Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En materia de libre competencia, se encuentra establecido como medio de solución de controversias, entro otros, el acuerdo extrajudicial; que es una convención que se negocia y celebra fuera del proceso judicial entre la Fiscalía Nacional Económica y uno o más agentes económicos, y que requiere de la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para producir sus efectos. Sin embargo, no existe claridad en la doctrina en cuanto a si el acuerdo produce o no efecto de cosa juzgada, a causa de una cláusula incorporada por este Tribunal en su resolución aprobatoria, que señala que no existe pronunciamiento sobre los hechos que lo motivaron. Con objeto de proponer que el efecto de cosa juzgada que emana del acuerdo extrajudicial recae sobre el acuerdo extrajudicial en sí mismo y no sobre los hechos de fondo, en la presente memoria de prueba para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, se analiza en primer lugar el contenido normativo del acuerdo. Luego, se analizan los equivalentes jurisdiccionales, sus presupuestos y características con el fin de establecer si el acuerdo es uno de ellos. Posteriormente, se analiza exhaustivamente la cosa juzgada en cuanto a su concepto, fundamento, con especial énfasis en la triple identidad existente en el proceso civil. Para luego revisar de manera específica la naturaleza jurídica y regulación de la cosa juzgada en el procedimiento de libre competencia. Finalmente, a partir de las nociones expuestas en los capítulos I y II, en la parte final de éste último se realiza una exposición de la discusión doctrinaria acerca de si el acuerdo extrajudicial produce o no cosa juzgada, junto con una apreciación de las distintas posturas, para luego entregar los argumentos que permitan justificar la tesis propuesta.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo se centra en realizar un análisis detallado de dos instituciones relevantes para el Derecho Procesal: las Tasas y las Costas Judiciales. Tales instituciones presentan vital importancia no sólo por los efectos que éstas tienen en la aplicación práctica de principios que promueven el libre acceso a la justicia y el derecho a la acción, sino que también por las consecuencias sociales que su tratamiento produce en la población, especialmente en la visión del funcionamiento del poder del Estado que ejerce la jurisdicción. En base a lo anterior, la investigación realizada ha concentrado sus objetivos en efectuar un estudio de la regulación nacional –vigente e histórica- aplicable a ambas instituciones, para luego definir, a través del correspondiente estudio comparativista de legislaciones europeas y americanas, qué elementos, normas, derechos, principios y mecanismos de solución resultarían replicables, adaptables o derechamente dignos de ser implementados en una legislación como la chilena, en estas materias. De esta manera, y tras concluir el estudio previamente indicado, este trabajo ofrece alternativas fundadas en la realidad jurídica, social y económica de nuestro país, con la finalidad última de incorporar la aplicación de tasas judiciales para la prosecución de ciertos procesos en la próxima Reforma Procesal Civil, con la indicación de algunas de sus excepciones; así como también para modernizar y reglamentar de una manera objetiva la tasación de costas procesales y la regulación de aquellas personales que se produzcan en la tramitación de un juicio, intentando reducir en la práctica el número de controversias que, actualmente, resultan innecesarias o disipadoras de recursos para el Poder Judicial.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El documento electrónico se enfrenta a un aura de supuesta ilicitud en el proceso civil basada en la desconfianza técnica por parte de los operadores jurídicos al mismo, así como por la eventual vulneración de derechos fundamentales producto de la divulgación no autorizada de su contenido. Ahora bien, ¿por qué hemos de limitarnos a aceptar dichos prejuicios, obviando el impacto probatorio que pueda llegar a tener un documento de tales características? Resignarse a mantener esa preconcepción es insostenible porque se le quita al proceso la oportunidad de lograr ser un mecanismo eficaz y eficiente para la solución de los conflictos jurídicos suscitados, sobre todo cuando el documento electrónico puede marcar la diferencia entre tener o no por acreditado un hecho y, con ello, ganar o perder un juicio. Sin duda se requiere poner fin al reproche injustificado hacia el documento electrónico, para que así los litigantes y jueces puedan realizar su labor en forma adecuada, apreciando el documento electrónico