un juzgado puntual. Para ello se propone, por un lado, reconocer los cambios que, en el marco normativo, definieron la forma institucional de la Justicia de Paz a nivel provincial, incursionando en los debates que se dieron al interior del mundo letrado respecto de las jurisdicciones de esta Justicia, sus atribuciones, las características de los procedimientos, en un camino que iba orientado a la especialización judicial. En este sentido, se pone el acento en las indefiniciones y vaivenes en esta política, así como en el entramado del complejo institucional provincial que se fue construyendo y que definió estas múltiples especializaciones. Por el otro lado, se aborda la experiencia concreta de un Juzgado de Paz –el de Tres Arroyos–, en el contexto de la expansión de la frontera en el sur de la provincia de Buenos Aires, entre 1865 y 1935, donde los cambios contextuales definieron las formas en que esas normativas y debates genéricos se enmarcaron localmente. De esta manera, se estudia quiénes fueron los jueces que encarnaron la institución, qué lógicas guiaron su designación, cómo se conformó la cultura judicial de estos jueces legos y cuál fue su accionar concreto en términos de las actividades que realizaron desde el Juzgado de Paz, tanto en funciones de gobierno, como, especialmente, de administración de justicia. En este sentido, se aborda el archivo completo del Juzgado de Paz de Tres Arroyos desde múltiples enfoques teóricos y metodológicos, de manera tal de tener una lectura de las prácticas judicializadas entre 1865-1935. Con ese objetivo, se diferencian los motivos de judicialización del fuero civil y correccional/criminal y se profundiza en este último, para analizar la lectura que, sobre esa criminalidad, realizaron los sujetos que tuvieron a su cargo el juzgado, resaltando, a su vez, la presencia de múltiples actores institucionales que definieron la forma de administrar justicia. En síntesis, esta tesis propone tanto un análisis de la forma de administración de Justicia de Paz localizada, como el de las formas institucionales, a través de una triangulación metodológica de múltiples enfoques cuanti y cualitativos.

Corporate crimes have become a highly widespread phenomenon in modern industrialized societies. The aim of this paper is to offer criteria and elements to evaluate criminal liability of middle managers of a highly hierarchical company for criminal acts committed by employees, which have been adopted and conceived by top managers of the company. To this end, different theories that have arised from the criminal doctrine to penalize managers of a complex organization will be analyzed, as truemediate authorship, co-authorship, induction and authorship in the omission. The research is justified to the extent that, criminal doctrine and jurisprudence, haven’t analyzed this issue deeply and, in the few opinions that about it exist, there are discrepancies about it possible solution. / La criminalidad de empresa constituye un fenómeno altamente extendido en las sociedades industrializadas modernas. El presente trabajo busca brindar criterios y elementos para evaluar la responsabilidad penal de los mandos medios de una empresa altamente jerarquizada por hechos delictivos que cometen los subordinados y que han sido adoptados y concebidos por los altos directivos de la empresa. Para ello, se analizarán las diversas teorías que se han planteado en la doctrina penal para responsabilizar a los superiores jerárquicos de una organización compleja, tales como la autoría mediata, la coautoría, la inducción y la autoría directa por omisión. La investigación se justifica en la medida en que, en la doctrina y jurisprudencia penal, esta problemática no se ha analizado a profundidad y, de las pocas opiniones que hay al respecto, existen discrepancias sobre su posible solución.

As a consequence of the 2007 financial crisis, companies have been focusing on managing the risks of normative infringement as an integral part of the notion of a business risk. This practice is encouraged by the implementation of normative with cross-border effects and reach, as well as by the growing internal regulations of autonomous criminal liability of corporate bodies systems.In the context of the circumstances described, in the present article the author analyzes: (i) the practical performance of the Criminal Compliance programs; (ii) their minimum content to exonerate or mitigate the criminal liability of the corporate bodies involved in a crime or offence; and, (iii) the challenges for the lawyer specialized in Criminal Law that this new approach of criminal preventingcounseling enforces. / Luego de la crisis financiera de 2007, las empresas vienen ocupándose de gestionar los riesgos por incumplimientos normativos como parte integrante de la noción de riesgo de negocio. Esta práctica es incentivada tanto por la aplicación de normas de alcance transfronterizo como por las crecientes regulaciones internas de sistemas de responsabilidad penal autónoma de personas jurídicas.A propósito de esta coyuntura, en el presente artículo se analiza: (i) el rendimiento práctico de los programas de Criminal Compliance; (ii) su contenido mínimo para exonerar o atenuar la responsabilidad penal de las empresas incursas en algúndelito; y, (iii) los retos que para el abogado penalista impone este nuevo enfoque de asesoramiento preventivo empresarial.

