La demanda de justicia, sobre todo por parte de los sectores populares y, con mayor intensidad, en determinadas figuras jurídicas, no parece estar siendo adecuadamente atendida, como si lo impidiera un muro infranqueable, símbolo de un sistema jurídico formal deficiente. En el caso, por ejemplo, de las faltas, en vista de que la respuesta del sistema legal es casi nula frente a la ocurrencia de una infracción, podríamos muy bien afirmar, ciertamente desde una perspectiva algo extrema, que la eliminación, del sistema jurídico, de todo rezago del aparato normativo e institucional vinculado a las faltas, no generaría un impacto significativo sobre la realidad presente. La desatención del ciudadano, con o sin presencia del sistema legal, es prácticamente la misma. Precisamente por ello proponemos reflexionar sobre el cumplimiento de las funciones estatales, desde el enfoque de las políticas públicas, tomando en consideración que nuestro tema, el proceso de faltas, forma parte de la política jurisdiccional del Estado. En realidad, la acción estatal se desarrolla simultáneamente en diversas áreas o temas, por lo que limitarla a una sola resulta un tanto artificial, aunque, desde luego, puede ser útil para conocer a dónde se apunta con mayor énfasis.

La presente tesis tiene como objetivo la investigación, el análisis y la búsqueda de una fórmula de solución a la problemática que se genera en nuestros tribunales al no existir una interpretación correcta del delito de estelionato, específicamente en lo que se refiere a la venta como propios de bienes ajenos y en su caso de libres los litigiosos, considerándose en muchas ocasiones como el único agraviado al propietario del bien o a la contraparte en litigio; procesando tanto al vendedor como al comprador del bien, tergiversando el tipo penal al ignorar el medio relevante para la defraudación, lo que en consecuencia implica sancionar por un delito con sujeto pasivo del delito más sin sujeto pasivo de la acción; desdoblamiento normativo que sí está presente en los delitos contra el patrimonio, que no tiene relevancia mayor cuando quien recibe la acción es el titular del patrimonio, pero que sí resulta relevante cuando el engañado resulta una persona distinta al titular. Entiendo que la doctrina nacional ha mantenido su vista en otros puntos de los delitos patrimoniales que ha considerado más relevantes, sin embargo, he encontrado algunos trabajos y posturas interesantes tanto a nivel nacional como extranjero con relación al tema que pretendo abordar, con las diferencias legislativas a tomar en cuenta en el último caso, lo que a mi criterio hace necesaria mi investigación con la humilde intención que pueda servir de partida hacia una discusión necesaria, y que pueda en su caso corregir, ser corregida., Siendo a mi criterio el aporte más importante de este trabajo, coadyuvar a una correcta interpretación y aplicación de un delito como el estelionato, así como a una correcta tutela de los bienes jurídicos.

La relevancia penal de la intervención de terceros en la propia puesta en peligro de la víctima que deriva en la configuración de un resultado típico, es analizada mediante las categorías de la participación en una autopuesta en peligro y la heteropuesta en peligro consentida. En tal sentido, el objetivo de la presente investigación es determinar que existen escenarios donde es posible imputar responsabilidad penal, conforme a criterios de imputación basados en la legitimidad de la intervención penal y los deberes de protección del tercero interviniente. Asimismo, la justificación de esta investigación radica tanto en su conveniencia Por tal motivo, sostengo que la presente investigación es conveniente porque mediante este se podrá identificar la respuesta que nuestro ordenamiento jurídico prevé para estos casos, en su relevancia, pues se trata de la primera investigación en el ámbito nacional sobre el tema, y además por en su utilidad, porque permitirá unificar los criterios jurisprudenciales. Finalmente, se llega a la conclusión que los casos de participación en una autopuesta en peligro y de heteropuesta en peligro consentida deben ser analizados conforme las características del caso concreto y sobre la base criterios específicos a este tipo de conductas.

