De los procesos constitucionales se puede decir, a grandes rasgos, que constituyen instrumentos a través de los cuales se despliega la potestad jurisdiccional del Estado y se caracterizan porque su creación o configuración suele venir de la propia Constitución y no únicamente de una norma legal. A esta característica (de tipo formal) se puede agregar que los procesos constitucionales tienen como finalidad esencial garantizar la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. En nuestro país, la Constitución de 1993 consagra expresamente un total de siete procesos constitucionales (aunque, atendiendo a su finalidad, la doctrina ha discutido la conveniencia de calificar a algunos de ellos como tales): a) el proceso de hábeas corpus, b) el proceso de amparo, c) el proceso de hábeas data, d) el proceso de cumplimiento, e) el proceso de acción popular, f) el proceso de inconstitucionalidad; y, g) el proceso competencial. De los procesos mencionados, los tres primeros se configuran, por excelencia, como mecanismos orientados a la defensa de la persona frente a aquellos actos u omisiones que vulneran o amenazan sus derechos fundamentales. De ahí que puedan ser agrupados bajo la denominación de “procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales” o “procesos constitucionales de libertad”.

Los mitos –dice De Trazegnies– son saludables y enriquecedores con relación a esas verdades y a esos conocimientos que no pueden ser expresados sino míticamente. Pero cuando la forma mítica desciende del plano de los grandes misterios de la Divinidad; del Cosmos y del Yo y pasa a sustituirse a la razón o a la observación en los campos propios del análisis crítico o de la comprobación rigurosa de los hechos, entonces el mito se prostituye y se convierte en pseudo-ciencia o en pseudo-historia; en este caso su función es empequeñecedora y oscurecedora antes que iluminadora y ampliadora de la conciencia. Como se puede apreciar, la historia –y, en esa medida, nuestro propio conocimiento– está salpicada y contaminada por mitos y leyendas, absurdas creencias y afirmaciones inexactas. La doble instancia es parte de esta historia. La historia de los mitos.

La reforma de la administración de justicia en el Perú, es una lucha de la que muchos de nosotros hemos sido solo testigos desde las aulas universitarias. Sin embargo, aún mucho antes de iniciar la presente investigación hemos podido descubrir que dicha reforma aún era más antigua, y podemos remontarnos hasta el gobierno militar de la década de los 70 o, inclusive, hasta la década del 20 o 30. Algo que también pudimos descubrir, es que todos esos intentos de reforma, plagados de buenas intenciones, no sólo eran impulsados por gobiernos en su mayoría autoritarios, sino que, además, eran tan sólo intentos de institucionalizar mecanismos de subordinación de los gobiernos de turno sobre el Poder Judicial. Es evidente que con esos objetivos, toda reforma de mejora de la administración judicial estaba destinada al fracaso y, más aún, dejando la sensación de que en el Perú vivimos en una permanente e inacabada reforma judicial. Así pues, es el motivo del presente trabajo dejar de ser testigos de esa reforma del Poder Judicial frustrada y frustrante, y tratar de descubrir la verdadera problemática de tantos problemas que agobian a nuestra administración de justicia, para así plantear una propuesta concreta que ayude a contribuir, desde la investigación, a una mejora palpable del Poder Judicial. Pues bien, el presente trabajo parte de encontrar un mecanismo para combatir dos problemas de la administración de justicia, cual es la falta de legitimidad del Poder Judicial ante la sociedad, y la sujeción del que ha sido este frente a los otros poderes del Estado, inclusive frente al Consejo Nacional de la Magistratura, más aún bajo el modelo inicial de los procesos de ratificaciones propuesto por la Constitución de 1993.

