El estándar de Protección y Seguridad Plenas (PSP), cuyo contenido es de fuente consuetudinaria, se encuentra establecido en los distintos Acuerdos Internacionales de Inversión suscritos por el Perú; asimismo, en el caso Bear Creek se establece que la obligación de debida diligencia del Estado constituye un elemento de este estándar. En ese sentido, la presente tesis desarrolla cómo se debe interpretar esta obligación de debida diligencia para su aplicación en la gestión de conflictos sociales en los proyectos mineros. Para ello, se parte de una aproximación teórica del estándar PSP así como de su elemento de debida diligencia y su concepción en el Derecho Internacional de Inversiones y otras ramas del Derecho Internacional. Luego, revisamos el panorama general sobre la gestión de conflictos sociales en el Perú lo que nos permite analizar el conflicto social en el caso Bear Creek tomando en consideración la tipología de conflictos sociales definida. Finalmente, revisaremos la aplicación del estándar PSP para la prevención de conflictos donde resaltamos los aportes del caso Bear Creek en cuanto a la interpretación de la debida diligencia para prevenir y solucionar conflictos sociales en proyectos mineros. Se concluye que la obligación de debida diligencia debiera interpretarse como la obligación que tiene el Estado a fin de brindar protección y seguridades plenas al inversionista. Si cumple ello, se debe entender que el Estado cumple con el estándar de Nivel Mínimo de Trato y, por lo tanto, con sus compromisos internacionales. Por ello, conforme a la obligación de debida diligencia y tomando en consideración la interpretación del Tribunal Arbitral en el fallo sobre Bear Creek, el Estado peruano se encontraría obligado internacionalmente a implementar un efectivo marco regulatorio de prevención de conflictos que propicie el apoyo y equilibrio entre las políticas de protección de inversiones y el desarrollo de su población. / The Full Protection and Security Standard (FPS), whose content is of a consuetudinary source, is established in the various international investment agreements signed by Peru; Similarly, in the case Bear Creek establishes that the State’s due diligence obligation is an element of this standard. In this sense, this thesis develops how this obligation of due diligence should be interpreted for its application in the social conflict management in mining projects. This is based on a theoretical approximation of the PSP standard as well as its element of due diligence and its conception in International Investment Law and other areas of International Law. Then, we reviewed the general overview on the social conflict management in Peru which allows us to analyze the social conflict in the Bear Creek case taking into consideration the typology of social conflicts defined. Finally, we will review the application of the PSP standard for conflict prevention where we highlight the contributions of the Bear Creek case regarding the interpretation of due diligence to prevent and resolve social conflicts in mining projects. In conclusion the due diligence obligation should be interpreted as the obligation of the State in order to provide full protection and security to the investor. If this is done, it must be understood that the State complies with the International Minimum Standard of Treatment and therefore with its international commitments. Therefore, in accordance with the obligation of due diligence and taking into consideration the interpretation of the Arbitral Tribunal in the Bear Creek case, the Peruvian State would be under an international obligation to implement an effective regulatory framework for conflict prevention that fosters support and a balance between investment protection policies and the development of population.

El presente trabajo de suficiencia profesional se enmarca en mi experiencia laboral dentro de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (UPPM) de la Unidad Ejecutora (UE) 003 – 1737, encargada de ejecutar el Programa de Inversión “Fomento y Gestión Sostenible de la Producción Forestal en el Perú” del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI. Este Programa de Inversión se enmarca a su vez en el Contrato de Préstamo y el Contrato de Aporte Financiero suscritos el año 2021 entre la República del Perú y el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KfW). A lo largo del presente trabajo se desarrollará la elaboración de uno de los documentos más importantes respecto al Planeamiento Estratégico dentro de Programas de Inversión financiados a través de cooperación internacional u operaciones de crédito externo: el Plan Operativo Anual – POA. Este documento de gestión y planeamiento estratégico es a su vez solicitado a las Unidades Ejecutoras de Programas financiados por los diferentes organismos internaciones de cooperación bilateral y multilateral como el BID, BM, BIRF, KFW, JICA, GIZ entre otros. Dichos organismos cooperantes solicitan este documento de gestión de forma anual, necesario para la ejecución estratégica de la inversión, donde el principal propósito es programar las actividades necesarias de forma estratégica haciendo uso de los recursos financieros del préstamo (ROOC) así como de los recursos provenientes de la contrapartida nacional (RO), con la finalidad de cumplir los objetivos de los Programas.

