La corrupción es una patología extendida en nuestro país desde hace siglos. De hecho, de acuerdo con las encuestas, el 62% de la ciudadanía considera que el principal problema que enfrenta nuestro país es la corrupción de funcionarios y autoridades. Sin embargo, 9 de cada 10 personas víctimas de corrupción no presentan la denuncia, principalmente debido a que consideran que si denuncian ‘no pasará nada’, ‘no habrá resultados’ o ‘no quieren más problemas’. Esta última respuesta demuestra el sentimiento de desprotección de los ciudadanos, de parte del Estado, ante la denuncia de actos de corrupción y, por ende, que nuestro sistema de denuncias y protección de denunciantes presenta problemas. Si bien el Perú ha adoptado medidas e implementado legislación especial para proteger a los denunciantes y salvaguardar la integridad, es necesario que se hagan esfuerzos adicionales para fortalecer dichas protecciones, aumentar la conciencia y examinar y evaluar sistemáticamente el sistema de denuncias. En ese contexto, el presente trabajo de investigación analiza la protección de denunciantes de actos de corrupción en el ámbito administrativo como herramienta de lucha contra la corrupción y el tratamiento que el Perú le ha dado. Asimismo, a partir de experiencias extranjeras, propone acciones a tomar para fortalecer dicho sistema.

The purpose of this research is to analyse, from an economic perspective, whether it is efficient to grant extraordinary legitimacy to act in proceedings on behalf of a collective group when claims for damages are sought. In this sense, the hypothesis formulated is that not all collective protection proceedings should have the same regulation in relation to the representative person of the community. In collective rights proceedings or in proceedings where homogeneous it may be more efficient for a member of the class, who is one of the affected parties, to represent the group. After the investigation, it is concluded that the regulation of collective protection is a challenging task and precisely because of its difficulty, the legal system should allow the affected group to determine, from an effectiveness point of view, who should represent them. / Trabajo académico

El presente estudio tiene como objetivo demostrar que la omisión de pronunciamiento no es un vicio o defecto radical de nulidad, sino, todo lo contrario, es perfectamente subsanable, incluso ex officio por el juez o tribunal. Entonces, la omisión en el pronunciamiento -incongruencia omisiva- no debiera acarrear la decretación de nulidad por parte de los tribunales superiores, a diferencia de otro tipo de incongruencias (por exceso) donde sí ha llegado a quebrar el principio de congruencia. Las propuestas de este trabajo consisten en fortalecer el proceso civil, hacerlo más sencillo y ágil mediante alternativas interpretativas de nuestra legislación y la comparación con realidades externas al proceso civil peruano con la finalidad de encaminar a que el órgano judicial que dictó una resolución incompleta, pueda integrar las omisiones de pronunciamiento. Con este aporte, se evitaría la interposición de recursos de índole ordinario y extraordinario o amparos contra resoluciones de este tipo, generándose, con ello, una menor cantidad de resoluciones anulatorias. / The present study aims to demonstrate that the omission of pronouncement is not a vice or radical defect of nullity, but, on the contrary, it is perfectly rectifiable, even ex officio by the judge or court. Then, the omission in the pronouncement - omission inconsistency - should not lead to the decree of nullity by the higher courts, unlike other inconsistencies (by excess) where it has come to break the principle of congruence. The proposals of this work try to provide the civil process with simplicity and agility through interpretive alternatives of our legislation and comparison with realities external to the Peruvian civil process in order to direct the judicial body, which issued an incomplete resolution, to integrate the omissions of pronouncement. With this contribution, the filing of ordinary, extraordinary or amparo remedies against resolutions of this type would be avoided, generating, therefore, a lower number of annulment resolutions.

Para que el juicio oral se desenvuelva demanera eficiente y eficaz, es necesario que la dirección judicial de la audiencia, no sea meramente intuitiva, sino que esté técnicamente orientada. Las técnicas no sólo son habilidades adquiridas en la práctica, sino también reglas aplicativas que deben orientarse hacia la realización de los principios propios del Estado constitucional de Derecho. La ausencia de una labor sistemática de conceptuación, sistematización y desarrollo de las técnicas de dirección judicial (TDJ) priva a los magistrados de una fuente de estudio y reflexión sobre esta importante actividad. El objetivo de la presente investigación es precisar cuál es regulación jurídica de la dirección judicial del juicio y qué técnicas de dirección judicial son posibles en este ámbito, en lo que respecta al alegato de apertura y la planificación subsiguiente, para hacer más eficaz y eficiente la administración de justicia penal. Como hipótesis de investigación se planteó que es posible construir un sistema interpretativo de la regulación jurídica de la dirección judicial del proceso penal, en lo que respecta al alegato de apertura y la planificación del juicio; y que también es posible conceptuar, sistematizar y desarrollar las técnicas aplicativas correspondientes a esta etapa que posibiliten un trabajo judicial eficiente y eficaz. Esta hipótesis ha sido corroborada. En el presente informe se presentan algunas líneas básicas de la dogmática de la dirección judicial del proceso penal en el alegato de apertura y en la planificación del juicio; así como las técnicas correspondientes.

