El presente trabajo tiene como finalidad evidenciar que las licencias de maternidad y paternidad, tal y cómo se encuentran actualmente formuladas en nuestro ordenamiento, tienen una base en la visión tradicional de los roles de género asignándole principalmente a la madre trabajadora el cuidado del recién nacido, mientras que solo se establece una labor auxiliar en el caso del padre trabajador. La perpetuación de dicha ideología tiene efectos socioeconómicos y laborales concretos, no solo en cómo se nos enseña “funciona” una familia conforme a la ley, sino también, en el valor que se le asigna a determinado tipo de trabajador, pues la amplia diferencia en los plazos de licencia conlleva a un mayor “costo” en la contratación femenina, lo cual disuade a muchas empresas a contratar personal femenino por la potencialidad del embarazo así como se entiende que tienen una “carga adicional” (la familia). En ese sentido, en el presente trabajo formulamos que resulta necesario una modificación de las licencias parentales para evitar los efectos negativos actualmente existentes. / Trabajo académico

El presente trabajo realiza un análisis del proceso monitorio en el Perú a partir de su incorporación la Ley Nº 28457 y plantea su conveniencia en aplicarlo a otras materias a partir de dicha experiencia, como las propuestas en la reforma del proceso civil (2018), considerando que en tales procedimientos se presentarán cuando menos dos momentos de valoración probatoria por parte del juez, el primero al momento de admitir la demanda y el segundo, de haber mediado una debida notificación, al momento de resolver la oposición, oportunidad en que el juez deberá establecer la fundabilidad o, caso contrario, imponer la condena que contempla la figura, garantizándose así la adecuada tutela del justiciable y su contraparte, a quienes les asiste en todo momento el derecho a un debido proceso, escenario ideal sobre el cual podría representarse una justicia eficaz para casos de tutela individual. / This present work analyzes the process for small claims in Peru from the incorporation of Law No. 28457 and proposes its convenience in applying it to other matters based on that experience, such as those proposed in the reform of the civil process (2018), considering that in such procedures there will be at least two moments of evidentiary evaluation by the judge, the first when the application is admitted and the second, if due notification has been mediated, when the opposition is resolved, when the judge It must establish the foundability or, on the contrary, impose the sentence contemplated in the figure, thus guaranteeing the adequate protection of the defendant and his counterpart, who are assisted at all times by the right to due process, an ideal scenario on which an effective justice for other cases.

El presente trabajo busca determinar que el internamiento involuntario es lesivo para los derechos de las personas con discapacidad mental tal así que vulnera el derecho a la libertad personal, derecho a la salud y a la vida independiente, lo cual dista del objetivo terapéutico bajo el cual es implementado y que logra más bien, dificultar su inserción en la sociedad. Esto se ejemplifica a partir de numerosos casos que son abordados en la jurisprudencia nacional e internacional que demuestran que el internamiento sin consentimiento de la persona con discapacidad puede ocasionarle graves daños a su persona hasta causarle la muerte. En el Perú, se encuentra regulado bajo la casual de emergencia psiquiátrica, sin embargo, los casos que han sido desvelados en el fuero interno no cumplen con el parámetro, generando indicios de falsos positivos que los centros de salud aprueban a propósito y estarían operando fuera del marco de la ley. A partir de esto, se busca implementar medidas de acción alternativas que garanticen la efectividad de sus derechos con la óptica del modelo social impregnado en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y herramientas extralegales como son los apoyos comunitarios, la prohibición de el internamiento involuntario y el desarrollo de políticas públicas. / The present work seeks to determine that involuntary hospitalization is harmful to the rights of people with disabilities because it violates the right to personal freedom, right to health and independent life, which is different from the therapeutic objective for it is implemented. This is exemplified by the numerous cases in national and international jurisprudence that demonstrate that internment without consent of the person with disability can causes serious damage to own integrity or death. In Peru, it is regulated under the casualty of a psychiatric emergency, however, the cases that have been revealed in the internal forum do not comply with the parameter, generating indications of false positives that the health centers approve on purpose and would be operating. outside the framework of the law. In conclusion I propose to implement alternative action measures that guarantee the effectiveness of their rights under the social model of Convention on the Rights of persons with Disabilities as well as extralegal tools that help in their execution like help community, the prohibition of involuntary internment and politic publics

