Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Explica y argumenta, si es realmente importante mantener la potestad discrecional del juez y de ser así cuales son los criterio que deberá utilizar en el ejercicio de dicha potestad. Realiza un estudio preliminar, avocado a presentarnos conceptos generales referidos a la teoría de la prueba y el sistema procesal penal, antes de entrar en detalle al estudio de la prueba prohibida y sus diversas implicancias. Se desarrolla el concepto de prueba prohibida, a partir de las diversas posiciones sentadas por la doctrina, asumiendo una postura restrictiva de la misma, sosteniendo que estamos frente a prueba prohibida cuando ésta ha sido obtenida mediante la violación de derechos fundamentales y no de otro tipo de garantías ni de normas con rango de ley, delimitándose además la naturaleza jurídica y el fundamento de la prueba prohibida; desarrollándose además, el concepto de derechos fundamentales y del contenido esencial de los mismos, todo esto en el contexto de la prueba prohibida. Se desarrolla la doctrina referida a la prueba prohibida cuando ha sido directamente obtenida de la vulneración de derechos fundamentales y cuando ha sido obtenida por derivación de una prueba prohibida, desarrollándose las consecuencias jurídico-procesales generadas por la prueba prohibida, entre ellas fundamentalmente la exclusión de la prueba y asimismo las excepciones que a dicha exclusión la doctrina reconoce. Se analiza brevemente a la prueba prohibida en el sistema procesal penal peruano, verificando sus implicancias tanto desde la óptica de la Constitución Política de 1993 como de las normas propias del Código Procesal Penal del 2004, vigente en gran número de distritos judiciales del país, asimismo, se analiza el rol que debe cumplir el juez en los supuestos de prueba prohibida, centrándonos en la potestad discrecional que debe mantener dicho operador jurídico, para decidir en su oportunidad sobre la exclusión de prueba prohibida del acervo probatorio, utilizando como criterios delimitadores, el método de ponderación y el principio de proporcionalidad a fin de delimitar el contenido esencial de los derechos fundamentales, se ha desarrollado en forma complementaria un acercamiento a la legislación comparada y casuística referida al tema, en el cual se puede observar los diferentes tratamientos que le ha brindado la doctrina extranjera a la prueba prohibida así como los diversos pronunciamientos que sobre la materia han tenido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, se consignan las conclusiones y recomendaciones en la cual se propone de lege ferenda una modificación a las normas contenidas en el Código Procesal Penal del 2004. / Tesis

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente tesis tiene como objetivo hacer una revisión sucinta de los Movimientos Anarquistas a través de la historia y de tal forma relacionarlo con el Derecho Penal. ¿Existe algún punto de encuentro entre ambos términos? Esta pregunta pretende ser contestada analizando la historia del Movimiento a través de los siglos, y en los países que, a nuestro parecer, el Movimiento tuvo mayor trascendencia e importancia, así como los autores más destacados. En una sociedad que no está alejada de la comisión de ilícitos, ¿cuál va a ser la forma de sancionarlos en una sociedad que pregona los principios base del Anarquismo? ¿El catálogo de delitos va a ser el mismo por cual nuestra legislación se rige? Estas son sólo algunas de las interrogantes que este trabajo pretende responder. Por lo tanto, a través del análisis de los principios del Movimiento Anarquista y el Derecho Penal, nos permitirán determinar si existe algún punto conciliador entre dos términos que, en un primer momento, parecen incompatibles

El objeto del presente trabajo de investigación es emitir una propuesta de distinta de sistema penal integral, la cual considere que tanto la dogmática sustantiva como el proceso penal, al encontrarse dentro del mismo nivel, han de responder necesariamente a la función asignada al sistema que los engloba. Son los principios y reglas contenidos en el sistema penal quienes finalmente determinarán la función de los subsistemas derivados. Es preciso advertir que el estudio de la función del sistema penal tradicionalmente ha venido siendo abarcado por la dogmática sustantiva en las primeras enseñanzas de la parte general, aunque -como demostraremos- no es propiamente una parte exclusiva de la dogmática sustantiva. Todo lo contrario forma parte de una nueva categoría de estudio: el estudio autorreferencial del sistema penal. Asimismo, el referido sistema no se fundamenta en sí mismo, sino que presupone una fundamentación derivada de la norma básica de nuestro ordenamiento jurídico: la Constitución Política del Esta o, pues no se debe perder de vista que a su vez el sistema penal es un subsistema más del ordenamiento jurídico en general. Por ello, son los postulados que se encuentran en la Ley fundamental quienes le van a dar legitimidad y/o validez tanto al sistema penal como a las instituciones que lo conforman, razón por la cual es preciso partir de ellos para definir los contornos del sistema a estudiar.

