Los delitos de corrupción de funcionarios o delitos contra la Administración Pública en el derecho penal peruano, en los úlitmos, años, han cobrado especial interés, tanto de parte de la comunidad jurídica, así como de los medios de comunicación y la población en general. Sin embargo, al ser una herramienta relativamente nueva para nuestro sistema penal, existen situaciones donde no contamos con una doctrina mayoritaria; así como también existen casos donde contamos con diversas resoluciones judiciales que no establecen una interpretación clara respecto de cómo resolver determinados casos respecto de algún delito. Así pues, el presente trabajo toma como base la Casación No 023- 2016-ICA, Caso Wilfredo Oscorima. Denunciado, en un primer momento por colusión y posteriormente procesado por negociación incompatible. La citada Casación, entre otros temas materia de otros trabajos, nos plantea una interpretación respecto de la responsabilidad de un funcionario público, que a su vez es un superior jerárquico y la inexistencia de un deber de garante de los funcionarios públicos. Esta Resolución establece que el funcionario público únicamente tiene la obligación de cumplir con lo que está señalado en normas administrativas aplicables a su cargo. Contrario a lo planteado por la Casación, el presente trabajo lo que busca es plantear la teoría de la existencia de un deber de garante propio de los funcionarios públicos, el cual surge en razon de su cargo. El presente artículo plantea la teoría que todo funcionario público ostenta un deber de garante, ya sea de protección del bien jurídico o de protección de una fuente de riesgo; ello dependerá del caso en concreto.

El delito de banda criminal es una figura delictiva que se encuentra regulada con fines de tipificar conductas humanas a manera de peligro abstracto, pero que sean sancionadas por cumplir el solo propósito de formar un grupo organizado, que podría afectar la seguridad pública, ya que su propósito sería la comisión de ilícitos. El crimen organizado es un problema latente en la realidad nacional y trasnacional, que pone en jaque a diversos estados que se ven afectados por una situación social donde la delincuencia ha llegado a acaparar niveles inimaginables. La presente investigación tiene por finalidad exponer que nuestra legislación no tiene una debida normativa frente a los delitos de organización, situación que la jurisprudencia ha tratado de corregir, pero no es suficiente, ya que se vulnera el principio de legalidad por tratar de hacer interpretaciones que van más allá de lo razonable. Se tiene como objetivo general demostrar que, en el Perú el delito de banda criminal es inaplicable como delito de organización; y, como objetivo específico, poner en manifiesto que es una forma de coautoría y no un tipo penal independiente. En consecuencia, la hipótesis gira en torno a si es necesario tipificar el delito como se encuentra normado; o, en su defecto, si debe ser derogado o modificado; o, si sólo debe sancionarse el concurso de dos o más personas como agravante especifica de los delitos que sean realizados por la banda criminal.

Probablemente la casi ausencia de discusiones en torno a distintas problemáticas durante la etapa intermedia se deba a que los grandes casos penales, con gran cobertura mediática, se encuentran en la investigación preparatoria. Sin embargo, resulta indispensable un análisis exhaustivo del mismo y el debate entre los distintos actores del derecho de los conflictos presentes. Con ese propósito, nos proponemos como objeto de estudio analizar el debate sobre qué podemos entender como “error formal” dentro de la etapa intermedia del proceso penal peruano. Así a través de un método sistémico-estructural – funcional buscamos deducir cuáles serías los errores modificables de la acusación fiscal, a la luz de la naturaleza del requerimiento acusatorio y en el marco de los fines de la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. Por tanto, empezaremos con un esbozo a grandez rasgos de los fines de la etapa intermedia, tomando en cuenta ella analizaremos la naturaleza del requerimiento acusatorio. Luego, expondremos el debate por la doctrina y jurisprudencia en torno a qué podría considerarse como “error formal” en la etapa intermedia. Finalmente, proponemos un concepto de lo que consideramos puede entenderse como error formal, tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente.

El presente informe es parte del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Procesal, es por ello que se analiza la Casación N° 241-2019/ANCASH; la cual aborda los siguientes temas: prueba por indicio, el estándar probatorio y tipo penal colusión, los cuales serán parte del análisis en conjunto. La presente Resolución resolvió declarar FUNDADO el recurso de casación por inobservancia del precepto constitucional y quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por la Fiscalía de Ancash contra la sentencia de vista de fecha 20 de noviembre de 2018, que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 25 de junio de 2018, absolviendo así a los investigados de los cargos por colusión agravada en perjuicio del Estado. La Corte analizó si resulta determinante para el ejercicio del derecho de defensa, que el Ministerio Público mencione expresamente que probará los hechos mediante prueba por indicios y si la falta de tal mención significa la no valoración de los medios de prueba. Al analizar la casación, se concluye que la Corte correctamente señala que la fiscalía no vulneró el derecho de defensa al no postular expresamente la prueba por indicios y por ende estos pueden ser valorados. Sin embargo, la Corte ha excedido sus funciones al analizar los detalles de la acusación, sentencia de primera y segunda instancia concluyendo que la sentencia de vista no realizó una explicación suficiente y por el contrario la de primera instancia tenía una lógica trama argumentativa que atribuye responsabilidad penal –materias que no eran objetivos casacionales

