Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El autor identifica las falencias que exhibe la valoración judicial de la prueba pericial psicológica al interior del proceso penal, concretamente en los delitos de abuso sexual infantil cometidos contra menores de edad entre 4 y 7 años, los cuales de acuerdo a las estadísticas detalladas en su investigación, exhiben una mayor tasa de victimización. Lo anterior tiene una relevancia trascendental, al constatar que el éxito de la investigación de un delito de ésta naturaleza, en orden a acreditar fehacientemente ante el Tribunal Oral en lo Penal los hechos que lo configuran, dependerá esencialmente del nivel de credibilidad que muestre la víctima, así como también de la consistencia y coherencia de su relato. Así las cosas, el autor se pone como tarea hacer frente a la problemática que identifica, proponiendo un catálogo de criterios específicos de valoración de las pruebas periciales psicológicas, comprobando además su idoneidad para sortear todas las complejidades que pueden presentarse al interior de un juicio cuyo objeto es la supuesta comisión de un abuso sexual contra un menor; y su eficacia como una herramienta del órgano jurisdiccional para poder lograr una certera valoración del medio probatorio en comento.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A raíz de la gran presencia de videovigilancia en nuestro país, debemos determinar si su uso puede considerarse legítimo. Quienes consideran que la medida adolece de ilicitud, fundan su postura en las potenciales vulneraciones a nuestros derechos fundamentales. Dentro de los derechos que eventualmente podrían ser afectados, es de gran importancia referirse a la vida privada, ya que, si bien dicho derecho se encuentra consagrado en la Constitución, nuestra Carta Fundamental no otorga pautas para comprender la amplitud de la garantía. De tal forma, es de suma importancia el determinar cuándo y en qué lugares nuestros actos son considerados privados y son protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. Es importante destacar además, la relación existente entre las cámaras de vigilancia y la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, siendo necesario determinar si la actividad de vigilancia se ejecuta respetando el precepto normativo mencionado. Considerando la creciente utilización de medidas de seguridad, es vital para el presente trabajo realizar un estudio referente a la legalidad en la utilización de estas, a fin de que se respete el derecho vigente y no se afecten de forma arbitraria Derechos Fundamentales. / 06/11/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La sana crítica como sistema de valoración de la prueba ha ido avanzando progresivamente en nuestro ordenamiento jurídico hasta tal punto que la próxima reforma procesal civil pretende que este método de ponderación sea la regla general, en desmedro del sistema de prueba legal tasada vigente en nuestro ordenamiento jurídico civil. Es debido a lo anterior que nos surge la siguiente pregunta: ¿Los tribunales de justicia nacionales estarán cumpliendo con todos los requisitos que establece la sana crítica? Por lo anterior, hemos decidido investigar de qué forma los tribunales nacionales han aplicado la sana crítica en diversos procedimientos, llegando a la conclusión de tales no cumplen con los requisitos pertinentes al sistema referido.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento hasta el año 2020. / La presente investigación tiene por objeto estudiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile durante los años 2011 y 2017, respecto de requerimientos de inaplicabilidad de preceptos legales cuya aplicación en una gestión pendiente pudiere afectar o vulnerar la garantía del Debido Proceso, desde el punto de vista del derecho procesal penal. En el capítulo I expresaremos la necesaria diferencia entre las ramas del derecho procesal, sin perjuicio de concurrir elementos comunes que determinan la existencia de una unidad, dentro de la diversidad, del derecho procesal. A continuación, en el capítulo II, describiremos brevemente al Tribunal Constitucional y su regulación en Chile. Por su parte, en el capítulo III, efectuaremos un análisis de las características de la acción de inaplicabilidad y de los criterios de inadmisibilidad que contempla el artículo 93 de la Constitución Política de la República y el artículo 47 F de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (“Ley N° 17.997”). Luego, en el capítulo IV, constataremos y evaluaremos la jurisprudencia de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional de Chile en requerimientos cuya pretensión diga relación con posibles vulneraciones de la garantía del Debido Proceso desde una mirada general, como desde el prisma más particular de los derechos que la doctrina ha entendido formar parte de esta garantía, tales como la publicidad, el emplazamiento, el derecho a defensa y el derecho al recurso. En este sentido, cabe prevenir que no se comprenden en este trabajo los casos de aplicación directa de la norma constitucional que se ha denunciado infringida en el conocimiento de los recursos de nulidad en virtud del artículo 373 letra a) del CPP1. Por último, realizaremos reflexiones finales de la importancia de la garantía del Debido Proceso y las tendencias del Tribunal Constitucional en la materia. materia / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 2020

A fines del siglo XX el Derecho Procesal Civil se encontraba enfocado en la búsqueda de la efectividad del derecho material por medio de instrumentos procesales, así la ejecución forzada reflejó el camino concreto a la satisfacción efectiva del derecho material amenazado o violado por una conducta ilegitima. De esta manera, ausente el cumplimiento espontáneo del mandato jurisdiccional, cuanto más rápido y más adecuadamente el proceso conduzca a la ejecución coactiva tanto más efectiva y justa será la prestación jurisdiccional.Sin embargo, la ejecución forzada suscita una serie de problemas que penetran en la organización judicial. Así, debe buscarse un equilibrio razonable de los intereses que se encuentran en juego en una ejecución forzada.

