Actividad formativa equivalente a tesis para optar al grado de mag?ster en derecho / Las omn?modas facultades conferidas a la autoridad migratoria en el Decreto Ley N? 1.094 de 1975 y en su respectivo Reglamento, actualmente vigentes en nuestro ordenamiento interno, le han permitido a ?sta especialmente calificar a su pleno arbitrio los casos en que un extranjero incurre en situaciones que habilitan su expulsi?n, gatillando en ese caso un procedimiento breve que permite librarse del extranjero en forma r?pida, y sin mayores sobresaltos para la Administraci?n. A ra?z de lo anterior, a lo largo de los a?os de vigencia de nuestra legislaci?n migratoria, nuestros Tribunales Superiores de Justicia han ido actuando poco a poco como verdaderos catalizadores frente a las excelsas atribuciones de la autoridad, toda vez que se ha realizado que la situaci?n de un extranjero en Chile se encuentra igualmente resguardada por los derechos y garant?as expl?citamente establecidos en nuestra Carta Fundamental. De este modo, y en aras de dar aplicaci?n pr?ctica al cat?logo garantista all? contenido tanto las Cortes de Apelaciones como la Corte Suprema, no obstante cumplir la autoridad migratoria con los requerimientos objetivos para disponer la expulsi?n del migrante, han comenzado a exigir la satisfacci?n de principios que son propios de las garant?as contenidas en nuestra Constituci?n Pol?tica. As? las cosas, en este ?ltimo tiempo (especialmente a partir del a?o 2013), nuestros Tribunales Superiores de Justicia, han declarado sin efecto un sinn?mero de ?rdenes expulsivas ya dispuestas por el Ministerio del Interior ya por las respectivas Intendencias Regionales, y ello ha ocurrido precisamente cuando la Administraci?n no ha dado cumplimiento a la garant?a del Debido Proceso. Ha sido de modo especial en torno a esta ?ltima garant?a que se ha erigido toda una jurisprudencia nacional en relaci?n al ejercicio de la facultad expulsiva. En esa l?nea, y de modo particular la Excma. Corte Suprema, ha venido permitiendo que los afectados con aquella medida no s?lo puedan reclamar contra aquella por v?a del recurso especial de reclamaci?n, sino que asimismo por medio del recurso de amparo y de protecci?n, lo que permite asegurar la doble gradualidad en su revisi?n. Asimismo, se ha ido exigiendo que las conductas que son constitutivas de la causal de expulsi?n queda entregada a la determinaci?n y calificaci?n judicial o bien, administrativa, pero todo dentro de un procedimiento que permite asegurar el resguardo del debido proceso, a la luz del cual resulte cierto que el extranjero ha contado con garant?as m?nimas, tales como: debido emplazamiento, defensa letrada, oportunidad procesal para ofrecer pruebas, posibilidad de recurrir en contra de lo resuelto. La jurisprudencia reciente acu?ada a pulso por nuestros Tribunales de Justicia ha sido recogida por los proyectos de ley sobre materia migratoria que hoy se encuentran en plena tramitaci?n ante nuestro Congreso Nacional. Mientras dichos textos no se conviertan en ley, la labor de los Tribunales Superiores de Justicia seguir? siendo determinante a la hora de dar debida protecci?n al migrante frente al poder desbordante de la Administraci?n, constituyendo hoy el ?nico freno existente. Palabras claves: orden de expulsi?n, debido proceso, derechos y garant?as fundamentales, motivaci?n, proporcionalidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Mediante la investigación se intentará un análisis de la Acción de Protección y su legitimación como modo de justificar la ocurrencia a la jurisdicción y la consecuente obtención de tutela judicial en defensa de los derechos fundamentales. Todo ello, basado en la historia de su establecimiento, la posición doctrinaria en la materia y un repaso jurisprudencial crítico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo analiza los derechos sociales y buscará fundarlos ya no en los principios de igualdad o solidaridad, sino que desde un concepto de libertad. El argumento central del trabajo es que el no aseguramiento de los derechos sociales, lo que vendría a equivaler a falta de dinero, es una interferencia en contra de la libertad de las personas. Por lo tanto, si dentro de los objetivos primarios de los Estados Sociales de Derecho consiste en asegurar la libertad, por ende, se deben asegurar los derechos sociales. Para esto, el camino a seguir será contextualizar los derechos sociales como una rama de los derecho fundamentales, se tratara de precisar qué es lo que se ha querido expresar cuando hablamos de derechos sociales, por lo que veremos la terminología que se ha usado para nominarlos, y luego haremos una pequeña aproximación histórica donde mostraremos las diferentes tradiciones comparándolos con los derechos de primera generación. Posteriormente, entraremos de lleno en el concepto y la estructura de los derechos sociales, donde veremos el problema sobre su exigibilidad jurisdiccional. Terminando analizaremos la discusión sobre el concepto de libertad que enfrasco a dos grandes profesores de Oxford, en la cual uno de ellos (Cohen) le reprocha a otro (Berlin) que la falta de dinero provoca falta de libertad. Por último, y a modo de conclusión, dejaremos una propuesta, que considere a los derechos sociales como importantes desde el concepto de libertad, porque permiten que las relaciones entre las personas se funden en que el otro nos importa porque la comunidad tiene un valor en sí mismo, y que nos permitirá crear una comunidad mejor, donde todos podamos tener las mayores libertades

