La presente investigación busca analizar si los subsidios y las condonaciones provenientes del Estado que reciben las empresas se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta. Nuestra Ley del Impuesto a la Renta vigente grava a las empresas por la adquisición de ingresos provenientes de operaciones con terceros. En el presunto ejercicio de la potestad reglamentaria, el Poder Ejecutivo estableció un desarrollo restrictivo sobre el concepto de operaciones con terceros. A partir de esta definición restrictiva, los subsidios y condonaciones estatales que reciben las empresas no se gravarían con el Impuesto a la Renta pues provienen del Estado. La investigación busca analizar la interpretación sobre los “ingresos provenientes de operaciones con terceros” prevista en la Ley del Impuesto a la Renta y analizar la validez constitucional de la norma del Reglamento que desarrolla el concepto de operaciones con terceros. Este trabajo desarrolla el contexto económico y social en el que se incorpora a la Ley del Impuesto a la Renta el supuesto gravado de ingresos provenientes de operaciones con terceros; aplica los métodos de interpretación de las normas jurídicas; indaga en la doctrina peruana y extranjera para conocer el concepto de renta; analiza las interpretaciones de la Sunat, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial respecto de este problema; revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para desarrollar el alcance de los principios constitucionales de reserva de ley, capacidad contributiva e igualdad; y muestra el tratamiento que se otorga en otros países a estos ingresos. Nuestra conclusión es que el supuesto de “ingresos provenientes de operaciones con terceros”, previsto en la Ley del Impuesto a la Renta, sí incluye a los subsidios y las condonaciones estatales como ingresos gravados. Por lo tanto, la norma del Reglamento vulnera el principio de reserva de ley porque modifica el aspecto material al excluir ingresos gravados; asimismo, y el principio de igualdad porque otorga a las empresas que perciben estos ingresos un tratamiento privilegiado que no cumple con ser excepcional ni proporcional

El presente trabajo de investigación busca indagar acerca del tratamiento tributario de las comisiones de estructuración y su impacto en la determinación del Impuesto a la Renta en las empresas del sector industrial de alimentos y bebidas de Lima Metropolitana en el 2018. A lo largo de los años, se ha generado una controversia acerca del momento en que deben reconocerse ciertos gastos e ingresos, pues tanto la Administración Tributaria como el Tribunal Fiscal emitieron diversas opiniones mediante el cuál el concepto de devengo ha sido sujeto de diversas interpretaciones para su aplicación tributaria. A partir de ello, se ha llevado a cabo el análisis de diferentes jurisprudencias que tratan sobre la deducibilidad de dichos gastos, así como las opiniones de gerentes y socios del área tributaria. El objetivo principal de nuestra investigación es determinar el impacto tributario de las comisiones de estructuración en la determinación del impuesto a la Renta en las empresas del sector industrial de bebidas y elaboración de productos de molinería de Lima Metropolitana en el 2018, específicamente, determinar el momento en el cual devenga. A partir de ello, el trabajo de investigación se desarrolló en cinco capítulos, en el Capítulo I: Marco teórico, se definieron los conceptos principales que se encuentran relacionados con la investigación. Asimismo, se brinda un panorama general respecto a la normativa contable y tributaria aplicable; luego en el Capítulo II: Plan de tesis, se desarrolló la problemática y se determinaron los objetivos e hipótesis generales y específicas; posteriormente, en el Capítulo III: Metodología de Investigación, se determinó el tipo de investigación que se llevaría a cabo, además, se determinó el universo, la población y el tamaño de la muestra a fin de aplicar un análisis cuantitativo y cualitativo. En adición a ello, en el Capítulo IV: Desarrollo de la investigación, se realizó la aplicación de los instrumentos tales como entrevistas a profundidad y encuestas; y a su vez, se desarrolló un caso práctico; por último, en el Capítulo V: Análisis de Resultados, se llevó a cabo el análisis de las respuestas que se recolectaron mediante la aplicación de los instrumentos de investigación, a partir de las cuales se brindaron las conclusiones y recomendaciones. / This research work seeks to inquire about the tax treatment of structuring commissions and their impact on the determination of Income Tax in companies of the industrial food and beverage sector of Metropolitan Lima in 2018. Over the years, there has been a controversy about when certain expenses and income should be recognized since both the Tax Administration and the Tax Court issued diverse opinions for which accruals have been subject to various interpretations for their tax application. Based on this, the analysis of different jurisprudence dealing with the deductibility of these expenses, as well as the opinions of managers and partners in the tax area, has been carried out. The main objective of our investigation is to determine the tax impact of the structuring commissions on the determination of the Income Tax in the companies of the industrial sector of beverages and production of milling products of Metropolitan Lima in 2018, specifically, determine the moment at which it accrues. From this, the research work was developed in five chapters, in Chapter I: Theoretical framework, the main concepts related to research were defined. Likewise, an overview is provided regarding the applicable accounting and tax regulations; then in Chapter II: Thesis plan, the problem was described and the general and specific objectives and hypotheses were determined subsequently, in Chapter III: Research Methodology, the type of research that would be carried out was defined, in addition, the universe, population and sample size were determined in order to apply a quantitative and qualitative analysis.In addition to this, in Chapter IV: Research development, the application of instruments such as in-depth interviews and surveys was carried out; and in turn, a case study was developed. Finally, in Chapter V: Analysis of Results, the analysis of the responses obtained through the application of the research instruments was carried out, from which the conclusions and recommendations were provided. / Tesis

