La presente tesis tiene como propósito fundamentar la aplicación del principio de proporcionalidad en el proceso de determinación judicial de la pena del extraneus, específicamente en los delitos de infracción del deber, esto debido a la modificación del artículo 25 del Código Penal, estableciendo que la sanción a imponer al autor también le será aplicada al partícipe que intervino en el delito cualificado, aun cuando en él no concurran los elementos que fundamentan la punibilidad del autor. Esto refleja la inexistencia de una adecuada interpretación y aplicación de la norma, conllevando a la transgresión de principios generales del ordenamiento jurídico que constituyen garantías constitucionales dentro de un Estado de Derecho como el somos. Por tanto, ante la relevancia penal de esta situación, resulta imprescindible fundamentar la trascendencia jurídica de la aplicación del principio de proporcionalidad, siendo un principio constitucional, nacido en virtud del Estado Social, Democrático y de Derecho, el cual deberá ser empleado de manera inexorable en el proceso judicial al momento de determinar el quantum de la pena que le corresponde al extraneus que participó en un delito de infraccion del deber, puesto que éste no reúne las condiciones especiales que posee el intraneus, y, si bien es cierto, ambos sujetos se encuentran ligados bajo la unidad delictual del hecho, cada uno deberá responder por su propio injusto cometido, implicando que a cada uno le corresponda un marco punitivo proporcional a su injusto cometido

El presente trabajo de investigación, se centra en justificar la norma de mandato como fundamento de la punición del extraneus, específicamente en el delito de parricidio. Y para llegar a ello, se hace una descripción de lo que trata el delito en mención y la participación del extraneus en el mismo, ya que como se ha podido percibir en nuestra realidad jurídica, existe una problemática con respecto a la imputación jurídico penal del extraeus. Lo dicho, tiene como finalidad dar a conocer una perspectiva iusfilosófica para dotar de más consistencia a la teoría de la unidad del título de imputación, y así, se logre llegar a un consenso expreso para que las imputaciones jurídicas penales del extraño o extraneus en el delito de parricidio, revistan de uniformidad y certeza.

La presente investigación trata sobre criterios para la aplicación de la prueba indiciaria en el delito de cohecho pasivo impropio. Debido a que en el Derecho Penal, la prueba es un elemento esencial para poder determinar la comisión de un hecho delictivo. Por ello, es importante el estudio de las pruebas por indicios, debido a que una correcta valoración, traería consigo un pronunciamiento válido, siempre y cuando se encuentre basado en criterios razonables y con sustento sólido para un pronunciamiento eficaz. En consecuencia, la valoración de la prueba indiciaria en el proceso penal, traería consigo la sanción e inhabilitación a malos funcionarios públicos en el campo penal, provocando una privación de las funciones que ostenta, ya que con la inhabilitación el funcionario se encontraría impedido de realizar funciones que ejercía, a la vez, la prueba indiciaria es de suma importancia, ya que gracias a ella, se puede obtener la veracidad de un acto delictivo; por lo que en la actualidad existen muchos casos, sobre todo en el delito de cohecho pasivo impropio en el que es dificultoso conseguir una prueba directa, por lo tanto, es donde los indicios cumplen un rol muy importante para comprobar la verdad; en conclusión, lo que se pretende es establecer criterios de interpretación del operador jurídico para que se aplique a través de un acuerdo plenario o exista un pronunciamiento de la corte suprema respecto a este tema.

Sostiene que la teoría sobre la prescripción penal sigue suponiendo el tiempo como categoría fundamental, cuando ésta viene siendo replanteada desde diversas perspectivas extrañas al derecho penal, el cual aún no ha considerado seriamente en realizar tales incorporaciones que de hacerse brindarían una mayor validez argumentativa en cuanto al sustento de dicha institución. Sustenta que el nivel de la frecuencia de eficacia de la prescripción de la persecución penal es altamente significativo, constituyéndose así en el principal medio de eliminación elusiva de la carga procesal (descongestión) que se utiliza en el sistema penal por parte de los magistrados jueces de primera instancia del distrito judicial de Lima, así como los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República. Fundamenta que el nivel de la frecuencia de eficacia de la prescripción penal de la ejecución de la pena es insignificante o casi nulo, constituyéndose así en un mecanismo inutilizable por parte de los magistrados jueces de primera instancia del distrito judicial de Lima, así como los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República debido a que en la realidad no acontece. / Tesis

El presente artículo tuvo por objetivo determinar los fundamentos dogmáticos - jurídicos que el legislador debe tener en cuenta para adoptar la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestra legislación penal peruana, ya que hoy en día la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se encuentra debidamente regulada; dicho trabajo se realizó bajo el método de análisis documental, conjuntamente con la técnica del fichaje. Asimismo, para lograr dicho objetivo fue indispensable sustentar los principales motivos para la Derogación de la Ley N° 30424 - Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas; pues la misma, lo único que hace es confundir de una u otra manera al operador jurídico, al pretender atribuir una responsabilidad administrativa frente a un hecho delictivo de la persona jurídica cuando no debe de ser así, dado que se debe atribuir la responsabilidad que le corresponde, la cual es una responsabilidad de naturaleza penal. Seguidamente, fue necesario fundamentar los criterios dogmáticos y jurídicos que nos sirvió de mucha ayuda para implementar la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas en nuestro Ordenamiento Jurídico Penal Peruano mediante una propuesta legislativa. Por tal motivo, esta investigación, demostrará que es necesario establecer los fundamentos dogmáticos – jurídicos para poder implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestra legislación penal peruana, y de esa manera poder contrarrestar la criminalidad empresarial que hoy en día está avanzado y creciendo cada vez más, originando así grandes y graves problemas para la sociedad.

