Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley Nº 19.954, promulgada y publicada en el año 2004, fija un procedimiento especial para declarar la interdicción de una persona y designarle curador. Si bien la letra de dicha ley no lo explicita, tal procedimiento es de tipo no contencioso o voluntario, esto es, no implica conflicto entre partes. Es así que, contando con la inscripción de la discapacidad en el registro pertinente –llevado por el Servicio de Registro Civil e Identificación –con una simple solicitud ante el juez de letras competente de citar al discapacitado ante su presencia para realizar una audiencia personal, se puede obtener fallo favorable. Así, la entrevista descrita sólo sirve para corroborar la discapacidad. En el contexto de la misma causa debe ofrecerse un nombre para designar como curador del presunto interdicto. Ambas peticiones se resuelven en la misma sentencia definitiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Dentro del procedimiento de tutela laboral existen casos en que el juez, al acoger una determinada denuncia por vulneración de derechos fundamentales, por actos discriminatorios o por prácticas antisindicales, se alejaría del principio de congruencia procesal al dictar medidas reparatorias sin que hayan sido solicitadas por las partes en la pretensión; práctica que, afectaría el debido proceso establecido en nuestra Carta Fundamental y por ende todo nuestro ordenamiento jurídico, generando la posibilidad de que la parte afectada deduzca recurso de nulidad, por la causal de la e) del artículo 478 del Código del Trabajo. En tal sentido, mediante la presente investigación nuestro interés es el de determinar de qué manera la dictación de medidas reparatorias (en sentencias por vulneración de derechos fundamentales, por actos discriminatorios o por prácticas antisindicales acogidas por los tribunales del trabajo) sin ser solicitadas por las partes, afectan o no el debido proceso, en especial mediante la transgresión del principio de congruencia procesal existente en nuestra legislación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2015 / En la presente investigación analizaremos, en primer lugar la diferencia entre la concepción garantista del Proceso y la concepción activista, lo que nos permitirá definir una posición sobre sus fines, principios y función del mismo. En segundo lugar, dirigiremos nuestro estudio al denominado “Principio de Juridicidad” en general, su consagración normativa y su alcance en nuestro Ordenamiento Jurídico. En tercer lugar estudiaremos el alcance del Principio de juridicidad respecto del Poder Judicial, y en particular del juez laboral, dilucidando la posibilidad de su sujeción en el desarrollo de la función jurisdiccional del Estado a través del Proceso Por último, revisaremos cuatro casos ejemplares contenidos en la ley laboral, que representarían una eventual vulneración al Principio de Juridicidad, exponiendo en concreto cuáles serían las razones que llevarían a sostener dicho conflicto y las posibilidades de su superación. Se trata del análisis de la denominada buena fe procesal, de la norma contenida en el artículo 432 CT, de las medidas cautelares y de las medidas de reparación en la sentencia de tutela, todas a la luz del Principio de Juridicidad.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención derecho penal) / La presente investigación constituye un trabajo tipo AFET que tiene por objeto determinar el rendimiento que tuvo la modificación llevada a cabo por la Ley 20.253 llamada “Agenda Corta Antidelincuencia”, publicada en el Diario Oficial el 14 de marzo de 2008, en lo que dice relación a la modificación que sufrió la circunstancia agravante de reincidencia específica, contemplada en el artículo 12 N° 16 del Código Penal, que cambió el término “reincidente” por “condenado”. Como es sabido, la Ley de Agenda Corta Antidelincuencia, tuvo por objetivo general, endurecer las penas, y dentro de éste, hacer que efectivamente se aplicara la reincidencia, en el caso que nos ocupa, la reincidencia específica, la cual no se estaba aplicando del todo, por una antigua discusión, que se mantenía tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal, y que incluso hoy se mantiene, en cuanto a determinar cuándo se entendía cumplida una condena, y que, por lo mismo, fue la razón que motivó el cambio legislativo de la palabra “ser reincidente en delito de la misma especie”, en que no había discusión en que debía estar cumplida la condena, no obstante sí en su forma de cumplimiento, y, obviar esa discusión, por el término “condenado en delito de la misma especie”, que sólo requiere sentencia ejecutoriada. No obstante el claro tenor de la modificación llevada a cabo, se produjo una amplia discusión a nivel jurisprudencial en torno a la aplicación de la modificación llevada a cabo en la circunstancia agravante de reincidencia específica, llamando la atención de parte de esta operadora del sistema que la misma se haya producido a un nivel de discusión que motivó que un sector de la jurisprudencia decididamente no la aplicara. En