Este articulo tiene como objetivo, analizar las posibilidades de solicitar la actuación de prueba que tiene el imputado en una investigación penal, donde la norma procesal procura garantizar la participación en igualdades. A la vez otorga privilegios innecesarios a la fiscalía, para que sea quien en la investigación penal discrecionalmente determine sobre que actuaciones se efectuarán, encontrando ahí limites la actuación de prueba para el imputado. Esto se torna más complejo, cuando el juez de la investigación preparatoria quien debería equilibrar las desigualdades no ha comprendido su labor imparcial y obligación de actuar con razonabilidad, para que no exista ninguna limitación de generar prueba. Una vez denegada la realización de una diligencia solicitada, no hay mecanismos eficientes que garanticen al abogado defensor la posibilidad de generar prueba a favor de los intereses del imputado e incluso por la forma diferente de denominar a la prueba en las etapas del proceso penal, hace que se conciba a la denegatoria de actuación de diligencias de investigación como una circunstancia intrascendente sin vinculación con el derecho a probar / The objective of this article is to analyze the possibilities of requesting the performance of evidence that the accused has in a criminal investigation, where the procedural norm seeks to guarantee participation in equalities. At the same time, it grants unnecessary privileges to the prosecution, so that it is who in the criminal investigation discretionally determines what actions will be carried out, finding there limits to the performance of evidence for the accused. This becomes more complex when the preparatory investigation judge who should balance the inequalities has not understood his impartial work and obligation to act reasonably, so that there is no limitation to generate evidence. Once the completion of a requested procedure is denied, there are no efficient mechanisms that guarantee the defense attorney the possibility of generating evidence in favor of the defendant's interests and even due to the different way of naming the evidence in the stages of the criminal process, makes that the refusal to carry out investigative proceedings be conceived as an inconsequential circumstance unrelated to the right to prove.

La subsanación voluntaria de forma previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador constituye un eximente de responsabilidad administrativa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1272, el cual trajo esta modificación a la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, a través del mencionado Decreto Legislativo, se dispone que la Ley del Procedimiento Administrativo General pasa a tener la condición de Ley común, estableciendo para tal efecto la pauta normativa que debe regir toda actuación administrativa. Sin embargo, como se puede apreciar en el presente trabajo, organismos reguladores como el OSINERGMIN han señalado a través de Resoluciones de Consejo Directivo, Reglamentos; entre otros, disposiciones que proponen un régimen diferente y menos beneficioso para el administrado, adaptando la institución de la subsanación voluntaria de una forma que vulneraría lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, afectado de esta forma su carácter de Ley común, bajo un supuesto precepto de especialidad. Sobre el particular, se propone que tanto los organismos reguladores como las demás instituciones y entidades de carácter administrativo establezcan una regla de carácter común respecto a la figura de la subsanación voluntaria, ello con el objetivo de buscar la uniformidad e integración del sistema jurídico, sin que ello vulnere las pautas básicas dispuestas por Ley. / The voluntary correction prior to the initiation of the administrative sanctioning procedure constitutes an exemption of administrative liability in accordance with the provisions of Legislative Decree 1272, which brought this amendment to Law 27444 - General Administrative Procedure Law. Likewise, through said Legislative Decree, it is provided that the General Administrative Procedure Law becomes a common Law, establishing for such purpose the normative guideline that must govern all administrative actions. However, as can be seen in this work, regulatory agencies such as OSINERGMIN have indicated, through Resolutions of the Board of Directors, Regulations, among others, provisions that propose a different and less beneficial regime for the administered party, adapting the institution of voluntary rectification in a way that would violate the provisions of the General Administrative Procedure Law, thus affecting its status as a common Law, under an alleged precept of specialty. In this regard, it is proposed that both the regulatory agencies and the other institutions and entities of an administrative nature establish a common rule regarding the figure of voluntary correction, with the purpose of seeking uniformity and integration of the legal system, without violating the basic guidelines established by Law.

El presente informe realiza un análisis del Expediente N° 23646-2015 y, entre otras cosas, permite el examen de las siguientes áreas del derecho: laboral, constitucional y procesal. Específicamente, se investigan temas como el despido, el hostigamiento sexual, la violencia, el acoso moral, y la protección constitucional contra el despido. El objetivo principal del informe es el de determinar la existencia de un despido de naturaleza fraudulenta, así como la configuración de las faltas graves imputadas al trabajador para sustentar su despido, de acuerdo a lo establecido por los hechos del caso. El análisis presentado nos permite concluir que no se configura un supuesto de despido fraudulento en los términos que establece el Tribunal Constitucional, pero, además, se acredita la configuración de dos de las tres faltas graves imputadas por la empresa para sustentar el despido del demandante, referidas a la vulneración al reglamento interno de trabajo y a la violencia. Como conclusión, advertimos la necesidad de contar con mayor jurisprudencia, sobre en todo en casos de acoso sexual, para poder así afinar los criterios establecidos por las normas, de igual manera, sería necesaria la emisión de legislación expresa que regule supuestos como el acoso moral y el despido fraudulento, con la finalidad de evitar recurrir únicamente a la jurisprudencia y doctrina en estos supuestos.

