Demuestra y establece explicativamente, la existencia de una determinación inadecuada de la pena por el órgano jurisdiccional, dentro del proceso penal peruano, en la mayoría de las sentencias condenatorias analizadas. Donde se observó penas desproporcionadas, sea por ínfimas o excesivas, con relación a la gravedad del hecho cometido y a la culpabilidad por el acto. El resultado del análisis de tres delitos graves debe ser extendible a cualquier delito regulado en el Código Penal o en alguna ley penal especial. Establece cuál es la consecuencia de la ausencia de motivación adecuada de sentencias penales condenatorias, en el extremo de la determinación judicial de la pena sobre los mismos delitos mencionados; ya que existen sentencias penales condenatorias con motivación aparente, insuficiente o incoherente y falto de corrección lógica, que deben ser declaradas nulas por el órgano jurisdiccional correspondiente en los casos concretos, y que incide en la irracionalidad de la pena (privativa de libertad). Establece ciertas reglas y criterios jurídicos básicos, de política criminal o de otra índole, para una adecuada determinación y graduación de la pena por parte del juez penal, de tal manera que sea, una pena justa de acuerdo a criterios generales, útil y proporcional al hecho cometido y a la culpabilidad por el acto o al grado de injusto penal. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto llevar a cabo un análisis de la influencia a nivel global de lo que en doctrina se ha denominado “populismo punitivo”. Se ahondará en el origen de dicho concepto, su relación con los cambios originados desde fines de la década del 70’ a lo largo del mundo, haciendo énfasis en su vinculación con el concepto de “modernidad tardía”, con la visión del castigo, y, en particular, con los Estados que adoptaron políticas económicas neoliberales. A su vez se describirá cómo dichos cambios han producido un nuevo enfoque de la criminalidad, el cual se caracteriza por un consenso en la clase política en torno al control del delito, una nueva relación existente entre ella y la ciudadanía manifestada en la opinión pública, y por último, la gran influencia y protagonismo de los medios masivos de comunicación. Todo lo cual ha provocado un progresivo alejamiento de la racionalidad en la elaboración de políticas penales y una predilección por la incapacitación como efecto deseado de la pena. Se expondrán los efectos negativos que origina el actual enfoque de la criminalidad imperante, el cual podría describirse como un triunfo de la seguridad ciudadana que busca el endurecimiento penal y el retroceso de las garantías para saciar el hambre punitiva de la población.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como objetivo fundamental el presentarle al lector una serie de antecedentes con respecto al aborto terapéutico, ya sean históricos, sociales y por cierto, legales, tanto de derecho comparado como de nuestra legislación nacional; de manera que se pueda hacer una evaluación o reflexión con respecto al modo en que se regula el tema ya que consideramos es un tópico de alta sensibilidad tanto por aparentar estar al límite de lo éticamente permitido para la medicina, así como porque no se puede desconocer que el embarazo es un período especial para todas las mujeres, y por lo mismo, el interrumpirlo genera ciertos juicios de valor y legales por los derechos que están en juego al momento de practicar esta maniobra

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En específico, el presente trata sobre el Iter Criminis en la jurisprudencia, establecido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 7 del Código Penal, el que define las distintas fases del delito y les otorga la punibilidad. A pesar de la basta aplicación que tiene el artículo 7 del Código Penal en la práctica judicial, la determinación de la fase de desarrollo del delito, realizada por los tribunales nacionales, no es unívoca, encontrándose diferentes criterios jurisprudenciales al aplicar dicho artículo. El presente trabajo se realizó recopilando y seleccionando las sentencias dictadas por los tribunales nacionales entre los años 2003 e inicios de 2010. La recopilación se llevó a cabo utilizando la base de datos en línea del Ministerio Público, la que reúne sentencias dictadas por Jugados de Garantía, Tribunales de Juicio Oral, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Cada sentencia se esquematizó mediante la elaboración de una ficha, que informa sobre los aspectos más relevantes de ella. Este trabajo contiene un total de 86 fichas, ordenadas de acuerdo a la fecha de pronunciamiento de la sentencia, y clasificadas de acuerdo a las consideraciones relevantes efectuadas por el tribunal. Cada ficha tiene asignado un número, al que el índice de clasificación se remite. Es de esperar que este trabajo sirva como fuente de información a quien desee consultarlo, al tratarse de una investigación seria, práctica y actualizada sobre el tema.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Expone el lavado de activos de origen delictivo como motivo principal de preocupación para los Gobiernos y para la comunidad internacional. Se trata de un fenómeno que tiene tres características fundamentales: mueve enormes sumas de dinero, utiliza técnicas sofisticadas –fundamentalmente a través del sistema financiero- y supera los límites nacionales para alcanzar dimensiones internacionales. Precisamente, a propósito de la necesidad de “blanquear” los activos de manera inadvertida para los órganos de persecución, los agentes de blanqueo se hacen de abogados en ejercicio por la calidad de sus conocimientos técnicos, para de esta forma les permita alcanzar de mejor manera sus objetivos furtivos. Es por esta razón que cada vez en mayor medida se viene poniendo en tela de juicio si la participación del letrado puede ser causa de un blanqueo de dinero llevado a cabo por su cliente. Lamentablemente, la práctica judicial nacional se muestra poco inclinada a explicaciones alternativas o apartadas de tesis que sólo buscan el punitivismo de estas conductas sin reparar en los fundamentos jurídicos que la figura exige. Esto queda de manera clara sin duda en la actual regulación cada vez más expansiva en materia de blanqueo de capitales 1 , la cual arrastra