de acuerdo con su verdadera naturaleza, despojada de tabúes y falsas interpretaciones que llevan a la restricción de su uso. Para ello, será necesario hallar, dentro de las herramientas procesales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, un mecanismo que, sin afectar el debido proceso, permita lograr dicho cometido, para lo cual será clave poder recurrir al uso combinado de ciertos medios probatorios, en conjunto con el documento electrónico, consagrados en nuestra legislación adjetiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro país el desarrollo del Derecho de la Libre Competencia ha sido tardío, y aún quedan muchas de sus áreas que deben ser reguladas o complementadas. Hoy, la regulación de esta área del derecho se encuentran regidas por el Decreto Ley Nº211, el cual ha experimentado diversas modificaciones que han tendido a la mayor protección del mercado y de su eficiencia. En este cuerpo normativo existen varios procedimientos, dentro de los cuales se encuentran los procesos sancionatorios por delitos de colusión. En éstos últimos, no existe un estándar probatorio definido, pero, además, los tribunales que conocen de ellos – tanto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como la Corte Suprema – o bien no se avocan a su desarrollo, o bien no han aplicado criterios uniformes a su respecto. Con la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso “CMPC y SCA” el problema se agudiza aún más, puesto que incluso dentro del mismo tribunal que dicta el fallo, comienzan a haber posiciones opuestas en relación con la aplicación de los estándares probatorios. Estos estándares de convicción resultan relevantes en diversos aspectos de nuestros procesos, y tal como pretendemos exponer en la presente memoria, resulta imperativo e ineludible la necesidad de determinar un criterio uniforme para precisar con ellos las garantías con que se cuenta en este tipo de procesos. El análisis de la problemática se abordará tanto desde un punto de vista doctrinal, como desde la óptica de la jurisprudencia, y finalmente, se intentará proponer una solución acerca de la forma en que se debe superar esta problemática. Mediante el presente trabajo, se pretende explorar un tema que no ha sido tratado mayormente ni por nuestra legislación, la doctrina, como la jurisprudencia, por lo que se intenta llegar a una proposición fundada y coherente para entregar una solución real a esta situación problemática para nuestro ordenamiento, Cabe tener presente al respecto que este ha sido trabajo elaborado por una alumna de pregrado, que intenta recién egresar y obtener su título de abogado, con las ansias de un pronto ejercicio, pero con las deficiencias que podría tener por la falta de mayor experiencia 7 forense, pero en todo caso libre de anclaje respecto a la protección de diversos intereses que concurren en los procesos sancionadores de la libre competencia.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación se desarrolla respecto de los medios de prueba, en particular los medios de prueba tecnológicos que la ley prevé, para probar ciertas conductas antijurídicas en juicio. Dichas conductas se refieren a la discriminación, particularmente en los juicios referidos al Bullying y Grooming. En concreto se analizan las condiciones de legitimidad del uso de esta clase de pruebas para probar las acciones u omisiones antijurídicas que se refieren, al igual que el valor probatorio y la impugnación de los mismos, en los distintos procedimientos en que ésta clase de conductas podrían ser perseguidas y eventualmente sancionadas

El artículo muestra que los instrumentos jurídicos europeos en materia de Derecho internacional Privado o de Derecho Procesal internacional Privado proporcionan reglas especiales directas y más o menos simples que favorecen a los consumidores. Estos son beneficiados con la aplicación de la ley del país en el que residen habitualmente, y al conferirse jurisdicción a los tribunales del país de su domicilio. Los acuerdos de particulares en contra de esto están estrictamente limitados. El artículo también destaca la importancia de las normas de la UE para Sudamérica.The article illustrates that european legal instruments regarding private international law or private international procedural law provide direct and more or less simple special rules favouring consumers. Consumers are privileged by the application of the law of the country in which they habitually reside and by jurisdiction being vested in the courts within the country of their domicile. Party agreements providing otherwise are strictly limited. The paper also highlights the relevance of the EU norms for South-America.