Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con ocasión de los múltiples casos conocidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile en materia de contratación pública, este trabajo se centra, en primer lugar, en el análisis de las interacciones que existen entre ambos sectores de nuestro ordenamiento jurídico tanto a nivel dogmático –por la vía de los principios consagrados por la Constitución Política de la República de Chile– como a nivel legal y reglamentario –las que, como demostraremos, son escasas– a fin de escudriñar cómo los entes legislativos han dado reconocimiento expreso o tácito a tal vinculación. En segundo lugar, y a efectos de demostrar la necesidad de que ambos estatutos jurídicos se relacionen de forma más íntima y expresa, señalamos algunos pronunciamientos judiciales y doctrinales que explican cómo hacer aplicable, por la vía del principio de juridicidad administrativa, la obligación de observar por parte de todos los órganos de la Administración del Estado, en todas sus actuaciones, las normas contenidas en el DL 211. En tercer lugar, identificamos los casos en que el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha emitido pronunciamientos respecto de conductas anticompetitivas en el marco de procesos de licitación regidos por la Ley N° 19.886, conociendo y resolviendo demandas incoadas por particulares y requerimientos interpuestos por la Fiscalía Nacional Económica en contra de diversos órganos administrativos licitantes, a fin de extraer de ellos los criterios que dicho Tribunal ha aplicado. Enseguida, expondremos algunas directrices que el ente persecutor de infracciones a la libre competencia en Chile, la FNE, ha recomendado a la Administración para, preventivamente, evitar conductas anticompetitivas y también ciertos lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha aconsejado para resguardar la competencia en procesos licitatorios. Por último, hemos escogido un caso de cierta relevancia mediática y relativamente reciente para ser analizado a la luz de todos los planteamientos que se expusieron a lo largo del trabajo, cual es el de Sonda con Registro Civil, en el marco de la licitación para la provisión de servicios de identificación personal

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Esta investigación tratará la introducción de la Entrevista Investigativa Videograbada, realizada a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves, en el juicio oral, como una forma de adecuar el proceso penal en dichos casos, con el objetivo de erradicar la victimización secundaria sufrida por aquél grupo de menores en su paso por el sistema de justicia, especialmente en reemplazo de su comparecencia en juicio, y la posibilidad de que ello vulnere el debido proceso y el derecho a defensa del imputado, en contraposición a la contingente predominancia del interés superior del niño. Esto, en el marco de la reciente publicación de la Ley N° 21.057 en Chile y de la masiva implementación de la Entrevista Investigativa Videograbada en el derecho comparado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la investigación que se desarrollará a continuación se busca analizar la forma en que se aplican las eximentes de responsabilidad criminal, más específicamente la legítima defensa y el estado de necesidad exculpante, en casos de mujeres parricidas de sus parejas que ejercían violencia intrafamiliar sobre ellas. Para cumplir este objetivo, serán revisados los requisitos de cada eximente, poniendo énfasis en la forma en que estos han sido entendidos y aplicados por la jurisprudencia nacional, haciendo una evaluación sobre los razonamientos de los operadores judiciales y examinando si dichos razonamientos presentan elementos de género que consideren adecuadamente el contexto de violencia previa sufrida por la mujer. En este sentido, se constatará que la jurisprudencia nacional no muestra uniformidad en esta materia, pues las decisiones judiciales presentan claras discrepancias a la hora de evaluar la conducta de una mujer parricida que ha sufrido violencia intrafamiliar. Además, se abordarán los límites entre la legítima defensa y el estado de necesidad exculpante, indicando en qué momento es procedente la aplicación de una u otra eximente de acuerdo a sus requisitos y a su particular interpretación en los casos de mujeres parricidas. Finalmente, se analizarán los tratados internacionales ratificados por Chile en esta materia desde una perspectiva crítica, evaluando el rol del Estado chileno en el cumplimiento de sus deberes internacionales.

