El Estatuto de Roma, en vigor desde el 01 de julio del 2002, es el instrumento que prevé la creación de una Corte Penal Internacional, ante la necesidad de juzgar a quienes cometen delitos contra la comunidad internacional. El Estado peruano al ratificar este instrumento internacional se obligó a adecuar su legislación interna de acuerdo a estas normas internacionales, por ello el Congreso de la República mediante Ley Nº 27837 creó una comisión especial revisora del Código Penal encargada de revisar entre otras cosas, la adecuación a los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Esta comisión concluyó la propuesta de adecuación de la legislación nacional al Estatuto, la cual dio mérito al proyecto de Ley Nº 14659/2005-CR que a su vez se recogió en el proyecto de Ley Nº 1707/2007/CR. A pesar de la importancia de este proyecto, consideramos que éste contiene errores sustanciales en la tipificación de los delitos que contradice lo estipulado en el Estatuto de Roma, en especial en los delitos de lesa humanidad; asimismo es posible mejorar el proyecto al incluir normas que hagan factible la materialización de la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de estos delitos, así como la aplicación del principio aut dedere et aut iudicare y la mejora de la tipificación del delito de genocidio y su instigación. Por otro lado, respecto a los delitos contra el DIH es necesario incluir definiciones del DIH que faciliten su aplicación e interpretación. El proyecto de ley fue presentado en el 2006, sin embargo hasta la actualidad el Parlamento ha postergado su revisión pues al ratificar el estatuto los estados trasladan la competencia a la Corte Penal Internacional, de un modo subsidiario, para juzgar a sus ciudadanos o a extranjeros y con ello se vulneraría la soberanía jurisdiccional del Estado. No obstante esta idea es errada, pues contrariamente a lo que piensan algunos de nuestros parlamentarios, la implementación en lugar de violar la soberanía peruana, la reforzaría y fortalecería la competencia de nuestros jueces para juzgar este tipo de delitos, recordando siempre el principio de subsidiariedad de la Corte. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

En el presente artículo, el autor se remonta a los orígenes jurídicos del capital del riesgo, una figura que en la actualidad va cobrando protagonismo como un medio de financiamiento, que, a pesar de conllevar un elevado riesgo, en función de ello, es capaz de proveer de un alto rendimiento, en una plazo determinado con la finalidad de que, con los previamente obtenido, se repita dicha operación de inversión. Finalmente, el autor asimila la figura del capital del riesgo al caso peruano, particularmente al ámbito de la minería, dados los elevados recursos que posee el Perú en este sector.

El presente estudio cuyo objetivo se centrará en determinar si es conveniente la regulación de esta institución jurídica, respetando los principios y fuentes del Derecho vigentes en nuestro sistema jurídico, tomando en cuenta lo desarrollado por la doctrina y normativa internacional. El desarrollo de la presente tesis tuvo como base, analizar el desarrollo del fraude a la ley en diversas relaciones jurídicas de índole internacional privada, siendo una figura jurídica no regulada, pero que se encuentran operativa en nuestra economía social de mercado, comprobando de esta manera la funcionabilidad de una posible regulación, siendo más precisos se estudiará la necesidad de una adecuada regulación del fraude a la ley, no limitando su utilización, si no a fin de fomentar su implementación. Asimismo, se planteará una propuesta legislativa, ya formulada por la Doctora Delia Revoredo, formulando su adhesión en el libro X del Código de 1984 respecto al derecho internacional privado, considerando de esta manera que es perfectamente viable la regulación. / Tesis

Tesis

Los mares y océanos se han convertido en el escenario de una tensión permanente entre la libertad de pesca y la conservación de los recursos pesqueros en la alta mar. Esta tensión se ve reflejada en la multiplicación de incidentes, el desarrollo normativo y la práctica de tribunales como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuya jurisprudencia gira, casi exclusivamente, en torno al apresamiento de buques pesqueros que estaban realizando actividades de pesca en zonas de la alta mar adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados ribereños. / Tesis

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La Comunidad o Sociedad Internacional está próxima a presenciar un evento sin precedentes: los Estados insulares del Pacífico Sur perderían sus respectivos territorios por la inundación marítima del que serían víctimas. Uno de los tantos efectos del cambio climático es el continuo crecimiento de los niveles del mar, motivado por la desglaciación que padece nuestro planeta. Debido a que los territorios de los referidos Estados insulares carecen de la suficiente altitud que evite su inmersión total en el mar, perderían la condición de espacios geográficos habitables. Por ende, al no estar presente uno de los cuatro elementos constitutivos del Estado que exige el Derecho Internacional—el territorio, en el presente caso—, los Estados insulares se extinguirían. En tal sentido, la población de cada uno de esos Estados se va a ver obligada a migrar a otros territorios. Al respecto, un grave problema se suscita. El vínculo jurídico que une a los individuos con los Estados es la nacionalidad. Empero, si los Estados insulares desapareciesen, no existiría tal vínculo, por lo que las poblaciones se hallarían en la condición de no-nacionales de ningún Estado. Por lo antes expuesto, se requiere investigar cuál es el estatuto jurídico que les correspondería a dichas poblaciones. Nuestra hipótesis de trabajo es que encuadrarían dentro de la definición recogida en el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954). Ello nos permite afirmar que configurarían como apátridas de iure. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)