En la actualidad, los nuevos modelos de negocios basados en la tecnología digital han puesto en evidencia una necesidad de repensar el orden fiscal interno e internacional, con el fin de poder gravar esta fuente de riqueza. La economía digital ha resaltado el problema vinculado al desvío de las utilidades hacia jurisdicciones de baja tributación o de nula tributación, derivado de la facilidad que tienen estos nuevos modelos de negocio para escoger cualquier jurisdicción como país de residencia y centro de operaciones, puesto que no requieren necesariamente de una presencia física en determinado territorio. Es por este motivo que, actualmente se discute si los criterios de sujeción tradicionales —fuente y residencia— son suficientes o si es necesario discutir un nuevo nexo para la economía digital. En el presente trabajo de investigación, se analiza el contexto actual de la tributación de los nuevos modelos de negocio en el marco de la economía digital no domiciliadas. Con un acercamiento histórico de qué se debe entender por economía digital y los desafíos para la tributación derivados de esta. Se aborda, a su vez, las propuestas y los esquemas desarrollados por la OCDE en el Informe Final de la Acción 1 “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” -publicado en el marco del Plan BEPS- para resolver esta problemática. Finalmente, se analiza qué alternativa podría plantar Perú para replicar dichas propuestas, ya que a la fecha existe una ausencia de un marco legal que habilite la imposición directa a las ganancias de dichas rentas

El presente trabajo permite analizar los fundamentos tributarios y constitucionales para la deducción de las erogaciones que efectúan las empresas como contribuyentes para ejecutar sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial, en relación con directrices éticas y morales exigidos por la sociedad y que se promueve con mayor fuerza por la globalización. De igual modo, para determinar cómo es que las referidas erogaciones si cumplen con los alcances del principio de causalidad para así puedan ser reconocidas como gastos deducibles en razón del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Todo ello, debido a que, en la actualidad, la Responsabilidad Social Empresarial se va consolidando como una herramienta de gestión necesaria para la optimización de la legitimidad social y la propia cohesión social de cualquier empresa que realiza actividades, con mayor importancia las empresas que realizan actividades empresariales en perjuicio del medio ambiente y/o de la salud de la sociedad en la que se desarrolla, y que gesta beneficios directos e indirectos para que lo acogen. Siendo ello así, a partir de una revisión y análisis de la legislación nacional en materia de impuestos, así como las tendencias jurisprudenciales y doctrinales al respecto, el presente trabajo evidencia que las erogaciones asumidas en razón de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial sí cumplen con los requisitos previstos en la normativa tributaria peruana aplicable para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría.

Los gastos de responsabilidad social ejecutados por las empresas mineras están estrechamente alineados a una estrategia empresarial que permite la producción y mantenimiento de la fuente generadora de renta. Ahora bien, nuestra legislación permite que dichos gastos sean deducibles a través de la figura de gastos de licencia social, gastos incurridos en virtud de los compromisos previos asumidos con las comunidades aledañas a la zona de influencia del proyecto minero, inversiones en infraestructura que constituyan servicio público y donaciones. En el presente trabajo se analiza la importancia de la ejecución de los gastos de responsabilidad social en un contexto de alta conflictividad que se presenta entre la empresa minera y las comunidades aledañas, y cómo nuestra legislación tributaria sí permite, a través de diversas figuras, la deducibilidad de los mismos, tomando en cuenta que el tributo no tiene únicamente una finalidad recaudatoria sino también una función social.