El principio de legalidad penal juega un rol importante dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho. Es en el ámbito del derecho penal donde cobra mayor relevancia en la medida que el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, sobre todo el ejercicio de la libertad personal, depende, en cierta forma, del respeto del principio de legalidad penal, ya que éste implica que los ciudadanos tengan la posibilidad de conocer, previamente, los actos que constituyen delito y la sanción penal correspondiente. De esta manera, el principio de legalidad refuerza la seguridad jurídica en un Estado constitucional de derecho. La presente investigación postula la hipótesis que el principio de legalidad penal comprende el derecho internacional como el derecho interno, de modo que, ante un vacío, omisión o deficiencia en la legislación interna, los crímenes internacionales del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pueden aplicarse directamente. Se persigue como objetivo, entonces, determinar el alcance y contenido del principio de legalidad en el ámbito del derecho y la jurisdicción internacionales. Para lograr este objetivo, se utilizan las herramientas del método dogmático y el estudio y análisis de la bibliografía jurídica relacionada con el tema, recurriendo a la búsqueda y análisis comparativo de las normas internacionales sobre Derechos Humanos, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, vinculados con el principio de legalidad penal. Se arriba a la siguiente conclusión: desde la perspectiva del derecho internacional, el contenido del principio de legalidad penal está conformado no sólo por el derecho interno sino también por el derecho internacional, por lo que es viable aplicar directamente los crímenes internacionales previstos en el Estatuto de Roma frente a una legislación interna deficiente o que omite tipificarlos.

Como objeto del presente trabajo de investigación se establece el esclarecimiento de los conceptos de dolo e imprudencia, para poder delimitar que es una acción dolosa y que es una acción imprudente. Debido a la profusión de términos que han sido utilizados para la definición del dolo, la investigación es de carácter conceptual, es decir, trasciende nuestro ordenamiento positivo, puesto que, según se desprende de los artículos 11°, 12° y 14° de nuestro Código penal (que tiene como una de sus fuentes modélicas al Código penal alemán de 1975) el legislador ha optado por no definir lo que ha de entenderse por dolo y por imprudencia dejando esta labor a la doctrina y a la jurisprudencia. Sin embargo debemos señalar que está opción del legislador ha generado incongruencias a nivel jurisprudencial, en vista que se recurren a una diversidad de criterios para la delimitación de los comportamientos dolosos e imprudentes, basados unos fallos, en darles mayor preponderancia al elemento intelectivo y en otros al elemento volitivo, bajo las fórmulas propias de la teoría de la aprobación o del consentimiento. En el panorama de la doctrina nacional tampoco ha habido un desarrollo considerable sobre la cuestión. Los trabajos que hemos podido hallar tratan el problema de delimitación entre ambas categorías de manera indirecta a través de trabajos sobre la teoría del error, o sobre la imprudencia en donde si hay trabajos doctrinarios muy bien documentados y su elaboración conceptual es suficiente.

La persecución y sanción de crímenes internacionales enfrenta aparentemente una barrera en el Perú: el principio de legalidad. Dado que no están implementados (o no lo están debidamente) en el derecho interno, aplicarlos directamente desde el derecho penal internacional es para un nutrido sector de la doctrina, un imposible jurídico que solo podría solucionarse si antes se tipifican correctamente en el Código Penal o en una ley penal especial. Ello, a fin de garantizar el fiel cumplimiento del nullum crimen sine lege, en virtud del cual el Estado -se sostiene- sólo puede sancionar penalmente las conductas calificadas como delito antes de su comisión en una ley previa, estricta, escrita y clara. La presente investigación parte de la premisa que, al día de hoy, es insuficiente la respuesta que ofrece el principio de legalidad estricta y formal al momento de investigar y procesar hechos que califican como crímenes internacionales ocurridos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La impunidad generada en ciertos casos, los vacíos legales y el desconocimiento del real desvalor de dichas conductas lleva a la autora de este trabajo a optar por una salida que permita revertir este escenario y con ello, garantizar de manera idónea las obligaciones internacionales de investigar, perseguir y sancionar tales hechos, en conformidad con los principios constitucionales del derecho penal. Esta tesis propone, así, una interpretación alternativa del principio de legalidad que, primero, reivindique el fundamento material que lo legitima, según el cual la ley penal, antes de ser un mandato de autoridad, debe ser la válida expresión de una conducta merecedora de sanción penal solo en tanto salvaguarda de bienes jurídicos fundamentales, y segundo, que recoja el sentido que de este brinda el derecho internacional, cuyas fuentes -tratados, costumbres y principios- finalmente autorizan la prohibición de los crímenes internacionales y obligan a los Estados vinculados a sancionar estos actos, por encima, incluso, de su legislación interna. Esta nueva lectura habilita, por tanto, procesar los crímenes internacionales ocurridos en Perú, según la tipificación que recogen las fuentes de derecho penal internacional, conforme a un modelo de aplicación, aquí sugerido, para operadores del derecho.