El objetivo del presente informe jurídico es analizar el recurso de Nulidad No 1842-2016-Lima, mediante el cual planteo un problema principal y dos secundarios. En el problema principal analizo la sanción del funcionario público por el delito de colusión a pesar de la no intervención ni sanción del tercero interesado, donde concluyó que no es posible únicamente sancionar al funcionario. Seguidamente, en el primer problema secundario analizo el uso de la prueba indiciaria para la acreditación de la concertación como elemento primordial para la configuración del delito de colusión, concluyendo que hay una falta de pluralidad y concordancia en los indicios del caso. Por último, cuestionó que se haya condenado a Alex Kouri por el delito de colusión, dado que concluyo que el tipo penal aplicable era el de negociación incompatible. Se utilizará el método exegético, dogmático y funcional. El método exegético y dogmático permitirá el análisis de la doctrina y jurisprudencia vinculada a los principales elementos del delito de colusión, las teorías y tesis aplicables, y, por último, el método funcional facilitará el razonamiento de la discusión de la solución a los problemas jurídicos planteados. (RAMOS 2004:71-73) / The objective of this legal report is to analyze the Nullity appeal No. 1842-2016-Lima, through which I raise a main problem and two secondary ones. In the main problem, I analyze the sanction of the public official for the crime of collusion despite the non-intervention or sanction of the interested third party, where he concluded that it is not possible to only sanction the official. Next, in the first secondary problem, I analyze the use of circumstantial evidence for the accreditation of the agreement as a fundamental element for the configuration of the crime of collusion, concluding that there is a lack of plurality and concordance in the evidence of the case. Lastly, it questioned that Alex Kouri had been convicted of the crime of collusion, given that it concluded that the applicable criminal offense was that of incompatible negotiation. The exegetical, dogmatic and functional method will be used. The exegetical and dogmatic method will allow the analysis of the doctrine and jurisprudence related to the main elements of the crime of collusion, the applicable theories and theses, and, finally, the functional method will facilitate the reasoning of the discussion of the solution to legal problems. raised. (RAMOS 2004:71-73)

A lo largo de nuestra historia, la corrupción ha estado presente en diversos ámbitos de nuestro país, escándalos en los cuales, incluso, se han visto inmersos altos funcionarios públicos, conllevando a que se realicen investigaciones sumamente complejas que demandan muchos años. La gran mayoría de dichas investigaciones se dan en el marco del delito de colusión, proscrito en el artículo 384° del Código Penal peruano – en adelante CP – , el cual – como ya todos conocemos – contempla la colusión simple y la colusión agravada. Al revisar la evolución histórica del delito de colusión, podemos advertir que ha sido objeto de muchas modificaciones legislativas en el transcurso del tiempo, sin embargo, pese a ello, a nuestra consideración, aún presenta deficiencias respecto a su alcance, una de ellas es justamente la identificación del bien jurídico protegido. El presente trabajo arroja como resultado una propuesta que permitirá brindar mayores luces respecto de lo que protege el delito de colusión para, en base a ello, establecer cierta delimitación entre aquellas conductas que deben ser pasibles de sanción por el Derecho Administrativo Sancionador y por el Derecho Penal, estando a que este último debe abarcar únicamente las conductas penalmente relevantes que vulneran gravemente el bien jurídico protegido, es decir, opera como ultima ratio. / Throughout our history, corruption has been present in various areas of our country, scandals in which even senior public officials have been involved, leading to highly complex investigations that take many years to carry out. The vast majority of these investigations occur within the framework of the crime of collusion, proscribed in article 384 of the Peruvian Penal Code - hereinafter CP -, which - as we all know - contemplates simple collusion and aggravated collusion. When reviewing the historical evolution of the crime of collusion, we can note that it has been subject to many legislative changes over time, however, despite this, in our opinion, it still has deficiencies regarding its scope, one of which is precisely the identification of the protected legal asset. The present work results in a proposal that will provide more insights regarding what the crime of collusion protects in order to, based on this, establish a certain delimitation between those conducts that should be subject to sanction by the Sanctioning Administrative Law and by the Law Criminal, being that the latter must only cover criminally relevant conduct that seriously violates the protected legal right, that is, it operates as an ultima ratio.