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo pretende analizar el sistema de protección constitucional de los derechos fundamentales, explicando los mecanismos existentes en la actualidad para su protección y plantear una relación entre esta protección con las políticas públicas que busquen un desarrollo humano sostenible como una propuesta eficaz para proteger los derechos fundamentales. Intentando con esto contribuir a una discusión sobre problemáticas de la vida moderna, el desarrollo humano sostenible de un país y la protección a los derechos fundamentales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Hoy en día menos de un 1% de la fuerza laboral chilena ejerce el derecho a huelga legal, sólo un poco más del 14% de los trabajadores se encuentran sindicalizados y un 8% negocia colectivamente, según cifras entregadas por la Dirección del Trabajo en 2012. Por un lado Chile cuenta con un PIB per cápita extrañamente alto entre sus ciudadanos, pero por otra parte ostenta vergonzosas cifras de coeficiente Gini (que mide los niveles de desigualdad), carece de herramientas legales que garanticen efectivamente los derechos laborales, tales como los recursos jurisdiccionales y fiscalizaciones administrativas. En el modelo de huelga de Chile, ella puede ejercerse únicamente dentro del procedimiento de negociación colectiva reglada, siendo la última etapa de éste. En múltiples oportunidades, la OIT han realizado llamados de atención al Estado chileno, por las numerosas restricciones que se establecen para el ejercicio de este derecho humano. ¿Se puede plantear la efectividad en Chile, de la libertad sindical y de la Huelga en particular, más allá de su consagración legal? ¿Qué proceso histórico explica esta realidad y qué enfoque da cuenta de la mejor forma de ello? Este estudio se ha propuesto responder a esta interrogante, atendiendo a la regulación constitucional y legal que norma la institución de la huelga y a una serie de antecedentes históricos disponibles al día de hoy. Realizamos este trabajo buscando integrar de una manera coherente y funcional, la teoría polifacética del Derecho, del sistema de incorporación de las normas internacionales al sistema jurídico nacional, de la supremacía constitucional de las leyes y la teoría de derechos fundamentales (específicamente la libertad sindical y el derecho a huelga).Para esto, utilizamos una metodología histórico jurídica polifacética, atendiendo a las técnicas de la investigación histórica y bibliográfica (la documentación histórica y dogmática histórico laboral, actividad de prensa de la época, entrevistas, etc.) Los resultados obtenidos nos indican, que lamentablemente en Chile no existe un efectivo derecho a huelga, confinando a nuestro país no sólo entre los más atrasados en materia de derechos fundamentales laborales, sino que peor aún, a un irresoluto proceso histórico, devenido en un lastre de dispositivos psicosociales de profunda efectividad represiva, en términos de un Estado democrático y social de Derecho

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho internacional) / La investigación presenta un análisis integral desde el Derecho Internacional, que considera las perspectivas del derecho económico y de los derechos humanos. El punto de partida son las obligaciones de los Estados, las cuales se contrastan y complementan con una nueva mirada a los Derechos de Propiedad Intelectual que abarque los Derechos Humanos. El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y su entrada en vigencia, los nuevos estándares que allí se establecen, el fenómeno de ploriferación de los ADPIC Plus con los TLC bilaterales y las consecuencias de su incumplimiento hacen relevante este estudio. Se descubre que en caso de eventual conflicto en la Organización Mundial de Comercio un Estado puede plantear una defensa legítima cuando el incumplimiento de obligaciones comerciales tiene base en el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos. La metodología empleada es la documental. Finalmente, se elaboran propuestas que intenten resolver las situaciones de tensión entre dos cuerpos jurídicos que aún siendo tradicionalmente fragmentados coexisten en un orden más amplio que es el Derecho Internacional.