In the Peruvian Civil Code, there is a short Bookin which two fundamental legal institutionsare regulated: Prescription and cancellation of rights. A lot has been written and discussedabout them, from their judicial nature to theform in which they are legally drafted, sincetheir scope goes beyond the Civil Code.In the present article, the author presents some critical reflexions about certain topics related  to such institutions, to clarify  their application and understanding. / Dentro de nuestro Código Civil, existe un corto Libro en el que se tratan dos instituciones fundamentales para el Derecho: La prescripción y la caducidad. De ellas mucho se ha escrito ydiscutido, desde su naturaleza jurídica hastala forma en que están redactadas normati-vamente, ya que su alcance va más allá delCódigo Civil.En el presente artículo, la autora presenta algunas reflexiones críticas sobre temas puntuales tanto de la prescripción como de la caducidad, buscando esclarecer la aplicación y entendimiento de ambas instituciones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En primer término, el presente trabajo pretende subsanar deficiencias procesales que se han ido develando con el devenir de los años en ciertos ámbitos de la contratación. Si bien, desde una óptica tradicional, en las relaciones entre particulares existen lazos de carácter eminentemente horizontal, en que las partes se miran como iguales, hoy por hoy, en contextos tales como la responsabilidad médica por mala praxis, el derecho del trabajo o de protección al consumidor, presentan especiales características de desigualdad económica, productiva y de información, entre las partes contratantes. Para esto, analizaremos la institución moderna de la carga dinámica de la prueba, sus principales características y estructura, consecuencias prácticas, fundamentos que llevaron a su creación y estudio, así como también, el actual estado de la distribución del esfuerzo probatorio en áreas de especial interés; como son el derecho laboral y de protección al consumidor. Luego, se construirá doctrinalmente el principio de colaboración, a través de los elementos que nos proporcionan la buena fe y la adquisición procesal. Veremos que dicho principio actúa como idea inspiradora de diversas normas que contemplan sanciones efectivas a las partes que injustificadamente no colaboren en el esclarecimiento de los hechos. En tercer lugar, presentamos como modelo alternativo, la responsabilidad objetiva y las presunciones de culpa, los cuales permiten eximir de la carga de acreditar la negligencia con que ha actuado el causante del daño, cuando se trate de actividades que normalmente lleven un riesgo aparejado por el solo desarrollo de dicha función. Cerraremos dando un vistazo hacia el exterior y examinaremos el tratamiento con el que el derecho comparado ha intentado revertir situaciones de desigualdad contractual y procesal, dentro de las reglas relativas a la carga de la prueba. Por último, expondremos un ítem final que da cuenta del Proyecto de Ley (Boletín 9369-03), en actual tramitación, que pretende incorporar a la normativa vigente de defensa de los derechos de los consumidores, una alteración de las cargas probatorias de manera facultativa por el juez, verificados ciertos supuestos de hecho. Para finalizar, se extraerán las conclusiones que se coligen del presente trabajo, delimitando así, el mecanismo idóneo bajo el cual se posibilita el restablecimiento de la igualdad entre las partes.

A presente tese tem por objeto analisar os limites e possibilidades de alteração do pedido e da causa de pedir no sistema processual civil brasileiro, a partir das garantias fundamentais do processo. Com esse objetivo, são analisados o objeto do processo e o conteúdo da causa de pedir e do pedido, uma vez que sua delimitação é essencial para definir se houve uma mudança objetiva na ação. Em seguida, é estudada a eficácia de algumas garantias processuais fundamentais o acesso à justiça, o devido processo legal, o contraditório, a boa fé e a autonomia da vontade , dando-lhes contornos modernos, bem como enfrentando sua influência na modificação da demanda, para, ao final, definir de forma inédita limites à alteração do pedido e da causa de pedir. A parte final da tese se destina à aplicação prática dos limites traçados à mutatio libelli, estabelecendo as possibilidades à alteração dos elementos objetivos da ação em determinadas situações, e especialmente enfrentando a superação da congruência e a inclusão de novos fatos no processo. / La presente tesis tiene por objeto el análisis de los límites y posibilidades de modificación del petitum y de la causa de pedir en el sistema procesal civil brasileño, basándose en las garantías fundamentales del proceso. Con esa finalidad se examina el objeto del proceso, en concreto el contenido de la causa de pedir y de lo solicitado, dado que su delimitación resulta esencial para determinar si se produjo una modificación de la demanda. Tras ello se estudia la eficacia de algunas garantías procesales la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de defensa, la buena fe y la autonomía de la voluntad , describiendo sus más modernas características y su influencia en la modificación de la demanda. Especialmente innovadora es la determinación de los límites a la modificación del petitum y de la causa de pedir. En su parte final, la tesis explora la aplicación práctica de los límites propuestos a la mutatio libelli, estableciendo las posibilidades de modificación de los elementos objetivos de la acción en determinadas situaciones, tratando especialmente la flexibilización de la congruencia y la aportación de nuevos hechos al proceso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El derecho a la no discriminación está resguardado en nuestro ordenamiento jurídico a través de distintos cuerpos normativos, a saber, la Constitución Política de la República, el Código del Trabajo y la nueva Ley N°20.609 que establece medidas contra la discriminación arbitraria. Ante un acto u omisión discriminatorio, los trabajadores de nuestro país tienen hoy, por tanto, más de una vía para accionar, siendo a nuestro juicio, las más relevantes para este efecto, la Tutela Laboral para la protección de Garantías Fundamentales, y la acción de no discriminación, recientemente incorporada en sede civil. Como veremos en la investigación expuesta a continuación, estos procedimientos - cuyo bien jurídico a proteger es similar- no han logrado integrarse de manera suficiente para constituir un derecho antidiscriminación uniforme en nuestro país, y representan para los sujetos discriminados, dos vías de protección muy dispares en cuanto a su contenido y eficacia.