Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria responde a la necesidad de plasmar en una materialidad parte del trabajo desarrollado por estos memoristas en calidad de analistas documentales durante el tiempo arriba indicado. Es por ello que hemos escogido un tema específico, a saber, la aplicación de la Ley 18.216 en el contexto de la Reforma Procesal Penal, seleccionando una cantidad acotada de sentencias relevantes y atingentes a esta materia, para extraer los criterios aplicados por nuestros tribunales. La presente memoria constituye una innovación en la forma tradicional de desarrollar este tipo de trabajos. En este punto debemos reconocer un hecho fundamental: la utilización de la tecnología de la información aplicada al Derecho, entrega ventajas impensables a los operadores jurídicos en lo que dice relación con la sistematización y utilización del material jurisprudencial, doctrinal y legislativo. Un trabajo como el que se desarrolla en esta memoria, no es concebible sin esta herramienta que es la informática jurídica. Para ser más precisos, la memoria que presentamos reconoce su pertenencia a la informática jurídica documental, que es aquella parte de la informática jurídica que trata del procesamiento a través de soportes computacionales, de la información jurídica contenida en documentos para su posterior recuperación. En nuestro caso nos circunscribimos al procesamiento de información procesal penal de tipo jurisprudencial. En este sentido, esta memoria viene a ser un aporte en el contexto de la informática jurídica documental, dado que el incesante flujo de datos jurídicos – leyes, doctrina, jurisprudencia- exige una capacidad cada vez mayor de sumirse en esta inflación normativa para lograr un óptimo aprovechamiento de ésta. Una memoria como la nuestra, constituye un aporte real en esta tarea

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo consiste en un análisis de los fallos de la Corte Suprema respecto de las causas reenviadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, en cuanto a la fundamentación de recursos de nulidad en materia penal, por no estar de acuerdo a la causal del articulo 373 A), sino al 373 E), con el objeto de extraer el criterio utilizado por el máximo tribunal de nuestro país. Para ello, en esta tesis se realizara una exhaustiva descripción del debido proceso y sus garantías, tal y como fueron invocadas por los recurrentes en los diversos casos, para proseguir con un análisis de las sentencias del año 2016 y finalizar con las conclusiones que de ello deriven

En el presente trabajo se pretende abordar la regulación del derecho al secreto de las comunicaciones, principalmente efectuando un análisis explicativo del contenido explícito de los distintos artículos reformados por la LO 13/2015 referidos a este derecho fundamental, aportando una visión práctica y global del desarrollo y repercusión que ha supuesto la nueva regulación procesal. Hasta el momento de la reforma, la jurisprudencia española y europea han venido supliendo la carencia normativa en esta materia, por lo que su estudio ha sido de particular importancia para poder analizar el contenido de la reforma y sus posibles carencias, de ahí que podamos encontrar desgranadas un importante cuerpo de sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional a lo largo de todo el trabajo, por entender que su estudio resulta fundamental para entender el camino seguido por el legislador e incluso su dirección futura en la materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analizará cómo la Corte Suprema ha desarrollado y aplicado la teoría o doctrina de los actos propios al ejercicio de actos o conductas procesales manifestadas en el contexto de un juicio, a raíz de su regulación expresa en la Ley 20.886. Para ello se realiza previamente un estudio de todos los elementos que fundan y rodean a la teoría. El trabajo comienza con una revisión general del principio de buena fe procesal con el fin de identificar los fundamentos que respaldan la existencia de la doctrina. Asimismo, se desarrolla una exposición sobre los principales aspectos teóricos de los actos propios de manera de conocer su contenido, naturaleza, requisitos y aplicación, entre otros. Finalmente, el trabajo termina con la exposición y análisis de diferentes sentencias del máximo tribunal que permiten determinar cómo ha sido la recepción de esta teoría en la jurisprudencia chilena.

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES / Existe actualmente, tanto en la ley como en la doctrina nacional chilena, una incertidumbre respecto a que entendemos por falta o abuso grave cuando hablamos de recursos de queja. Pareciera ser que está bien claro que la finalidad del recurso de queja es corregir los faltas o abusos graves cometidos por nuestros tribunales de justicia. Sin embargo, no existe ni en la ley ni en la doctrina un tratamiento sobre cuál es el real alcance y sentido de la falta o abuso grave. Al observar esta deficiencia de contenido me vi en la necesidad de recopilar las definiciones o criterios jurisprudenciales recientes de abuso o falta grave. Es por ello, que el objetivo general de esta investigación radica en realizar un estudio exhaustivo de la jurisprudencia relevante de nuestra Excelentísima Corte Suprema durante el año 2017, con el fin de obtener el criterio o los criterios empleados por el máximo tribunal para describir o definir la falta o abuso grave en que incurren los tribunales de justicia para acoger o rechazar un recurso de queja en particular. Después de una clasificación de los criterios empleados, se procederá a realizar un análisis cuantitativo acerca de cuáles son los criterios más empleados por la Corte Suprema y, además, los criterios más usados por cada sala. Por último, se concluirá con los antecedentes incorporados al presente trabajo y se responderá a una pregunta esencial. ¿Es el recurso de queja en la práctica un recurso disciplinario o en realidad se utiliza como un recurso de instancia?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 31/01/2020

