Habiendo transcurrido más de una década de finalizado el conflicto armado interno en nuestro país, las víctimas no han logrado ser reparadas debidamente por el Estado peruano. Tal situación no solo ha significado un incumplimiento de sus obligaciones internacionales, sino también una oportunidad perdida para contribuir a una verdadera reconciliación nacional. Los peruanos y peruanas más pobres y excluidos por el Estado fueron las principales víctimas de la violencia en el conflicto armado. La “violencia de género” ha sido definida por el Comité CEDAW como aquella violencia dirigida a la mujer por su condición de tal y que le afecta de forma desproporcionada1 . En este sentido, la violencia sexual representa una modalidad de la violencia de género, siendo precisamente uno de los crímenes más atroces que se cometieron durante el conflicto armado interno. Esta grave vulneración a los derechos humanos se practicó de manera sistemática contra las mujeres, dejando secuelas devastadoras no solo en ellas, sino también en sus comunidades y la sociedad peruana en su conjunto.

El presente trabajo de investigación está orientado a establecer el nivel de eficacia que la producción normativa generada en nuestro país, ha tenido respecto a la lucha contra el fenómeno de la corrupción administrativa, teniendo en consideración que es considerado como uno de los principales problemas para el desarrollo de nuestro país. El trabajo desarrolla en primer término un esfuerzo teórico por establecer el fondo de cuadro respecto al concepto, naturaleza, características, clasificación y materialización del fenómeno de la corrupción, de forma tal que el desarrollo del mismo responda a los conceptos o lineamientos generales esbozados y pueda ser comprendido a la luz de dichos criterios. A continuación, el trabajo de investigación centra su enfoque en la corrupción administrativa, su definición, así como la forma como el fenómeno se presenta al interior de la administración estatal, para luego proceder a enfocar los alcances de la responsabilidad administrativa que es susceptible de generarse como resultado de la acción de los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. En el segundo capítulo se aborda fundamentalmente la acción del Estado frente a la corrupción, analizándose la producción normativa generada, los conceptos desarrollados por las Convenciones Internacionales, el papel de las organizaciones involucradas en el combate de la corrupción, un breve enfoque sobre la percepción del fenómeno a la luz de la opinión pública y un breve análisis sobre la jurisprudencia nacional e internacional en torno al problema de la corrupción y la aplicación del procedimiento administrativo sancionador. Este capítulo concluye con un análisis crítico sobre los esfuerzos desplegados en materia normativa frente a la corrupción administrativa. Finalmente, nuestro trabajo en su tercer capítulo plantea a la luz del análisis previo, lo que consideramos deben ser las líneas maestras a seguir para articular un eficaz esquema normativo y operativo para enfrentar a la corrupción administrativa.

Durante mucho tiempo la sociedad ha sido construida a partir de un prototipo ideal de individuo racional, capaz de sentir, comunicarse y decidir sobre su vida sin algún tipo de asistencia. La consecuencia de este paradigma ha sido que aspectos importantes de la vida como la educación, la arquitectura, la información y señalización, el trabajo, el lenguaje, las relaciones familiares, el arte y el Derecho han sido elaborados pensando en este ideal de ser humano. En este esquema, los individuos cuyo cuerpo o mente no funcionan de igual manera que en la mayoría de personas son excluidos de la vida social y de la capacidad de ejercer sus derechos. Especialmente las personas con capacidades de pensar y gestionar aspectos sociales y emocionales distintas al resto son tratados como objetos y no sujetos de pleno derecho3 . Estos individuos, llamados usualmente “locos”, “dementes” o “enfermos mentales”, son aislados en instituciones de salud mental en aras de “curarlos” contra su voluntad y de “proteger” a la sociedad de estas personas. Sin embargo, este paradigma ha sido duramente criticado en los últimos años. Más aún, las propias personas con funcionalidades distintas a la mayoría han encabezado una lucha por el reconocimiento de sus derechos. Esta lucha se ha sintetizado en un nuevo modelo de discapacidad: el modelo social. Este modelo propone que el eje de la discapacidad ya no descansa en las funcionalidades distintas (llamadas deficiencias), sino en las barreras discapacitantes construidas a partir del prototipo de ser humano ideal.

El presente trabajo busca discutir la naturaleza jurídica de la reincidencia, para demostrar que dicha agravante genérica no se aleja de un modelo acorde con los principios del Derecho Penal material y respeto de los derechos fundamentales propios de un Estado Social y Democrático de Derecho, como declara ser el Perú. Asimismo, resulta legítima la mayor sanción impuesta al sujeto reincidente, pero dentro de la pena abstracta, pues se desvalora la mayor culpabilidad, sin desconocer los principios de ne bis in ídem, culpabilidad y proporcionalidad.

Se atribuye a Aristóteles la frase aquélla de que “grandes conocimientos engendran grandes dudas”; la cual resulta de aplicación a la materia del presente Trabajo que persigue desmitificar la vinculación que en el Derecho se realiza de la institución de la cláusula penal a la tutela resarcitoria.