En esta investigación abarca un problema relacionado con la vigencia de los derechos humanos dentro del proceso penal: el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Con motivo del proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal (ley 27.063, T.O decreto 118/19), se estudian aquí las herramientas legales que surgen de dicho digesto en aras de la garantía de ese derecho fundamental, con especial énfasis en la interpretación que debe darse a las normas respectivas dentro del tipo de sistema -acusatorio- que el Código implementa. En esta tarea se hace hincapié en los plazos regulados para completar la etapa preparatoria y formular acusación, como plazos perentorios tendientes a sumar una garantía adicional a la del plazo máximo de duración del proceso, en una mirada bifronte que abarca, también, la necesidad de asegurar la vigencia del derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva. / This research covers a problem related to the observance of human rights within the criminal process: the right to be tried within a reasonable time. On the occasion of the process of implementation of the Federal Code of Criminal Procedure (law 27.063), the legal tools that arise from this Code are studied here in order to guarantee that fundamental right, with special emphasis on the interpretation that must be given to the respective norms within the type of system -accusatory- that the Code implements. This task emphasizes the regulated deadlines for completing the investigation and making accusations, as peremptory deadlines that add another guarantee besides the maximum period of duration of the process. This study includes a two-sided view that also covers the need to ensure the victims’ right to an effective judicial protection.

El presente trabajo académico analiza tres problemas jurídicos que han sido identificados en la Casación N° 49 – 2019 Ayacucho. El primer problema es referente a establecer cuál es el bien jurídico general y específico del delito de negociación incompatible en base a las propuestas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia peruana. Luego de esbozar un concepto del bien jurídico y su finalidad del mismo, la autora propone una interpretación constitucional del bien jurídico que permitirá comprender el artículo 399 del código penal. De otra parte, el segundo problema jurídico que se aborda se centra en la aplicación de la connotación económica del interés indebido y si este debe ser únicamente patrimonial. Al respecto la autora concuerda con lo señalado con la casación en análisis para establecer que este, no es un requisito. Finalmente, se desarrolla una diferenciación entre los delitos de peligro abstracto y concreto, para concluir que el delito de negociación incompatible es uno de peligro abstracto. / This academic work analyzes three legal problems that have been identified in Cassation No. 49 - 2019 Ayacucho. The first problem is related to establishing what is the general and specific legal interest of the crime of incompatible negotiation based on the proposals established by the Peruvian doctrine and jurisprudence. After outlining a concept of the legal interest and its purpose, the author proposes a constitutional interpretation of the legal interest that may include article 399 of the penal code. On the other hand, the second legal problem addressed focuses on the application of the economic connotation of undue interest and whether it should be solely patrimonial. In this regard, the author agrees with what was indicated with the cassation under analysis to establish that this is not a requirement. Finally, a differentiation between the crimes of abstract and concrete danger is developed, to conclude that the crime of incompatible negotiation is one of abstract danger.

La protección de la persona humana y el respeto de su dignidad son la razón de ser del Ordenamiento Jurídico Peruano, observando también que, este está orientado a brindar una mayor protección a grupos minoritarios y/o vulnerables. Por consiguiente, cabe señalar, que toda persona merece un trato digno en lo que son iguales, pero debe darse un trato distinto en lo que son diferentes. Es por ello que la presente iniciativa propone la inclusión de la situación de vulnerabilidad del sujeto pasivo como agravante del delito de homicidio calificado, dentro del artículo 108° del Código Penal aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, con la finalidad de que cuando el sujeto pasivo sea una mujer, un menor de dieciocho años, un mayor de sesenta y cinco años, o cuando la persona sufra una discapacidad mental, física o enfermedad, el reproche social sea aún mayor, en base a la conciencia colectiva basándose en que ellos requieren una protección mayor por su especial vulnerabilidad y que los autores de tales delitos actúan con propósitos aún más abyectos.

Con la presente investigación asumimos dar razones objetivas para que se incluya como categoría jurídica en el ordenamiento penal peruano la figura de la complicidad posconsumativa, la cual se presenta cuando se verifica la realización de actos posteriores al curso natural del iter criminis. En ese sentido, al no estar contemplada normativamente la complicidad posconsumativa, constituye un problema que amerita una pronta solución, desde el Estado, a través del Derecho Penal, puesto que se presenta una serie de supuestos delictuosos que quedan impunes, afectando la labor contra la delincuencia. En consecuencia, se hace indispensable, que en el artículo 25 del Código Penal, se incluya una modalidad de participación, que sancione aquellos participes que intervienen después de la consumación del delito. Los objetivos, para ello, han consistido en el estudio de la autoría y participación, la accesoriedad de la participación y las fases de iter criminis.

La presente investigación tiene por finalidad establecer cuál es el contenido del elemento normativo caso judicial y caso administrativo en el delito del tráfico de influencias, a partir del análisis del principio de legalidad. Para la comprensión de la problemática planteada y el planteamiento de las posibles soluciones, el trabajo se divide en cuatro capítulos: el primero, desarrolla el bien jurídico protegido en el delito de tráfico de influencias a través de las diferentes posturas asentadas en la doctrina; el segundo capítulo analiza el principio de legalidad y las diferentes formas de interpretación; el tercer capítulo, establece el contenido del elemento normativo “caso judicial y caso administrative” en el tráfico de influencias. A partir de dicho análisis se sugiere una propuesta lege ferenda y las conclusiones del trabajo realizado.