El Estado se constituye como el mayor cliente de bienes y servicios, tanto por sus volúmenes como por su periodicidad, motivo por el cual, para regular las condiciones de dichas operaciones comerciales, se gestióno un sistema administrativo especializado: contratación pública Ahora bien, dicho sistema ha sufrido distintos cambios en el tiempo, por lo tanto, hemos producido cambios positivos que han generado eficiencia, como otros cambios que resultan discutibles; sin embargo, es innegable señalar que esta especialidad se encuentra en constante desarrollo, siendo que los casos individuales como el presente nos permiten enriquecernos de manera práctica. En el presente informe analizaremos la ejecución del contrato N°010-2012-MIDIS-PRONAA (en adelante, el Contrato) que fuese suscrito entre el Consorcio de Alimentos S.A.C (en adelante, el Consorcio) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS (en adelante, el PRONAA). La controversia se suscita en un accidente automovilístico ocurrido al transporte de los bienes del Consorcio, en el que posteriormente los bienes son entregados a la Entidad, aceptados y posteriormente rechazados, lo cual permite analizar distintas figuras jurídicas como la ampliación de plazo, penalidades, resolución parcial y, finalmente un arbitraje. La perspectiva que buscamos presentar mediante el presente informe se da tanto por el lado del empresario, como por parte de la Entidad, pues en el ejercicio de sus obligaciones contractual ambos cometen errores, situación individual que puede mostrar un panorama general de las conductas de los actores de las contrataciones públicas.

El sector financiero de nuestro país se constituye como una de las industrias donde la relación comercial proveedor- consumidor es un de las más críticas en materia de protección al consumidor, ello es así debido a la complejidad de sus productos y servicios, la asimetría en la información, o la falta de educación financiera, que ponen en situación de desventaja a los consumidores. Por este motivo, el Estado ejerciendo su función protectora implementa normativa especializada que busca equilibrar esta relación, resguardando los derechos del consumidor. La complejidad de esta normativa constituye para las empresas de esta industria la configuración del riesgo legal que debe ser gestionado de manera oportuna y eficaz para así evitar contingencias que las impacten negativamente. Ello ha generado que las empresas de banca múltiple implementen programas preventivos de cumplimiento; sin embargo, las empresas de microfinanzas (parte importante de este sector) aun no desarrollan de manera eficaz este tipo de buenas prácticas. En función de ello, es que el objetivo principal del presente trabajo de investigación es determinar la viabilidad de la implementación de programas de cumplimiento especializados en materia de protección al consumidor en empresas del sector financiero, específicamente en empresas del ámbito de las microfinanzas (cajas municipales, financieras, etc.) con la finalidad de prevenir los riesgos legales de cumplimiento normativo y vulneración de derechos a clientes y usuarios de estas empresas del sector. Para ello se realiza el estudio de caso del Programa de Compliance de Protección al Consumidor del banco BBVA Perú, a fin de determinar si la implementación de estos programas en las empresas microfinancieras, constituye una herramienta eficaz y viable que disminuya el número de infracciones a las normas del Código de Protección al Consumidor, lo que se traducirá en relaciones de consumo más eficientes y transparentes.

El presente trabajo de investigación persigue la finalidad de proponer los aspectos principales cubiertos por un programa de cumplimiento de la regulación peruana de libre competencia. El estudio de los aspectos principales implica una revisión detallada de bibliografía especializada del ámbito jurídico, así como del campo académico de la gestión de negocios y de la ética empresarial. Así, primero se realiza una evaluación de los estándares internacionales para el marco general de los programas de cumplimiento. La guía ISO 19600 de Sistemas de Gestión de Cumplimiento, así como las publicaciones de la Society of Corporate Compliance and Ethics y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nos brindan un marco de referencia para entender qué es un programa de cumplimiento y cómo debe gestionarse. Asimismo, se hace una comparación de las propuestas chilena, brasilera y peruana de los aspectos principales de un programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia. Los aspectos clave para la implementación de un robusto programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia son bastante similares para las autoridades de Chile y Brasil. En Perú, las resoluciones 078- 2016/CLC-INDECOPI y 01 0-2017/CLC-INDECOPI nos dan un alcance de las expectativas de la autoridad peruana respecto a los programas de cumplimiento. Finalmente, se realiza un análisis de los alcances y limitaciones de un programa de cumplimiento de la regulación peruana de libre competencia. / Trabajo de investigación

