La presente investigación tiene por objetivo plantear en el Perú, desde la dogmática, una nueva forma de entender a la acción subrogatoria, haciendo de esta una herramienta útil a los abogados, jueces y demás operadores jurídicos en su aplicación; asimismo, replantear la función que cumple la acción subrogatoria, a la cual usualmente se le atribuye una función conservativa; así también, analizar la forma en que los ordenamientos extranjeros de la familia romano-germánica han regulado esta institución y como ha sido empleada y desarrollada jurisprudencialmente; finalmente, determinar si en el Perú, es posible aplicar la institución de la acción subrogatoria en los procesos de otorgamiento de escritura pública. Esta investigación se justifica pues un adecuado entendimiento sobre la funcionalidad de la acción subrogatoria hace que esta institución jurídica pueda ser aplicada a supuestos más útiles en la práctica jurídica; son ejemplo de ello, precisamente, los procesos de otorgamiento de escritura pública cuando existen dos cadenas de transferencias no formalizadas, en las que el demandante se encuentra a un extremo de la cadena y el propietario registral en el otro extremo de la misma. Urge por ello una nueva forma de entender a la acción subrogatoria, a efectos de dotarle de mayor “vitalidad” y que no se quede como una reliquia jurídica como sucede con otras instituciones jurídicas como la gestión de negocios ajenos e incluso, como la acción de enriquecimiento sin causa. Asimismo, cabe destacar que en doctrina nacional no existe bibliografía alguna que ofrezca un desarrollo profundo y serio sobre la materia, por lo que esta tesis pretende ser el primer trabajo de investigación sobre esta institución jurídica. La conclusión a la que se ha llegado, estamos convencidos, tendrá un impacto tanto en el formante doctrinario, como en el legislativo y jurisprudencial.

El presente informe jurídico analiza distintos aspectos relacionados al derecho probatorio en materia civil, algunos de los cuales son aún materia de controversia tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional. Tales como la prueba de oficio, la prueba pericial, medios de prueba en otro proceso, la valoración de los medios de pruebas y estándares probatorios. Asimismo, aborda los límites a las facultades de la Corte Suprema relacionados con el derecho a la debida motivación. Este análisis se contextualiza dentro de un recurso de casación, cuyo proceso se origina con la demanda interpuesta por Petroperú S.A., sobre obligación de dar suma de dinero, contra Altantic Corporation S.A. / The present legal report examines various aspects relating to the law of evidence in civil matters, some of which are still controversial in both legal doctrine and national jurisprudence. Such as ex officio evidence, expert evidence, evidence in other proceedings, among others. It also generally addresses the limits to the powers of the Supreme Court. This analysis is contextualized within an appeal of cassation, whose process originates with the lawsuit filed by Petroperú S.A., on the obligation to pay sum of money, against Altantic Corporation S.A.

Este informe de investigación analiza la aplicación de intereses moratorios en los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría. En específico, se examina el escenario donde se realizar una modificación posterior del importe del impuesto a la renta anual que se utilizó para computar los mencionados pagos a cuenta de determinado ejercicio. Así, se busca dar respuesta a esta controversia de importante envergadura en los últimos años, que ha sido objeto de diversos pronunciamientos disímiles a nivel administrativo y judicial. No existiendo, en el momento de la emisión de la resolución analizada, una disposición expresa aplicable en estos supuestos, se examina la naturaleza y objeto de los intereses moratorios en el derecho tributario; del mismo modo, de los pagos a cuenta. Siendo ello así, se aplica los métodos de interpretación teleológico y sistemático de las disposiciones que contienen normas legales sobre dichas obligaciones (e.g. de aplicar intereses moratorios ante un pago no oportuno y el de pagar los importes por concepto de pagos a cuenta), del mismo modo, las provisiones normativas sobre la autodeterminación mediante declaraciones tributarias original y rectificatorios. A partir de lo expuesto, se concluye en un sentido opuesto al criterio definido por el Tribunal Fiscal en la resolución revisada, en el sentido que NO corresponde el pago de intereses moratorios en los pagos a cuenta, de ocurrir una modificación ulterior del importe correspondiente al impuesto a la renta anual que fue utilizado para calcularlos.

