En el sector privado, es escasa la utilización de la puesta a disposición del cargo como supuesto de la extinción laboral. La utilización de dicha figura se torna compleja en la realidad, ante normativa insuficiente y pronunciamientos judiciales dispersos y escasos. Sin embargo, los casos en los que se desenvuelve esta discusión representan oportunidades relevantes para abrir la discusión acerca de las características entorno a su aplicación, partiendo desde su equiparación, a nivel normativo con la renuncia, el cuestionamiento acerca de la falta de plazo estipulada para la aceptación por parte del empleador y la incidencia de los principios del derecho laboral. El caso que se desarrollará en el presente informe jurídico nos permite cuestionar la falta de regulación de la figura en cuestión y adentrarnos en un análisis del caos concreto, en el que un trabajador pone a disposición su cargo, siendo este aceptado cuatro (4) meses después, dando como consecuencia la extinción de la relación laboral. Respecto al plazo, nos permitirá analizar la aplicación de los principios de razonabilidad y continuidad de la relación laboral, en sintonía con la propuesta del plazo planteada. Finalmente, se hará referencia a jurisprudencia, doctrina y normativa especializada, que nos permitirá brindar respuesta a las preguntas planteadas. / In the private sector, there is little use of the termination of employment as an assumption of termination of employment. However, the cases in which this discussion takes place represent relevant opportunities to open the discussion about the characteristics surrounding its application, starting from its equivalence, at a regulatory level with resignation, and the questioning of the lack of a stipulated term for acceptance by the employer. The case that will be developed in this legal report allows us to question the lack of regulation of the figure in question and enter into an analysis of the concrete chaos, in which a worker makes his position available, being this accepted four (4) months later, resulting in the termination of the employment relationship. Finally, reference will be made to jurisprudence, doctrine and specialized regulations, which will allow us to provide answers to the questions raised.

Estudio sobre el Estado social con el objeto de interpretar la afirmación que contiene la Constitución acerca de que el Perú es una república democrática y “social”.

El presente trabajo de investigación tiene como objeto analizar los problemas que se han venido generando en los últimos años respecto a las medidas ejecutivas de embargo sobre bienes y/o derechos que se encuentran bajo el dominio fiduciario. Por medio del análisis de conceptos y argumentos que han venido utilizando los jueces al momento de resolver estos requerimientos, se espera que sea posible demostrar que no es posible aplicar la persecutoriedad laboral sobre un patrimonio fideicometido cuyo objeto es garantizar una obligación, conforme a lo señalado en el artículo 274° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante, la “Ley de Bancos”)1, siempre y cuando hayan cumplido con todo lo requerido por la mencionada norma.