El presente trabajo analiza el escaso tratamiento otorgado a la figura del Tercero Civil Responsable en el Ordenamiento procesal penal peruano y brinda una propuesta en torno a la definición que se debería otorgar a dicho sujeto procesal, así como a los fundamentos que legitiman su inclusión del proceso penal. Para arribar a dicho aporte académico, mi investigación se ha dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo realizo una revisión histórica sobre el proceso penal peruano, evidenciando con ello la ausencia de interés del legislador para regular aspectos relacionados con el Tercero Civil Responsable. En el segundo capítulo analizo cuál es el tratamiento normativo que actualmente le otorga el Ordenamiento procesal penal peruano al Tercero Civil Responsable, identificando con ello las principales problemáticas que se evidencian a partir de su escasa regulación, como es la inexistente definición de su condición procesal, la falta de claridad en torno al momento de su incorporación en el proceso penal y la nula regulación de las facultades que le corresponde ejercer a efectos de resguardar adecuadamente su derecho de defensa.

La presente investigación analiza cuál es el bien jurídico que se protege en los delitos de usurpación agravada sobre los terrenos del Estado, indagando si es la posesión, la propiedad, el pacífico y tranquilo disfrute de un bien u otros bienes jurídicos. Para ello, es preciso analizar si la propiedad del Estado es inviolable e inalienable, si puede entrar en conflicto con el derecho a acceder a una propiedad y con el derecho de acceso a los servicios públicos básicos de las personas. Todo ello en un contexto constitucional en el que, en principio, el interés general sobre la propiedad tiene una cierta preeminencia sobre el particular, conforme lo regulan los artículos 70 y 73 de la Carta Magna. Así mismo, la presente investigación analiza la eficacia de la Ley N.º 30230, sobre recuperación extrajudicial de la propiedad estatal, y si la referida Ley es o no eficaz frente a los interdictos de recobrar y retener preceptuados en los artículos 603º y 606º Código Procesal Civil respectivamente, y la usucapión regulada en el artículo 950º del Código Civil. Este análisis, evidentemente, se realiza desde una óptica prioritariamente penal. Del mismo modo, se analiza jurídicamente las funciones del SBN en cuanto a la recuperación extrajudicial de los terrenos del Estado, y la repercusión sobre el incremento del delito materia de estudio. El presente trabajo de investigación está vinculado a una problemática delictiva de frecuente ocurrencia en el Perú: la usurpación agravada de terrenos del Estado. Prima facie, esto se debe a la gran extensión geográfica de nuestro país, en donde se producen constantemente invasiones de grandes extensiones de terrenos en situación de dejadez o abandono por parte del Estado; a lo que se suma la falta de control y deficiencia de las leyes.

En estos tiempos actuales, en donde la Constitución debe estar por encima de toda ley, haciendo valer la defensa de los derechos fundamentales, con un respeto al debido proceso en torno del imputado, y el justiciable, es por ello, esta investigación trata de constituir lineamientos, que son indispensables para poder llegar a pensar de que la Sala Penal de la Corte Suprema, vía su recurso de casación penal, que he escogido dicho recurso, para esta investigación en donde se desea y me enfocare respectivamente en su rol que éste debe de tener, para adecuar el recurso en la procedencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis (magíster en derecho con mención derecho penal) / En el presente trabajo se analizará primordialmente la figura prevista en el artículo 494 Nº 10 del Código Penal, esto es, la conducta de ciertos profesionales del área de la salud cuando esta no ocasiona un resultado de daño a la salud o integridad corporal del ofendido o paciente. Se abordarán sus requerimientos subjetivos (tipicidad dolosa o tipicidad culposa), el comportamiento prohibido, su relación con la denominada lex artis, sus sujetos activos y pasivos, su naturaleza en cuanto figura de peligro, y su diferenciación estructural con el simple delito previsto en el artículo 491 inciso primero del código punitivo.