El trabajo titulado Beneficios del Proceso de Colaboración Eficaz de Personas Jurídicas como posible afectación al fin de Prevención General de la Pena tiene relevancia jurídica su investigación, puesto que, a la fecha se encuentra vigente un nuevo proceso de colaboración eficaz a favor de las personas jurídicas y/o corporativas, proceso que no es aplicado generalmente por los Magistrados de nuestro país, al ser un proceso nuevo que viene surgiendo; sin embargo, dicho proceso debe de ser analizado con mucha minuciosidad, ya que al otorgar beneficios premiales, genera espacios de impunidad, más aun cuando se aplica beneficios no solo a la persona natural sino también a la empresa, siendo que este doble beneficio por una misma información, trae con ello, un menaje para el delincuente potencial que pese a que cometa delitos tiene aún la posibilidad de evitar una condena efectiva. Por consiguiente, a través del presente artículo se ha buscado describir si la imposición de benéficos premiales por colaboración eficaz a las personas jurídicas afectaría o no los fines de prevención general de la pena. Sin desconocer que el proceso de colaboración eficaz ha demostrado ser un mecanismo eficiente en lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada por lo que su uso, recientemente ha aumentado considerablemente, inclusive se ha ampliado esta figura a las personas jurídicas o también llamada por el derecho procesal Brasileño colaboración eficaz corporativa, sin embargo debe de existir una especial fundamentación que haga suponer que los fines de la pena en su vertiente de prevención general no será vulnerada, y que el potencial criminal al conocer que tiene una oportunidad que no se le impondrá la pena por sus delitos, no actuara con el mismo respecto al cumplimiento a las normas sociales.

El presente trabajo académico tiene como objetivo general justificar cuál sería el recurso adecuado para controvertir la sentencia de primera condena en segunda instancia cuando la persona así condenada exprese disconformidad con la valoración probatoria efectuada por la Sala Superior. Sostenemos que no lo es el recurso de casación penal nacional, toda vez que el medio impugnatorio adecuado para tal fin debe carecer de mayores complejidades en cuanto a su admisibilidad y debe permitir un control amplio de las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas que dieron lugar a la condena. Tampoco lo es un recurso de apelación a ser conocido por otra Sala Superior, en tanto que esta no constituye un tribunal superior en grado al órgano jurisdiccional condenador; igualmente, suprimir la condena del absuelto del Código Procesal Penal y facultar a los jueces de segunda instancia, a lo más, a declarar la nulidad de la sentencia absolutoria dilata el proceso innecesariamente y genera riesgo de impunidad. De ahí que planteemos que el recurso adecuado en tales supuestos sería uno de apelación excepcional a ser conocido por la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se cumple con los lineamientos mínimos establecidos para el derecho al recurso contra sentencias condenatorias o al doble conforme establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia. Para tal fin se emplean los métodos del análisis-síntesis, inducción-deducción, dogmático, exegético y comparativo; y, asimismo, las técnicas del análisis de decisiones de Altas Cortes y de fuentes bibliográficas.

La actual regulación de la carga de la prueba en el código procesal civil es insuficiente, posibilitando que su aplicación sea desnaturalizada. La presente investigación tiene como finalidad revisar esta regulación y dotar a la carga de la prueba de un contenido adecuado para que los jueces puedan aplicarla y resuelvan aquellas controversias cuando los hechos no han sido probados y ya se agotó toda la actividad probatoria, emitiendo un pronunciamiento debidamente justificado. Para ello, hemos seguido la concepción racional de la prueba que exige una justificación objetiva de las premisas que sirven de sustento para una decisión. A partir de una debida motivación de las resoluciones judiciales, los jueces justificarán el razonamiento seguido para resolver la controversia adecuadamente aún en aquellos casos en que los hechos no han sido probados, apoyándose en la carga de la prueba para resolver la controversia a través de un pronunciamiento debidamente justificado. Se concluye que una correcta regulación de la carga de la prueba que la reconozca expresamente como una regla de juicio subsidiaria, aplicada solamente cuando se haya agotado toda la actividad probatoria y los hechos no han sido probados, permite que, aún en estos casos, los jueces resuelvan la controversia a través de un pronunciamiento debidamente justificado que garantice el derecho de las partes a un pronunciamiento sobre el fondo.

El presente trabajo presenta el análisis y la reflexión realizada en torno al criterio que ha venido adoptando la Corte Suprema de Justicia frente a la interposición de los recursos de casación en materia laboral, poniendo de manifiesto que, antes que ser una Corte de Casación apegada a la legalidad es una Alta Corte que se desenvuelve dentro de un modelo Constitucional por lo que su actuación debe ser siempre la de un juez garante de derechos fundamentales. Siendo así, es importante revisar cuál es la actuación de la Corte Suprema dentro del ordenamiento jurídico peruano en tanto existe una sujeción a los derechos fundamentales y en tanto existe por parte del estado una obligación de proteger y hacer respetar los derechos laborales, rol que influencia sobre las funciones de la Corte Suprema, toda vez que esta es una de las manifestaciones del poder público del Estado, el cual estará siempre sujeto al marco constitucional.

