Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar el reconocimiento normativo y práctico de los derechos de sufragio y de petición de las personas privadas de libertad en Chile. Para el análisis normativo, se ha realizado una extensa revisión bibliográfica, que incluyó textos legales y literatura relacionada publicados en nuestro país. Su objetivo fue constatar si existe o no una regulación explícita que tutele el ejercicio de los derechos fundamentales de sufragio y petición en las personas privadas de libertad, y si existe información acerca del modo en que dichos derechos se están ejerciendo. El análisis práctico, por su parte, se ha realizado a partir de la información obtenida desde 4 entrevistas realizadas a autoridades del Poder Judicial, el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) y Gendarmería de Chile, en las que se recogieron sus percepciones acerca del estado actual en que se encuentran la normativa y el ejercicio de ambos derechos. Para complementar lo anterior, se describe y analiza la situación normativa del Derecho comparado y el ejercicio concreto de los derechos fundamentales mencionados en Colombia y España, seleccionados por las buenas prácticas en estas materias. Se concluye que aun existiendo un reconocimiento normativo, éste es en extremo escaso, lo que trae aparejado, como consecuencia, la inobservancia en la práctica de ambos derechos fundamentales. Finalmente, se proponen formas de mejorar la condición actual de las personas privadas de libertad, en cuanto al ejercicio de los derechos analizados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A raíz de la gran presencia de videovigilancia en nuestro país, debemos determinar si su uso puede considerarse legítimo. Quienes consideran que la medida adolece de ilicitud, fundan su postura en las potenciales vulneraciones a nuestros derechos fundamentales. Dentro de los derechos que eventualmente podrían ser afectados, es de gran importancia referirse a la vida privada, ya que, si bien dicho derecho se encuentra consagrado en la Constitución, nuestra Carta Fundamental no otorga pautas para comprender la amplitud de la garantía. De tal forma, es de suma importancia el determinar cuándo y en qué lugares nuestros actos son considerados privados y son protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. Es importante destacar además, la relación existente entre las cámaras de vigilancia y la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, siendo necesario determinar si la actividad de vigilancia se ejecuta respetando el precepto normativo mencionado. Considerando la creciente utilización de medidas de seguridad, es vital para el presente trabajo realizar un estudio referente a la legalidad en la utilización de estas, a fin de que se respete el derecho vigente y no se afecten de forma arbitraria Derechos Fundamentales. / 06/11/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Históricamente, los pueblos indígenas han sido un grupo minoritario desfavorecido social, cultural y económicamente, en parte por un sistema deficiente de protección de sus derechos fundamentales. Las políticas asimilacionistas de los Estados modernos priorizaron legitimar su soberanía y su cultura por sobre las de los originales habitantes, sin tener en consideración sus instituciones. De esta forma, se han producido graves perjuicios en los modos de vida de las comunidades y en el vínculo tradicional de éstas con su entorno. Se han privilegiado los proyectos de desarrollo y las actividades extractivistas de recursos naturales, afectando territorios indígenas. La “modernización legislativa” en leyes sectoriales durante la dictadura militar chilena es tan sólo una muestra más de la consolidación y legitimidad de un modelo neoliberal de desarrollo sustentable que busca fomentar y asegurar la inversión privada. Con el pasar de los años, el desarrollo de la doctrina de los derechos fundamentales ha sido el parámetro para limitar las instituciones que restringen los derechos colectivos de los pueblos originarios, amparados en los estándares reconocidos en diversos instrumentos internacionales por las naciones. A la luz de dichos estándares, lo que busca este trabajo es analizar la legislación actual chilena y sus instituciones en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de sus pueblos indígenas. Para esto, realizaré un estudio comparado de las instituciones nacionales con las de Australia, país angloparlante que vislumbra progresivamente vías participativas de confección de políticas públicas en materia indígena, en el marco de la visita del año pasado de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación indígena al país oceánico. Siguiendo los estudios e informes de los anteriores Relatores Especiales se puede realizar un diagnóstico constructivo para la mejora en las instituciones de ambos países, con tal de asegurar la protección de los derechos de sus pueblos originarios.