El proyecto de innovación intenta brindar una solución al problema inicialmente planteado “Deficiente proceso de pase a la situación de retiro por renovación de cuadros de oficiales de la Policía Nacional del Perú”. El desarrollo del proyecto de innovación ha seguido las etapas y pasos precisados en la guía de elaboración, proporcionada por la Pontificia Universidad Católica del Perú; se procedió a la identificación de las causas del problema: Inadecuado procedimiento de pase a la situación de retiro por renovación de cuadros del personal policial; Deficiente sustento legal de pase a la situación de retiro por renovación de cuadros del personal policial; y, la Injerencia política en el pase a la situación de retiro por renovación de cuadros del personal policial durante los años 2017 y 2018; se jerarquizó por la de mayor impacto en el problema. Este fue reformulado como el personal de la Policía Nacional requiere de un eficiente sustento legal de pase a la situación de retiro por renovación de cuadros; porque, se vulneran los derechos del personal y se crea un clima de inseguridad laboral, generando un bajo rendimiento y resquebrajamiento de la disciplina policial; y el desafío de innovación se estableció: ¿Cómo podemos mejorar el deficiente sustento legal de pase a la situación de retiro por renovación de cuadros del personal policial; para no vulnerar los derechos del personal, crear un clima de inseguridad laboral y generar un bajo rendimiento y resquebrajamiento de la disciplina policial; en la Policía Nacional? La propuesta de valor redefinida ha sido la de “Mejorar el proceso de pase a la situación de retiro por renovación de cuadros del personal policial; para no vulnerar sus derechos al trabajo y desarrollo profesional, eliminar el clima de inseguridad laboral, bajo rendimiento y resquebrajamiento de la disciplina en la Policía Nacional”. El prototipo de innovación aporta la elaboración de una norma legal que determine expresa y tácitamente las causales de hecho y derecho para la evaluación en el proceso de renovación de cuadros, con respeto a las normas nacionales e internacionales que regulan el derecho al empleo y norman el despido arbitrario; así como, la eliminación de la injerencia política e este proceso; luego de validar el prototipo con expertos y efectuar los cambios; se estableció la deseabilidad, factibilidad y viabilidad del proyecto. / The innovation project attempts to provide a solution to the problem initially raised "Deficient process of transition to retirement due to renewal of officers of the National Police of Peru." The development of the innovation project has followed the stages and steps specified in the development guide, provided by the Pontificia Universidad Católica del Perú; The causes of the problem were identified: Inadequate procedure for transfer to retirement due to renewal of police personnel cadres; Poor legal support to move to retirement due to renewal of police personnel cadres; and, the political interference in the transition to the retirement situation due to the renewal of police personnel cadres during the years 2017 and 2018; it was ranked by the one with the greatest impact on the problem. This was reformulated as the personnel of the National Police requires an efficient legal support to pass to the retirement situation due to the renewal of cadres; Because, the rights of personnel are violated and a climate of job insecurity is created, generating low performance and a breakdown in police discipline; and the innovation challenge was established: How can we improve the deficient legal support from the retirement situation due to the renewal of police personnel cadres; not to violate the rights of the staff, create a climate of job insecurity and generate poor performance and a breakdown of police discipline; in the National Police? The redefined value proposition has been to “Improve the process of moving to retirement due to the renewal of police personnel cadres; so as not to violate their rights to work and professional development, to eliminate the climate of job insecurity, low performance and a breakdown of discipline in the National Police”. The innovation prototype provides the development of a legal norm that expressly and tacitly determines the causes of fact and law for the evaluation in the process of renewal of staff, with respect to the national and international norms that regulate the right to employment and regulate the arbitrary dismissal; as well as, the elimination of political interference in this process; after validating the prototype with experts and making the changes; the desirability, feasibility, and viability of the project were established.

La jornada acumulativa, ha sido reconocida genéricamente en el Convenio N° 1 de la Organización Internacional de Trabajo (en adelante OIT), emitido en 1919, cuando se refiere al trabajo por equipos. En el Perú, tiene regulación expresa a partir de la Constitución de 1993, en la cual se reconoce la facultad de aplicar la jornada acumulativa o atípica, siempre que se respete la jornada máxima de 8 horas diarias ó 48 horas semanales, sin embargo, ni en la Constitución ni en la normativa de inferior jerarquía se realizó un mayor desarrollo, que determinara cuales son los límites de su aplicación. Esta falta de regulación, generó que se afectaran algunos derechos de los trabajadores que cumplían este tipo de jornada, quienes acudieron al Tribunal Constitucional, vía acción de amparo, para requerir la protección de sus derechos fundamentales laborales. Este Tribunal, si bien se pronunció sobre la afectación de los referidos derechos, lo hizo desde el punto de vista de las condiciones en que realizan sus labores los trabajadores mineros, sin adoptar un posición concreta respecto a las consecuencias que genera el aplicar la jornada acumulativa sin límites, específicamente en cuanto a la jornada diaria, a la jornada extraordinaria y al régimen o período de trabajo. No existe una normativa adecuada o una posición jurisprudencial clara y genérica, que permita definir los límites concretos de la aplicación de la jornada acumulativa, dando lugar a que un trabajador pueda realizar una jornada laboral diaria de hasta 12 horas. Esto, unido a que la legislación no establece un límite cuantitativo para las horas extras y que no existe un límite al régimen o período acumulativo (días de trabajo y descanso), genera la posibilidad de afectar no sólo los derechos fundamentales como el derecho a la salud, al descanso y al tiempo libre del trabajador sino también su dignidad como persona, al no permitirle que goce de un “trabajo decente” conforme lo establece la OIT.