This article is about a pair of factors that cause the distress that can be observed within the mexican society: the overflowed criminality and the impunity, by virtue of which the State is not fullfiling its essential historical duty: to provide an aceptable level of public security. This has two sources that complement each other. One is the sensation we get when we face an unpredictable threat. It is caused by crime. The other is defencelessness or knowing that we can only rely in our own strength because there is no one willing to protect or assist us. / El artículo versa sobre el par de factores que provocan el malestar que se advierte en la sociedad mexicana: la criminalidad desbordada y la impunidad, en virtud de las cuales el Estado no está cumpliendo con su deber histórico fundamental: brindar un nivel aceptable de seguridad pública. Ésta tiene dos fuentes que se complementan entre sí. Una es la sensación que nace al enfrentarnos a un peligro imprevisible. Es suscitada por el crimen. La otra es la indefensión, o sea, el saber que sólo se cuenta con las propias fuerzas porque no hay nadie más dispuesto a protegernos o auxiliarnos.

Facing the phenomenon of organized crime, the criminal justice system for legal persons is confronted with the need to adapt the theoretical structures in order to provide an answer to the challenges rising from the high degree complexity and volatility, common qualities of the contemporary societies. t he modern legislations claim different solutions, such as the vicarious liability “act like someone else” or “be in someone else’s place”, which allows transferring the responsibility or guilt of a person. t his, among others, is recognized as a dual justice system. It is believed that a specific justice system for legal persons should be reached and, taking into account its peculiarities, make it coexist with the proper system for physical persons. / Frente al fenómeno de la criminalidad organizada, el sistema de imputación penal para las personas jurídicas se enfrenta con la necesidad de adecuar las construcciones teóricas a fin de brindar respuesta a los desafíos que emergen del alto grado de complejidad y volatilidad que caracteriza a las sociedades contemporáneas. e n las legislaciones modernas se han ensayado diversas soluciones, tales como el sistema vicarial “del actuar por otro” o “en lugar de otro”, que permite transferir a la persona jurídica la responsabilidad o culpabilidad de su representante; el reconocimiento de un doble sistema de imputación, entre otros. Creemos que debe avanzarse hacia un sistema específico de imputación para las personas jurídicas que atendiendo a sus particularidades coexista con el sistema propio para las personas físicas.

Analiza y explica cuál es la necesidad de la observancia y acatamiento del sistema constitucional para efectivizar un adecuado control de la normatividad procesal penal frente a la lucha contra la criminalidad organizada en el Perú. Se explica que la criminalidad organizada se presenta como fruto de una evolución con respecto a la delincuencia ordinaria, tanto en la cualificación y cuantificación profesional de estos grupos que se asocian para delinquir y que cada vez suponen un mayor perjuicio para la sociedad por ser entramados mucho más hermenéuticos, inflexibles, agresivos, violentos y sofisticados. Es una investigación jurídica de tipo dogmática teórica - normativa, y por su naturaleza es cualitativa; empleándose la técnica documental y análisis de contenido para la elaboración del marco teórico y discusión, la técnica del análisis cualitativo para el análisis de información y la argumentación jurídica, como método del diseño metodológico para validar la hipótesis y el logro de los objetivos. / Tesis

A tese aqui desenvolvida é a de que a Lei 12.846/2013, também conhecida como lei anticorrupção, não será capaz de incentivar as empresas brasileiras à adoção de programas ou medidas simplificadas de compliance. A responsabilização administrativa e civil não é tão dissuasiva como poderia ser a responsabilização criminal. O estudo da lei por meio da análise econômica do direito sugere que um agente econômico racional não investiria em compliance, porque a utilidade esperada com a prática do delito é muito superior à utilidade caso a empresa não praticasse o delito, em razão da baixíssima probabilidade de ser punida. Além disso, os benefícios oferecidos – redução parcial somente da multa administrativa, sem possibilidade de atenuação das sanções civis – não compensariam o custo do compliance. Finalmente, a possibilidade de firmar um acordo de leniência e reduzir a multa em até 2/3 eliminaria a vantagem da empresa que possui e aplica um programa de compliance, em relação à empresa que não adota essas práticas. O trabalho foi estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo estudou, à luz do direito comparado, as possibilidades regulatórias à disposição do legislador para a responsabilização das pessoas jurídicas, bem como as modalidades de culpa e a forma de atribuição dos atos das pessoas físicas às pessoas jurídicas. O segundo capítulo examinou o compliance no contexto do capitalismo regulatório, como uma estratégia de regulação responsiva para o controle