Debido a la posición geográfica de Latinoamérica en comparación con Europa, Estados Unidos quiso concentrarse en el desarrollo económico de la región y creó nuevas políticas que ayudarían al crecimiento económico en Latinoamérica. Sin embargo, estas políticas tenían un segundo interés, el cual era prevenir la proliferación del socialismo en Centroamérica, ya que después de la Revolución Cubana, Estados Unidos sintió que era necesario evitar que los países vecinos llegaran a ser una amenaza para sus intereses en la región. No obstante, la intervención del gobierno estadounidense en Guatemala, El Salvador y Honduras se diluyó y los gobiernos nacionales se convirtieron en los nuevos protagonistas de la violación de los derechos civiles y humanos. A consecuencia de esto, surgieron grupos y líderes que decidieron luchar por una nación más justa. Es por esto que he elegido trabajar con textos de testimonio que nos ilustran algunas de las consecuencias de seguir políticas que favorecen a los más privilegiados, tales como también la austeridad, la violencia y la violación de los derechos humanos. Asimismo, pretendo analizar algunos cuentos cortos para ilustrar el sentir de algunos intelectuales en respecto a las condiciones sociopolíticas de sus respectivas naciones. Due to the geographical position of Latin America in comparison to Europe, the United States focused on the economic development of the region and created new policies to help the economic growth in Latin America. However, these policies had a second interest, which was to prevent the spread of socialism in Central America, since after the Cuban revolution, the United States felt it necessary to prevent neighboring countries from becoming a threat to the region. Nevertheless, the U.S. government intervention in Guatemala, El Salvador and Honduras was diluted and national governments became the new protagonists of the violation of civil and human rights. As a consequence, there were groups and leaders who decided to fight for a more just nation. This is why I have chosen to work with testimonials that illustrate some of the consequences of following policies that favor the privileged, such as austerity, violence and violation of human rights. I have also analyzed some short stories (fiction) to illustrate the feelings of intellectuals in regard to the socio-political conditions of their respective nations.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La persecución penal toma ribetes insospechados en el ámbito penitenciario. Los factores estructurales, individuales y socio – relacionales juegan un papel importante en hacer de la cárcel un lugar en el que el Estado de Derecho pareciera no tener lugar. Los delitos de lesiones se presentan de una manera reiterada, siendo, por un lado, la forma de protegerse de otras manifestaciones de violencia, así como también, una manera de mantener el status quo dentro de una jerarquía propia de la sub-cultura carcelaria. Las dificultades propias de la dinámica penitenciaria, no obstante, no han despertado los esfuerzos por generar una institucionalidad que se traduzca en que la investigación y juzgamiento de los delitos, además de la protección a las víctimas, constituyan una prioridad. La carencia de un cuerpo legal sistematizado en materia penitenciaria, no obstante la multiplicidad de disposiciones dispersas dentro del ordenamiento jurídico, provocan, en definitiva, que los intervinientes penales ejerzan de manera ambigua sus atribuciones: un Ministerio Público que no investiga, un organismo policial atiborrado de labores que administra, juzga y ejecuta el castigo, un Tribunal pasivo que no interviene mayormente frente a hechos perpetrados en la cárcel que revisten carácter de delito y una Defensoría Penal Pública que intenta, en medio de toda esta adversidad normativa e institucional, dar cobertura al problema de la defensa de los derechos de las víctimas privadas de libertad.