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Introducción La violencia de género (VG) y la violencia doméstica no de género (VD) son un grave problema de salud pública contra el que el sistema sanitario debe jugar un papel fundamental en la detección precoz, la asistencia a las víctimas y la colaboración con la gestión eficaz del conflicto y la salida de la violencia, donde la actuación médico-legal mediante la elaboración de los Partes de Lesiones (PL) cobra gran importancia. Objetivos Objetivo principal Determinar las características de los casos de violencia doméstica atendidos en un servicio de urgencias hospitalario, la respuesta sanitaria ante aquellos en la atención a la salud de las víctimas y la posible facilitación de su salida de la violencia mediante la correcta elaboración de los Partes de Lesiones (PL). Objetivos específicos Estudiar los casos atendidos en un servicio de urgencias por VG, VD y otros tipos de violencia en domicilio (OVD), determinando las características sociodemográficas y clínicas de las víctimas, los perfiles lesionales y la gravedad de las agresiones y las asistencias prestadas, la frecuentación, la existencia de factores de riesgo de VG y la calidad de los PL elaborados. Material y Método Estudio transversal, observacional, retrospectivo y descriptivo, de pacientes atendidos por violencia en el ámbito doméstico, de noviembre 2011 a mayo 2015, en un servicio de urgencias hospitalario de área de 270.000 habitantes, en los que se había realizado PL. Se definieron variables acordes con los objetivos pretendidos, que se analizaron estadísticamente mediante tablas de contingencia y pruebas de chi-cuadrado de Pearson y Anova para contraste de proporciones y medias, así como regresiones logísticas binarias univariantes y multivariantes para determinar factores de riesgo de VG. Se estudió la cumplimentación de los PL y se aplicó un baremo para medir su calidad. Resultados Se detectaron 525 asistencias por violencia en el ámbito doméstico (465 pacientes), El 68% de la violencia familiar fue VG, 48 casos por cada 100.000 asistencias. La víctima de VG fue de 35 años, española (10,2% magrebíe, 9,3% sudamericana), con nivel socioeconómico medio (32% bajo y 70% no trabaja), que suele referir VG previa y más del 60% presenta asistencias previas sospechosas de VG no declarada. Las víctimas de VD fueron mayoritariamente hombres, menores de edad, españoles (6,2% sudamericanos, 2,7% magrebíes), de clase media, descendientes de sus agresores (hijos agredidos por sus padres y en proporción 5 veces mayor por padrastros) y madres menores de 60 años agredidas por sus hijos. Las agresiones por VG fueron físicas y psicológicas, de severidad moderada y lesiones menos graves de múltiples localizaciones. Las de VD fueron más severas y graves, localizadas en EESS, precisando 7 veces más ingresos. Ambos grupos hiperfrecuentaron a Urgencias. En VG son factores de riesgo de reincidencia, violencia severa y lesiones graves tener entre 30 y 39 años, un nivel socioeconómico bajo, antecedentes personales de alcoholismo y/o consumo de drogas y no haber tenido previamente alguna solicitud de asistencia en Urgencias sospechosa de VG. Los PL fueron de alta calidad cuando se utilizó el formulario específico de VG (72% en casos de VG), siendo de baja calidad el 90% de los PL genéricos. Conclusiones Es posible y necesario conocer la dimensión particular en cada medio del problema de la violencia doméstica para poder plantear eficazmente nuestra actuación contra ella. Existen muchas oportunidades en un servicio de urgencias hospitalario de intervenir en la detección, asistencia y ayuda a la víctima en la posible salida de la violencia. Cumplimentar correctamente los PL de VG y utilizarlos en VD, podría mejorar su calidad y la atención a las víctimas. El trabajo conjunto de responsables y profesionales debe ir encaminado hacia ello. / Introduction Intimate partner violence (IPV) and domestic violence (DV) are a serious public health problem where the health system must play a key role in the early detection, victim assistance and collaboration with the effective conflict management and the way out of violence, and where medicolegal action by developing Injury Reports (IR) may be essential. Objetives Main objetive Determine the characteristics of domestic violence cases treated at a hospital emergency department (ED), the health response to those in the health care of victims and facilitating their possible output of violence by correctly reporting the IR. Specific objectives Study IPV, DV and other violence in the home cases assisted in an ED and determining the sociodemographic and clinical characteristics of the victims, the injury patterns and severity of aggression and injuries, the attendance in emergency department, the risk factors of IPV and the quality of the IR. Methods It was designed a transversal, observational, retrospective and descriptive studio, of patients treated for domestic violence, when an IR form was filled in, from November 2011 to May 