El presente Informe tiene como finalidad abordar la sentencia del Tribunal Constitucional mediante la que se declaró fundada la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República contra el Poder Judicial, por el presunto menoscabo de atribuciones exclusivas. Para estos efectos, se analizan tres procesos de amparo en cuyos pronunciamientos judiciales se fundamentó el petitorio competencial: en primer lugar, el expediente N°03898-2022-0-1801- JR-DC-03 mediante el que se resolvió suspender el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo; en segundo lugar, el expediente N°00400- 2022-0-0401-JR-DC-01 mediante el que se dispuso el cese de denuncias constitucionales contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones; y, el expediente N°00893-2022-0-1801-JR-DC-02 mediante el que se declaró la nulidad del procedimiento normativo en el que se pretendía modificar la Ley Universitaria. El estudio se enfoca en identificar, primero, si en cada caso en concreto nos encontramos frente a una atribución tutelada por el proceso competencial (elemento subjetivo y objetivo) para posteriormente determinar si, no obstante tratarse de una atribución del Congreso, es susceptible de ser controlada judicialmente. Para ello se invocarán los artículos pertinentes de la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Reglamento del Congreso, el Nuevo Código Procesal Constitucional, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, así como la jurisprudencia constitucional que corresponda. Finalmente, expongo las razones por las cuales estoy de acuerdo con lo resuelto por el TC en el caso de la Defensoría del Pueblo, pero no en el caso del presidente del JNE y la SUNEDU. / The purpose of this Report is to address the ruling of the Constitutional Court declaring the competence claim filed by the Congress of the Republic against the Judicial Branch, for the alleged infringement of its exclusive powers, to be well founded. For this purpose, three amparo proceedings are analyzed in whose judicial pronouncements the competence petition was based: firstly, file N°03898- 2022-0-1801-JR-DC-03 whereby it was resolved to suspend the procedure for the appointment of the Ombudsman; secondly, file N°00400-2022-0-0401-JR DC-01 whereby it was ordered the cessation of constitutional complaints against the president of the National Jury of Elections; and, file N°00893-2022-0-1801- JR-DC-02 whereby it was declared the nullity of the normative procedure in which it was intended to modify the University Law. The study focuses on identifying, first, whether in each specific case we are faced with an attribution protected by the competence process (subjective and objective element) in order to subsequently determine whether, despite being an attribution of Congress, it is susceptible to judicial control. For this purpose, the pertinent articles of the Political Constitution of Peru, the Organic Law of the Ombudsman's Office, the Regulations of Congress, the New Constitutional Procedural Code, the Organic Law of the National Jury of Elections, as well as the corresponding constitutional jurisprudence will be invoked. Finally, I state the reasons why I agree with the TC's decision in the case of the Ombudsman's Office, but not in the case of the president of the JNE and SUNEDU.

