This article addresses the relationship between the Process and the Constitution. For this purpose, it is explained what is the object of study of the Procedural Law, and which is the litigation model adopted in article 139 of the Peruvian Constitution, why this model is about a system with its own autonomy and substantivity and not about a subsystem, and how Civil Law and Common Law converging in this model. Furthermore, the author establishes, based on the Constitution, the reason why the existing procedural guarantees in our legal system do not imply a “right to a right decision”, but only the right to a fair process, and explains the difference between “fair process” and “justice” or “judicial truth”. / El presente artículo aborda la relación existente entre el Proceso y la Constitución. Para tal fin, se explica cuál es el objeto de estudio del Derecho Procesal y cuál es el modelo de litigación adoptado en el artículo 139 de la Constitución Peruana, por qué este modelo se trata de un sistema con autonomía y sustantividad propias y no de un subsistema, y cómo convergen el Civil Law y el Common Law en este modelo. Asimismo, el autor fundamenta, con base en la Constitución, por qué las garantías procesales existentes en nuestro ordenamiento jurídico no implican un “derecho al acierto”, sino tan solo el derecho a un proceso justo, y se establece ladiferencia entre “proceso justo” y “justicia” o “verdad judicial”.

Throughout the history of Procedural Law, a theme which undoubtedly calls for greater importance is the right of action, however, today does not have greater presence. Accordingly, the focus has moved towards the effective jurisdictional protection due to the phenomenon of constitutionalisation which the right of action has crossed. the author, in addition to analyzing the most important landmarks in the development of right of action, also focuses on the study of what is currently happening with effective judicial protection in order to reach a truly effective process thatensures our rights. / A lo largo de la historia del Derecho Procesal, un tema que sin duda reclama mayor importancia es el del Derecho de Acción, sin embargo, hoy en día no tiene mayor presencia. en tal sentido, el enfoque se ha trasladado hacia la tutela Jurisdiccional efectiva a causa del fenómeno de constitucionalización que atravesó el Derecho de Acción. el autor, además de analizar los hitos más importantes en los que se desarrolla el Derecho de Acción, se centra también en el estudio de lo que viene pasando en la actualidad con la Tutela Jurisdiccional Efectiva con la finalidad de llegar aun proceso verdaderamente eficaz que garantice nuestros derechos.

The purpose of this paper is offer to the reader, especially to the foreign reader, an overall picture of the res judicata en the Brazilian civil procedural law, with a special approach (not the only one) in the treatment to this topic by the Procedual Civil Code of 2015. The first part analyses a set of situaciones, quite peculiar actually, of the own authority of the res judicata along its shades; then, secondly, treats classical themes of the objective and subjective limits, and the peculiar regimen of the collective actions of the res judicata. Finally, the main is to analyze the overall profiles of the institute, without stopping in controversies or specifications regarding the perspective of the domestic law. / El objetivo de este escrito es ofrecer al lector, especialmente al extranjero, un panorama general de la cosa juzgada en derecho procesal civil brasilero, con un enfoque especial (no el único) en el tratamiento dado al tema por el Código del Proceso Civil de 2015. La primera parte del texto analiza un conjunto de situaciones, bastante peculiares en realidad, de la propia autoridad de la cosa juzgada y sus matices; para luego en un segundo momento tratar temas clásicos de los límites objetivos y subjetivos, y el régimen peculiar de cosa juzgada de las acciones colectivas. Finalmente, el objetivo es analizar los perfiles generales del instituto, sin detenerse en polémicas o especificaciones propias de una perspectiva de derecho interno.

This article examines the close relationship between criminal procedure and constitutional law within a democratic State framework as well as the guarantees provided from a constitutional point of view in accordance with the current context of human rights globalization. Then, the author approaches us to criminal procedure main principles and guarantees, procedural models historically formed. Finally, it presents an interesting Criminal Procedural Code analysis describing guarantees, principles and procedural models recognized in our country. / Este artículo reflexiona sobre la estrecha relación entre el proceso penal y el derecho constitucional en el marco de un Estado democrático, así como sobre las garantías que debe brindar desde la óptica constitucional y en el actual contexto de globalización de los derechos humanos. A continuación nos aproxima a los principales principios y garantías del proceso penal, y a los modelos procesales históricamente configurados. Finalmente, el artículo nos presenta un interesante análisis de Código Procesal Penal, describiendo las garantías, principios y modelo procesal reconocido de nuestro país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro trabajo tratará sobre un análisis del principio de legalidad, el que hemos escogido por la vital importancia que tiene en materia penal juvenil, como límite a la posibilidad de aplicar sanciones que no se encuentren previamente tipificadas y sancionadas, como límite al poder punitivo del Estado, y lo más importante su función de garante en materia de ejecución de sanciones. Y en específico, analizaremos el 3 cumplimiento de este principio en la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro objetivo es determinar si se cumplieron con los objetivos que el legislador tuvo al momento de establecer el procedimiento colectivo en defensa de los intereses de los consumidores, en el caso en estudio, bajos las normas del procedimiento sumario y sus principios rectores. Para esto hemos dividido el trabajo en cuatro capítulos: En el primer capítulo analizaremos los fundamentos y características los procedimientos colectivos en general, para luego estudiar estos mismos aspectos específicamente en la ley N° 19.496 de protección del consumidor. Para esto último, veremos las razones políticas y económicas que motivaron las modificaciones introducidas por la ley N° 19.955 y posteriormente expondremos, etapa por etapa, el procedimiento colectivo en Chile. En el segundo capítulo, analizaremos los principios formativos del procedimiento colectivo en Chile. Para su estudio, los hemos dividido en dos categorías: Principios que inspiran el procedimiento colectivo para la protección de las asociaciones de consumidores y Principios generales aplicables. Estos principios serán un elemento esencial en el análisis del primer caso de juicio colectivo en Chile. En el tercer capítulo, reproduciremos brevemente los hitos más importantes del caso en estudio, señalando solicitudes con sus fundamentos, las resoluciones y los tiempos que demoraron. Para un acertado conocimiento de la causa, hemos dividido su tramitación en seis etapas: Admisibilidad, Avisos, Audiencia de conciliación y contestación, Prueba, Citación a oír sentencia y Sentencia. 11 Finalmente, en el capítulo cuarto hemos hecho un análisis de la tramitación del juicio con los principios expuestos en el capítulo dos, de manera de demostrar qué tan adecuada es la actual legislación nacional en lo referente a los juicios colectivos. Terminamos el capítulo con algunas recomendaciones de lege ferenda al respecto. El presente trabajo termina con nuestras conclusiones respecto de la investigación realizada, que sirve a la vez como una forma de finalizar la investigación de manera satisfactoria

