A criminal modality that is becoming increasingly important nowadays and has many victims is the contract killing or the use of hitmen. The situation is aggravated by the presence of a process of crime institutionalization. The Peruvian government has responded to this problem typifying the aforementioned crime in the Criminal Code under condemns with are becoming longer. Was this the best solution?In the present article, the author answers this question by analyzing the penal types of contract killing while making a critic of the national criminal policy, taking into account the existence of other criminal types and other possible solutions, to finally prove its futility. / Una modalidad criminal que en el presente está cobrando importancia y muchas víctimas es el asesinato a sueldo o sicariato; situación que se agrava por la presencia de un proceso de institucionalización del crimen. El gobierno peruano ha respondido a este hecho tipificando dicho delito en el Código Penal bajo penas cada vez mayores. ¿Ha sido esta la mejor solución?En el presente artículo, el autor responde a dicha cuestión analizando los tipos penales del sicariato mientras realiza una crítica a la política criminal nacional, teniendo en cuenta la existencia de otras figuras penales y otras posibles soluciones, para finalmente demostrar su inutilidad.

The State delegates the provision of an important number of services of general interest for society, and the State delegates them to private economic operators. However, in these circumstances the need for regulation in order to achieve allocative efficiency underlies as a duty of the State.In this article, the author presents how the criminal offence of collusion is a way of regulatory capture, and how it brings along negative consequences for the social welfare and progress. The author also reaches a conclusion concerning which is the legal right protected with the aforementioned crime. / El Estado delega la prestación de una serie de servicios de interés general para la sociedad en agentes económicos privados. Sin embargo, en estas circunstancias subyace como deber del Estado la necesidad de regulación en aras de conseguir eficiencia asignativa.En el presente artículo, el autor expone cómo el delito de colusión es una forma de captura del regulador, y cómo ello trae consigo consecuencias negativas para el bienestar y progreso social, además de presentar cuál es el bien jurídico que se protege en el mencionado delito.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria contiene un análisis del tratamiento que los editoriales del diario “El Mercurio” de Santiago, realizaban sobre el derecho nacional, a principios del siglo XX. Para ello, se seleccionó un período de tiempo que comprende desde junio de 1900, año en que se fundó el diario, hasta diciembre de 1905. Se efectúo una lectura de todos los números de este diario en dicho período, extrayéndose aquéllos editoriales que trataban el tema jurídico. En base al material seleccionado, se dividieron los editoriales en grupos que trataban tópicos similares, los cuales pasaron a conformar los capítulos de ésta memoria. Estos capítulos principalmente desarrollan los siguientes temas: capítulo I, introducción histórica de la situación política y jurídica de la época, además de detallar la historia de “El Mercurio”; capítulo II, la Constitución de 1833, algunas leyes y el proceso de codificación procesal; capítulo III, la administración del Poder Judicial como institución; capítulo IV, el comportamiento de los magistrados y otros funcionarios judiciales; y capítulo V, la criminalidad en el país. Además se ha agregado material anexo, el cual es una selección de los editoriales más interesantes. Cabe señalar que éstos son presentados por orden de antigüedad ascendente.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Propicia una adecuada comprensión de los fundamentos dogmático-doctrinarios que orientan el derecho penal, a efectos de que los operadores legislativos y los jueces uniformicen criterios para la lucha contra la criminalidad que violenta la seguridad de todos nosotros, sea en el proceso de criminalización primaria e incluso al administrar justicia penal. Realiza un adecuado estudio doctrinario, de los fundamentos penales necesarios para afrontar técnicamente la labor de criminalización de los actos que vulneran la seguridad ciudadana, en relación a los atentados contra la vida por precio o recompensa económica. Identifica si la normatividad punitiva vigente es adecuada a los efectos de propiciar los mecanismos idóneos para la prevención y protección de la seguridad ciudadana. Determina si los legisladores emplean criterios técnicos uniformes, al momento de decidir la criminalización de las conductas que atentan contra la seguridad ciudadana, en relación a los atentados contra la vida por precio o recompensa económica. Determina si es posible solucionar el problema de inseguridad apelando a la criminalidad primaria inorgánica y a políticas sobre criminalizadoras indiscriminadas. Propone las modificaciones legislativas necesarias. / Tesis

