La garantía estatal a los créditos de financiamiento de estudios superiores, establecida por la Ley 20.027 del año 2005, corresponde a un pasivo contingente del Estado. Un pasivo contingente es una obligación de pago que puede ser exigida o no según ocurran ciertos hechos, por lo que su valoración se hace difícil y se debe recurrir a métodos más elaborados para poder conocer los montos que se deben pagar por dichos pasivos; éste es el caso del sistema de financiamiento de estudios superiores. El objetivo general de este trabajo es mejorar el proceso de fijación del presupuesto anual asociado a la garantía estatal al sistema de financiamiento de estudios superiores. Adicionalmente se han establecido los siguientes objetivos específicos: Generar el primer análisis de los factores involucrados en la activación de la garantía. Disminuir el margen entre presupuesto anual y pago real para este pasivo contingente, minimizando el capital inmovilizado y el riesgo de default. Mantener la factibilidad en el modelo para seguir operándolo en el futuro. La metodología utilizada para cumplir estos objetivos es el modelamiento del sistema del crédito mediante árboles de probabilidades, que permiten relacionar distintos periodos junto con las probabilidades de ocurrencia de cada situación de activación de la garantía estatal. Para su simulación se ha empleado el método de Montecarlo, generándose para cada modelo caminos aleatorios a través del árbol, entregando los montos a pagar cada año. El modelo generado permite obtener una distribución de los pagos que deberá desembolsar el Estado cada año. Se determinó para cada año un monto de pago más probable, calculado como el promedio de los pagos de cada año y además se estimó un valor máximo de presupuesto. La diferencia entre el pago promedio y el valor máximo se estableció como capital de seguridad para minimizar el riesgo de default. El monto promedio obtenido para el año 2010 es de $ 63.734 millones y el capital de seguridad es de $38.994 millones. El presupuesto total estimado por el modelo es de $102.728 millones. En la ley de presupuesto para el año 2010 se ha fijado un presupuesto máximo para cubrir esta garantía de $242.524 millones, superando en más de la mitad al monto obtenido con el modelo. El modelo ha sido elaborado en base a escenarios pesimistas, por lo que se considera que el presupuesto obtenido representa la realidad; de ser así, se podría realizar una asignación más eficiente de los recursos del estado para esta garantía, pues la diferencia de casi $140.000 millones podría destinarse a otros programas del gobierno que lo necesiten. A fines del año 2010 se podrá determinar la veracidad del modelo una vez que se conozca el monto real desembolsado para el pago de esta garantía estatal.

Actividad formativa equivalente a tesis (magíster con mención en derecho penal) / El presente trabajo plantea un análisis a la garantía de legalidad en el sistema de ejecución penitenciario de Chile, bajo la observación del comportamiento que presentan los poderes públicos frente a los mandatos que el principio de legalidad contiene en el marco político de un Estado democrático de derecho. El estudio revisa las funciones del principio de legalidad y ahonda en su aplicación concreta en cuanto garantía ejecutiva, cuya finalidad es servir de cortapisa al poder estatal durante la fase de cumplimiento penal. Se analiza la garantía, como un sistema de restricciones y mandatos dirigidos a los operadores institucionales, que limitan sus atribuciones imponiéndoles la obligación de mantener un sistema de cumplimiento exento de arbitrariedad, que excede la sola constatación de existencia de una ley específica que regule el ámbito penitenciario. Para el análisis se han construido criterios de verificación, contra los cuales se contrasta la realidad observada, dando lugar a las conclusiones finales del estudio. Palabras clave: principio de legalidad / This dissertation presents an analysis of the guarantee of legality in the prison execution system of Chile, under the observation of the public powers and the principle of legality contained in the political framework of a democratic State of law. The study reviews the functions of the principle of legality and its specific application as an executive guarantee, whose purpose is to serve as a limitation to state power during the criminal compliance phase. This executive value is analyzed as a system of restrictions and mandates for institutional operators that limits their powers by imposing the obligation to maintain a compliance system exempted from arbitrariness, which exceeds the existence of a specific law that regulates the penitentiary setting. For this analysis we built some verification criteria that we confronted with reality, finalizing with the conclusions of the study.