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente proyecto de tesis tiene orígenes accidentados. En un principio, el proyecto pretendía otorgar una visión comparada en relación con un aspecto central de lo que había sido el desarrollo de los juicios colectivos hasta esa fecha, los inicios del año 2011. La tesis trataría principalmente sobre uno de los aspectos procesales que más debate había generado en la materia, una institución única en la legislación nacional consistente en la etapa de admisibilidad que presentaban los juicios o procedimientos diseñados para la defensa de intereses colectivos y difusos de los consumidores, institución introducida en la reforma del año 2004 efectuada a la Ley de Protección al Consumidor y que implicaba demoras de hasta más de tres años para entrar recién a la etapa de discusión de este juicio especial. Sin embargo, con el advenimiento del caso La Polar, hecho público en el mes de mayo de 2011, y a pesar que a esas alturas, con siete años de vigencia de la ley, ya se había constatado por algunos la necesidad de un cambio en este aspecto, la preocupación por la materia cambió radicalmente. Este caso generó un cambio en la conducta que hasta la fecha habían mantenido diversas autoridades con influencia en el ramo, cuestión que se vio reflejada en hechos concretos tanto en miembros del poder legislativo como en miembros del poder ejecutivo y servicios descentralizados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo abarca un estudio sistemático de las Acciones y Recursos Procesales ante la Potestad Sancionadora de la Superintendencia de Valores y Seguros. Para ello, se mencionan las esferas de atribuciones de dicha entidad administrativa, con especial referencia a la Potestad Sancionadora, y se analizan cada una de las Acciones y de los Recursos Procesales que pueden hacerse valer ante resoluciones emanadas de dicho organismo. Ahora bien, en cuanto al contenido específico de la obra, podemos mencionar que en el Capítulo I se define a la Superintendencia de Valores y Seguros, se da una pequeña reseña, se señala el ambiente en que se desenvuelve y sus intervinientes, para luego establecer su misión. En cuanto al aspecto funcional, se dice que las potestades de la Superintendencia se pueden clasificar en potestad fiscalizadora, potestad normativa, función de desarrollo y promoción de los mercados, y potestad sancionadora. A continuación, en el Capítulo II se pasa a revisar la potestad sancionadora en particular, la sanción administrativa y su relación con los derechos fundamentales, señalando además, el proceso de investigación que debe seguir la unidad respectiva, para adoptar posteriormente sanciones, las que se enumeran en su momento. Luego, se analizan las críticas que ha dado lugar y se enuncian un par de casos de revuelo nacional. Posteriormente, en el Capítulo III nos referimos a las Acciones y Recursos Procesales que proceden ante la SVS, analizando, primeramente, el contencioso administrativo, para luego analizar todos y cada uno de los mecanismos de impugnación, tanto constitucionales como legales, señalando jurisprudencia relevante, en caso que corresponda. En último término, en el Capítulo IV se realiza un breve análisis a la reforma de Mercado de Capitales II, específicamente en cuanto a los recursos, y al desarrollo y seguridad de los mercados. Para concluir y lograr un cabal entendimiento de la materia, se ha añadido un anexo referente a los Actos Administrativos y el Procedimiento Administrativo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene la pretensión, quizás un tanto ambiciosa, de analizar el inciso segundo del artículo 149, como así mismo la letra c) y el inciso final del artículo 248, ambos del Código Procesal Penal (en adelante CPP), a la luz de nuestra Constitución Política de la República (en adelante CPR), llegando finalmente a aceptar o rechazar en nuestra conclusión su constitucionalidad. Cada día las poblaciones del mundo occidental van evolucionando hacia una construcción de la sociedad regida por el denominado Estado Social y Democrático de Derecho, en virtud del cual, como máxima suprema, se deben respetar los principios que informan dicho estado, cuales son el de supremacía constitucional, imperio de la ley, distribución del poder estatal en titulares que desarrollen funciones diferenciadas, responsabilidad de las diferentes magistraturas y nulidad de los actos que emanen de órganos no competentes, todos los cuales tienen su fundamento principal en la dignidad de la persona humana y sus derechos, los que deben ser promovidos y respetados por los órganos del Estado, cuales se ven amparados también por la vigencia y reconocimiento que tienen los tratados internacionales en nuestra propia Carta Magna1