Durante siglos la familia se centraba en los vínculos jurídicos derivados del matrimonio, pero ante los cambios sociales actuales se ha puesto en discusión la prevalencia entre los vínculos jurídicos y los vínculos biológicos, por ello, en países como Argentina, Chile, Ecuador y Colombia se han emitido sentencias que privilegian a la verdad biológica; mientras que en otros casos, en estos mismos países se ha rechazado la demanda porque se privilegió el estado de familia, la estabilidad emocional, la seguridad jurídica y afectiva del niño o la relación socioafectiva. Situación que al parecer se encuentra más definida en nuestro país, en donde a pesar de contar con normas legales muy restrictivas para el cuestionamiento de la paternidad; no obstante, nuestros jueces han optado por la defensa irrestricta del derecho a la verdad biológica, posición que no compartimos en la presente investigación, en donde consideramos que debemos partir de la función tuitiva reconocida en el Tercer Pleno Casatorio Civil para darle el enfoque humano que requiere el proceso judicial de cuestionamiento de la paternidad, por otro lado, señalamos que no hay un conflicto entre la verdad biológica con la filiación social, afectiva o de crianza, ya que ambos forman parte de un mismo derecho fundamental que es el derecho a la identidad. En tal sentido, el problema no puede solucionarse con la ponderación de alguno de los derechos, sino que se debe buscar la solución en base al interés superior del niño/a y adolescente, el cual nos obliga a escuchar/tomar en consideración la opinión de los niños/as y adolescentes para garantizar que ellos sean tratados como sujetos de derechos, además de analizar la posibilidad de que la búsqueda de la verdad biológica no conlleve la aplicación de todos los derechos inherentes a la patria potestad y que se pueda prolongar la obligación alimenticia hasta que el menor de edad encuentre a su padre biológico / For centuries, the family focused on the legal ties derived from marriage, but in the face of current social changes, the prevalence of legal ties and biological ties has been discussed, for which reason, in countries such as Argentina, Chile, Ecuador and Colombia, they have issued sentences that privilege biological truth; while in other cases, in these same countries the demand has been rejected because the family status, emotional stability, legal and affective security of the child or the socio-affective relationship were privileged. Situation that seems to be more defined in our country, where in spite of having very restrictive legal norms for the questioning of paternity; However, our judges have opted for the unrestricted defense of the right to biological truth, a position that we do not share in the present investigation, where we consider that we should start from the tuition function recognized in the Third Civil Casatory Plenary to give it the human focus that requires the judicial process of questioning paternity, on the other hand, we point out that there is no conflict between biological truth with social, affective or parenting affiliation, since both are part of the same fundamental right that is the right to identity. In this sense, the problem can not be solved with the weighting of any of the rights, but the solution must be sought based on the best interests of the child and adolescent, which forces us to listen / take into consideration the opinion of the children. children and adolescents to ensure that they are treated as subjects of rights, in addition to analyzing the possibility that the search for biological truth does not entail the application of all rights inherent to parental authority and that the maintenance obligation may be prolonged until the minor finds his biological father.

El presente trabajo tiene como finalidad evidenciar que las licencias de maternidad y paternidad, tal y cómo se encuentran actualmente formuladas en nuestro ordenamiento, tienen una base en la visión tradicional de los roles de género asignándole principalmente a la madre trabajadora el cuidado del recién nacido, mientras que solo se establece una labor auxiliar en el caso del padre trabajador. La perpetuación de dicha ideología tiene efectos socioeconómicos y laborales concretos, no solo en cómo se nos enseña “funciona” una familia conforme a la ley, sino también, en el valor que se le asigna a determinado tipo de trabajador, pues la amplia diferencia en los plazos de licencia conlleva a un mayor “costo” en la contratación femenina, lo cual disuade a muchas empresas a contratar personal femenino por la potencialidad del embarazo así como se entiende que tienen una “carga adicional” (la familia). En ese sentido, en el presente trabajo formulamos que resulta necesario una modificación de las licencias parentales para evitar los efectos negativos actualmente existentes.

El presente trabajo de investigación estudia la Junta de Resolución de Disputas (JRD) como un mecanismo alternativo para resolver controversias derivadas de contratos de obras públicas suscritos bajo la normativa de contratación estatal. Sobre el particular, se realiza un análisis a partir del estudio del contrato de obra y la problemática vinculada durante los proyectos de infraestructura pública, así como la naturaleza de la JRD establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las modificatorias realizadas a través del Decreto Supremo N° 250-2020-EF. De igual forma, se revisan las experiencias de países que han utilizado este mecanismo tales como Honduras, Chile, Brasil y Estados Unidos, y la implementación paulatina de la JRD en nuestro país. A partir de dicha revisión y los análisis obtenidos del desarrollo de la investigación, se concluye que si bien la JRD se presenta como una herramienta más eficaz dada la inclusión de profesional técnico para resolver estos conflictos, la implementación de este mecanismo en nuestro país viene dándose una forma muy pausada, razón por la cual y dependiendo de las necesidades y/o acuerdos a los que puedan arribar las partes, resulta necesario acudir al panel de expertos cuando se requiera una resolución a partir de un análisis técnico o la obra necesite una permanente asistencia. En ese sentido, resulta prioritario la promoción del uso de la JRD a través de un marco legislativo que resulte óptimo para las partes y cuya implementación sea factible a fin que los proyectos puedan ejecutarse en buenas condiciones.