Mediante el presente trabajo de investigación se plantea que obrar por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo son comportamientos que no pueden ser considerados como permisiones excepcionales que deban examinarse a nivel de la antijuridicidad (causas de justificación), sino que, al tratarse de acciones promovidas, defendidas u ordenadas por el propio sistema jurídico del Estado peruano, lo más razonable es que sean consideradas como criterios que inciden determinantemente en la atipicidad de un hecho de solo aparente relevancia penal. Para ello, se parte de la idea de que los comportamientos que se califiquen como típicos —al expresar, en principio, una intensa afectación de las libertades— tendrán que ser previamente sometidos a un riguroso examen en el que se delimite el sentido del tipo penal, a través de criterios materiales que permitan verificar si se realizó un riesgo generalmente no permitido y si tal interpretación de la norma penal es conforme a la Constitución. Se busca así, demostrar que los modernos instrumentos de la dogmática penal y los valores constitucionales clarifican tanto la idoneidad lesiva de tales conductas como su pertenencia al conjunto de libertades jurídicamente garantizadas en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, lo que da cuenta del carácter atípico de obrar por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

El Código Civil peruano, al igual que la mayoría de Códigos Civiles que se adscriben al sistema romano germánico, adopta una noción pandectística del contrato, entendiéndolo, conforme aparece en su artículo 1351, como “el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”. Como puede verse, esta definición guarda bastante similitud con la definición que el mismo cuerpo normativo nos brinda respecto del “acto jurídico” [rectius, negocio jurídico1], en el artículo 140, en donde se señala que éste viene a ser “la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”. Y ello, ciertamente, obedece a que el contrato es, al igual que el testamento y la promesa unilateral, una especie de la categoría general de negocio jurídico, entendiendo a éste como un acto vinculante por medio del cual se establecen las reglas jurídicas cuya actuación permitirá la satisfacción de los intereses de las partes, sea creando, transfiriendo, regulando, modificando o extinguiendo efectos jurídicos, esto es, como un acto de autonomía privada. En esta misma línea se ha dicho que: “El contrato entra en la categoría más amplia del acto de autonomía privada o negocio jurídico, o sea del acto mediante el cual el sujeto dispone de la propia esfera jurídica” (Bianca 2007: 24).

En los últimos años, el Perú y la mayoría de países de América Latina vienen siendo testigo de un incremento considerable de la delincuencia en la sociedad, la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos y los cupos en el ámbito de la construcción son los grandes factores que impulsan a las organizaciones criminales a la comisión de diversos ilícitos penales con la finalidad de no perder y seguir aumentando su presencia delictiva dentro del país. Uno de los mecanismos más utilizados por las organizaciones criminales para poder lograr sus objetivos es a través del Sicariato y la Extorsión, actos que muchas veces son perpetrados por menores de edad. Ante esta situación, el Congreso en varias oportunidades ha demostrado su interés por modificar el artículo 20° inciso 2 del Código Penal, en el extremo que se considera como inimputable a los menores de edad que hayan cometido un ilícito penal. La finalidad principal de la modificación, es lograr que los menores de edad sean procesados en el fuero común y se les imponga una pena más drástica por el daño generado. Esta situación nos obliga a tener que responder los siguientes cuestionamientos, ¿Es viable la propuesta realizada por el Congreso para modificar el rango de inimputabilidad señalada en el artículo 20° inciso 2° del Código Penal? ¿Es posible que los sicarios menores de edad (entre los 14 y 18 años) puedan ser procesados en el fuero común de los mayores de edad?

Resumen: No es novedad la pretensión de objetivar las valoraciones jurídico-penales en el tratamiento de los delitos. Sí lo es que a las restricciones de los derechos fundamentales se les exija legitimación que, a decir del autor, encuentra contenido material en la lectura constitucional de la actuación de operadores de justicia y restricción o limitación de los derechos fundamentales del involucrado en un suceso de riesgo prohibido a título de delito imprudente. El autor denuncia, en los casos que presenta, la manipulación de personas a quienes se les lesionó la dignidad y otros derechos cuando fueron sometidas a un proceso que eventualmente produjo sentencias condenatorias o declaración de culpabilidad que se enmarcan en procesos penales que califican de meros rituales. / Abstract: It is not new the attempt to make legal assessments more objective in the treatment of crimes. However, it is new to require the limitation to restrictions on fundamental rights. According to the author, the content of this limitation is located in the constitutional interpretation of judges and prosecutors and in the restriction or limitation of fundamental rights of the accused of a negligent crime. In the cases presented by the author, he denounces the manipulation of people that had their dignity and other rights injured when they were subjected to a trial that declared them guilty under criminal proceedings which are mere rituals. / Tesis

El autor analiza el objeto de protección del delito “Captación Ilegal de Recursos del Público” o “Instituciones Financieras Ilegales” tipificado en el artículo 246° del Código Penal, pasando revista por las principales teorías que lo identifican con la teoría del bien jurídico o la teoría de la vigencia de la norma. Dicha observación se origina a propósito de diferentes pronunciamientos que se originaron de una serie de investigaciones penales que archivaron denuncias por el citado ilícito penal al considerar que el bien jurídico protegido era el sistema crediticio y no el sistema de fondos colectivos. En atención a ello, se analiza las principales teorías sobre el objeto de protección penal, los diferentes pronunciamientos fiscales y judiciales existentes; luego de lo cual el autor pasa a identificar las diferentes formas de financiamiento, incluido el mercado de valores. Asimismo, se analiza los elementos típicos del tipo penal en cuestión, pasando por los elementos normativos del tipo penal, para finalmente dilucidar el interés jurídico protegido el mismo que no se circunscribe al sistema crediticio supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, ni al mercado de valores supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores, sino se amplía al sistema de fondos colectivos. Éste último no sólo es otra forma de financiamiento, sino que es un mercado que está regulado por una normativa sectorial por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, pero con una raigambre constitucional que le da pleno respaldo para su protección, teniendo en cuenta que el régimen económico propuesto por la Constitución compone un aspecto sustancial del programa social atribuido al Estado. / Trabajo de investigación