En la actualidad, se presenta una problemática en lo concerniente a la competencia para tramitar la ejecución de las actas de conciliación extrajudicial en materia de alimentos; debido a que las mismas son tramitadas ante los juzgados de paz letrado de familia y juzgados de paz letrado civil. En ese sentido, generan que las pretensiones alimenticias que se presenten ante los juzgados de paz letrado civil, los jueces de primera instancia declaren la demanda improcedente por incompetencia procesal. Y todo ello sucediendo porque los justiciables se rigen por lo que indica la norma vigente. En esa línea de ideas, siendo necesario que lo sucedido en la realidad se adecue a la norma vigente, para así evitar que se genere un vacío legal y con ello que los justiciables no tengan dudas ante juez deberán tramitar dichas pretensiones alimenticias. En vista de ello, se plantea como propuesta legal la modificación del artículo 690°-B del código procesal civil, a fin de que sean los juzgados de paz letrado de familia los que tengan exclusivo conocimiento de las demandas de ejecución de actas de conciliación extrajudicial en materia alimentaria.

El problema principal de la presente investigación, se circunscribe a dilucidar si el principio Kompetenz-Kompetenz resulta vulnerado, cuando en el interior de un proceso arbitral una de las partes no ha cuestionado la independencia e imparcialidad de un árbitro, mediante el procedimiento de recusación correspondiente. Vale decir, si dicha parte procesal, en lugar de accionar el mecanismo correspondiente, acude directamente al auxilio judicial (esto es, el Poder Judicial y luego al Tribunal Constitucional) para realizar un control ex post de una decisión que no ha sido puesta en conocimiento ex ante, dentro del fuero arbitral. Por ello, el objetivo de la presente investigación se vincula a desarrollar detalladamente cuál es la definición, contenido y finalidad del principio Kompetenz-Kompetenz, en aras de aplicar ello al caso contenido en el Expediente N° 02851-2010-PA/TC (Caso Ivesur S.A.). A raíz del cual, se concluirá que principio Kompetenz-Kompetenz pretende garantizar que no se vulnere el principio de independencia funcional del fuero arbitral, mediante la intromisión del aparato jurisdiccional en cuestionamientos no postulados primeramente ante el Tribunal y, de ser el caso, ante las entidades cooperadoras en el arbitraje, como lo son los organismos de las Entidades Arbitrales. Ya que, caso contrario, las propias decisiones del fuero arbitral podrían resultar nulas, a pesar de que no tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre algún cuestionamiento y, de esta manera, sanear su decisión final, contenida en un laudo arbitral. / The main problem of this investigation is limited to determining whether the Kompetenz-Kompetenz principle is violated when, within an arbitration process, one of the parties has not questioned the independence and impartiality of an arbitrator, through the corresponding challenge procedure. . That is, if said procedural party, instead of activating the corresponding mechanism, goes directly to judicial assistance (that is, the Judiciary and then to the Constitutional Court) to carry out an ex post control of a decision that has not been made known ex ante, within the arbitral forum. Therefore, the objective of this investigation is linked to developing in detail the definition, content and purpose of the Kompetenz-Kompetenz principle, in order to apply it to the case contained in File No. 02851-2010-PA/TC (Case Ivesur S.A.). As a result of which, it will be concluded that the Kompetenz-Kompetenz principle aims to guarantee that the principle of functional independence of the arbitral forum is not violated, through the interference of the jurisdictional apparatus in questions not first submitted to the Court and, if applicable, before the cooperating entities in arbitration, such as the bodies of the Arbitration Entities. Since, otherwise, the decisions of the arbitration forum themselves could be null, even though they did not have the opportunity to rule on any question and, in this way, correct their final decision, contained in an arbitration award. / Trabajo académico