El arbitraje es una institución fascinante que tiene una raíz común con el proceso judicial: el conflicto. Por ello, aunque la realidad de ambos (arbitraje y proceso judicial) se produce en planos diferentes y respecto de diferentes pretensiones, siempre se proyectan hacia un fin común: dar pacífica solución a las controversias bajo un mismo esquema procesal. Esto demuestra que tienen una misma naturaleza jurídica. Esto es más claro en la actual crisis globalizada de la administración de justicia estatal. Los Alternative Dispute Resolutions (ADR’s), son presentados con un sentido equívoco como formas alternativas de solución de conflictos: una suerte de opción alterna al sistema judicial que ofrece el ordenamiento jurídico. Esto es profundamente errado pues el arbitraje no es propiamente un medio alternativo al sistema judicial para la solución de los conflictos intersubjetivos de una sociedad, sino una forma antecedente para solucionar tales conflictos y parte del abanico de instrumentos que el Derecho Procesal ofrece para ese fin antes de llegar al proceso judicial jurisdiccional. El arbitraje no nació como una alternativa a la facultad jurisdiccional del Estado Moderno de Derecho, sino como un antecedente al mismo. Es, pues, parte de la historia inicial del proceso. Es el embrión de proceso judicial jurisdiccional que ha subsistido — pese a la vigencia del proceso judicial— por muy diversas razones y finalidades, que el propio proceso judicial alienta y estimula. Habiendo sido su antecedente fáctico, hoy es una fórmula procesal artesanal remanente de marcados y propios perfiles en un ámbito específico del Derecho Procesal y su Teoría General. El arbitraje comparte la misma naturaleza jurídica del proceso judicial. Tienen una misma finalidad y repiten, en mayor o menor grado, el mismo método y esquema. Además, ambos se sirven del proceso y su teoría general para lograr su realidad y 4 finalidad. Sus diferencias, basadas en su origen y algunas particularidades, no le restan un ápice de la esencia de una común naturaleza jurídica. Palabras clave: Arbitraje, Proceso Arbitral, Árbitro, Proceso Judicial Jurisdiccional, Naturaleza Jurídica, Arbitramiento, Árbitros, Tribunal Arbitral, Ley General de Arbitraje, Debido Proceso Legal, Método pacífico de solución de controversias, formas alternativas de solución de controversias, Derecho Procesal Civil. / Arbitration is a fascinating institution that shares a common root with the judicial process: the conflict. For that reason, even though their reality occurs on different levels, and regarding different pretensions, they are always projected towards a common goal: to give a peaceful solution to disputes under the same procedural scheme. This demonstrates that they have the same legal basis. This is more evident nowadays, due to the current global crisis in the administration of justice offered by the State. In these contexts, the Alternative Dispute of Resolutions (ADRs), are presented with a wrong conception, as alternative forms of conflict resolution: some sort of alternative to the judicial system offered by the state legal system. This is deeply wrong because arbitration is not properly an alternative to the judicial system for the solution of a society's intersubjective conflicts, but rather an ancient form of settlement of such conflicts that is part of the range of instruments that the Procedural Law offers to solve them before arriving at the judicial process. Arbitration was not born as an alternative to the jurisdictional faculty of the modern democratic State, but as an antecedent. It is part of the initial history of the process. It is the embryo of judicial process that has remained —despite the validity of the judicial process— for many reasons and purposes, and it is even encouraged by the very judicial process. Having been the factual antecedent of this, arbitration is seen nowadays as a remanent procedural formula, with an own profile in a specific area of the procedural law and its general theory. Arbitration shares the same juridical nature of the judicial process and they have the same goal and repeat the same method and scheme —to a greater or lesser extent. Moreover, they both use the process, and their general theory, to achieve their reality 6 and goal. Their differences, based on their origin and some particularities, do not detract from the essence of a common legal nature. Keywords: Arbitration, Arbitration Process, Arbitrator, Jurisdictional Judicial Process, Juridical Nature, Arbitration Panel, Arbitration Court, Arbitrators, General Arbitration Law, Due Process of Law, Peaceful Method of Dispute Resolution, Alternative Dispute Resolution, Civil Procedural Law. / Tesis

He escogido como tema del estudio que es obligación presentar para optar el grado académico de Bachiller, un punto que no puede menos que ser lisonjero a la Facultad de Derecho : el comentario al Único tratado de Derecho Procesal que se redactó en el Perú durante la dominación española, para sistematizar la legislación imperante. Me movieron a elegirlo muy considerables apreciaciones. No es aventurado afirmar que uno de los aspectos menos conocidos de la Historia del Derecho Peruano lo constituye el examen y recuerdo de los extraordinarios varones que marcaron rumbos definitivos dentro de la historiografía jurídica de la época en que exhibieron su ingenio y desenvolvieron sus actividades. Si lo que sabemos de los juristas de la época republicana es desconsoladoramente pequeño, habida consideración de sus respectivas valía, importancia y significación, remontándonos a la insuperada etapa de la dominación española, el caudal de datos que poseemos sobre sus congéneres, no pasa de ser un cúmulo de inexactitudes, de gruesas equivocaciones, de apasionadas interpretaciones y porqui no decirlo, de mixtificaciones sin cuento.