Esta tesis doctoral se centra en la trayectoria pública de Luis Jiménez de Asúa (1889-1970). En síntesis, la biografía persigue la conformación del personaje en el tiempo: de su temprana vocación por la ciencia y la docencia del Derecho Penal en la década de los años diez del pasado siglo a su itinerario como referente del movimiento estudiantil opositor a la dictadura de Primo Rivera; de su salto a la política republicana a su particular recorrido como dirigente del Partido Socialista Obrero Español; de su intensa labor legislativa durante la II República que comenzó con la presidencia de la Comisión parlamentaria redactora de la Constitución de 1931 a sus grandes defensas penales; de su vicepresidencia de las Cortes tras el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936 a su diplomacia de combate en París, Praga y Ginebra durante la Guerra Civil; y de 1939 a 1970: el tiempo que duró su exilio, hasta el final de sus días, como Presidente de la II República en el exilio. De un lado, dentro de su reconocido legado para el penalismo contemporáneo, introdujo en España innovaciones metodológicas para su estudio y creó una de las grandes escuelas de habla castellana del siglo XX; de otro, su trayectoria política se rigió por su firme compromiso con la democracia y el socialismo.

El presente artículo intenta observar el principio de la responsabilidad del superior recogido en el artículo 28 del Estatuto de Roma, artículo que incluye las obligaciones de prevención y sanción, y dentro de estas las medidas idóneas y razonables para cumplir tales deberes. Estas medidas fueron mencionadas en la primera sentencia relacionada a este principio por la Corte Penal Internacional en el caso de Jean Pierre Bemba Gombo, tratando de encontrar la responsabilidad de este por la comisión de crímenes internacionales debido a la omisión de tomar tales medidas que se encontraban bajo su poder como superior. El trabajo busca encontrar el origen de estas medidas y su evolución junto a la doctrina de la responsabilidad del superior, desde el intento de normar los conflictos armados, pasando por los tribunales de las dos grandes guerras y tribunales ad hoc que contribuyeron con su desarrollo, hasta su consagración en el mayor instrumento de derecho penal internacional, el Estatuto de Roma. Finalmente, nos encontraremos ante la falta de alguna regulación o lista que pueda considerarse aplicable sin ser cuestionada por su legalidad dentro del derecho penal y así juzgar a los grandes responsables por la comisión de crímenes internacionales.

En el presente trabajo se abordará cómo la reproducción de estereotipos de género en sentencias penales afectan al buen gobierno. Para ello, en el primer capítulo se detalla la obligación del Perú en la no reproducción de los estereotipos de género en las sentencias penales, para lo cual se mencionan las normas internacionales que establecen esta obligación y su aplicación en el ordenamiento jurídico interno peruano. Posteriormente, en el segundo capítulo, se ahondará en el principio de buen gobierno como principio jurídico imprescindible en el ordenamiento jurídico peruano, así como en los subprincipios que lo componen. Finalmente, en el tercer capítulo se establece la conexión entre la afectación al buen gobierno y la reproducción de los estereotipos de género en sentencias penales. Para ello, se ejemplifica con una sentencia relevante para la jurisprudencia peruana actual. / This paper will address how the reproduction of gender stereotypes in criminal sentences affect good governance. For this, the first chapter details the obligation of Peru in the non-reproduction of gender stereotypes in criminal sentences, for which the international norms that establish this obligation and its application in the Peruvian internal legal system are mentioned. Subsequently, in the second chapter, the principle of good governance will be delved into as an essential legal principle in the Peruvian legal system, as well as the sub-principles that compose it. Finally, the third chapter establishes the connection between the impact on good governance and the reproduction of gender stereotypes in criminal sentences. For this, it is exemplified with a sentence relevant to current Peruvian jurisprudence. / Trabajo académico

El ne bis in idem, al ser un principio general del derecho, a lo largo del tiempo no ha tenido muchos cambios, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Por lo que, se han mantenido los elementos que lo conforman. Y son el hecho, fundamento y la persona. Se irá mencionando sobre el porqué el ne bis in idem es un principio general del derecho, o porqué está ligada a la cosa juzgada, y cuál es la importancia del principio de la legalidad en la aplicación del ne bis in ídem. También hablaremos sobre que significó sus inicios en la historia jurídica, como se llegó a pensar una de ella incluso antes del nacimiento de Cristo, dándonos esbozos de lo que llegaría a ser el principio y como fue evolucionando hasta lo que ahora llegamos a conocer de ella. Parte de los objetivos, será analizar qué es el ne bis in ídem, y como el hecho y persona podrían cumplir un papel que llegue a complementarse de tal forma que discordemos con la presencia del elemento del fundamento como parte del ne bis ídem. De esta forma, solo serán el hecho y la persona, como los elementos conformantes del ne bis in ídem. Plasmar la idea fue algo muy arriesgado, debido a que no es un tema que hasta el momento de halla tratado en el mundo jurídico como un tema debatible, y menos aún se tiene el punto de vista aquí en el ordenamiento jurídico nacional.