En el presente trabajo se estudia la ausencia de uniformidad en la deducción de los gastos por parte del Tribunal Fiscal, por lo que por medio del estudio de las sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema nos da indicios para sostener la necesidad de tener un criterio que dé seguridad a los administrados. Así, se analiza un caso que evidencia la inexistencia de uniformidad en la aplicación del principio de causalidad frente a un caso de gastos de mantenimiento y mejoramiento de carreteras. Así, busca reconocer la causalidad como un concepto amplio y que frente a la ausencia de una postura uniforme del Tribunal Fiscal determine si es correcto mantener dicha contradicción. / This study's further examination of the disparities between the Tax Court's deduction of taxes and tax laws upheld by the Constitutional Court and Supreme Courts underscores the overwelming need for well-defined criteria of expenses for cooperations in order to improve public relations.

En este informe se aborda la controversia respecto a si resulta aplicable la regla de subcapitalización a la deducción de intereses devengados en etapa preoperativa, para lo cual se analiza la Resolución N°04711-4-2020, en la cual el Tribunal Fiscal aborda la referida controversia. El objetivo de este trabajo es proporcionar una respuesta respecto a si la regla de subcapitalización resulta o no aplicable a la deducción de intereses devengados en etapa preoperativa y en caso resultar aplicable, en qué momento debe efectuarse el cálculo para determinar el monto máximo de intereses deducible, si al momento de incurrir en el endeudamiento (etapa preoperativa) o al momento de deducir el gasto (etapa operativa). Para ello, se analiza las disposiciones normativas aplicables recurriendo, adicionalmente, a doctrina y jurisprudencia sobre la materia. Se concluye que sí es correcto aplicar la regla de subcapitalización a la deducción de intereses devengados en etapa preoperativa, para lo cual, el cálculo del monto máximo de intereses deducible se debe efectuar al momento de generar ingresos (etapa operativa) teniendo en consideración los fines antielusivos de la regla de subcapitalización, esto es, evitar que se erosione la base imponible del impuesto mediante la deducción excesiva de intereses producto de un financiamiento que podría estar encubriendo un aporte de capital. / This report addresses the controversy regarding whether the thin capitalization rule is applicable to the deduction of accrued interest in the pre-operational stage, for which Resolution N°04711-4-2020 is analyzed, in which the Tax Court addresses the aforementioned controversy. The objective of this paper is to provide an answer as to whether or not the thin capitalization rule is applicable to the deduction of accrued interest in the preoperative stage and, if applicable, at what time the calculation should be made to determine the maximum amount of deductible interest, if at the time of incurring the debt (preoperative stage) or at the time of deducting the expense (operative stage). For this, the applicable normative provisions are analyzed, resorting, additionally, to doctrine and jurisprudence on the matter. It is concluded that it is correct to apply the thin capitalization rule to the deduction of accrued interest in the pre-operational stage, for which the calculation of the maximum amount of deductible interest must be made at the time of generating income (operational stage) taking into account the anti-avoidance purposes of the thin capitalization rule, that is, to prevent the tax base from being eroded by excessive deduction of interest resulting from financing that could be concealing a capital contribution.

Sociedad Agrícola San Agustín S.A. recibió indemnización justipreciada por la expropiación de uno de sus inmuebles, luego realizó los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los meses mayo y julio del ejercicio 2011 bajo protesto. Posteriormente, presentó demanda de amparo contra el artículo 5º de la Ley del Impuesto a la Renta, debido a que consideró que dicho artículo califica a la expropiación como una enajenación, por lo cual recibe el tratamiento tributario de una ganancia de capital gravada con el impuesto. El presente informe jurídico analiza a la sentencia del Tribunal Constitucional No. 00319-2013-PA/TC que resolvió el referido caso a partir de un enfoque del Derecho Procesal Constitucional, Derecho Tributario y Derecho Constitucional Tributario. Por un lado, se evaluará la procedencia de la demanda de amparo presentada. Por otro lado, se analizará si la indemnización justipreciada recibida es renta gravada con el Impuesto a la Renta, así como la constitucionalidad de gravarlo con el referido impuesto. Además, el análisis tomará en cuenta la especial naturaleza de la expropiación al ser una transferencia forzosa cuyo objetivo es alcanzar la indemnidad del propietario y el equilibrio económico, es decir, mantenerlo en la situación que se encontraba con anterioridad a la expropiación.