La responsabilidad civil es entendida como una fórmula dirigida al resarcimiento del daño irrogado por el actuar antijurídico de una persona. No obstante, el rol de esta institución parece entrar en cuestión cuando la misma tiene su tratamiento por parte de las entidades encargadas de establecer su determinación en sede penal, a partir de la interpretación que se tiene de ella, en base al Código Penal de 1991: No solo a satisfacer el resarcimiento del daño; sino, también, como una fórmula para sancionar y prevenir delitos de especial consideración social, a manera de una figura afín a ordenamientos de orden anglosajón: Los punitive damages . Existe una necesidad de establecer las causas de este tratamiento para determinar la responsabilidad civil en sede penal; puesto que, a partir de ello: Se podrá establecer las principales causas que han permitido la aplicación inconsciente de los punitive damages, en el ordenamiento jurídico peruano; y, si la aplicación de esta figura resulta una opción válida o una posibilidad de respuesta para la comisión de delitos de especial relevancia social. Es necesario indicar que, para el presente trabajo, el tipo de investigación realizado resultó principalmente de orden teórico, siendo que, no solo se hizo la posición de la doctrina y de los pronunciamientos de las autoridades encargadas de la determinación de la reparación civil, en sede penal; sino, también, sobre el entendimiento de los punitive damages por parte de la doctrina y experiencia extranjera.