2015, in a hospital ED from area of 270,000 inhabitants. Variables were defined according to the objectives, which were statistically analyzed using contingency tables and chi-square test and ANOVA to contrast proportions and means and binary logistic regression univariate and multivariate analysis to determine IPV risk factors. IR cumplimentation was studied and a scale was applied to measure quality. Results 525 assists were detected by violence in the home (465 patients), 68% of family violence was IPV, 48 assists per 100,000. The IPV victim was 35 years old, Spanish (10.2% North African, 9.3% South American), with middle socioeconomic status (32% low, 70% does not work), often referred prior IPV and over 60% have suspected previous unreported IPV assists. VD victims were mostly men, minors, Spanish (6.2% South America, 2.7% North Africans), middle class, descendants of their aggressors (children abused by their parents and in proportion 5 times greater for stepfathers) and mothers under 60´s assaulted by their children. Violence in IPV were physical and psychological, of moderate severity and less serious injuries from multiple locations. The DV aggressions were more severe and serious, located at upper extremities, and 7 times more hospital admissions. Both groups had increased attendance to the ED. To be between 30 and 39 years old, low socioeconomic status, personal history of alcohol and/or drugs of abuse consumption and not having suspected previous unreported IPV assists, were risk factors in IPV for recurrence, severe violence and serious injuries. The IR were of high quality when the specific form of IPV IR was used (72% of IPV cases), but were of low quality in the 90% of generic IR form used. Conclusions It is possible and important to know the particular dimension of the problem of domestic violence in each environment in order to combat it effectively. There are many opportunities in a hospital ED to intervene in the detection, assistance and support to the victim on the way out of violence. Correctly fill IPV IR form and use them in DV cases, could improve its quality and attention to victims. The joint work of health managers and practitioners should be directed towards it.

La investigación se ha desarrollado con metodología cualitativa, realizándose veinticinco entrevistas en profundidad a mujeres mayores de edad, residentes en la Región de Murcia, de nacionalidad española, que han sufrido maltrato de alguna de sus parejas, y que han aceptado participar. El objetivo general era conocer el proceso de salida de la violencia de pareja. Los objetivos específicos eran: 1) identificar actitudes de la mujer e hitos en el proceso, 2) identificar actitudes de las personas significativas para ella, 3) identificar qué instituciones o profesionales han intervenido en el proceso y cómo contribuyó esa intervención al mismo. Se han tenido en cuenta las recomendaciones de la OMS, en materia de ética y seguridad para las investigaciones sobre violencia contra la mujer. Las entrevistas fueron recogidas previo consentimiento informado. En el momento de la entrevista, el rango de edad, fue de 19 a 64 años. Veintitrés de las mujeres se habían separado de su agresor, mientras dos de ellas mantenían la relación afectiva con él. La mayoría tenían descendencia. La muestra incluía desde mujeres que no habían superado la enseñanza obligatoria hasta otras con estudios universitarios. Unas pocas eran amas de casa y la mayoría tenían además trabajo remunerado. Unas vivían en un entorno urbano y otras, rural. El maltratador ha sido en la mayoría de los casos el marido, en otros ha existido convivencia y en cuatro era su novio. Las mujeres maltratadas siempre intentaron evitar las agresiones de sus parejas pero por el aprendizaje de su rol de género las respuestas que daban no eran eficaces. Como consecuencia del maltrato se presentaron intentos de suicidio. Todas las mujeres entrevistadas llegaron a una situación límite y perdieron la esperanza en la relación, por lo que decidieron separarse. El miedo, el duelo de sus propios ideales tradicionales, la opinión de familiares y allegados, religiosos, familia política, y los hijos pequeños fueron obstáculos importantes del proceso. Reconocer cambios negativos en ellas, establecer relaciones con personas que las aprecian, aprender de sus experiencias, poner límites a los demás, hijos en edades cercanas a la adolescencia, y solicitar ayuda profesional impulsaron la ruptura de la pareja. La familia propia y la familia política han resultado fundamentales para todas las mujeres entrevistadas, tanto por lo que hicieron como por lo que omitieron. Muchas lo ocultaron a su familia de origen, por lo que no pudieron servir de apoyo antes de la ruptura. Sí fueron de gran ayuda durante la separación y en el proceso posterior, momentos de peligro para la mujer. La participación de la familia política, cuando ha habido, fue negativa casi siempre. También las personas del entorno, sus opiniones y actuaciones resultaron claves. Si su opinión es favorable a mantener la relación, la mujer prolonga su silencio y sufrimiento, aumenta el aislamiento y la culpa. Si sus allegados, son críticos con el abuso, le permiten tomar conciencia antes de su situación, disminuye la culpa, le otorga el reconocimiento como persona con valor propio y digna de ser creída. La mayoría