La conflictiva relación entre el derecho a la libertad individual de la persona y el encierro preventivo no cesa en la actualidad. Desde la vista de la doctrina y jurisprudencia nacional, se ha expuesto que la prisión preventiva es una medida sumamente excepcional que solo se invoca con el objeto de garantizar el desarrollo adecuado del proceso ante la verificación de un peligro procesal (fuga u obstaculización de la investigación). No obstante, esta medida no es la única para neutralizar el peligro procesal. El Código Procesal Penal (NCPP) regula varias medidas de coerción personal y, conforme al artículo 235° numeral 3, éstas son utilizadas en un marco de necesidad, sin embargo, no todas generan la misma consecuencia jurídica y neutralizan el mismo nivel de peligro procesal. En ese contexto, el peligro procesal es el presupuesto más importante dentro de las medidas de coerción personal y es la razón por la que se dicta. Asimismo, este presupuesto varía de acuerdo a la medida de coerción personal, es decir, el peligro procesal que neutraliza la prisión preventiva no es el mismo peligro que puede neutralizar las demás medidas de coerción personal. Por tanto, el peligro procesal de la prisión preventiva tiene un carácter desbordante que dista de las demás medidas de coerción personal, no obstante, ¿Qué circunstancia lleva a ese nivel de peligro procesal? El objetivo de esta investigación es probar que la circunstancia determinante que intensifica el peligro procesal y hace necesaria la utilización de la prisión preventiva, es la actitud del imputado frente al proceso penal. Este criterio incapacita a las demás medidas de coerción personal y hace necesaria la utilización de la prisión preventiva, consecuentemente, el peligro procesal de la prisión preventiva se debe estructurar sobre la base de este criterio.

El presente informe realiza un análisis del Expediente N° 23646-2015 y, entre otras cosas, permite el examen de las siguientes áreas del derecho: laboral, constitucional y procesal. Específicamente, se investigan temas como el despido, el hostigamiento sexual, la violencia, el acoso moral, y la protección constitucional contra el despido. El objetivo principal del informe es el de determinar la existencia de un despido de naturaleza fraudulenta, así como la configuración de las faltas graves imputadas al trabajador para sustentar su despido, de acuerdo a lo establecido por los hechos del caso. El análisis presentado nos permite concluir que no se configura un supuesto de despido fraudulento en los términos que establece el Tribunal Constitucional, pero, además, se acredita la configuración de dos de las tres faltas graves imputadas por la empresa para sustentar el despido del demandante, referidas a la vulneración al reglamento interno de trabajo y a la violencia. Como conclusión, advertimos la necesidad de contar con mayor jurisprudencia, sobre en todo en casos de acoso sexual, para poder así afinar los criterios establecidos por las normas, de igual manera, sería necesaria la emisión de legislación expresa que regule supuestos como el acoso moral y el despido fraudulento, con la finalidad de evitar recurrir únicamente a la jurisprudencia y doctrina en estos supuestos.