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La intervención en las telecomunicaciones vía correo electrónico realizada por agencias de inteligencia extranjeras, importa la verificación de vulneraciones al Derecho a la vida privada y a la inviolabilidad en la comunicaciones privadas, consagrado en el artículo 19 Nº 4 y 5º de la Constitución Política de la República de Chile y en los tratados sobre Derechos Humanos vigentes hoy en Chile. Junto a ello, esta violación normativa conlleva la verificación de figuras típicas como la del artículo 161 – A del Código Penal chileno. Esta tipo de intervención se encuentra en auge gracias a la llamada “guerra contra el terrorismo”, y encuentra su justificación legal en los Estados Unidos en la U.S.A. Patriot Act. La presente investigación indaga las posibilidades de persecución penal para estos delitos, y de las medidas que pueden adoptar los ciudadanos chilenos al conocer que sus telecomunicaciones son intervenidas. Para tal efecto, se exponen los antecedentes fácticos afines al problema; luego se analizarán las legislaciones atingentes; igualmente, se estudian los criterios de legitimidad para intervenir las telecomunicaciones; y, finalmente las posibilidades de aplicación de las leyes. Lamentablemente, encontramos que ninguno de los mecanismos legales nacionales vigentes resulta idóneo para perseguir penalmente las vulneraciones descritas, ni tampoco para proteger los Derechos Fundamentales y Humanos conculcados. De este modo, ciertas medidas político-criminales preventivas, tales como la anonimización y la encriptación de mensajes de correo electrónico, resultan ser la forma más accesible de proteger estos Derechos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con una frase más bien breve nuestro Código Procesal Penal ha introducido a la normativa nacional un tema que ha dado origen a una vasta literatura creadora de una arraigada y a su vez sólida construcción jurídica en los sistemas procesal-penales extranjeros. El Artículo 276 del Código Procesal Penal, que será objeto de nuestro estudio, ordena al juez de garantía proceder a la exclusión de aquellas pruebas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. De esta manera ingresa a nuestro sistema esta institución de antigua data en la mayor parte de los sistemas procesal-penales de derecho comparado, circunstancia que nos lleva de manera natural a dirigir nuestra mirada al ámbito del constitucionalismo y jurisprudencia de los tribunales, por ejemplo de Estados Unidos de América.1 Suele señalarse que es sólo en 19142 cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos, por primera vez, resolvió que si no se excluía o proscribía de los juicios la prueba obtenida por la policía, en forma inconstitucional, los términos de la Cuarta Enmienda de la Carta Fundamental estadounidense3 constituirían meras palabras sin contenido, declaración apoyada años más tarde, en 1949, cuando la Corte, en palabras del juez Félix Frankfurter, sostendría que la seguridad de la propia privacidad, frente a la intrusión policial arbitraria, es básica en una sociedad libre, dando el sentido que alcanzaría en lo sucesivo la evolución jurisprudencial que conforma las reglas de exclusión: se trata de detener las incursiones policiales que vulneran el derecho a la privacidad, por la vía de no aceptar en juicio, las evidencias obtenidas en infracción a las normas constitucionales que amparan los derechos de las personas

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención derecho penal) / El presente proyecto de Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET), versa sobre la elaboración detallada y experiencial de un modelo de persecución del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, acotado a la oferta mercantil de la misma, y a partir de la comercialización de pequeñas cantidades de aquella, como una propuesta en sentido ascendente hacia la gran criminalidad asociada a las drogas. Al dirigirse, como destinatarios preferenciales los sujetos procesales e intervinientes de nuestra Sistema Procesal Reformado, pretende ofrecer, para el posterior estudio crítico y mejor desarrollo, una plataforma versátil a futuras investigaciones especializadas y relacionadas en las Fiscalías Territoriales, adaptable a las realidades de cada zona geográfica a implementar. Asimismo, se circunscribe a la necesidad de identificar y ejecutar una Política Criminal Integrada de persecución del fenómeno, en concordancia con las actuales tendencias regionales comparadas. En particular, se basa en el examen de la experiencia práctica del autor, en la labor desempeñada como Fiscal Adjunto de dedicación exclusiva a la 7 persecución de delitos enmarcados en la ley 20.000, en las comunas de Maipú y Cerrillos de la ciudad de Santiago, Región Metropolitana de Chile, durante la vigencia de la Reforma Procesal Penal, entre los años 2009 y 2010

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A finales de la década del 2000, el justicia laboral chilena fue completamente reformada, estableciendo un procedimiento de carácter oral y concentrado, dirigido por un juez unipersonal. Tomando como referencia el sistema recursivo del proceso penal reformado, se estableció un recurso de nulidad contra las sentencias definitivas, el cual justifica la revisión de la sentencia definitiva por parte de los Tribunales Superiores (en términos generales) por la infracción del derecho objetivo, y no por el agravio causado a los litigantes. El recurso de apelación se encuentra limitado a cierto tipo de resoluciones, excluyendo las sentencias definitivas, y a ciertos casos establecidos en la ley. En el trabajo se analizará, desde garantismo, si dicha estructura de recursos satisface el derecho al recurso (integrante del Debido Proceso), tomando como referencia principal la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a esta materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Como objeto de estudio para el Derecho Penal, el terrorismo resulta de especial relevancia, pues es un fenómeno histórico-social complejo que ha dejado una marca en las sociedades modernas. Es un hecho expresivo de violencia que se ha manifestado con sus más variadas formas de expresión y crueldad a través de la historia, constituyéndose como una vía abierta a todo acto violento, degradante e intimidatorio, y aplicado sin reserva ni preocupación moral alguna. El terrorismo es algo más que simple violencia política, ya que ataca de manera frontal a los derechos humanos. Este es el argumento que permite justificar el mayor reproche penal y la necesidad de su combate en forma efectiva y eficaz. El presente trabajo se va a centrar en el delito de asociación ilícita, específicamente aquella formada para la comisión de delitos que revisten caracteres de terroristas, tema que no ha sido tratado en profundidad por nuestra doctrina.