En el presente trabajo se desarrolla, en primer lugar, cuáles son las características que diferencian a un procedimiento administrativo de un proceso civil, en lo que concierne a la actuación y valoración de la prueba. Ello permite reconocer qué aspectos se presentan en el procedimiento administrativo de manera especial, y la relevancia del interés público que se busca tutelar con él. Asimismo, el trabajo se enfoca en el procedimiento de fiscalización del Impuesto a la Renta Empresarial, considerando ciertos pronunciamientos jurisprudenciales que nos permiten apreciar cómo se desarrolla la dinámica probatoria en el marco de la verificación de la fehaciencia y la acreditación de la causalidad de gastos, para admitir su deducción. En dicho desarrollo, no se pierde de vista el papel trascendental que cumple la discrecionalidad que le confiere el Código Tributario a la Administración Tributaria, para que conduzca el ejercicio de su facultad de fiscalización. A partir de ello, llegamos a ciertas conclusiones respecto de las vulneraciones que se generan, en el marco del procedimiento de fiscalización, de los principios y lineamientos del derecho administrativo general, así como la falta de seguridad jurídica que genera en los contribuyentes que los auditores tributarios puedan aplicar meramente su criterio para comprobar la fehaciencia de los gastos declarados, en razón del vacío normativo existente. Con lo cual, se propone la incorporación de parámetros básicos que orienten la actuación de la Administración Tributaria a una valoración de los medios probatorios racional y acorde con los principios de impulso de oficio y verdad material, sin que ello implique vaciar de contenido la discrecionalidad que la norma le confiere.

Este informe jurídico tiene como objetivo principal realizar un análisis de la deducibilidad de los gastos preoperativos iniciales, de responsabilidad social, gastos de exploración y/o desarrollo y gastos preoperativos por expansión de actividades de empresas dedicadas a actividades mineras. Según se verá en el desarrollo de este informe jurídico, la calificación de estos desembolsos adquiere una gran relevancia por, entre otras cosas, la diferencia del tratamiento tributario en la oportunidad de deducción entre los gastos preoperativos y los gastos de exploración y/o desarrollo. Así pues, se evaluarán los gastos realizados por las empresas mineras antes del inicio de su actividad productiva, esto es, en su etapa preoperativa; y, también, desarrollaré el análisis de los gastos de responsabilidad social, los cuales pueden ser realizados durante la etapa preoperativa, operativa y/o al cierre de las operaciones de las empresas mineras. Se ha elegido la Resolución del Tribunal Fiscal No. 11326-1-2021 pues contiene algunos casos referentes a los conceptos establecidos en el párrafo anterior. En esta Resolución, se verá que se confundieron algunos conceptos, con lo cual, la calificación de los desembolsos efectuados por el contribuyente se vio afectada. En consecuencia, el propósito de este informe jurídico será verificar: (i) el marco conceptual de los gastos preoperativos iniciales, de responsabilidad social, gastos de exploración y/o desarrollo y gastos preoperativos por expansión de actividades; y (ii) si los criterios de calificación efectuados por el contribuyente, la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, son adecuados. / The main purpose of this legal report is to analyze the deductibility of initial preoperative expenses, social responsibility expenses, exploration and/or development expenses and preoperative expenses for expansion of activities of companies engaged in mining activities. As will be seen in this legal report, the qualification of these disbursements acquires great relevance due to, among other things, the difference in tax treatment in the opportunity of deduction between pre-operative expenses and exploration and/or development expenses. Thus, the expenses incurred by mining companies before the beginning of their productive activity, that is, in their pre-operational stage, will be evaluated; and, also, I will develop the analysis of social responsibility expenses, which may be incurred during the pre-operational, operational stage and/or at the closing of the mining companies' operations. Tax Court Resolution No. 11326-1-2021 has been chosen because it contains some cases related to the concepts established in the previous paragraph. In this Resolution, it will be seen that some concepts were confused, with which, the qualification of the disbursements expended by the taxpayer was affected. Consequently, the purpose of this legal report will be to verify: (i) the conceptual framework of the initial pre-operating expenses, social responsibility, exploration and/or development expenses and pre-operating expenses for expansion of activities; and (ii) if the qualification criteria made by the taxpayer, the Tax Administration and the Tax Court, are adequate.