Debido al existente monopolio punitivo y penitenciario en el Perú, y en gran parte del mundo, los Estados deben justificar mediante una finalidad, el daño que la imposición de una pena causa en el individuo. Ante ello, la política criminal peruana opta por acoger una teoría ecléctica, cuyo mayor relieve se encuentra en la prevención especial. Sin embargo, pese a ser la prevención especial el núcleo de la teoría acogida, este precepto no se ve correctamente materializado. El presente artículo desarrolla el fundamento y los problemas de las diversas teorías de los fines de la pena, las cuales se presentan como una opción de aplicación para el legislador peruano. Analiza, además, la estigmatización, la presión mediática y el exceso de privaciones de libertad. Problemas que impiden la materialización de la prevención especial en el Perú. / Due to the punitive and penitentiary monopoly in Peru, and in much of the world, States must justify, through a purpose, the damage that the imposition of a penalty causes in the individual. Given this, the Peruvian criminal policy chooses to embrace an eclectic theory, whose greatest importance is found in individual prevention. Nonetheless, despite individual prevention being the core of the accepted theory, this precept does not appear to be properly materialized. This article develops the foundation and problems of the various theories of the punishment, which are presented as an application option for the Peruvian legislator. It also analyses stigmatization, media pressure and excessive deprivation of liberty. Problems that prevent the materialization of individual prevention in Peru.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente texto aborda el tratamiento más reciente que la doctrina y la jurisprudencia nacional han efectuado respecto del delito de estafa. Se abordarán con especial interés los tipos penales de los artículos 468 y 473 el Código Penal. El objetivo de esta exposición es presentar al lector no especializado las principales discusiones doctrinaras que genera la interpretación de la estafa. En el capítulo primero se presenta la conceptualización de la estafa en la doctrina nacional abordándose los elementos esenciales que constituyen dicha figura. En el capítulo segundo se tratan los tipos penales de los artículos 468 y 473 del Código Penal. En el capítulo tercero se reproducen sucintamente una porción seleccionada de las posiciones adoptadas por tribunales chilenos con competencia en lo penal, respecto de la aplicación e interpretación del delito de estafa. La exposición de los contenidos del presente documento se utiliza un método expositivo descriptivo, ya que se intenta reproducir de la manera más fielmente posible las posiciones adoptadas por los diversos autores consultados y por los tribunales de justicia. En cuanto a la reproducción de casos, ésta se efectúa sobre una muestra de treinta resoluciones judiciales recopilada al azar. El método de reproducción de sentencias consiste en la reproducción o parafraseo de los hechos acreditados por el tribunal, las posiciones de los intervinientes respecto a la calificación jurídica de los hechos, la calificación efectuada por el tribunal, la decisión adoptada. Finalmente se incluye de un brevísimo a modo de resumen. El objetivo principal de esta sección es reproducir las posiciones adoptadas por los tribunales frente a casos concretos de estafa e identificar a que tesis doctrinaria correlativa. Como objetivo secundario se pretende mostrar al lector la calificación que realiza el tribunal entre los artículos 468 y 473 del Código Penal en casos concretos

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La Ley 20.931, publicada en el Diario Oficial del 5 de julio de 2016, eliminó la agravante especial de pluralidad de malhechores del Art. 456 bis N°3 del Código Penal (“CP”), al mismo tiempo que introdujo una agravante especial de contenido normativo similar mediante el Art. 449 bis CP, y estableció en el Art. 449 CP reglas especiales de determinación de la pena para delitos de hurto y robo, más gravosas que las reglas generales contenidas en los Arts. 65 a 69 CP. Lo anterior generó un problema de aplicación de ley penal en el tiempo, respecto de los delitos de hurto y robo en que concurría la agravante suprimida cometidos antes del 5 de julio del 2016, pero juzgados con posterioridad a dicha fecha; referente a la posibilidad de formar lex tertia al tener por suprimida la agravante del Art. 456 bis N°3 CP, pero aplicando las reglas generales de determinación de la pena – menos gravosas –. Igual discusión se produjo frente a solicitudes de adecuación de la pena, interpuestas en favor de condenados a quienes se les había aplicado la agravante suprimida. El objetivo de esta tesis es doble. En primer lugar, clarificar las alternativas doctrinarias relativas a la posibilidad de formar lex tertia: (1) la tesis de la estricta alternatividad, contraria a la formación de lex tertia, dominante en la doctrina chilena; (2) la tesis irrestrictamente favorable a la formación de lex tertia, que cuenta con importantes defensores en la doctrina alemana; y (3) la tesis limitada o restrictivamente favorable a la formación de lex tertia, defendida por Antonio Bascuñán. En segundo lugar, revisar la jurisprudencia relativa a la aplicación de las reformas introducidas por la Ley 20.931 en el Código Penal, para identificar el criterio sobre formación de lex tertia con que han fallado los tribunales de justicia