Memoria para optar al título de Periodista / El Galpón Víctor Jara albergó un velorio durante dos días y la gente hizo eternas filas para poder entrar. Todos querían darle el último adiós a la leyenda. Durante 36 años hubo una deuda pendiente con la memoria de Víctor Jara y el pueblo chileno se desquitó de no haber podido despedirse materialmente. Fue una partida demasiado abrupta y oscura, y a pesar de que hubo un funeral simbólico el año 1998, aún faltaba algo. Un desenlace mortuorio, un descanso para el fantasma de Víctor. Su recuerdo está tan presente en el corazón de los chilenos que una parte de él permaneció en un purgatorio, en un limbo de infamia que por mucho tiempo fue la misma tierra chilena. La única solución a una muerte tan terrible fue hacer una ceremonia, una liberación espiritual de magnitudes similares. Víctor no murió solo, murió entre cinco mil personas cuyos fantasmas también siguen deambulando las calles de Santiago de Chile y del país entero. Su liberación, la ceremonia de Víctor debía tener una carga inversamente proporcional a su muerte.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto proporcionar una mirada general a los conflictos y tensiones que la época presente, marcada por la revolución tecnológica y la globalización económica, ha planteado al derecho de autor, y explorar las posibilidades de mitigar esas tensiones introduciendo una lógica de interés público y una lectura en clave de derechos humanos. Se ofrece un diagnóstico crítico sobre la situación actual de esta regulación legal, para a continuación presentar la idea de interés público al modo de un principio subyacente al derecho de autor, indicando los rastros de su presencia en la normativa tanto internacional como doméstica e indagando por su significado preciso, cerrando con un estudio interpretativo de las disposiciones de tratados sobre derechos humanos vigentes que atañen directamente al derecho de autor, el cual culmina con una propuesta original de interpretación de las mismas. En líneas generales, las indagaciones realizadas pretenden avanzar una defensa de la legitimidad del ideal jurídico del acceso a la cultura, como contrapartida de la protección a los derechos de autor.

Este documento es el resultado de una investigación bibliográfica y directa de los derechos de las mujeres, afirmando el principio de igualdad jurídica tanto de hombres y mujeres, busca la igualdad de oportunidades y el acceso y goce de los derechos humanos, respecto de la propiedad agraria como una forma de supervivencia. Se habla de derechos específicos de las mujeres, dentro del paradigma de la universalidad de la existencia de dos sexos, que tienen necesidades biológicas, culturales y económicas diferenciadas. El Estado boliviano debe conocer los mismos y garantizar el respeto de las leyes y su cumplimiento. El sistema patriarcal excluyente, así como la jerarquización y la valoración de lo masculino en la esfera pública y privada subordina el trabajo de las mujeres con un alto costo de discriminación, que ocasiona la extrema pobreza, la desintegración familiar y la migración de los hijos en busca de mejores oportunidades. La importancia del trabajo productivo que realizan las mujeres en el agro, debe ser reconocido asignándole un valor para la economía y la sociedad. En el ámbito rural el lema de las mujeres es tener acceso a la tierra en igualdad de condiciones que el hombre, a pesar de sus usos y costumbres, sin embargo en muchos lugares les niegan este derecho, la justa redistribución de la tierra, debe concentrarse en la consigna de que “La tierra es de quien la trabaja”. En el análisis investigativo, se comprobó que las mujeres constituyen el 50.3% de la población boliviana y en el área rural, la jefatura femenina de familia es de 29.5%, a pesar de esta importante participación de la mujer en el sustento de la familia, solo un 12 % de las mujeres tiene la titularidad de la tierra y un 58 % de varones poseen el titulo de propiedad según el INRA.

A través del proceso histórico del Derecho a la Identidad como un Derecho Humano Fundamental y el pleno ejercicio de ese derecho, nos remitimos a la historia de los Pueblos Indígenas Originarios de Bolivia en su expresión y reconocimiento a partir de la Constitución de 1826, las reformas constitucionales de 1994 y la actual Constitución. Con certeza podemos señalar que desde los primeros antecedentes legislativos del nacimiento del Estado Boliviano (1826), ha dado continuidad al desconociendo originado desde la colonia, de la identidad de los pueblos indígena Originarios de Bolivia. Todo este desconocimiento se ha traducido en políticas de Estado, que han venido excluyendo el derecho a la identidad de los pueblos indígenas originarios campesinos. Con la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, se han hecho importantes avances en este tema, la Constitución actual no sólo reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, sino que reconoce y garantiza el respeto a su Identidad, es el tiempo de ejercer estos derechos y asegurar el cumplimiento de esta garantía. La identidad cultural es un derecho frente a la invasión globalizadora, homogeneizante. Cuando hablamos de identidad, nos referimos a una identidad cultural milenaria. Estamos siendo sometidos en la actualidad a mirarnos nuevamente en un modelo que devasta nuestra historia como pueblo, que niega la producción cultural que nace de la vida, de lo que hacemos unos con otros y no contra otros. Esta identidad cultural definida como el derecho colectivo de los pueblos de preservar y dinamizar sus propios modos de hacer, de pensar y sentir respecto de la realidad.