Según información publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en su Memoria Anual del 2016 (SBS: 2016), el saldo de los créditos directos del sistema financiero ascendió a S/ 271 672 000,00 que corresponde al 40% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional correspondiente a tal ejercicio anual, monto que se deriva de las actividades desarrolladas por las 59 empresas de servicios múltiples que operan en el Sistema Financiero Nacional; cuya cartera crediticia estuvo compuesta de la siguiente manera: 64,9% se destinó a financiar actividades empresariales, 20,3% correspondió al segmento de consumo y 14,8% a créditos hipotecarios. Gran parte de las operaciones crediticias anteriores cuentan con garantías reales, siendo la hipoteca una de las más requeridas por la seguridad que brinda su permanencia y, por la posibilidad de utilizarla de manera amplia, considerando la costumbre de otorgar una cobertura general destinada a respaldar el conjunto de obligaciones contratadas. Sin embargo, diversas modificaciones legislativas han generado incertidumbre jurídica respecto de la contratación de hipotecas “sábana” destinadas a respaldar de manera general las obligaciones bancarias, cuya contratación fue tradicionalmente aceptada tal como funciona ordinariamente en otros sistemas legales. El presente trabajo es uno estrictamente jurídico, sobre la base de información bibliográfica, que analizará los antecedentes de la garantía hipotecaria, contrastará su utilización con ordenamientos jurídicos extranjeros y culminará sugiriendo una modificación legislativa que ordene los criterios para la aplicación de la denominada hipoteca “sábana”, con algunos añadidos que harían segura su utilización, en resguardo del cliente bancario. / According to information published by the Superintendency of Banking, Insurance and AFP in its Annual Report of 2016 (SBS: 2016), the balance of the credits of the financial system amounted to S / 271 672 000.00 corresponding to 40% of the Gross Domestic Product (GDP) ) corresponding to the annual year, amount that derives from the activities developed by the 59 multiple service companies that operate in the National Financial System; whose credit portfolio was composed as follows: 64.9% went to finance business activities, 20.3% corresponded to the consumer segment and 14.8% to mortgage loans. A large part of the previous credit operations with a real guarantee, being the mortgage one of the most required for the security offered by its permanence and the possibility of using it in a broad manner, considering the custom of granting a general coverage destined to support the group of obligations contracted. However, several legislative amendments have been created by the current legislation on the contracting of "sheet" mortgages, which is traditionally accepted as it usually operates in other legal systems. This work is a strictly legal, based on bibliographic information, which analyzes the background of the mortgage guarantee, contrast its use with foreign legal systems and culminate in suggesting a legislative amendment that the criteria for the application of mortgage mortgage ", With some additions that would make its use safe, in the safeguard of the banking client. / Trabajo de investigación

La evolución de la profesión sanitaria y de la sociedad han dado lugar al abandono del paternalismo clásico y al nacimiento de la etapa de toma de decisiones compartida. La manifestación más directa de este cambio de paradigma ha sido el reconocimiento del derecho al consentimiento informado. En nuestro país, la plasmación del mismo se produjo con la aprobación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En suma, se concreta en un derecho de configuración legal que supone el reconocimiento, a todos los pacientes, de dos facultades íntimamente conectadas: de un lado, poder conocer el estado de su salud y las implicaciones de la intervención que, en su caso, deba llevarse a cabo; de otro, tras recibir esta información, decidir lo que estime más adecuado en este ámbito. Además, como tuvo ocasión de destacar nuestro Tribunal Constitucional, el consentimiento informado tiene implicaciones constitucionales en tanto en cuanto opera como una garantía del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). Asimismo, lo cierto es que también pueden verse comprometidos otros derechos constitucionales como la libertad o la dignidad. De esta suerte, la tutela del consentimiento informado aparece como imprescindible, ya que, de otro modo, los usuarios de los centros de salud no podrán desarrollar su facultad de autodeterminación y su autonomía de la voluntad. En este sentido, entendemos que la responsabilidad civil merece ser repensada a la luz de los mandatos de nuestra Carta Magna, ofreciendo un sistema de reparación que sea respetuoso con los mismos.