Introducción. Esta tesis parte de la necesidad que tienen los médicos de familia de dar respuesta a un grave problema de salud pública que es la violencia de género, en este caso la violencia en la pareja, cuya etiología es compleja y multifactorial ya que está basada en construcciones socioculturales que mantienen las desigualdades de género. Objetivos. Determinar las actitudes y conocimientos de los médicos de familia de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud con respecto a la violencia de género, identificar sus comportamientos en cuanto a detección, valoración, intervención y derivación de la mujer víctima así como respecto a sus hijos y al agresor, analizar el registro de violencia de género en la historia clínica electrónica de Atención Primaria, indagar sobre las dificultades y necesidades que perciben y explorar cuáles son sus propuestas de mejora. Material y método. La investigación está dividida en tres partes: 1. Análisis del registro de violencia de género (VG) en la historia clínica electrónica de Atención Primaria (HCEAP): se incluyó a personas con tarjeta sanitaria individual (TSI) en cuyas historias clínicas constan códigos CIAP-2 (Codificación Internacional de Atención Primaria) Z12 y Z25 (problemas de relación y violencia) durante 2012 y 2013. 2. Análisis de conocimientos, actitudes y actuaciones de los médicos de familia (MF) frente a la VG. 3. Exploración de opinión sobre el cribado, dificultades y propuestas de mejora de los MF. Se incluyó a los MF que trabajan en centros de Atención Primaria del SMS que el 31 de diciembre de 2012 eran 828. Se realizó un muestreo con distribución proporcional según el número de MF para cada una de las nueve áreas de salud de la Región de Murcia y aleatorización sistemática, estableciendo la muestra en 263 médicos de familia. Las mediciones se hicieron mediante cuestionario validado autoadministrado que incluye preguntas abiertas. Se ha realizado estudio estadístico descriptivo de frecuencias, porcentajes, media, desviación típica, t-Student, test ANOVA y regresión logística. Para la exploración de la información obtenida en las preguntas abiertas se ha usado la técnica de análisis de contenido. Resultados. Registro HCEAP: el código CIAP-2 más frecuente registrado es Z12 (maltrato psíquico/emocional). Existen condicionantes que dificultan conocer la magnitud exacta, por extracción de datos, de la incidencia de VG en AP. Análisis de actitudes, conocimientos, actuaciones y opinión: los MF consideran la VG en mayor medida como un problema social. La falta de tiempo y no saber como preguntar son los motivos más frecuentes para no indagar sobre VG en la consulta, precisando sospecha clínica para plantearse este diagnóstico. Tienen asumido su papel profesional, debiendo estar alerta sobre factores de riesgo. Respecto al agresor, están de acuerdo en que proceden actuaciones profesionales con él. Investigan si los hijos son víctimas y los derivan a recursos sociosanitarios. Son pocos los MF que se sienten totalmente capacitados para atender a las víctimas, refiriendo haber recibido escasa formación y expresando gran necesidad de recibirla. Cada MF tiene diagnosticado en su cupo 1,78 casos de media. El perfil de la víctima es una mujer de 50 años que consulta frecuentemente y consume psicofármacos. Sus propuestas de mejora son cambios estructurales con más recursos, tiempo y formación y actuaciones clínicas meticulosas y cuidadosas. Conclusiones. Es necesario mejorar el registro de violencia de género en la historia clínica electrónica de AP. Los médicos de familia tienen una actitud positiva frente al abordaje de la violencia de género en la consulta. Son precisos cambios estructurales y asistenciales para mejorar la atención sanitaria a la violencia de género. Códigos UNESCO: 3212. Salud Pública. 6310. Problemas Sociales.10. Conflicto Social y adaptación. 6114. Psicología. 02. / Actitudes. Attitudes and actions of family doctors regarding gender based violence in the Autonomous Community of Murcia Abstract. Introduction. This thesis reflects the need for family doctors to respond to the serious public health problem that is gender based violence, in this case partner violence, whose etiology is complex and multifactorial because it is based on sociocultural constructions which maintain gender inequalities. Objetive. The objectives are to determine the attitudes and knowledge of Primary Care general practitioners within the Health Service of Murcia regarding gender based violence, identify their actions in the detection, assessment, intervention and referral of female victims as well as their children and the aggressor, analyse the recording of domestic violence in the primary care electronic medical records, inquire about their difficulties and perceived needs and explore what their suggestions for improvement are. Resources and Methods. We performed a cross-sectional descriptive study. The investigation is divided into three parts: 1. Analysis of the recording of gender based violence (GBV) in the Primary Care electronic medical records (PCEMR): it included people with individual health cards (TSI) whose medical records included CIAP-2 codes (International Primary Care Coding ) Z12 and Z25 (relationship problems and violence) during 2012 and 2013. 2. Analysis of knowledge, attitudes and actions of general practitioners (GP) when facing (GBV) 3. Exploration of the opinions of general practitioners about the difficulties of screening and proposals for its improvement. GPs working in primary care centres (PC) within the Murcia Health Service (MHS) which on December 31, 2012 was a total of 828. They were divided into nine groups corresponding to each of the nine areas of the health map of the Region of Murcia. Probability sampling with proportional distribution was performed according to the number of GPs in each area and systematic randomization, establishing a sample of 263 GPs. The measurements were made using a validated self-administered questionnaire which included open questions. A descriptive statistical study was performed of frequencies, percentages, mean and standard deviation, t-Student, ANOVA test and logistic regression. For the exploration of information obtained in the open questions the technique of content analysis was used. Results: PCEMR Records: the CIAP-2 code recorded most frequently is Z12 (psychological / emotional abuse). There are conditions that make it difficult to know the exact magnitude through data extraction of the incidence of GBV in primary care. Analysis of attitudes, knowledge, performances and opinion: To a large degree GPs consider GBV to be a social problem. Lack of time and not knowing how to ask about GV are the most common reasons for not investigating GV during consultations, needing clinical suspicion in order to consider this diagnosis. They accept as part of their professional role that they must be vigilant in identifying risk factors. Regarding the aggressor, they agree that they must continue their professional activities with them. Investigate whether children are victims and arise from social health resources. Few GPs feel fully trained to deal with victims, relating that they have received little training and expressed a great desire to receive it. Each GP has diagnosed an average of 1.78 cases. The profile of the victim is a woman of 50 who frequently consults and takes psychotropic drugs. Their suggestions for improvement are structural changes with more resources, time and training and meticulous and careful clinical performance. Conclusions: The recording of gender based violence in the primary care electronic case history needs to be improved. General Practitioners have a positive attitude to addressing gender violence in the consulting room. Structural changes are needed to improve health care for gender based violence. UNESCO codes: 3212. Public Health. 6310. Social Problems.10. Social Conflict and accommodation. 6114. Psychology. 02. Attitudes.