El presente Informe contiene el análisis realizado respecto del Expediente No. 2032, en donde no solo se resumen los hechos sobre los que versa la controversia, sino también se desarrollan y resuelven los problemas jurídicos encontrados en el caso, proponiendo una solución distinta a la inicialmente planteada por el Poder Judicial. Las áreas del Derecho sobre las que versa el Expediente son Derecho Societario y Derecho Procesal Civil. En virtud de lo anterior elegí estudiar este Expediente: pues ambas áreas del Derecho complementan mi área de práctica profesional, que es el Derecho Financiero. Considero que lo anterior contribuye a mi formación como futura abogada, pues profundizando mis conocimientos sobre distintas áreas del Derecho es que logro comprender mi área de práctica profesional de manera integral. La finalidad de este Informe es poder aportar a la seguridad jurídica de aquellos que opten por realizar una escisión, pues el análisis contenido en el mismo brinda una interpretación completa de las normas aplicables del ordenamiento jurídico, llenando el vacío sobre qué sucede con las obligaciones del bloque patrimonial escindido. Nuestra principal hipótesis es que no ocurre la novación de las obligaciones del bloque patrimonial escindido, y ello se sustenta en la diversa doctrina que existe sobre la materia. De ser lo anterior cierto, nuestra conclusión principal es que el caso sobre el que versa el Expediente fue resuelto de manera incorrecta, luego de haber estado en el Poder Judicial casi diez años y de haber pasado por la Corte Suprema de la República tres veces.

El presente trabajo tiene como objetivo determinar si la negociación previa a la solicitud del cese colectivo regulada en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral es una negociación colectiva en regla y cuáles serían las consecuencias de ello. Asimismo, se pretende analizar si en el caso materia de análisis se ha proporcionado la información adecuada para garantizar una negociación efectiva y si esta tuvo lugar, cuestionando el razonamiento empleado por la Autoridad de Trabajo sobre el particular. Para ello haremos una breve revisión del marco jurídico del cese colectivo, pasando a realizar una comparación entre la normativa de la negociación previa al cese colectivo y de la negociación colectiva, encontrando así los puntos en común y de diferencia entre ambas. Además, recurriremos a la doctrina y a la jurisprudencia pertinentes para determinar si tuvo lugar la entrega de la información necesaria y si se llevó a cabo una negociación efectiva. Finalmente, concluimos que la negociación previa al cese colectivo sí es una negociación colectiva, aunque con ciertas peculiaridades, lo cual trae una serie de consecuencias tanto en el campo jurídico como fáctico. Esto exige, a su vez, que el empleador entregue a los trabajadores la información necesaria para llevar a cabo una negociación efectiva, hecho que no se dio en el presente caso; y que esta última se materialice, principalmente por medio del intercambio de propuestas y contrapropuestas. No obstante, la Autoridad de Trabajo aplicó un criterio menos riguroso, al punto que se desestimaron los cuestionamientos a una negociación desinformada e inefectiva

Durante las últimas dos décadas, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha evolucionado hasta tales extremos que, en cualquier otro momento histórico, hubiera resultado inimaginable una revolución de tal envergadura, alzándose como un auténtico fenómeno a nivel mundial. Todo ellos ha supuesto la transformación y modernización de muchos ámbitos de la sociedad, incluidas las técnicas utilizadas en el marco procesal, tanto civil como penal, si bien reflejándose, a nivel normativo, con un intervalo de 15 años de diferencia. La elección de este tema fue realizada, inicialmente, por el vacío legal existente y la problemática que producía la ausencia de la regulación legal de una diligencia con tanta repercusión práctica en el ámbito del proceso penal. No obstante ello, y durante el desarrollo de este trabajo, la temática estudiada se tornó en una cuestión aún más interesante si cabe tras la reciente promulgación de una ley llamada a disciplinar las nuevas medidas de investigación tecnológicas. Con la elaboración del presente estudio se ha intentado analizar con rigor una materia tan crucial para la actividad probatoria como es la videovigilancia y dotarla de una perspectiva actual, desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, Para ello se analizarán los distintos tipos de vidovigilancia y la posible afectación que su práctica puede ocasionar a los derechos fundamentales. Asimismo, se fijarán cuáles son los requisitos que deben concurrir para que se considere que dicha diligencia de investigación se ha practicado la forma legítima y si ésta puede adquirir valor de prueba reconstituida. Por último, se analizará la vía a través de la que la fuente de prueba videográfica puede acceder al juicio oral y los consecuencias que se derivan de la declaración de su ilicitud.