En la presente investigación sobre “La validez probatoria de las testimoniales en juicios orales ante juzgados penales colegiados”, se planteó como objetivo de estudio el análisis sobre la utilización de la videoconferencia en las audiencias virtuales en el proceso penal. La metodología de la investigación consistió en un estudio cualitativo - descriptivo, en el que se realizó el análisis documental de diferentes artículos científicos y de doctrina relacionada al tema. En ese sentido, se concluyó que, el sistema de videoconferencia favorece al sistema judicial en aspectos como la rapidez, eficiencia de comunicación y efectividad de llevarse a cabo el juicio oral para evitar gastos innecesarios. Además, se concluyo que el aplicar este sistema, conlleva a aspectos negativos en cuanto a la vulneración de los principios del juicio oral; especialmente, en el principio de inmediación, defensa del imputado y debido proceso. / The present investigation on "The probative validity of the testimonials in oral trials before collegiate criminal courts", raised as an objective of study the analysis of the use of videoconference in virtual hearings in the Criminal Process. The research methodology consisted of a qualitative - descriptive study, carrying out the documentary analysis of different scientific articles and doctrine related to the subject. Concluding that the videoconferencing system favors the judicial system in aspects such as speed, communication efficiency and effectiveness of carrying out the oral trial to avoid expenses. In addition, there would be negative aspects regarding the violation of the principles of the oral trial; especially, in the principle of mediation, defense of the accused and due process.

A lo largo de los 20 años que han transcurrido desde la salida del I Pleno Casatorio, las críticas a estos, como sistema de precedentes no han sido pocas. Una de las más grandes se encuentra en el hecho de que el foco de estas no sean los hechos. De ahí que consideremos importante estudiar al IX Pleno Casatorio, pues no solo establece nuevas reglas precedentes, sino que también decide reemplazar reglas de otros dos plenos utilizando overrulling o distinguishing. En ese sentido, la presente investigación tiene como propósito determinar qué técnica de apartamiento se ha utilizado en el IX Pleno Casatorio Civil. Para lograr este objetivo, se analizará los elementos fácticos tanto del mismo caso que motivo al pleno, como también a las sentencias que se ha pretendido modificar, pues no habría similaridad en este aspecto. A partir de ello, y bajo la óptica de la doctrina del precedente, se determinará si fue realmente legítimo el uso de alguna de estas o si más bien existen graves problemas en su uso. Pues, tal como se desarrollará, un mal uso de estos puede conllevar consigo efectos contraproducentes al verdadero objetivo de tener un adecuado sistema de precedentes en un país que exige seguridad jurídica e igualdad ante las normas expedidas por los legisladores. / Throughout the 20 years that have elapsed since the departure of the I Plenary Session, the criticisms of these, as a system of precedents have not been few. Being one of the largest, the fact that the focus of these is not the facts. Hence, we consider it important to study the IX Session Plenary, as it not only establishes new precedent rules, but also decides to replace two other plenary sessions using overrulling or distinguishing. In this sense, the present investigation aims to determine what separation technique has been used in the IX Plenary Civil Casatorio. To achieve this objective, the factual elements of both the same case that motivated the plenary session will be analyzed, as well as the sentences that it has been tried to modify, since there would be no similarity in this aspect. From this, and from the perspective of the doctrine of the precedent, it will be determined if the use of any of these was legitimate or if there are rather serious problems in their use. Well, as it will develop, a misuse of these can have counterproductive effects to the true objective of having an adequate system of precedents in a country that requires legal certainty and equality before the rules issued by the legislators.

El presente trabajo tiene por finalidad realizar el estudio de la “Resolución 19 – Exp. 1768-2017”, expedido por la Sala Civil de Cusco, respecto a una pretensión de reivindicación. El presente informe está divido en dos capítulos: el primero de ellos, referido al estudio de la motivación empleada en la sentencia materia de estudio; el segundo capítulo, referido al estudio de la prueba de oficio y su tratamiento en el ordenamiento nacional. Finalmente, habiendo culminado el estudio de ambos capítulos, se concluye que, en la sentencia sometida a estudio, no existió una adecuada motivación incurriendo en una motivación aparente y una falta de motivación interna. Asimismo, se estudiará la figura de la prueba de oficio y como dicha institución procesal debió aplicarse en la precitada sentencia. / The purpose of this work is to carry out the study of "Resolution 19 - Exp. 1768-2017", issued by the Civil Chamber of Cusco, regarding a claim for vindication. This report is divided into 2 chapters: the first one refers to the study of the motivation used in the sentence under study; the second chapter, referred to the study of the ex officio test and its treatment in the national legal system. Finally, having completed the study of both chapters, it is concluded that, in the sentence under study, there was no adequate motivation, incurring in an apparent motivation and a lack of internal motivation. Likewise, the figure of the ex officio test will be studied and how said institution should be applied in the aforementioned sentence.