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La Seguridad Ciudadana es un concepto clave en la reflexión penal contemporánea, con raíces propias en la Criminología, que cuenta con expresiones distintivas en Política criminal y que, además, tiene una alta incidencia en la discusión sustantiva del Derecho penal. Pese a su perfil técnico y, aparentemente, neutro, en esta visión sobre el delito, el control y el castigo penal subyace un discurso teórico que la encuadra como un producto intelectual más de la hegemónica racionalidad neoliberal

El principio de oportunidad, es una institución jurídica procesal, como excepción al principio de legalidad procesal, que consiste en la facultad del Fiscal Provincial, bajo determinadas condiciones establecidas en la ley, de abstenerse ejercitar la acción penal pública, cuando ha comprobado la existencia de elementos de convicción de la realidad del delito y se encuentre acreditada la vinculación del imputado en su comisión; debiendo además contar con la aceptación de éste último, para su aplicación. El fundamento de su aplicación reside en la escasa relevancia de la infracción penal, la pronta reparación civil a la víctima sin mayores dilaciones, evita los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad, permite dirigir los escasos recursos del Estado al control sobre el tipo de criminalidad que mayor costo social genera y más dificultad manifiesta en la intervención. En ese sentido, esta investigación tiene por objeto identificar los factores que influyen en la deficiente aplicación del principio de oportunidad, en la investigación preliminar y en la formalización de la investigación preparatoria del proceso penal, durante el período abril de 2008 a diciembre de 2012, en el distrito judicial de Tacna. Tiene un enfoque cuantitativo, pues en base a la recolección de datos se probará la hipótesis; y según su alcance es investigación no experimental, en su modalidad de diseño transeccional correlacional causal. Proporciona evidencia empírica de los factores que influyen en la deficiente aplicación del principio de oportunidad, en la investigación preliminar y en la formalización de la investigación preparatoria del proceso penal, durante el período abril de 2008 a diciembre de 2012, en el distrito judicial de Tacna. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La memoria realiza un primer acercamiento a los delitos de corrupción entre particulares y, en especial, a la forma en que se propone su incorporación en la legislación chilena. Para ello, revisa el concepto mismo de corrupción, explicando la dificultad práctica de proveer una definición exacta y optando por utilizar la propuesta conceptual realizada por KINDHÄUSER. Esto es, tratarle como una forma de agresión con características propias. En relación al bien jurídico a proteger, da cuenta de las tendencias en los modelos comparados y ofrece argumentos que desvelan una inclinación, en el proyecto en tramitación, hacia la protección de la lealtad en la competencia. Completa este análisis dotando de contenido a dicho bien jurídico y caracterizándolo como uno colectivo. En términos de la forma de tipificación, fundamenta la hipótesis de que se trata de un delito de peligro abstracto, entendiendo por tal, a aquellos que erosionan las condiciones que permiten disponer de forma razonable de un cierto bien jurídico. Finalmente, trabaja la noción de autor en los dos tipos penales propuestos, ofreciendo una justificación conceptual a la necesidad, manifiesta en el proyecto, de construir diferenciadamente un delito común y un delito especial. Termina el tratamiento de la autoría abordando, en detalle, tres de los problemas que derivan de la naturaleza especial del delito de corrupción pasiva, a saber: a. La forma de construcción del círculo de autores. b. El debate en torno a la no inclusión del dueño de la empresa como posible autor. c. Las dificultades de imputación relativas a las categorías de extraneus e intraneus.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo analiza el régimen de determinación de la pena y las instituciones jurídicas de la reiteración delictiva, el concurso de delitos y la unificación de condenas en el marco del derecho penal de adolescentes y la evolución que las mismas han tenido en nuestra legislación. Se examina primeramente dichas instituciones a la luz del derecho penal general, para luego observar su tratamiento en la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, reparando en las falencias y críticas que se han realizado a la misma, las cuales han servido de fundamento y base para la presentación de un proyecto de ley que propone la creación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y modificaciones a la actual LRPA. Se hace especial énfasis en aquellos casos en los que deba sancionarse a una misma persona por delitos cometidos como adolescente y como adulto (el llamado concurso de delitos de regímenes diversos), contrastando la nueva regulación presentada con los principios y objetivos que la justicia penal adolescente debe perseguir, con el objetivo de determinar si la normativa propuesta significa o no una mejora sustancial al modelo en dichas materias. El resultado de este trabajo procura contribuir al debate en torno al mejoramiento de los derechos y garantías de los que debiesen ser titulares los adolescentes infractores de ley en nuestro país