da criminalidade empresarial. O terceiro capítulo verificou que a esfera administrativa e civil, escolhida pela lei 12.846/2013, não é tão dissuasiva como pode ser a esfera criminal, para a responsabilização das empresas. Além disso, examinou a lei sob a ótica da análise econômica do direito, concluindo que não existe uma ameaça crível de punição, no Brasil, por atos de corrupção. Por meio da comparação do cálculo de multas aplicadas a cinco empresas fictícias, sugere-se que uma empresa, ao analisar custos e benefícios, não investiria num programa de compliance, preferindo utilizar de outra forma esses valores. O quarto capítulo examinou os elementos de um programa de compliance e forneceu parâmetros para a avaliação de sua atividade, propondo um método estruturado em dois critérios: a presença dos elementos estruturais e a apuração da efetividade de seu funcionamento. A pesquisa concluiu que, para desequilibrar o mercado da corrupção e fazer com que as empresas adotem o compliance, será necessário aumentar a probabilidade de que os atos lesivos sejam descobertos, apurados e efetivamente punidos, e, ao mesmo tempo, ampliar os benefícios oferecidos às empresas que possuírem um compliance efetivo. Caso contrário, continuará valendo a pena apostar na ineficiência do sistema e não implementar um programa ou medidas simplificadas de compliance. / The thesis developed in this study is that the Act 12.846/2013, also known as anticorruption law, will not trigger an increased use of compliance programs or simplified compliance measures by Brazilian companies. Administrative and civil sanctions are not as deterrent as criminal sanctions. The analysis of the act under an economic approach suggests that a rational economic agent would not invest in compliance, because the expected utility arising from the offense greatly exceeds the utility a company could get in case they did not commit the offense on account of the extremely low probability of being caught and punished. Besides that, the incentives offered – a partial reduction of the administrative fine only, without the possibility of reducing the civil sanctions – would not compensate the costs of compliance. And ultimately, the possibility of either a non-prosecution agreement or a deferred prosecution agreement, reducing the fine up to two thirds would eliminate the advantages of companies which use compliance programs in comparison to the ones which do not. The research is structured in four chapters. The first chapter analyzes, in light of comparative law, the regulatory choices available to the legislatures to punish legal persons, as well as the types of culpability and the criteria to attribute the acts of individuals to legal persons. The second chapter examines compliance in the context of regulatory capitalism, as a responsive regulation strategy for imposing corporate criminal liability. The third chapter shows that the administrative and civil regime of Act 12.846/2013 is not as deterrent as a criminal regime could be. In addition, the chapter examines the act through the lenses of the economic analysis of law, concluding that there is not a credible threat of punishment in Brazil for acts of corruption. Comparing the fines that would be applied to five different fictitious companies, the research suggests that companies, when reflecting on costs and benefits of compliance programs, would prefer to direct their resources into other activities. The fourth chapter presents the elements of compliance programs and proposes standards for the assessment of its effectiveness under two criteria: the presence of structural components and the effectiveness of their performance. The conclusion is that, so as to unbalance the market of corruption, it would be essential to greatly enhance the probability of detection, investigation and punishment of illicit acts, and, at the same time, increase the benefits offered to the companies which implement an effective compliance program. Otherwise, relying on the inefficiency of the system and thus not implementing compliance will still pay off, though. / La tesis expuesta consiste en que la Ley n. 12.846/2013, también conocida como ley anticorrupción, no sería capaz de incentivar a las empresas brasileñas a la adopción de programas o medidas simplificadas de compliance. La responsabilización administrativa y civil no es tan disuasiva como podría ser la responsabilización criminal. El estudio de la ley por medio del análisis económico del derecho, indica que un agente económico racional no invertiría en compliance porque la utilidad esperada con la práctica del delito es muy superior a la utilidad, caso la empresa no hubiese practicado el delito, debido a la bajísima probabilidad de ser punida. Además, los beneficios ofrecidos – reducción parcial solamente de la multa administrativa, sin posibilidad de atenuar sanciones civiles – no compensarían el coste del compliance. Finalmente, la posibilidad de firmar un acuerdo de colaboración y reducir la multa en hasta 2/3 eliminaría la ventaja de la empresa que posee y aplica un programa de compliance en relación a la empresa que no adopta estas prácticas. El trabajo fue estructurado en cuatro capítulos. El primer capítulo