En nuestro medio el Nuevo Código Procesal Penal tiene un carácter acusatorio y en base a los principios de publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas; hacen que los sujetos procesales (parte acusada y acusadora) deben encontrarse preparados, a fin de conseguir la justicia y equidad en el proceso penal; en consecuencia, bajo el nuevo paradigma del Estado Constitucional de Derecho pasa a ser trascendental el papel desempeñado por la defensa quien está representada por el abogado defensor, quien es el llamado a ejercer una defensa técnica eficaz a fin de garantizar al procesado el cumplimiento y la efectividad del derecho al Debido Proceso y a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. En tal sentido, en el desarrollo del presente trabajo nos hemos planteado determinar los estándares de una defensa técnica eficaz; y si la actividad desempeñada por el abogado que no cumple con estos parámetros conlleva a la vulneración de las garantías constitucionales del procesado, situación que podría acarrear nulidad absoluta de acuerdo a lo establecido en el inciso d) del artículo 150 del Código Procesal Penal. Sin embargo, consideramos que para alegar nulidad por defensa técnica ineficaz no es suficiente que se configure esta; toda vez que, además, debe concurrir simultáneamente lo siguiente: a) Que el justiciable se encuentre en estado de indefensión; b) Que como consecuencia de la indefensión se le haya obstaculizado el acceso efectivo a la justicia; y, c) Se le haya vulnerado otros derechos constitucionales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Nuestro trabajo tratará sobre un análisis del principio de legalidad, el que hemos escogido por la vital importancia que tiene en materia penal juvenil, como límite a la posibilidad de aplicar sanciones que no se encuentren previamente tipificadas y sancionadas, como límite al poder punitivo del Estado, y lo más importante su función de garante en materia de ejecución de sanciones. Y en específico, analizaremos el 3 cumplimiento de este principio en la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta investigación es revisar las discusiones y planteamientos que han surgido, principalmente en doctrina, respecto a la tutela procesal de los intereses supraindividuales, a través de las llamadas acciones colectivas. Para el logro de este objetivo se analiza la perspectiva, postura y aportes que otorgan diversos autores, chilenos como extranjeros, al tratamiento de esta problemática, que es relativamente nueva en nuestro país. En la primera parte se exponen conceptualizaciones de los intereses supraindividuales, principalmente identificando y delimitando los escenarios en que actúan, su caracterización como tales, sus clasificaciones, su naturaleza jurídica y la repercusión que originan en la concepción de categorías clásicas de Derecho Civil y Derecho Procesal. La segunda parte se dedica a discurrir en torno a las acciones colectivas, propiamente tal. Así, se hace un recorrido por algunos conceptos básicos de la ciencia procesal, como son la acción, la capacidad procesal y la legitimación activa; con el objeto de determinar de qué manera dichas figuras se adaptan en los procesos de incidencia grupal. Además, se hace mención a conceptos propios de este tipo de procesos, como es la noción de representatividad adecuada. La tercera parte analiza la eficacia que produce la sentencia que se pronuncia en el marco de las acciones colectivas. Al efecto, primero se hace una revisión del concepto de cosa juzgada, para luego señalar y analizar desde una perspectiva crítica las posiciones que han surgido respecto a cómo opera esta institución en los procesos que nos ocupan. Finalmente, la cuarta parte se encarga de hacer una breve reseña de ciertas acciones colectivas que se contemplan en legislaciones comparadas y en el ordenamiento jurídico chileno. Se pone mayor énfasis en las class actions norteamericanas y en el procedimiento para la protección de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, contemplado en la Ley N° 19.496. También se hace mención a cómo la Reforma Procesal Civil hace frente a esta materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El procedimiento laboral cambió radicalmente con la dictación de la ley Nº 20.087 y sus posteriores modificaciones. Del antiguo procedimiento que se componía de una secuencia de actos procesales principalmente escritos, se pasó a un sistema oral, público y concentrado, basado en los principios de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad, los cuales se desarrollan fundamentalmente en audiencias orales conducidas por un magistrado y enmarcadas por actos procesales propios de cada una de ellas, concordantes con los principios formativos del proceso. Dentro de los procedimientos introducidos, reviste fundamental importancia el de Tutela de Derechos Fundamentales, sobre el cual se efectuará el análisis del presente trabajo. Este estudio se centrará en tres elementos o instrumentos jurídicos, a saber, prueba indiciaria, juicio de ponderación y medidas reparatorias, que por ser de importancia para la adecuada protección de las garantías fundamentales de los trabajadores en la relación laboral, deben encontrarse presentes en el razonamiento jurídico de los jueces que conocen de esta materia. El análisis realizado es jurisprudencial, es decir, tiene como fuente principal las sentencias dictadas por los Tribunales Laborales especializados de todo el territorio nacional en los procedimientos de tutela laboral y, específicamente, la investigación se circunscribe en un determinado periodo de tiempo que comprende desde la entrada en vigencia de la ley Nº 20.087 en el año 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La rebeldía es entendida por la mayoría de la doctrina como aquella inactividad del sujeto pasivo en la relación jurídica-procesal. Esta institución de vital importancia para la continuación del proceso, al evitar su paralización o entorpecimiento, tiene como objetivo último, resguardar la tutela jurisdiccional de aquella parte diligente que comparece en juicio. Este trabajo tiene la finalidad de analizar esta institución, desde las nociones más básicas y generales de la rebeldía, hasta su aplicación y efectos en materia laboral en el procedimiento ordinario de aplicación general.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, se enmarca dentro del estudio del cumplimiento efectivo de la sentencia en materia laboral. En virtud de la importancia que reviste esta etapa procesal, a fin de garantizar hacer realidad lo dispuesto en la sentencia, se estudiarán los aspectos más relevantes que fueron detectados previo a la reforma al proceso laboral. Con el objeto de lograr una mejor comprensión, se analizará la historia de las leyes que conforman el marco del actual sistema procesal laboral. Acto seguido, se estudiará el procedimiento de cumplimiento de sentencia contenido en el Código del Trabajo, se expondrán las visiones criticas del sistema y para finalizar, se desarrollará un estudio estadístico que intentará comprobar las actuales falencias del proceso de cumplimiento de la sentencia laboral

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En materia de libre competencia, se encuentra establecido como medio de solución de controversias, entro otros, el acuerdo extrajudicial; que es una convención que se negocia y celebra fuera del proceso judicial entre la Fiscalía Nacional Económica y uno o más agentes económicos, y que requiere de la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para producir sus efectos. Sin embargo, no existe claridad en la doctrina en cuanto a si el acuerdo produce o no efecto de cosa juzgada, a causa de una cláusula incorporada por este Tribunal en su resolución aprobatoria, que señala que no existe pronunciamiento sobre los hechos que lo motivaron. Con objeto de proponer que el efecto de cosa juzgada que emana del acuerdo extrajudicial recae sobre el acuerdo extrajudicial en sí mismo y no sobre los hechos de fondo, en la presente memoria de prueba para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, se analiza en primer lugar el contenido normativo del acuerdo. Luego, se analizan los equivalentes jurisdiccionales, sus presupuestos y características con el fin de establecer si el acuerdo es uno de ellos. Posteriormente, se analiza exhaustivamente la cosa juzgada en cuanto a su concepto, fundamento, con especial énfasis en la triple identidad existente en el proceso civil. Para luego revisar de manera específica la naturaleza jurídica y regulación de la cosa juzgada en el procedimiento de libre competencia. Finalmente, a partir de las nociones expuestas en los capítulos I y II, en la parte final de éste último se realiza una exposición de la discusión doctrinaria acerca de si el acuerdo extrajudicial produce o no cosa juzgada, junto con una apreciación de las distintas posturas, para luego entregar los argumentos que permitan justificar la tesis propuesta.