La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 138° que establece que “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.” El Estado les quita a los particulares la capacidad de solución de sus conflictos, prohibiendo la autodefensa o la autotutela, reemplazándolo por un mecanismo de heterocomposición, donde aparece un tercero, el Estado a través de la jurisdicción estatal, el que con “… el correlativo derecho o poder de acción, representa la contrapartida a la prohibición de la autotutela privada”. La solución de estos conflictos con relevancia jurídica, se realiza mediante el proceso, que constituye el instrumento que tienen los particulares para actuar el derecho objetivo, “para con ello dar una protección, efectiva a las situaciones jurídicas de los particulares, logrando con ello, tutelar sus intereses y satisfacer con ello sus intereses.” La solución de las controversias tanto a nivel judicial como arbitral, requiere que sus operadores, los jueces y los árbitros determinen que es lo que está en discusión en el proceso, esto se realiza a través de la fijación de los puntos controvertidos. Al establecer o determinar lo que está en discusión en el proceso y sus alcances, mediante la fijación de los puntos controvertidos, se podrá delimitar no sólo lo que será materia de pronunciamiento, sino que definirá el marco de la actuación de los medios probatorios, con lo que se contribuye a producir certeza en el juzgador lo que se manifestará en su decisión final, a través de una sentencia o la emisión de un laudo arbitral. Con lo señalado anteriormente, se verifica la gran importancia que reviste esta institución o procedimiento, sin embargo a pesar de ello, se puede constatar que en la práctica judicial y arbitral dicha figura se ha limitado a una mera transcripción de las pretensiones señaladas por las partes en la demanda, en la contestación de la demanda y en la reconvención. A partir de esta constatar lo que se produce en la práctica judicial y arbitral, buscaremos establecer o determinar que debe entenderse como fijación de los puntos controvertidos en el proceso. Analizaremos las regulaciones que el Código Procesal Civil, ha establecido en referencia a los puntos controvertidos y su fijación y revisaremos sus alcances. Y finalmente, analizaremos los alcances de la regulación o falta de regulación de la fijación de los puntos controvertidos en la norma que regula el arbitraje en el Perú y lo establecido en los reglamentos de los principales centros de arbitraje de nuestro país.

En el presente artículo se pretende analizar la figura del saneamiento procesal en el proceso laboral peruano, con una visión crítica que transita desde la derogada Ley Procesal de Trabajo Ley 26636 a la Nueva Ley Procesal de Trabajo Ley N° 29497, analizando en la doctrina la importancia de una etapa en la cual se resuelvan las excepciones planteadas, donde pueda el juez sanear el proceso por la existencia de una relación jurídico procesal válida, inmaculando el proceso de todo vicio, defecto, omisión o nulidad que pueda impedir una decisión de mérito, para luego enfocarse en la fijación de puntos controvertidos y poder centrarse en un pronunciamiento de fondo al expedir la sentencia. Posteriormente revisaremos legislaciones laborales de otros países para analizar como se viene desarrollando esta etapa de saneamiento en el derecho comparado, para finalmente arribar a nuestras conclusiones.

En el presente trabajo de investigación se desarrolla y analiza la problemática de la teoría de la prueba ilícitamente obtenida -obtención de fuentes y medios de prueba con vulneración de los derechos fundamentales-, para ello se hace uso de la doctrina, jurisprudencia y legislación nacional, haciéndose una evaluación del estado actual de la cuestión, y del derecho comparado. Se destaca el análisis que realiza la Corte Suprema de los últimos años en cuanto a la aplicación de excepciones a la denominada regla exclusión de la prueba ilícitamente obtenida en nuestro país, evaluándose cuales constituyen verdaderas excepciones, además si son acorde con nuestro Sistema Jurídico y Estado Constitucional de Derecho, haciendo uso también de la doctrina y jurisprudencia en el derecho nacional y comparado. Finalmente se buscar plantear una solución al problema propuesto. / In the present work of investigation is developed and analyzes the problematic of the theory of the illicitly obtained evidence (exclusion rule)- Obtaining sources and means of evidence in violation of fundamental rights-, for that use is made of doctrine, jurisprudence and national legislation, an evaluation of the current state of the matter and comparative law. lt highlights the analysis that made the Supreme Court in recent years regarding the application of exceptions to the rule exclusion of evidence illegally obtained in our country, evaluating which are true exceptions and also if they are in accordance with our Legal System and Constitutional State of Law, making use also of doctrine and jurisprudence in national law and compared. Finally, we try to propose a solution to the proposed problema.