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo estudia la situación de las personas con discapacidad mental y, especialmente, de aquellas que se encuentran en conflicto con la justicia. En concreto, analiza las disposiciones procesales penales aplicables a ellas y cómo los tribunales de justicia chilenos han fallado en esta materia. Además, se exponen las condiciones de encarcelamiento de los centros penitenciarios chilenos y se busca encontrar una explicación a la alta tasa de prevalencia de enfermedades mentales dentro de la población penitenciaria, haciendo especial mención a los grupos más vulnerables, tales como mujeres y adolescentes

El expediente materia de análisis permite abordar una serie de problemáticas jurídicas, dentro de las cuales cabe destacar el análisis integral de la teoría del delito y sus diferentes subcategorías. Asimismo, se encuentran presentes aspectos de la normativa procesal a ser contrastados desde el aún vigente Código de Procedimientos Penales y la más reciente normativa del Nuevo Código Procesal Penal, principalmente en torno al control judicial de las resoluciones de primera instancia efectuado por la Corte Suprema. Finalmente, en la tramitación del expediente subyace una problemática cuya relevancia y necesidad de prevención ha venido tomando mucha importancia en los últimos años, como lo es el fenómeno de la violencia de género y lo que ello entraña para la aplicación de las categorías e instituciones jurídico-penales vigentes en nuestro ordenamiento. En razón de lo señalado, considero que la presente investigación se justifica en dos principales razones: la revisión de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el caso concreto y las vías alternativas a través de las cuales las causas de justificación podrían ser reinterpretadas en función de los efectos que un fenómeno estructural como la violencia de género podría tener en la aplicación del Derecho Penal. En ese sentido, se sustenta como hipótesis la concurrencia de un estado de necesidad exculpante en la conducta de la procesada y, asimismo, postulo una reinterpretación de los parámetros para la aplicación de la causa de justificación del “estado de necesidad justificante” en atención a los efectos que la violencia de género podría tener tanto sobre la víctima de la misma como sobre aquellos terceros en estrecha vinculación con esta. Para el presente trabajo, se utilizó como metodología la revisión de doctrina jurídica y jurisprudencia aplicables al caso concreto, a través del método dogmático-jurídico.

La sentencia de la Sala VIII de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional (CPI) que declara al ciudadano maliense Ahmad Al Faqi Al Mahdi culpable de haber cometido el crimen de “dirigir intencionalmente ataques” contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos, marca un hito por ser la primera vez que dicho tribunal emite una condena por la destrucción intencional de bienes culturales. Sin embargo, la correcta imputación del crimen referido depende de que la conducta atribuida a Al Mahdi constituya un “ataque” de conformidad con el artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma. El presente trabajo analiza la idoneidad del sentido atribuido en la sentencia al término “ataque” a la luz de la definición del mismo en los tratados de derecho internacional humanitario y derecho penal internacional relevantes, de la jurisprudencia de la propia CPI y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y de la doctrina de los publicistas especializados. Dicho análisis permite concluir que la sentencia contraviene la definición del término “ataque” contenida en el derecho internacional humanitario, el sentido atribuido a dicho término en el artículo 8 del Estatuto de Roma y los principios relativos a la interpretación de los crímenes consagrados en el artículo 22(2) del mismo.