consecuencia, este trabajo tiene por objeto ver cuál ha sido el efecto a nivel jurisprudencial respecto a esta modificación, determinar de qué manera se ha aplicado o no la misma y su efecto en el futuro. Por lo mismo, esta investigación apunta a explicar la discusión en tribunales de la concurrencia o no de esta agravante, de reincidencia específica, de analizar y determinar las distintas formas en que se está aplicando la referida modificación en nuestros tribunales, esencialmente atingentes a hechos juzgados, con anterioridad a la vigencia de la modificación llevada a cabo por la Ley 20.253, llamada “Agenda Corta VII Antidelincuencia”, es decir, que el o los hechos que motivan la reincidencia hayan precisamente sido juzgados antes que entrara en vigencia la respectiva modificación de la referida ley, pues es esta época “intermedia” o “transitoria”, la que provoca precisamente disparidad de criterios en su aplicación, porque si el hecho que motiva la reincidencia es posterior a la publicación de la ley, no hay discusión en ese punto y resulta pacífico que debe aplicarse. En el llamado “período intermedio”, materia de nuestro estudio, los tribunales han sostenido diversas posturas tendientes a aplicar o no, la modificación llevada a cabo por esta ley, discusión que se estima de gran interés jurisprudencial. Por lo mismo, este estudio se iniciará con la historia de la ley para determinar cuál ha sido su espíritu, si se produce una problemática interpretativa o es claro su tenor, pues la modificación introducida en la agravante de reincidencia específica, contiene claras consideraciones de política criminal, que muchas veces contrastan con razones de justicia material, lo que hace obviar su aplicación. Palabras Clave: reincidencia, impropia, efectivo, específica, condena

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / La figura de los informantes y los agentes encubiertos y reveladores, como técnica especial de investigación en el ámbito jurídico nacional e internacional, viene siendo utilizada ya hace algún tiempo y cada vez más profusamente. Actualmente se tramita en el Congreso un proyecto que pretende regular estas figuras en un título nuevo del Código Procesal Penal, expandiendo su aplicación a la persecución de los delitos complejos que el proyecto indica, dentro de los cuales se encuentran los delitos de terrorismo. A partir de la revisión y análisis de la reglamentación de estas figuras tanto a nivel nacional como comparado, así como también de los pronunciamientos de la jurisprudencia chilena y extranjera a su respecto, esta memoria concluye que la implementación de esas figuras acarrea una serie de problemas relacionados con vulneraciones de derechos humanos y garantías procesales, además de traer aparejado el riesgo de los delitos provocados por estos agentes en el ejercicio de sus funciones. Estos problemas se ven aumentados toda vez que se relacionan con las dificultades de conceptualización que aquejan al terrorismo como delito, por lo que la legitimidad de esta medida intrusiva pasa a ser doblemente cuestionada. Si bien el proyecto que se analizará -boletín 9692-07- incluye una nueva tipificación del delito de terrorismo, esta tesis se centrará en el estudio y análisis de la figura de los informantes, agentes encubiertos y reveladores, tomando en consideración los demás aspectos del proyecto de ley sólo de manera tangencial. Esto último, con el objetivo de proyectar los problemas que traería su incorporación ya con el estado de cosas actual, que se encuentra ampliamente documentado y estudiado por la doctrina, de modo que podamos ofrecer un panorama lo más completo posible de las consecuencias que una reforma ésta conllevaría.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por interés el poder profundizar en un área muy acotada de la nuestra legislación, el recurso de nulidad en la sentencia definitiva del procedimiento monitorio laboral. Al ser este un procedimiento que tiene escaso desarrollo en el Código, son muchas las falencias y dudas sobre las que se han escrito valiosos trabajos que han ayudado al desarrollo de este ensayo. Se busca hacer una breve explicación de cuales son a nuestro juicios las carencias que tiene la regulación actual sobre esta materia, que al conjugar un procedimiento donde la celeridad es mas importante que la fundamentación de un fallo, con un recurso de derecho estricto y de escaso acogimiento por parte de los tribunales nacionales, da por resultado un escenario donde las partes que acuden a tribunales, pueden ver vulneradas algunas de las garantías del debido proceso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta tesis analizaremos la regla de facilitación probatoria del procedimiento de tutela laboral, usualmente conocida como prueba indiciaria. Se ha dicho que esta regla tiene como finalidad modificar la carga de la prueba a favor del denunciante, que importaría un estándar probatorio disminuido o que se trataría de una presunción. Para analizar tal cuestión, examinaremos algunas instituciones relevantes relacionadas a la prueba judicial