El objetivo de la presente investigación es estudiar el conjunto de estrategias políticas que las fuerzas armadas desarrollaron para hacerle frente a dos procesos simultáneos ocurridos tras la transición a la democracia iniciada en el Perú el año 2000: Por un lado, el proceso de justicia transicional tras fin del régimen de Alberto Fujimori, cuyo principal hito fue la instalación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la subsecuente judicialización de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos militares durante el conflicto armado interno; Por otro lado, la creciente tendencia de los últimos gobiernos democráticos de utilizar a la fuerza armada para tareas de seguridad interior, tanto en el control de la seguridad pública, ante los crecientes niveles de conflictividad y movilización social registrados en el Perú, como en el combate a los remanentes armados de Sendero Luminoso aliados al narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). / Tesis

Memoria para optar al título de Periodista / La noche anterior al Golpe de Estado de 1973, el periodista Alberto “Gato” Gamboa había cenado en un elegante restaurante chino con su esposa y sus dos hijos. Cada vez que el cuarteto brindaba, se hacía en honor a la mujer de Gamboa, quien estaría de onomástico el jueves. "La celebramos bien celebrada, como si hubiéramos sabido lo que vendría", recuerda el ex director del diario Clarín, un periódico que, por esos días, era el bastión comunicacional del gobierno de la Unidad Popular. Producto de las copas y el trasnoche, Gamboa y su mujer se levantaron tarde esa mañana. Apurados, desayunaron sin escuchar la radio. Se subieron al auto y enfilaron desde la plaza San Enrique, en El Arrayán, hacia Américo Vespucio. La pareja iba rumbo al Hospital José Joaquín Aguirre, donde María trabajaba como tecnóloga médico. Cuando llegaron a la avenida Kennedy, se sorprendieron con los movimientos de militares. Al prender la radio, oyeron el primer bando militar. Eran las 8:28 de la mañana. Al mirar hacia adelante, siguiendo la larga hilera de autos rugientes, se percataron del procedimiento que hacían los choferes ante los uniformados: conversan dos o tres palabras y luego, muestran diversas credenciales. Después de ese breve intercambio, algunos podían seguir circulando; a otros se los llevaban detenidos. "Así nos vamos a bajar nosotros", dijo el periodista, señalando con grave humor a una pareja que caminaba con las manos en la cabeza y la metralleta en la espalda. Su mujer no se rió. Tampoco aceptó la oferta del Gato, de bajarse el auto y devolverse sola a casa. Le tocó el turno a la flamante camioneta del director de uno de los periódicos más leídos del país en esa época. El Gato puso su mejor cara, abriendo sus ojazos verde-celestes y colocando una sonrisa de esas que sólo tienen los bajo de porte.

On the basis of the new Migration Law, the present article analyzes which were the main problems in the application of previous regulation, taking in count the legal and migratory situation of foreigners that move to Peru, such as the political and regulatory deficiencies in this field. After this, the article analyzes the new law, its contribution, its deficiencies, and the changes that were being implementing already. / A propósito de la Nueva Ley Migratoria, el presente artículo analiza cuáles eran las problemáticas en la aplicación de la normativa antigua, tomando en cuenta la situación legal y migratoria de los extranjeros que radican en territorio peruano, así como las deficiencias políticas y legislativas en este ámbito. Luego de ello, se analizará la nueva normativa, sus aportes, deficiencias, y los cambios que ya se venían implementando.

Progress indicators for measuring human rights, is a new paradigm established in the Inter-American region to identify improvements and formulate public policies based on empirical evidence. The analysis of the first round of reports for the Protocol of San Salvador was finished on May 2016, setting observations and recommendations to ensure expansion of economic, social, cultural and environmental rights in the Americas. This instrument with indicators must strengthen development policies and enforce human rights. / La evaluación de derechos humanos vía indicadores es un nuevo paradigma establecido en la región interamericana para valorar los progresos en la materia y formular políticas públicas basadas en evidencia empírica. El proceso de análisis de la primera ronda de informes para el Protocolo de San Salvador culminó en mayo de 2016, con la generación de observaciones y recomendaciones orientadas a garantizar la expansión de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las Américas. Esta metodología de indicadores deberá constituir un instrumento para fortalecer las políticas de desarrollo y la exigibilidad de los derechos humanos.