El autor tiene como objetivo proporcionar criterios que deberían seguir tanto el legislador como el juez para regular y aplicar, respectivamente, la prisión civil de forma garantista y racional. Para dicho propósito, el autor, valiéndose de un análisis dogmático del derecho positivo tanto nacional como extranjero, y de la doctrina procesal que ha escrito sobre el tema, elabora una serie de criterios que tienen la finalidad de restringir el poder discrecional del juez al momento de decretar esta medida coercitiva (dentro de la propuesta destaca la exigencia de que la prisión civil se sujete al principio de tipicidad). / The author aims to provide criteria that should be followed by both the legislator and the judge to regulate and apply, respectively, imprisonment in a guaranteeing and rational manner. For this purpose, the author, making use of a dogmatic analysis of both national and foreign positive law, and of the procedural doctrine that he has written on the subject, elaborates a series of criteria that have the purpose of restricting the discretionary power of the Judge when that coercive measure is imposed (within the proposal, the requirement that civil prison be subject to the principle of typicity).

En el presente informe se analiza el proceso civil referente a la Casación 4651- 2018, en específico sobre si se han demostrado los elementos concurrentes para que se declare fundada la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Asimismo, se cuestionará la decisión del órgano superior en el proceso materia de análisis en la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, abordando la figura de la prejudicialidad. Por último, se analiza la motivación de la sentencia de vista del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, con la finalidad de advertir una motivación defectuosa en los argumentos del ad quem. / This report analyzes the civil proceeding regarding Cassation 4651-2018, specifically on whether the concurrent elements have been demonstrated for the nullity of fraudulent res judicata to be declared founded. Likewise, the decision of the superior court in the process under analysis in the nullity of fraudulent res judicata will be questioned, considering the figure of prejudgement. Finally, the reasons of the superior court’s sentence in the process of nullity of fraudulent res judicata is analyzed, with the purpose of noting an insufficient motivation in the arguments of the ad quem.

El objetivo principal del trabajo es analizar el instituto de la cosa juzgada en el proceso de ejecución. En cuanto a la naturaleza del proceso ejecutivo, esta es satisfacer el derecho que tiene una persona que fluye de un título ejecutivo –judicial o extrajudicial- que contiene una obligación, cierta expresa, exigible y líquida. Así el estudio de la cosa juzgada en el proceso ejecutivo pretende demostrar si con la conclusión de la ejecución, a través de una resolución (auto), entendiéndose que no hay mérito (análisis de fondo) en la decisión, sino solo el simple seguimiento del trámite del mismo proceso bastan para revestir de cosa juzgada (formal y material). Por ello resulta necesario estudiar la cosa juzgada a partir de su importancia, en función a la seguridad jurídica recayendo el análisis fundamentalmente sobre el proceso de ejecución, estudio de su naturaleza, y principios, ya que es bajo la esta actividad que recaerá el estudio de la cosa juzgada. Las hipótesis de conclusión de la ejecución, con breve estudio sobre pronunciamiento de mérito y contradictorio, se abordan con el fin de analizar la formación de la cosa juzgada en el juicio ejecutivo. Este análisis reabrirá el debate sobre la formación de la cosa juzgada material en el proceso ejecutivo.

El objetivo del presente trabajo es postular que el nivel de valoración de la prueba que debe realizarse al momento de analizar una excepción de falta de legitimidad para obrar es preliminar respecto del fondo de la controversia. Esto se justificará en el diseño de la institución de las excepciones en nuestro ordenamiento jurídico, desde la perspectiva jurisprudencial y doctrinaria, y en la necesidad de dotar a este diseño de coherencia. En este desarrollo se postularán conclusiones tales como, que la legitimidad para obrar requiere ser probada, preliminarmente, no siendo suficiente la mera afirmación de ser titular de un derecho; y que ciertas excepciones implican un análisis de cuestiones del fondo de la controversia.

Es una verdad ampliamente aceptada en la doctrina, el hecho de que el proceso es el "eslabón perdido" del sistema de tutela sustantiva de derechos, en el sentido que aquél garantiza la exigibilidad o justiciabilidad de los derechos materiales o sustantivos, lo cual calza plenamente con su naturaleza instrumental, pero que a su vez tiene un efecto "reflejo" en el núcleo duro de las políticas instrumentadas por el Estado para lograr sus fines últimos; esto en materia de la Constitución Laboral encuentra plena sintonía con las líneas de trabajo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Trabajo Decente y Buenas Prácticas Laborales. En ese sentido, el presente trabajo plantea indagar como una política procesal "pura" (la reforma del proceso laboral) puede influir o tener incidencia en la médula de las políticas sociales consensuadas respecto de las Buenas Prácticas Laborales.