En el presente año, se difundió la Casación N° 11823-2015, la cual estableció que las entidades financieras no podían cargar irrestrictamente las deudas de sus clientes sobre las remuneraciones depositadas en las cuentas sueldo que estos mantenían en la misma entidad. En virtud a ello, se manifestaron quienes respaldaban la compensación irrestricta a las remuneraciones y quienes estaban en contra de la misma. Por ello, urgía analizar los diversos pronunciamientos emitidos por la autoridad nacional de consumo que recogían dichas posiciones. La conclusión de aquello fue que el INDECOPI, al resolver las denuncias de los consumidores sobre compensaciones, ha interpretado erróneamente las normas que regulan dicha figura, vulnerando la garantía legal que protege a los consumidores financieros. La autoridad de consumo debió comprender que el inciso 11) del artículo 132° de la Ley del Sistema Financiero, que faculta a las entidades financieras a efectuar la compensación con los activos de sus usuarios, contiene expresiones que no se definen en dicho cuerpo normativo, por lo que resultaba necesaria la remisión al inciso 9) del artículo 1290° del Código Civil. Asimismo, a fin de comprender la prohibición establecida en el Código Civil, debía remitirse al artículo 648° del Código Procesal Civil, el cual detalla los límites a la compensación, entre ellas, que solo son compensables las remuneraciones hasta la tercera parte por el exceso de 5 URP de estas. En suma, en lo que concierne a los descuentos sobre las remuneraciones con sumas adeudadas por el trabajador a una entidad financiera, sólo serán constitucionalmente válidos los descuentos previstos en la ley y los aceptados por escrito por el trabajador que no impliquen una retención o descuento mayor a la tercera parte por el exceso de 5 URP sobre sus remuneraciones.

La primera sección del presente trabajo presenta un desarrollo de la regulación de las conductas de abuso de posición de dominio en el Perú. Para ello, en primer lugar, es necesario desarrollar cuáles son sus fundamentos pues toda política económica, como es el caso de dicha regulación, se sustenta en una teoría económica. Repasando los primeros trabajos sobre el particular, damos con que esta teoría se sustenta en dos modelos de mercado en equilibrio, los cuales se estudian a partir del paradigma Estructura – Conducta – Desempeño: el modelo de competencia perfecta y el modelo de monopolio.

El presente trabajo de investigación analiza los problemas subyacentes a la contratación pública, la cual está directamente relacionada con el crecimiento y el desarrollo de un país. Por tal motivo, se propone un cambio de perspectiva respecto al principal problema de la contratación pública: el bajo nivel de competencia; en consecuencia, partimos de la premisa que, superando dicho problema, es posible superar aquellos problemas vinculados, tales como la corrupción o la sobrevaloración de precios. Para tal fin, se parte por describir lo que debemos entender por competencia y cómo es que la contratación pública ha sido abordada por organismos supranacionales (OMC, CNUDMI, OCDE) y específicamente, cómo es que es regulada en los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). En segundo lugar, se debate sobre las propuestas de mejora del nivel de competencia en la contratación pública en el Perú, considerando que el vigente marco normativo viene sufriendo cambios periódicos. Finalmente, se propone mecanismos de mejora de los métodos de contratación utilizados actualmente, sea por sus buenos resultados en la experiencia internacional o sea porque ya han sido incorporados en otros marcos normativos en los que el Estado peruano participa (diálogo competitivo, selección en dos fases, etc.); esto, debido a que un mayor nivel de competencia en la contratación pública generará una contratación pública más eficiente, es decir, el Estado obtendrá mayor valor por el dinero público, mediante una mejor relación calidad-precio. / Trabajo de investigación

El Tribunal Constitucional peruano, mediante la Sentencia recaída en el Expediente N° 03525-2021-PA/TC, ha fijado un precedente constitucional vinculante que establece la suspensión de la aplicación de intereses moratorios. La sentencia, más que convencer sobre la primacía de ciertos valores y principios constitucionales sobre otros, lo que ha hecho es generar diversos cuestionamientos y problemas por responder. El presente Informe tratará de abarcar algunos de los problemas que se han generado a partir de la emisión de la sentencia: la equiparación del plazo razonable al plazo legal, y cómo se han visto comprometidos principios y valores constitucionales como la seguridad jurídica, el deber de contribuir, la capacidad contributiva, y el principio de solidaridad / The Peruvian Constitutional Court, through the Judgment handed down in File N° 03525-2021-PA/TC, has set a binding constitutional precedent that establishes the suspension of the application of moratorium interest. The sentence, more than convincing about the primacy of certain constitutional values and principles over others, what it has done is generate various questions and problems to be answered. This Report will try to cover some of the problems that have been generated from the issuance of the sentence: the equating of the reasonable term to the legal term, and how constitutional principles and values have been compromised such as legal certainty, the duty to contribute, the contributory capacity, and the principle of solidarity