de las mujeres refieren haber tenido problemas con los servicios públicos, aunque reconocen que necesitan hablar con algún/a profesional. Cuando son ellas las que toman la decisión de qué servicio utilizar y cuándo, sí les son de mucha utilidad. Salir del maltrato implica un cambio en la mujer, un cambio en las relaciones consigo misma, con los demás, es decir una desidentificación con el rol de género hegemónico. Las mujeres estudiadas comprenden, al final del proceso, la estrategia del maltratador y que la violencia de género era la causa de su malestar. / The research was developed using qualitative methodology, carrying out twenty five in-depth interviews with adult females, residents of the Murcia region, of Spanish nationality, who have been victims of domestic abuse at the hands of a partner, and who have agreed to participate. The overall objective was to understand the process of leaving the abusive relationship. The specific objectives were: 1) To identify the attitudes and aims of the women in the process, 2) To identify attitudes of the people close to her, 3) Identify which institutions or professionals took part in the process and how this intervention contributed to the same. The WHO recommendations on ethics and safety for research on violence against women have been taken into account. The interviews were collected with prior informed consent. At the time of interview, the ages of the women ranged from 19 to 64 years of age. Twenty three of the women had separated from their aggressors, while two of them maintained the affected relationship. The majority had offspring. The sample ranged from women who had not completed compulsory education to others who were university graduates. A small number were housewives and the majority were also in paid employment. Some lived in urban areas and others in rural. The abuser had been the husband in the majority of cases, in others it was a live-in partner and in four cases it was the victim’s boyfriend. The abused women always attempted to avoid the aggressions of their partner but because of their learned gender roles the answers they gave were never effective. Some of the women attempted suicide as a consequence of the abuse. All of the interviewed women eventually found themselves in a dangerous situation and lost faith in the relationship, which is why they decided to separate from their partner. Fear, the mourning of their own traditional ideals, the opinion of relatives and friends, the religious community, in-laws, and young children were major obstacles to the process. Recognizing negative changes in themselves, building relationships with people who appreciate them, learning from their experiences, putting boundaries on others, children close to adolescence age, and seeking professional help were factors that contributed to the breakdown of the couple. The immediate family as well as the in-laws were fundamental for all of the women interviewed, as much for what they did, as for what they did not do. Many of them hid it from their immediate family, so they could not be of support to them before the breakdown of the couple. However, they did provide a great amount of support during the separation and in the aftermath, a dangerous time for women. The involvement of the in-law family, when there, was almost always negative. Also the people in the environment, their opinions and actions proved decisive. If their opinion was in favour of maintaining the relationship, the woman prolonged her silence and suffering, increasing the isolation and blame. If her relatives are critical of the abuse, it allows her become aware of her situation sooner, decreases guilt, gives recognition as a person with self worth and who deserves to be believed. Most women report having had problems with public services, while recognizing that they need to speak with some professional. When they are the ones who decide which service to use and when, the services prove very useful. Leaving the abusive relationship involves a change in the woman, a change in the relationship with oneself, with others, that is, a disidentification with the hegemonic role of gender. The women studied understand, at the end of the process, the strategy of the abuser and that domestic violence was the cause of their hardship.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene un objetivo esclarecedor, pues pretende demostrar la existencia y viabilidad de “Las Condiciones Objetivas de Punibilidad”. En esa tarea, abordaré aquellas tesis que niegan, así como las que respaldan su existencia y categorización como una institución autónoma, y constataremos que en el extenso ámbito en que se desenvuelven, han sido objeto de particulares controversias. En efecto, no sólo ha sido objeto de discusión su concepto, sino también su fundamento, su función, sus criterios de individualización, su relación con otros elementos del delito, su naturaleza jurídica, su ubicación sistemática, sus relaciones con otras instituciones afines (excusas absolutorias y requisitos de procesabilidad), su tratamiento jurídico (en relación con la consumación, la participación, el lugar y tiempo de comisión del delito, las formas imperfectas de ejecución, la prescripción) y su vinculación con ciertas categorías de delitos: aquellos que son calificados por el resultado y los denominados delitos culposos.