El trabajo se divide en dos partes y un total de cinco capítulos. El primero aborda el estudio general del instituto del capital social examinándose las diferentes acepciones y funciones del mismo, prestando además especial atención a la importantísima función de garantía y los intereses que esta pretende tutelar. El segundo capítulo analiza el entramado jurídico sobre el que se construye la doctrina del capital en el ordenamiento jurídico español. Para ello se parte de la referencia individualizada de los diferentes principios ordenadores del capital social para luego, detallar las específicas manifestaciones del principio de realidad, efectividad o correspondencia mínima como máxima expresión de la representación del capital social como cifra de garantía y retención aparejada a la función de garantía. En el tercer capítulo se examina la crisis por la que actualmente atraviesa la función garantista del capital social mostrándose las diferentes críticas realizadas en torno a la disciplina del capital. El cuarto capítulo aborda aquellas circunstancias que, junto con las críticas realizadas a la figura, han coadyuvado a que se esté planteando una nueva concepción alejada de la ofrecida por la Segunda Directiva en torno al capital social. Con este fin, el capítulo expone de un lado, la influencia ejercida por el Derecho Norteamericano, y de otro, los diferentes acontecimientos que en el Derecho Europeo muestran un claro cambio de tendencia. En el quinto y último capítulo se examina una protección alternativa de los acreedores utilizando principalmente los mecanismos empleados por el Derecho Norteamericano. El trabajo concluye además con un análisis de las consecuencias que tendría abolir por completo el capital social de nuestro sistema jurídico. Particularmente, dichas consecuencias se han centrado en lo que respecta a la financiación de las sociedades y a cómo lograr la adecuada tutela de los acreedores sin la existencia de dicho régimen.

Ingeniero Civil de Minas / El actual escenario económico ha propiciado que las compañías mineras apliquen sistemas de gestión en sus procesos para contrarrestar la disminución del precio del Cobre y el aumento sostenido de costos de servicios. La operación Los Bronces se ha alineado con esta estrategia y ha considerado emplear la metodología del aseguramiento y control de calidad. Esta técnica de gestión busca prevenir defectos en los procesos y controlar la calidad de los productos en pos de la satisfacción de los clientes. Para que ésta dé resultados requiere apoyarse en un sistema de gestión que contribuya a la eficacia y eficiencia de la organización. Esto debe estar respaldado por la metodología del mejoramiento continuo, que le dará un carácter sustentable al proyecto en el tiempo. Particularmente, en esta investigación se aborda el proceso de perforación, reconociendo actividades clave para su intervención, relacionadas con la implementación en terreno del diseño de perforación. Luego, a partir del análisis de su situación actual en Los Bronces, se propone un sistema de gestión que considera 3 etapas: planificación de procesos, control de gestión y gestión del mejoramiento. La planificación involucra la creación de indicadores clave de desempeño a partir de las oportunidades identificadas, para lograr las conductas y prácticas que aseguren un proceso de excelencia. Posteriormente, el control de gestión determina cómo se analizará la información de los indicadores, es decir, generará alarmas ante incumplimientos de los requerimientos establecidos para el equipo de perforación; y definirá horizontes de tiempo para la intervención de los sub-procesos y asignará responsables y plazos de control. Finalmente, en la etapa de gestión del mejoramiento, se determinan los grupos de tareas, el rol de la jefatura y las herramientas de gestión para cumplir con una cartera de proyectos. La investigación concluye evaluando el aporte del sistema de gestión en la compañía, al estimar la influencia del cumplimiento de cada indicador de desempeño, consiguiendo un ahorro de 10,9 MUS$ anuales. El ahorro calculado no sería efectivo de no lograrse un liderazgo y participación activa de todos los integrantes del proceso. Ambos conceptos combinados y ligados a la estructura del sistema de gestión, permiten de manera estructurada y sistemática, cambiar las prácticas e ir instalando una cultura de excelencia en las operaciones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

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El autor realiza una exposición sobre la evolución de la responsabilidad del fabricante en el pensamiento del profesor francés Henri Mazeaud, evolución que va de la mano con el desarrollo jurisprudencial que sobre este tema se ha alcanzado en Francia. Asimismo, se propone el debate entre las principales voces del Derecho Civil Francés, destacándose la influencia del profesor Josserand.