En los últimos años, el INDECOPI ha conocido y se ha pronunciado, de oficio o por denuncia de parte, sobre las actividades empresariales desarrolladas por determinadas Entidades del Estado. Debido a que muchas de estas, usando los recursos económicos del Estado y la infraestructura pública, entran a competir en un determinado mercado y afectan la libre competencia. De ahí se deriva la relevancia de analizar este tipo de casos. De acuerdo al modelo económico adoptado por la Constitución de 1993 (economía social de mercado), se determinó que la libre competencia es el mejor sistema económico para el Perú, pero admite la intervención del Estado en determinados supuestos. El artículo 60 de la Constitución Política del Perú de 1993 reguló los requisitos para que las Entidades del Estado puedan intervenir en un mercado (estos requisitos son autorización por ley expresa, la actividad tiene que ser subsidiaria y ser una actividad de interés público). Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, “Ley de Competencia Desleal”), la actividad empresarial de Estado sin cumplir con los requisitos dispuestos por el artículo 60 de la Constitución de 1993 es sancionada. El Estado no puede utilizar infraestructura pública para realizar actividad empresarial, sin que medie un procedimiento transparente y se cumpla con lo dispuesto por la Constitución. Lo contrario significaría afectar el proceso competitivo y usar de forma ilegal los recursos del Estado. El presente Informe tiene como finalidad analizar si el INEN cumple con los requisitos para poder intervenir dentro del mercado, ello de acuerdo al procedimiento establecido por el INDECOPI para analizar este tipo de casos. Además, verificaremos las condiciones en que se prestan los servicios brindados por el INEN a las personas. Mi conclusión, luego de haber analizado a detalle este caso, es que el INEN no posee (i) una ley que autorice la actividad empresarial, y (ii) que el INDECOPI no ha analizado y determinado el mercado relevante de forma adecuada, lo cual genera cambios sustanciales en el análisis de subsidiariedad. Además, no se puede hacer diferenciaciones en las prestaciones de salud, lo cual origina que el servicio se brinde de forma inequitativa. Es por ello que concluyo que el INEN no se encuentra autorizado para realizar actividad empresarial.

La presente investigación titulada “Relación de los Estilos de Liderazgo y Desempeño Laboral de los Servidores Públicos del Sector Defensa en Lima Metropolitana 2021” tiene como objetivo principal determinar la relación entre los estilos de liderazgo y el desempeño laboral de los servidores públicos del Sector Defensa en Lima Metropolitana, 2021. Para lograr este objetivo, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y corte transversal, con una muestra de 378 servidores públicos de distintas entidades del Sector Defensa en Lima Metropolitana, 2021. El análisis estadístico ha sido implementado con la finalidad de demostrar la correlación entre los estilos de liderazgo y el desempeño laboral de los servidores públicos. Según el análisis de la data, luego de aplicar las encuestas, el liderazgo más predominante fue el transformacional con un coeficiente de correlación de 0.374 seguido del transaccional y trascendental, con el mismo coeficiente de correlación de 0.296, lo que indica que existe una relación débil y directamente proporcional. Finalmente, se exponen las conclusiones del estudio y se sugieren algunas recomendaciones a implementar en el Sector Defensa para un mejor manejo en el liderazgo, que logre repercutir en un alto desempeño laboral. / The main objective of this research tittled “Relationship of Leadership Styles and Labor Performance of Public Servants of the Defense Sector in Metropolitan Lima 2021" is to determine the relationship between leadership styles and job performance of public servers of the Defense Sector in Metropolitan Lima Metropolitana, 2021. This investigation, is a quantitative approach, non-experimental design, and cross-sectional research, was carried out with a sample of 378 public servants from different entities of the Defense Sector in Lima Metropolitana 2021. A statistical analysis has been implemented to demonstrate the correlation between leadership styles and job performance of public servers. According to the analysis of the data after applying the surveys, the most predominant leadership was transformational with a correlation coefficient of 0.374 followed by transactional and transcendental with the same correlation coefficient of 0.296, which indicates that there is a weak and direct relationship proportional. Finally, the conclusions of the study are presented, and some recommendations are suggested to be implemented in the Defense Sector for a better management in leadership that has an impact on high job performance. / Tesis

El presente informe jurídico tiene por finalidad exponer el análisis de los principales problemas jurídicos identificados en el Expediente N° E-504. Se describen los antecedentes relevantes, identificación y desarrollo de los problemas jurídicos detectados; asimismo, en los anexos, copia de las principales piezas procesales del Expediente, y bibliografía. El Expediente llamó mi interés en tanto contiene una diversidad de materias, tales como derecho administrativo, constitucional y protección al consumidor. Asimismo, contiene supuestos de controversia que invitan a hacer una reflexión sobre la discriminación y racismo institucionalizados dentro de nuestra sociedad, tales como las prácticas discriminatorias incurridas por los proveedores en el mercado, conductas que vulneran notablemente el derecho de los consumidores. Al ser un Expediente del año 2004, me permite analizar cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo las materias de Derecho Administrativo Sancionador y de Protección al Consumidor. Como conclusión principal, considero que, si bien es cierto que existen problemas procedimentales en el Expediente materia de análisis, me encuentro de acuerdo con la decisión del INDECOPI de sancionar a la empresa United Disco debido a la relevancia de la materia del caso, al sancionar una conducta prohibida por afectar el derecho constitucionalmente protegido a no ser discriminado por motivos de sexo, raza, opción sexual, condición socioeconómica. Al mismo tiempo, considero que es importante resaltar que, a partir del cambio normativo de la Ley del Procedimiento Administrativo General y de la concreción de las normas materia de Protección al Consumidor en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la actualidad se puede tutelar de manera más eficiente los derechos de los administrados.