y también a la prueba en el procedimiento de tutela laboral. En el primer capítulo, se analizarán diversas instituciones relacionada a la prueba de los hechos dentro del proceso judicial. Revisaremos, a grandes rasgos, concepciones acerca de la verdad de los enunciados probatorios, los sistemas de valoración de la prueba, los estándares de prueba, los indicios y su relación con la prueba indirecta, las presunciones y la regla de carga de la prueba. En el segundo capítulo, realizaremos algunas aplicaciones concretas al proceso laboral a partir de lo sostenido en el capítulo anterior. Revisaremos las principales características de este proceso, la valoración de la prueba, el estándar de prueba laboral y algunos poderes probatorios del juez. En el tercer capítulo, nos centraremos en el procedimiento de tutela laboral y el mecanismo de facilitación probatoria. Revisaremos algunas generalidades del procedimiento, la justificación de la regla de facilitación probatoria, las distintas interpretaciones realizadas por la doctrina en la materia, la recepción de la norma por parte de la jurisprudencia y, finalmente, cómo –a nuestro juicio– debe entenderse la norma.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo discute la aplicación de una determinada regla de estándar probatorio para la hipótesis de colusión en el derecho de la competencia chileno (‘preponderancia de evidencia’ o ‘balance de probabilidades’). A partir de las críticas realizadas a dicho estándar, propuesto por el Voto de Prevención de la Sentencia Nº 160/2017 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, plantea una propuesta alternativa de regla de estándar probatorio aplicable, desde la perspectiva de la teoría racional de la prueba. / 02/01/2020

Memoria para optar al grado académico de Licenciadas en Ciencias Jurídicas y Sociales / En Chile la persecución penal cuando el imputado es un enfermo mental sigue un procedimiento especial que busca entregar garantías tanto a la víctima como al imputado. Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que deberíamos encontrar plasmada en la legislación una serie de medidas que adecuen el derecho para de esa manera evitar discriminaciones. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar el tratamiento que el ordenamiento jurídico nacional ha entregado a la enfermedad mental, exponiendo su marco normativo a nivel internacional y de derecho interno criticando aquello que no se condice con el espíritu de la Convención y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Buscamos realizar una contribución al sistematizar la normativa, abordando la Constitución Política de la República, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley 18.600, la Ley 20.422, la Ley 20.584, el Código Sanitario y el Decreto 570 del Ministerio de Salud. También explicando los conceptos fundamentales a la hora de hablar de enfermedad mental, como lo son la demencia, la capacidad y la imputabilidad; y concluyendo una serie de problemáticas que actualmente se presentan.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde principios de la primera década del 2000, los avances tecnológicos han tenido una escalada progresiva, lo que se ha traducido en grandes cambios en los diversos sectores de nuestra moderna sociedad. Por citar algunas experiencias, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil e Identificación, e incluso el mismo poder Legislativo, han implementado sus diversos servicios a los cuales es posible acceder a través de cualquier servidor con acceso a Internet. Los sistemas judiciales no se han mantenido ajenos a estos avances, y en concordancia con la legislación internacional, han experimentado una fuerte y sostenida tendencia a la digitalización de sus procesos, permitiendo que la tramitación se realice mediante sistemas computacionales y procedimientos electrónicos. Es así que, como anticipo a una futura reforma al sistema procesal civil, la Ley N° 20.886 (que implementa la tramitación digital de los procedimientos judiciales) introduce precisamente la tramitación electrónica a nuestros procedimientos. Lo anterior tiene, entre muchas otras consecuencias, una incidencia significativa en el sistema recursivo de nuestros juicios, ya que al existir revisión por los tribunales superiores el expediente en el cual consta el proceso ‘cambia de tribunal’, lo que genera cargas para las partes (como la de comparecencia en segunda instancia o la consignación de fondos suficientes para la confección de compulsas). Éstas no se justifican a la luz de este cambio legislativo que busca darle aplicación a la economía procesal y reducir lo más posible los costos en la litigación. Un cambio tan importante significa un desafío para los usuarios y operadores del sistema judicial. Se expondrán, a la luz de la reforma señalada, las modificaciones a la estructura recursiva de nuestro país, tomando como punto clave las modificaciones al Código de Procedimiento Civil, por ser el cuerpo normativo que más cambios experimenta y su aplicación subsidiaria respecto del resto de los procedimientos. / 16/10/2018