ha estudiado, desde la óptica del derecho comparado, las posibilidades regulatorias a disposición del legislador para la responsabilización de las personas jurídicas, así como las modalidades de culpa y la forma de atribución de los actos de las personas físicas a las personas jurídicas. El segundo capítulo ha examinado el compliance en el contexto del capitalismo regulatorio, como una estrategia de regulación responsiva para el control de la criminalidad empresarial. El tercer capítulo ha verificado que la esfera administrativa y civil, elegida por la Ley 12.846/2013, no es tan disuasiva como puede ser la esfera criminal, para la responsabilización de las empresas. Además, ha examinado la ley en el marco de análisis económico del derecho, concluyendo que no existe una amenaza creíble de punición en Brasil, por actos de corrupción. La comparación del cálculo de las multas aplicadas a cinco empresas ficticias, sugiere que demostrado que una empresa, al analizar costes y beneficios, no invertiría en un programa de compliance, prefiriendo utilizar estos valores de otra manera. El cuarto capítulo ha examinado los elementos de un programa de compliance y ha fornecido parámetros para la evaluación de su eficacia, proponiendo un método estructurado en dos criterios: la presencia de los elementos estructurales y la apuración de la eficacia de su funcionamiento. La investigación ha concluido que, para desequilibrar el mercado de la corrupción y hacer que las empresas adopten el compliance, será necesario incrementar la probabilidad de que los actos lesivos sean descubiertos, apurados y efectivamente punidos y, al mismo tiempo, ampliar los beneficios ofrecidos a las empresas que poseerían un compliance eficaz. En caso contrario, continuara valiendo la pena apostar en la ineficiencia del sistema y no implementar un programa o medidas simplificadas de compliance.

A tese aqui desenvolvida é a de que a Lei 12.846/2013, também conhecida como lei anticorrupção, não será capaz de incentivar as empresas brasileiras à adoção de programas ou medidas simplificadas de compliance. A responsabilização administrativa e civil não é tão dissuasiva como poderia ser a responsabilização criminal. O estudo da lei por meio da análise econômica do direito sugere que um agente econômico racional não investiria em compliance, porque a utilidade esperada com a prática do delito é muito superior à utilidade caso a empresa não praticasse o delito, em razão da baixíssima probabilidade de ser punida. Além disso, os benefícios oferecidos – redução parcial somente da multa administrativa, sem possibilidade de atenuação das sanções civis – não compensariam o custo do compliance. Finalmente, a possibilidade de firmar um acordo de leniência e reduzir a multa em até 2/3 eliminaria a vantagem da empresa que possui e aplica um programa de compliance, em relação à empresa que não adota essas práticas. O trabalho foi estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo estudou, à luz do direito comparado, as possibilidades regulatórias à disposição do legislador para a responsabilização das pessoas jurídicas, bem como as modalidades de culpa e a forma de atribuição dos atos das pessoas físicas às pessoas jurídicas. O segundo capítulo examinou o compliance no contexto do capitalismo regulatório, como uma estratégia de regulação responsiva para o controle da criminalidade empresarial. O terceiro capítulo verificou que a esfera administrativa e civil, escolhida pela lei 12.846/2013, não é tão dissuasiva como pode ser a esfera criminal, para a responsabilização das empresas. Além disso, examinou a lei sob a ótica da análise econômica do direito, concluindo que não existe uma ameaça crível de punição, no Brasil, por atos de corrupção. Por meio da comparação do cálculo de multas aplicadas a cinco empresas fictícias, sugere-se que uma empresa, ao analisar custos e benefícios, não investiria num programa de compliance, preferindo utilizar de outra forma esses valores. O quarto capítulo examinou os elementos de um programa de compliance e forneceu parâmetros para a avaliação de sua atividade, propondo um método estruturado em dois critérios: a presença dos elementos estruturais e a apuração da efetividade de seu funcionamento. A pesquisa concluiu que, para desequilibrar o mercado da corrupção e fazer com que as empresas adotem o compliance, será necessário aumentar a probabilidade de que os atos lesivos sejam descobertos, apurados e efetivamente punidos, e, ao mesmo tempo, ampliar os benefícios oferecidos às empresas que possuírem um compliance efetivo. Caso contrário, continuará valendo a pena apostar na ineficiência do sistema e não implementar um programa ou medidas simplificadas de compliance. / The thesis developed in this study is that the Act 12.846/2013, also known as anticorruption law, will not trigger an increased use of compliance programs or simplified compliance measures by Brazilian companies. Administrative and civil sanctions are not as deterrent as criminal sanctions. The analysis of the act under an economic approach suggests that a rational economic agent would not invest in compliance, because the expected utility arising from the offense greatly exceeds the utility a company could get