La presente investigación se centra en identificar el rol de la denominada “cláusula de allanamiento a futuro” en el proceso de desalojo como técnica de sumarización insertada por la nueva regulación del artículo 594 del Código Procesal Civil dispuesta por la Ley 30201. También tiene el propósito de analizar su contraste con otras instituciones del derecho procesal como la acumulación procesal, el derecho de defensa y el derecho a la prueba. Para ello, se busca establecer las formas y características que la sumarización de procesos adopta sobre el derecho de contradicción en la doctrina y legislación comparadas, así como analizar la estructura del proceso de desalojo establecida por la Ley 30201 y su aplicación conforme a la judicatura de nuestro país. La línea de investigación a la que corresponde este trabajo es la establecida como “Tutela jurisdiccional diferenciada y procesos especiales” y el criterio para recoger y seleccionar la información es afín al método histórico –dogmático, con análisis de las instituciones procesales referidas a nivel doctrinario, de legislación comparada y de su aplicación por nuestra judicatura. Luego de finalizada la misma, se consigue comprobar que el texto establecido en el artículo 594 del Código Procesal Civil, refleja una falta de precisión por parte del legislador en cuanto a la sumariedad aplicada a través de la cláusula de allanamiento a futuro en los contratos de desalojo; asimismo, se ha encontrado que las interpretaciones del artículo 594 del Código Procesal Civil efectuadas por la judicatura otorgan a la referida cláusula de allanamiento a futuro es de distinta naturaleza jurídica, lo que repercute en la efectividad de la decisión final. / This investigation focuses on identifying the role that the rule 594 of the Peruvian Civil Procedure Code -that introduced since 2014 a so-called prospective submission clause for eviction- plays for summary remedies theory and to comprehend its application and influence onto other aspects of procedural law. To fulfill this goal, first we seek to establish the common specialists’ consensus regarding how summary remedies should be elborated, the basis and the accepted ways how fundamental rights, as the right of defense, can be legitimately affected when looking for efficiency; then, we analyze the new structure of the eviction procedure established since the 2014 amendment and the way how the judicial branch applies it in real cases. This work can be labeled as a research in "Differentiated judicial protection and special procedures" issues, and the criteria for collecting and selecting the information is akin to the historical-dogmatic method, with an analysis of procedural issues in specialists’ opinion, comparative law and judicial branch’s applying. Concluding this research, it is possible to assure that the new rule 594 of the Civil Procedure Code represents a regulation lacking of precision about how summary procedures principles should be applied; likewise, it has been found that there is an unclear interpretation of the submission clause for eviction by the judicial branch, which affects its efficiency.

El presente informe estudia dos (2) principales problemas jurídicos que se concentran en el laudo arbitral emitido en el caso N° 1274-047-2007, proceso promovido por la empresa D.C.R. Minería y Construcción S.A.C en contra de ARUNTANI S.A.C en el marco de un contrato de locación de servicios cuyo objeto era el transporte de minerales y residuos de una operación minera. En estricto, se analiza: (i) la configuración de la mora del acreedor en el entendido de que el tribunal arbitral consideró que la inobservancia injustificada del deber de colaboración constituye un incumplimiento contractual y (ii) el pronunciamiento del tribunal, en el marco del iura novit curia, sobre una materia que no fue demandada en el arbitraje. Al respecto, las conclusiones a las que arribaremos se presentan en el siguiente orden: (i) el tribunal confundió la aplicación de la mora del acreedor en el laudo que emitió y (ii) el tribunal arbitral aplicó indebidamente el iura novit curia al vulnerar el derecho de contradicción de ARUNTANI S.A.C, pues esta última no pudo pronunciarse sobre la materia que estudió y resolvió el colegiado arbitral.