El accionar de las entidades de la Administración Pública - frente a los agentes económicos y/o administrados - cumple un rol fundamental en la relación entre el Estado y la Sociedad. Es debido a ello que, la exigencia de requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros que condicionen, restrinjan u obstaculicen, el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o afecten a los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos, debe darse en observancia al Principio de Legalidad con la finalidad de salvaguardar el debido procedimiento administrativo. A pesar de ello, la experiencia nos ha demostrado que - reiteradamente - la autoridad administrativa ha establecido exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros incumpliendo normas y/o principios de simplificación administrativa en perjuicio de los administrados; así como también, restringiendo u obstaculizando la presencia de los agentes económicos en el mercado a través de exigencias ilegales y/o carentes de razonabilidad. Este escenario ha generado que, la informalidad sea vista como una opción válida en desmedro del desarrollo económico y social del Perú. En este contexto, el Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas, llevado a cabo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, toma un papel protagónico en la prevención y eliminación de barreras burocráticas, ya que ha permitido declarar la inaplicación de aquellas barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad en base a lo establecido en la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas - aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1256. Una muestra de la efectividad del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas es el Ranking de Barreras Burocráticas elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi desde el año 2016. En efecto, solo en el año 2017, el referido Ranking de Barreras Burocráticas1 informó que se eliminaron 3 288 barreras burocráticas a nivel nacional, lo cual significó un ahorro ascendente a más de S/ 570 millones de soles a la ciudadanía. Ello, es una muestra de la trascendencia del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas - a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas. Sin embargo, a pesar de la efectividad del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas, aún está pendiente el debate con relación a la Naturaleza Jurídica del mismo; así como también, respecto a los efectos jurídicos que este produce. Es debido a ello que, el objetivo del presente trabajo radica en dilucidar la Naturaleza Jurídica del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas. Para ello, como punto de partida, se realizará el análisis de los tipos de procedimientos administrativos: (i) procedimiento general y (ii) procedimientos especiales: trilateral y sancionador. Posteriormente, se evaluarán las características del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas a la luz de la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas - aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1256 - para con ello determinar qué tipo de procedimiento es.

El presente trabajo tiene por finalidad determinar los efectos de la modificación del Artículo 108.f del Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre la interpretación de la idoneidad del servicio de transporte aéreo respecto a la aplicación de los remedios establecidos en la Decisión 619 de la Comunidad Andina de Naciones, aplicables a los casos de retrasos, cancelaciones y sobreventa. En el mismo, se puede identificar la naturaleza subsanatoria de los remedios establecidos en la normativa aeronáutica, que configurarán garantías legales para los consumidores, así como la importancia del pronunciamiento del legislador que da fin a la controversia interpretativa sobre los efectos de la aplicación de dichos remedios sobre la idoneidad del servicio de transporte aéreo, configurándose un eximente de responsabilidad que permite a los administrados llegar a soluciones sin la necesidad de la intervención del INDECOPI. Lo anterior, implica beneficios para los administrados, ya que genera celeridad y ahorro de costos tanto para consumidores y proveedores, como para el propio Estado, y, a su vez, un incentivo para los proveedores de transporte aéreo de cumplir con los remedios establecidos en la normativa aeronáutica. No obstante lo anterior, será de especial relevancia que los órganos resolutivos del INDECOPI mantengan la prevalencia del principio “pro consumidor” al momento de analizar las denuncias donde se argumente subsanación, para evitar rechazos liminares que injustamente dejen desprotegidos a los usuarios.

El objetivo general de este trabajo es abordar las categorías típicas del trato diferenciado ilícito y la discriminación en el consumo, a partir de la interpretación efectuada en el tiempo sobre las mismas, por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual; a fin de evidenciar las posibles consecuencias sobre consumidores y proveedores, que se desprenden de considerar a las señaladas figuras típicas como una sola: la discriminación en el consumo, sujeta a gradualidad. Para dicho fin, hemos empleado un método exegético y analítico de las normas que protegen el derecho a la igualdad y la interdicción de la discriminación en el ordenamiento constitucional y legal; para luego, a través del análisis de la jurisprudencia relevante, concluir que el actual criterio de la Sala que sostiene la unidad del tipo sancionador (discriminación en el consumo) no incide negativamente en la tutela de los consumidores, pero puede tener una particular repercusión negativa sobre el derecho a la buena reputación de los proveedores

La discriminación en el consumo es un supuesto que, a pesar de los esfuerzos de la administración pública para erradicarla, se mantiene vigente en nuestra sociedad, por lo que es necesario que los operadores jurídicos determinen criterios adecuados que permitan fortalecer las instituciones jurídicas con las que contamos en materia de protección y defensa del consumidor. En ese sentido, en el presente artículo se realiza una crítica al análisis que sustenta el cambio de criterio que ha tenido la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, respecto a la eliminación del supuesto de trato diferenciado ilícito, explicando como este podría implicar una serie de consecuencias negativas para los consumidores e, incluso, para los proveedores. Finalmente, se propone una modificación al artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor como alternativa de solución al problema suscitado.