El nemo ad factum praecise cogi potest es un viejo adagio de larga data, de origen medieval, y con amplia influencia en la doctrina francesa civilista de los ochocientos de manera previa y posterior al Code Civil de 1804. Dicho adagio fue clásicamente entendido como la incoercibilidad de las obligaciones de hacer y de no hacer (con el consecuente remedio material de la indemnización de daños y perjuicios) y la prohibición del uso de la violencia en la técnica de la ejecución forzada (que prohibía el uso de las técnicas de ejecución directa sobre el cuerpo de la persona y técnicas de ejecución indirecta como las astreintes), y ha tenido un impacto histórico sobre el numeral 1 de los artículos 1150 y 1158 del Código Civil peruano de 1984, a través de los Códigos Civiles argentino de 1871 y brasileño de 1916 que influenciaron a su antecedente directo (el artículo 1186 del Código Civil peruano de 1936). En la presente investigación, a través del estudio histórico y la actualidad del nemo ad factum en el derecho francés y en las principales experiencias jurídicas y en los Modelos de Contratación europeo, se busca demostrar que dicho adagio ha perdido su sentido original, no siendo incompatible con la tutela específica de las obligaciones de hacer y no hacer infungibles ni con las astreintes. Conjuntamente con ello, mediante un estudio del fenómeno de la despatrimonialización del Derecho Civil y de las relaciones circulares entre derecho material y derecho procesal, se busca deconstruir el entendimiento mayoritario de la doctrina civilista peruana sobre los numerales 1 de los artículos 1150 y 1158, buscando una reinterpretación que apunte hacia una tutela específica de las obligaciones de hacer y de no hacer infungibles como regla general. Asimismo, se pretende descartar la prohibición del uso de las astreintes como supuesto de violencia que estaría prohibido por el nemo ad factum praecise cogi potest. Finalmente, se propone cuatro sentidos para entender la institución de la “ejecución forzada” en los numerales 1 de los artículos 1150 y 1158 del CC peruano de 1984, para, posteriormente, optar por el sentido interpretativo más adecuado que sería entender que estas normas jurídicas regulan tanto el remedio material de la tutela específica para el incumplimiento de las obligaciones de hacer y de no hacer infungibles como regla general y, además, la prohibición de la violencia a través de medios ejecutivos directos sobre la persona del deudor en la “ejecución forzada”, entendida ésta como una categoría doctrinaria y dogmática. Por lo tanto, sería una norma híbrida que regula aspectos materiales y procesales. / The nemo ad factum praecise cogi potest is and old adage in legal history with a medieval origin, and with a wide influence on the XVIIIth Century French Private Law and also the jurisprudence after the birth of the Civile Code of 1804. That adage was understood, originally, as the impossibility to enforce obligations to do and not to do (with the consequent remedy of compensation for damages) and the proscription of the use of violence in the enforcement (that prohibited, originally, the use of enforcement means on the body of the person and indirect enforcement or coercive means such as astreintes), and has had a historical impact section 1150.1 and 1158.1 of the Peruvian Civil Code 3 of 1984, being that the Argentinian Civil Code of 1871 and Brazilian Civil Code of 1916 determined its direct antecedent (that is, the section 1186 of the Peruvian Civil Code of 1936). The present work, on the basis of a historical analysis and a study of the current legal context in French law and other legal systems, and the main European Contract Models, intends to demonstrate that adage nemo ad factum has lost its original meaning, neither being incompatible with the specific performance of obligations to do and not to do nor the astreintes. Together with that, on the basis of the awareness that just a monetary protection is not enough to get an appropriate performance of the rights in Private Law, and the circular relation between Private Law and Procedural Law, it is sought to deconstruct the understanding of a majority of the Peruvian Private Law jurisprudence about sections 1150.1 and 1158.1, searching for a reinterpretation that may be able to reach an specific performance of the obligations to do and not do as a general rule. Furthermore, it is intended to rule out the prohibition of the use of astreintes as a case of violence that would be covered by the nemo ad factum praecise cogi potest. Finally, it is proposed four interpretative meanings to understand the legal term “enforcement” in sections 1150.1 and 1158.1, and, as a result of this, it will be proposed the most appropriate meaning, that is, that the remedy for personal obligations to do and no to do’s breach is indeed the specific performance as a general rule and, also, the prohibition of violence through direct enforcement means on the person of the debtor in the enforcement, that understood as a doctrinal and dogmatic category. Therefore, it would be a hybrid legal rule that contains elements of Private Law and Procedural Law.