in case they did not commit the offense on account of the extremely low probability of being caught and punished. Besides that, the incentives offered – a partial reduction of the administrative fine only, without the possibility of reducing the civil sanctions – would not compensate the costs of compliance. And ultimately, the possibility of either a non-prosecution agreement or a deferred prosecution agreement, reducing the fine up to two thirds would eliminate the advantages of companies which use compliance programs in comparison to the ones which do not. The research is structured in four chapters. The first chapter analyzes, in light of comparative law, the regulatory choices available to the legislatures to punish legal persons, as well as the types of culpability and the criteria to attribute the acts of individuals to legal persons. The second chapter examines compliance in the context of regulatory capitalism, as a responsive regulation strategy for imposing corporate criminal liability. The third chapter shows that the administrative and civil regime of Act 12.846/2013 is not as deterrent as a criminal regime could be. In addition, the chapter examines the act through the lenses of the economic analysis of law, concluding that there is not a credible threat of punishment in Brazil for acts of corruption. Comparing the fines that would be applied to five different fictitious companies, the research suggests that companies, when reflecting on costs and benefits of compliance programs, would prefer to direct their resources into other activities. The fourth chapter presents the elements of compliance programs and proposes standards for the assessment of its effectiveness under two criteria: the presence of structural components and the effectiveness of their performance. The conclusion is that, so as to unbalance the market of corruption, it would be essential to greatly enhance the probability of detection, investigation and punishment of illicit acts, and, at the same time, increase the benefits offered to the companies which implement an effective compliance program. Otherwise, relying on the inefficiency of the system and thus not implementing compliance will still pay off, though. / La tesis expuesta consiste en que la Ley n. 12.846/2013, también conocida como ley anticorrupción, no sería capaz de incentivar a las empresas brasileñas a la adopción de programas o medidas simplificadas de compliance. La responsabilización administrativa y civil no es tan disuasiva como podría ser la responsabilización criminal. El estudio de la ley por medio del análisis económico del derecho, indica que un agente económico racional no invertiría en compliance porque la utilidad esperada con la práctica del delito es muy superior a la utilidad, caso la empresa no hubiese practicado el delito, debido a la bajísima probabilidad de ser punida. Además, los beneficios ofrecidos – reducción parcial solamente de la multa administrativa, sin posibilidad de atenuar sanciones civiles – no compensarían el coste del compliance. Finalmente, la posibilidad de firmar un acuerdo de colaboración y reducir la multa en hasta 2/3 eliminaría la ventaja de la empresa que posee y aplica un programa de compliance en relación a la empresa que no adopta estas prácticas. El trabajo fue estructurado en cuatro capítulos. El primer capítulo ha estudiado, desde la óptica del derecho comparado, las posibilidades regulatorias a disposición del legislador para la responsabilización de las personas jurídicas, así como las modalidades de culpa y la forma de atribución de los actos de las personas físicas a las personas jurídicas. El segundo capítulo ha examinado el compliance en el contexto del capitalismo regulatorio, como una estrategia de regulación responsiva para el control de la criminalidad empresarial. El tercer capítulo ha verificado que la esfera administrativa y civil, elegida por la Ley 12.846/2013, no es tan disuasiva como puede ser la esfera criminal, para la responsabilización de las empresas. Además, ha examinado la ley en el marco de análisis económico del derecho, concluyendo que no existe una amenaza creíble de punición en Brasil, por actos de corrupción. La comparación del cálculo de las multas aplicadas a cinco empresas ficticias, sugiere que demostrado que una empresa, al analizar costes y beneficios, no invertiría en un programa de compliance, prefiriendo utilizar estos valores de otra manera. El cuarto capítulo ha examinado los elementos de un programa de compliance y ha fornecido parámetros para la evaluación de su eficacia, proponiendo un método estructurado en dos criterios: la presencia de los elementos estructurales y la apuración de la eficacia de su funcionamiento. La investigación ha concluido que, para desequilibrar el mercado de la corrupción y hacer que las empresas adopten el compliance, será necesario incrementar la probabilidad de que los actos lesivos sean descubiertos, apurados y efectivamente punidos y, al mismo tiempo, ampliar los beneficios ofrecidos a las empresas que poseerían un compliance eficaz. En caso contrario, continuara valiendo la pena apostar en la ineficiencia del sistema y no implementar un programa o medidas simplificadas de compliance.