consecuencias negativas para el ejercicio de la abogacía, pues si el abogado conoce o simplemente presume que una determinada estructura societaria por él creada puede ser utilizada por su cliente para el blanqueo de dinero, debe responder a título de partícipe. En virtud de tamaño atropello, quiero acercar una solución a un problema que ha venido aquejando a más de un futuro colega: ¿Cuándo un abogado será objeto de responsabilidad penal por el delito de lavado de activos a propósito de recibir algún dinero o bien de procedencia ilícita por razones de asesoría o litigio? ¿O es qué acaso cualquier aporte causal al resultado configurará participación en el delito de blanqueo de capitales? En el marco de las próximas líneas se intentó dar respuesta a esta pregunta a partir de un análisis que quiere centrarse en una visión de la problemática desde la teoría de la imputación objetiva y sus subinstitutos, destacando entre otros, uno de sus más recientes desarrollos jurisprudenciales: las denominadas “acciones neutrales” como institución dogmática, en su caso, explicativa de ausencia de imputación. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación presenta el análisis de una matriz de sentencias pertenecientes a los años 2000-2017 pronunciadas por los tribunales chilenos de primera/única instancia (Tribunales de Juicio Oral en lo Penal) y superiores (Corte de Apelaciones y Corte Suprema), cuyo fin es esclarecer la determinación jurisprudencial de las conductas constitutivas de encubrimiento. Para ello se explicarán las condiciones metodológicas del levantamiento, la selección, clasificación y análisis de las respectivas resoluciones; en seguida, se esbozará brevemente el contenido normativo del artículo 17 del Código Penal y finalmente se presentarán los indicadores sobre la base de los cuales se analizarán las sentencias, para terminar con la presentación y sistematización de los principales hallazgos.

Aborda los problemas que se presentan al momento de la calificación del tipo penal de delito informático, ya sea al formalizar la denuncia fiscal o al calificar dicha denuncia por el órgano jurisdiccional y su impunidad. Demuestra que las conductas que emplean, utilizan o se basan en sistemas informáticos se encuentran deficiente e insuficientemente tipificadas y el ordenamiento jurídico resulta inadecuado para abarcar las principales manifestaciones que afectan importantes bienes jurídicos. Busca determinar si existe una conducta a la que se pueda denominar en sentido estricto como “delito informático”; identificar cuáles son las limitaciones que existen en la tipificación del delito informático al momento de formalizar la denuncia fiscal y/o en su calificación judicial; demostrar que el delito informático se confunde en su calificación con otros tipos penales, de tal forma que se estaría afectando el principio de legalidad y seguridad jurídica; identificar cuáles son las manifestaciones de la criminalidad informática que no se encuentran tipificadas; demostrar que la Ley 27309 no tipifica correctamente las afectaciones del patrimonio individual con el uso de sistemas informáticos, pues éste se encuentra tipificado en el artículo 183.3 del Código Penal, entre otros. Como hipótesis general se ha planteado la siguiente: La inadecuada tipificación del delito informático y de las conductas que utilizan los sistemas informáticos, la existencia de conductas vinculadas a las nuevas tecnologías que teniendo relevancia penal no se encuentran tipificadas, y el uso de nueva tecnología en la comisión de los tipos penales tradicionales, son los factores que afectan la subsunción, formalización, procesamiento y eventual sanción –generando sensación de impunidad- de conductas que hacen uso de medios informáticos en la comisión de delitos en el distrito judicial de Lima, durante el período 2009-2010. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Determina cuál es la labor de los fiscales provinciales penales corporativos al momento de emitir sus requerimientos fiscales de acusación en aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en las diferentes teorías del caso que se presentan ante los órganos jurisdiccionales, en el período 2015-2016. Establece cuáles son los factores que determinan el impacto de las disposiciones fiscales que se emiten en aplicación de las normas de derecho procesal penal para establecer la responsabilidad penal del imputado en el distrito fiscal de Santa. Identifica cuáles son las limitaciones de las disposiciones de requerimientos de acusación fiscal que se emiten en aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en opinión de los jueces de investigación preparatoria del distrito judicial del Santa. Demuestra si los requerimientos acusatorios que emiten las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas en su pronunciamiento han previsto los defectos formales que estos escritos puedan presentar al momento de ser oralizados en las audiencias de control de las acusaciones fiscales en aplicación coherente con el objetivo del principio constitucional del principio de proporcionalidad. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La memoria tiene por objeto vincular dos temas que han planteado serios desafíos para la epistemología jurídica general. Por un lado se trata de la causalidad y la manera en que es concebida dentro del derecho penal. Por otra parte, la prueba y sus diferentes concepciones teóricas y dificultades epistemológicas. La propuesta se centra en explorar un determinado modelo de causalidad penal entendida como condición mínima suficiente con arreglo a leyes de cobertura, que sirva como marco teórico para ensayar una fórmula probatoria que se ajuste a los problemas que esta concepción plantea. Una tesis sobre la prueba del nexo causal, debe realizar una revisión del conjunto de contribuciones teóricas que se han hecho en el ámbito de la causalidad: fórmulas necesarias o suficientes y relaciones particularistas o generalistas. Asimismo, el trabajo aborda las limitaciones gnoseológicas e institucionales del proceso penal y del conocimiento judicial de los hechos, de modo que propone una hipótesis que sea pertinente con las leyes de cobertura explicativas de un vínculo causal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento