La potestad del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad de sus propias resoluciones ha sido ejercida por el máximo intérprete de nuestra Constitución en una serie de ocasiones. No obstante ello, aún existe una amplia discusión tanto en Doctrina como a nivel Jurisprudencial vinculada a si es posible reconocer dicha potestad al Tribunal Constitucional, bajo nuestro actual sistema jurídico. Por un lado, aquellos que rechazan la posibilidad de reconocer al Tribunal Constitucional la potestad de declarar la nulidad de sus propias resoluciones resaltan que existen una serie de objeciones que impedirían reconocer dicha potestad tales como la vulneración a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Así, el principal objetivo del presente trabajo es analizar si es posible reconocer la potestad del máximo intérprete de nuestra Constitución de declarar la nulidad de sus propias resoluciones, bajo nuestro actual sistema jurídico, sin que ello implique una vulneración a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. A través de dicho análisis, llegaremos a la conclusión de que dicha potestad sí encuentra cabida en nuestro sistema jurídico, siempre que esta sea ejercida en determinados supuestos y de manera excepcional. / The power of the Constitutional Court to declare the nullity of its own resolutions has been exercised by the highest interpreter of our Constitution on a number of occasions. Nevertheless, there is still a wide discussion both in Doctrine and Jurisprudence as to whether it is possible to recognize such power to the Constitutional Court. On the one hand, those who reject the possibility of recognizing the Constitutional Court the power to declare the nullity of its own resolutions highlight that there are a series of objections that would prevent the recognition of such power, such as the violation of the principles of res judicata and legal certainty. Thus, the main objective of this paper is to analyze whether it is possible to recognize the power of the highest interpreter of our Constitution to declare the nullity of its own resolutions, under our current regulatory system, without this implying a violation of the principles of res judicata and legal certainty. Through such analysis, we will reach the conclusion that such power does have a place in our legal system, as long as it is exercised in certain cases and in an exceptional manner. / Trabajo académico

La finalidad del presente informe jurídico es analizar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente STC 00677-2016-PA/TC, referida al proceso llevado a cabo por Tania Luz Mery Bravo Quispe contra el Gobierno Regional de Moquegua, quien a través de una demanda de amparo pretende que se le reponga a su anterior puesto de trabajo al haber sido despedida por encontrarse embarazada, señalando ser víctima de discriminación. La sentencia a ser analizada determinó los períodos en el que la madre trabajadora cuenta con la protección especial que su condición le brinda, estableciendo una suerte de acción afirmativa, con el fin de proteger sin prueba en contrario respecto al despido de toda mujer en estado de gestación y dentro del periodo de lactancia. En ese sentido, el informe desarrollará el contenido del derecho al trabajo, con especial énfasis en la madre trabajadora, así como el derecho a la igualdad y no discriminación en aplicación a lo solicitado por la demandante. Así mismo, se analizará el alcance de la decisión del Tribunal, en específico si está prohibiendo en su totalidad el despido de la mujer gestante y madre trabajadora. Por último, se examinará si la vía constitucional era la más adecuada para resolver la controversia, o si en todo caso la vía laboral podía ser igual de satisfactoria. Con todo lo anterior, se concluirá que la ampliación de la protección especial a la mujer gestante se encuentra justificada, y que en el caso en específico el Tribunal Constitucional actuó de forma correcta al declarar fundada la demanda, pero que en una instancia distinta la decisión debió ser lo opuesto. / The purpose of this legal report is to analyze the ruling of the Constitutional Court issued in the file STC 00677-2016-PA/TC, referring to the process carried out by Tania Luz Mery Bravo Quispe against the Regional Government of Moquegua, who through an amparo claim seeks to be reinstated to her previous job after having been fired for being pregnant, stating that she is a victim of discrimination. The sentence to be analyzed determined the periods in which the working mother has the special protection that her condition offers her, establishing a kind of affirmative action, in order to protect without evidence to the contrary regarding the dismissal of any woman in a state of pregnancy and during lactation. In this sense, the report will develop the content of the right to work, with special emphasis on the working mother, as well as the right to equality and non-discrimination in application of what was requested by the plaintiff. Likewise, the scope of the Court's decision will be analyzed, specifically if it is a full prohibition to dismiss pregnant women and working mothers. Finally, it will be examined whether the constitutional route was the most appropriate to resolve the dispute, or if in any case the labor law could be just as satisfactory. With all of the above, it will be concluded that the extension of special protection to pregnant women is justified, and that in the specific case the Constitutional Court acted correctly by declaring the claim founded, but that in a different instance the decision should have been the opposite.

En el presente informe se analiza si la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo en contra del artículo único de la Ley N° 31399 debe o no ser declarada fundada por el Tribunal Constitucional. Para ello, se hace uso de jurisprudencia nacional e internacional, así como de doctrina sobre la materia para determinar la existencia de vicios de inconstitucionalidad. En ese sentido, se concluye que la demanda debe ser declarada procedente en tanto cumple con los requisitos establecidos por el Nuevo Código Procesal Constitucional. Sin embargo, en el análisis de fondo, se identifica que la norma impugnada, en efecto, contraviene en su totalidad y directamente a la Constitución de 1993. De igual manera, se observa que la ley incurre en vicios de inconstitucionalidad material, debido a que vulnera el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la participación política mediante referéndum y los principios de soberanía popular y democrático. Finalmente, debido a la naturaleza de la materia que se pretende regular, la norma incurre, asimismo, en un vicio de inconstitucionalidad formal al ser expedida siguiendo el procedimiento regulado para una ley ordinaria cuando, por el contrario, corresponde su incorporación al ordenamiento jurídico vía reforma constitucional (es decir, mediante el artículo 206 de la Constitución). Por todo ello, se afirma que la demanda de inconstitucionalidad debe ser declarada fundada y, en consecuencia, la Ley N° 31399, expulsada del ordenamiento jurídico. / This report analyzes whether or not the unconstitutionality claim filed by the Executive Branch against the sole article of Law No. 31399 should be declared founded by the Constitutional Court. For this, national and international jurisprudence is used, as well as doctrine on the matter to determine the existence of vices of unconstitutionality. In this sense, it is concluded that the claim must be declared admissible as long as it meets the requirements established by the New Constitutional Procedure Code. However, in the substantive analysis, it is identified that the challenged norm, in effect, completely and directly contravenes the 1993 Constitution. Likewise, it is observed that the law incurs defects of material unconstitutionality since violates the constitutionally protected content of the right to political participation through referendum and the principles of popular and democratic sovereignty. Finally, due to the nature of the matter that is intended to be regulated, the norm also incurs a formal unconstitutionality defect when it is issued following the regulated procedure for an ordinary law when, on the contrary, its incorporation into the legal system corresponds via constitutional reform (that is, through article 206 of the Constitution). For all these reasons, it is stated that the claim of unconstitutionality must be declared founded and, consequently, Law N° 31399, expelled from the legal system.

Los medios de comunicación que se utilizan dentro de una relación laboral son diversos y constantemente actualizados, por lo que es usual que el empleador entregue a los trabajadores herramientas digitales de comunicación para el ejercicio de sus labores; sin embargo, algunas veces son utilizadas para fines diferentes a los que se otorgaron, generando conflictos en la relación laboral. El presente informe profesional tiene como finalidad realizar un análisis crítico a partir del recurso de agravio constitucional en el marco de un proceso de amparo, iniciado por un trabajador que fue despedido por la supuesta comisión de falta grave al compartir mediante el correo electrónico institucional información privada de un compañero de trabajo. La empresa habría accedido al contenido de dicho correo electrónico para corroborar la falta, por lo que el trabajador alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso, al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la libertad sindical; mientras que el empleador se amparó en su facultad de fiscalización y sanción. Sobre este tema, la jurisprudencia ha señalado que no es posible acceder a las comunicaciones del trabajador sin un mandato motivado del juez o autorización expresa de las partes, pero -hasta la fecha- no ha señalado claramente a quién pertenecen las herramientas digitales otorgadas y si estas pueden o no ser objeto de fiscalización. Los problemas jurídicos identificados serán desarrollados en el presente informe mediante legislación, jurisprudencia y doctrina. Asimismo, se pretende brindar una posición respecto a la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional y brindar algún acercamiento a lo que debería ser el procedimiento de fiscalización del correo electrónico institucional de los trabajadores. / The information and communication technologies that that are used within an employment relationship are diverse and constantly updated, so it is usual for the employer to provide workers with digital communication tools for the exercise of their tasks; however, sometimes they are used for purposes other than those that were granted, generating conflicts in the employment relationship. The purpose of this professional report is to carry out a critical analysis based on the constitutional grievance appeal within the framework of an amparo process, initiated by a worker who was dismissed for the alleged commission of serious misconduct by sharing private information of a co-worker through institutional email. The company would have accessed the content of that email to corroborate the fault, so the worker alleged the violation of his rights to due process, secrecy and the inviolability of communications and freedom of association; while the employer relied on its power of control and sanction. On this subject, the jurisprudence has indicated that it is not possible to access the worker's communications without a reasoned mandate from the judge or express authorization from the parties, but -to date- it has not clearly indicated to whom the digital tools granted belong and whether they can be subject to inspection. The legal problems identified will be developed in this report through legislation, jurisprudence, and doctrine. Likewise, it is intended to provide a position regarding the decision adopted by the Constitutional Court and to provide some approach to what the procedure for should be monitoring the institutional email of workers.

A intenção de nossa pesquisa é fornecer à comunidade jurídica do Brasil estudo abrangente sobre determinado processo judicial brasileiro. O fim deste processo é solucionar, como questão principal, incertezas que possam surgir em torno dos limites dos Poderes do Estado; os chamos conflitos de atribuição. A pesquisa processual é antecedida por detalhado histórico sobre a separação brasileira de Poderes. / El propósito de nuestra investigación es proporcionar a la comunidad juridica, especialmente brasileña, un extenso estudio acerca del proceso constitucional brasileño cuya finalidad es proteger el equilibrio del sistema de frenos y contrapesos solucionando, como cuestión principal, los conflictos entre los poderes del Estado o, en otras palabras, proteger las atribuciones constitucionales de los distinctos órganos de poder solucionando dichos conflictos. En Brasil de 2006 casi no hay estudios acerca deste asunto, no obstante el derecho brasileño conocer la práctica de solucionar, en el campo judicial, los mencionados conflictos como cuestión principal en el proceso constitucional cuya localización, es importante destacar, está en el sector del Derecho Procesal Constitucional, más precisamente el Derecho Procesal Constitucional Orgánico. Nuestra investigación empieza con minuciosa historia sobre el sistema de frenos y contrapesos brasileño.

A intenção de nossa pesquisa é fornecer à comunidade jurídica do Brasil estudo abrangente sobre determinado processo judicial brasileiro. O fim deste processo é solucionar, como questão principal, incertezas que possam surgir em torno dos limites dos Poderes do Estado; os chamos conflitos de atribuição. A pesquisa processual é antecedida por detalhado histórico sobre a separação brasileira de Poderes. / El propósito de nuestra investigación es proporcionar a la comunidad juridica, especialmente brasileña, un extenso estudio acerca del proceso constitucional brasileño cuya finalidad es proteger el equilibrio del sistema de frenos y contrapesos solucionando, como cuestión principal, los conflictos entre los poderes del Estado o, en otras palabras, proteger las atribuciones constitucionales de los distinctos órganos de poder solucionando dichos conflictos. En Brasil de 2006 casi no hay estudios acerca deste asunto, no obstante el derecho brasileño conocer la práctica de solucionar, en el campo judicial, los mencionados conflictos como cuestión principal en el proceso constitucional cuya localización, es importante destacar, está en el sector del Derecho Procesal Constitucional, más precisamente el Derecho Procesal Constitucional Orgánico. Nuestra investigación empieza con minuciosa historia sobre el sistema de frenos y contrapesos brasileño.

El caso materia de la resolución es un proceso de cumplimiento donde un grupo de ciudadanos, habitantes de La Oroya demanda las entidades estatales: Ministerio de Salud y de DIGESA para que cumplan con un conjunto de normas administrativas que aseguran el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado, y a la salud. El incumplimiento alegado por el actor es evidente, y, por ello mismo, el Tribunal Constitucional acoge su demanda, sin embargo, la sentencia deviene en inejecutable debido al carácter genérico y poco preciso de las normas ambientales que se deben cumplir. En otras palabras, estamos ante un caso donde el sistema otorga una justicia formal, pero que en los hechos, resultado inexistente. ¿Qué se debió hacer para que los ciudadanos obtengan la protección real de sus derechos fundamentales? Esta es precisamente la materia de nuestro análisis Para ello, aplicamos instituciones propias del derecho procesal constitucional, como la conversión procesal, el favor processum (principio pro actione) y el tradicional instituto de la suplencia de la queja, categoría ampliamente utilizada en la jurisprudencia nacional. El objetivo primordial consiste en aplicar el derecho procesal constitucional de manera tal que otorgue la ciudadano la máxima tutela posible, sin por ello violentar el sistema de justicia, los derechos fundamentales del demandado, y mucho menos desnaturalizar la autonomía procesal que ostenta el Tribunal Constitucional.