La tesis que presentamos tiene como objetivo encontrar una definición operativa que acompañe al concepto Trabajo Decente y que permita su materialización en el terreno fáctico, destacándose así la importancia y necesidad de estudiar dicha figura como parte indisoluble de los derechos laborales y respuesta a la globalización, a partir de su dimensión social. Como procedimiento para poder abordar dicha definición operativa hemos considerado necesario analizar primero los fundamentos del Trabajo Decente, partiendo de una visión tridimensional del concepto, que ha representado el reconocimiento de los aspectos ético, económico y jurídico, pero a la vez, brindando mayor preponderancia al primero de ellos. En efecto, consideramos que el concepto Trabajo Decente posee un contenido esencialmente ético y su valor reposa necesariamente en principios que resaltan dicho aspecto, por lo que para demostrar dicha vinculación nos hemos valido de la teoría de las capacidades de Amartya Sen. Asimismo, hemos repasado las diversas nociones que se han formado acerca del Trabajo Decente desde su primera alusión en 1999 pasando por las diversas posturas que la doctrina ha adoptado sobre él hasta la actualidad, demostrándose así una línea evolutiva de su desarrollo que se ha ido apartando de la inicial y -a nuestro entender-reducida visión que lo encuadraba únicamente en torno a la convergencia de los cuatro objetivos estratégicos de la Organización Internacional del Trabajo y lo ha ido acercando a una visión más pluridimensional que resalta su contenido ético, reposado sobre la dignidad del trabajador como ser humano. Acercándonos a la parte final de la investigación, presentamos una serie de indicadores que coadyuvan a la medición de los niveles de decencia de un trabajo, identificándose con ellos la existencia de cinco posibles estadios que van desde la indecencia absoluta hasta la identificación del trabajo decente, lo que nos permite llegar a la construcción de una definición operativa de dicho concepto que presentamos como contribución al estudio de este concepto.

Uno de los grupos sociales más vulnerables en el Perú es aquel conformado por las personas con discapacidad. Los miembros de este grupo se han visto tradicionalmente afectados por una serie de barreras que restringen o impiden sus posibilidades de ejercer sus derechos y libertades en condiciones de igualdad. Desafortunadamente, el acceso al empleo no es la excepción. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) (2013) se registra una tasa de desempleo algo más de tres veces mayor entre las personas con discapacidad (12,1%) que entre el resto de la población en el país (3,7%) (MTPE 2013: 28). Referirnos a las personas con discapacidad en general puede motivar distintas ideas sobre quiénes son estas personas, ya que la discapacidad es un vocablo que ha tenido diversos significados a lo largo del tiempo. Más aún, no han sido pocos los momentos en que este vocablo aludía a un problema de las personas con una deficiencia física, mental o cognitiva. Pero esta situación ha cambiado paulatinamente. La discapacidad es entendida hoy como una situación social que surge cuando una persona con una deficiencia física, mental o cognitiva interactúa en la sociedad y se topa con barreras de diversa índole que le impiden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de personas (Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 2005: 51).

El presente trabajo, analiza la problemática de las empresas públicas y en específico el de la Empresa Nacional de la Coca - ENACO S.A., respecto al incumplimiento de la normativa laboral en los 10 últimos años, y las consecuencias económicas que esto conlleva, generando así riesgos financieros legales laborales que han venido afectando la economía de la empresa, la misma que se ha visto reflejada en los estados financieros durante dicho periodo. Esto, aunado a la deficiente administración ya sea por i) factores políticos al estar dirigidas por el ejecutivo, ii) factores legales, al ser sometidas al marco regulatorio engorrosos comunes a las entidades públicas, o iii) factor humano, al determinar los cargos de confianza y de dirección sin meritocracia, y que no siempre están alineados a los objetivos y finalidades que la empresa y el país necesita, es por ello que tampoco asumen costos o ineficiencias directas por sus acciones. Es en este contexto, que consideramos necesaria la implementación de un sistema para la gestión de riesgos financieros denominado “compliance” o programa de cumplimiento en materia laboral que permitirá mitigar, prevenir y gestionar los riesgos financieros legales laborales, pero además afianzar las buenas prácticas empresariales reduciendo o eliminando los perjuicios económicos derivados de incumplimiento normativo laboral y fortaleciendo la reputación de las empresas públicas, al haber demostrado ser una herramienta de autorregulación eficiente y eficaz frente al incumplimiento normativo, permitiendo también, que se pueda evitar accionar por responsabilidad civil, administrativa y penal contra los funcionarios y directivos.

La contratación temporal es uno de los sistemas de contratación laboral más utilizados por los empleadores en el Perú. Sin embargo, para validar su uso, se debe cumplir con los requisitos de la normativa vigente y con los principios de causalidad y temporalidad. Dicha exigencia es aún más estricta cuando se utiliza el artículo 82° del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Asimismo, es común que los empleadores no renueven los contratos de trabajadores temporales afiliados a organizaciones sindicales, a veces por motivos prohibidos y en otras por razones objetivas y válidas. El presente Informe Jurídico tiene como objetivo analizar la naturaleza, características y parámetros de uso del sistema de contratación temporal, especialmente en la modalidad de temporada y en el supuesto del artículo 82°. Asimismo, busca examinar el derecho a la libertad sindical y si la no renovación de un contrato temporal de un trabajador afiliado a un sindicato es una práctica antisindical. Este análisis se realiza en base a la Casación Laboral N° 11839- 2017 LIMA, la cual concluyó que el empleador utilizó inapropiadamente el artículo 82° para una contratación temporal, así como de la jurisprudencia y doctrina relevante. Como resultado del análisis, se concluye que, en este caso, el empleador no utilizó adecuadamente el sistema de contratación temporal, tanto en el supuesto del artículo 82° como en la modalidad de temporada. Además, se identificó indicios de que la decisión de no renovar el contrato temporal del demandante se debió a su afiliación sindical. / Fixed-term agreements are among the most common labor hiring systems used by employers in Peru. However, to validate their use, they must comply with the requirements of the current regulations and adhere to the principles of causality and temporality. This requirement is even stricter when applying the article 82 of the TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. It is also common for employers not to renew the agreements of fixed-term employees affiliated with labor unions, sometimes for prohibited reasons and sometimes for objective and valid reasons. The purpose of this legal report is to analyze the nature, characteristics, and parameters of the fixed-term hiring system, especially in the seasonal modality and in the context of the article 82. It also seeks to examine the right to freedom of association and whether the non-renewal of a fixed-term agreement for an employee affiliated with a union constitutes an anti-union practice. This analysis is based on Casación Laboral No. 11839-2017 LIMA, which concluded that the employer used inappropriately the article 82 for celebrate a fixed-term agreement, as well as relevant jurisprudence and doctrine. As a result of the analysis, it is concluded that, in this case, the employer did not use adequately the fixed-term hiring system, both in the context of Article 82 and the seasonal modality. Additionally, there was evidence that the decision not to renew the plaintiff's fixed-term agreement was due to his union membership.

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar a la condición resolutoria, institución jurídica propia del Derecho Civil, como mecanismo válido de extinción de una relación laboral. Nuestro primer análisis se centrara en determinar sus características principales y naturaleza desde la óptica de Derecho Civil. Luego, abordaremos las consecuencias de su aplicación en el Derecho Laboral y la necesidad de regular su utilización a razón de la aplicación abusiva que se podría realizar de esta figura. Por último, se propondrá diversos requisitos que harían válida la aplicación de la condición resolutoria. Dentro de estos requisitos tenemos los siguientes: i) brindar información idónea al trabajador, ii) causa consignada de manera expresa y clara, iii) causa guarde relación directa con el contrato de trabajo, iv) condición resolutoria casual, v) riesgo en la continuidad del negocio o necesidad empresarial razonable, vi) no constituya abuso de derecho, ni sea contraria a las leyes, orden público y buenas costumbres y vii) la aplicación de la condición debe ser denunciada por alguna de las partes para que se extinga la relación laboral. Es así que estos requisitos buscan proteger el consentimiento y conocimiento del trabajador, así como garantizar la razonabilidad de la aplicación de la condición resolutoria para terminar el vínculo laboral / Trabajo académico