El siguiente trabajo de investigación pretende analizar el impacto de las condiciones financieras internas, como también el de las expectativas del sector privado, en el nivel de inversión privada en el Perú para el período de 1997 a 2017, a modo de extensión del trabajo titulado “The determinants of private investment in a mining export economy, Peru: 1997-2017”. Esto se debe a que el trabajo anterior nombrado, no llega a determinar de la mejor manera el efecto de estas condiciones financieras en el nivel de inversión, debido a la variable que se emplea como indicador, que fue la tasa de interés interbancaria. Además, se tiene el efecto de las expectativas que está muy ligado con la demanda agregada del presente y con la futura. Dicho efecto, tampoco se vio plasmado en el trabajo base, por lo que en este trabajo se tiene como objetivo determinar las relaciones que tienen estos dos factores en el nivel de inversión, basándonos en los hallazgos y metodología del anterior trabajo. Es así como, a través del uso de las restricciones de largo plazo de la inversión privada, se plantea estimar un modelo SVAR, pero ahora, con la diferencia de que se emplearán como variables representantes de las condiciones financieras del contexto peruano, al nivel de crédito y su costo (tasa de interés), así como también a la demanda agregada y sus proyecciones.

Las evidentes deficiencias en la provisión oportuna de bienes y servicios públicos por parte del Estado, así como las brechas tangibles de infraestructura pública, no hacen más que reforzar la percepción de que la gestión pública se encuentra en crisis. El Estado no ha sido capaz de mejorar la regulación y procedimientos subyacentes en la producción de bienes públicos indispensables para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos o de la competitividad. Por ello, el presente Trabajo de Suficiencia Profesional (en adelante, TSP), tiene por objeto presentar a partir de la experiencia profesional ganada como asesora de alta dirección y directora en el Ministerio de Transportes, una aproximación de las principales razones por las que los grandes proyectos de infraestructura en el país presentan constantes dilaciones y problemas en su ejecución. Este diagnóstico se obtuvo a partir del seguimiento y monitoreo de proyectos, siendo también objetivo de este documento demostrar que a partir seguimiento y monitoreo de proyectos es posible generar evidencia para la formulación de reformas sustanciales en la gestión de la infraestructura pública en el país. En particular, este TSP se centrará en la experiencia lograda en dicho ministerio durante los años comprendidos desde el 2018 al 2020, encontrando como principales hallazgos la necesidad de contar con equipos de alto nivel especializados para el destrabe de proyectos y la necesidad de estandarizar procedimientos para mejorar la gestión de infraestructura en el sector transportes y en los demás sectores.

El presente es un Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) elaborado a fin de obtener el Título de Licenciado en Economía, en base a los estándares establecidos por la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP. Hace un recuento general sobre mi experiencia como especialista de seguimiento y gestión de compromisos entre los años 2017 y 2022, desenvuelto en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad responsable a nivel nacional de la gestión y solución de conflictos sociales. El TSP presenta los resultados de la sistematización de los compromisos asumidos por el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, a fin de apaciguar los controversias o conflictos sociales en las zonas aledañas al Corredor Vial Sur, también conocido como Corredor Minero. Tarea de suma importancia a fin de contar con cifras certeras sobre la magnitud del costo total adquirido por el Estado a fin de mantener la paz social en lugares propensos a la conflictividad y estratégicos por ser parte del área de influencia directo o indirectas de grandes yacimientos mineros.

El 21 de julio del 2012 se incorporó la Cláusula Antielusiva General (CAG) de la Norma XVI del al Código Tributario peruano. El 12 de julio del 2014, después de dos años de su aprobación, la aplicación de la norma fue suspendida, mediante el artículo 8 de la Ley No. 30230 “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”. La norma no llegó a implementarse ni a aplicarse en dicho lapso. Estos hechos nos permiten indicar que hay diversos factores en juego al determinar la capacidad de las empresas de influir en las políticas públicas, pues las teorías basadas en la cercanía del sector privado y el poder político no brindan explicaciones suficientes. En este trabajo se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Qué elemento determinó la suspensión de la aplicación de la CAG de la Norma VI del título preliminar del Código Tributario Peruano entre el 2012 y el 2014? Para responder a esta pregunta, se toma como punto de partida el análisis del poder empresarial desde una concepción bidimensional del mismo: poder instrumental y poder estructural. Utilizando una metodología cualitativa basada en el process tracing y estudio de caso, se analiza la data en torno CAG de la Norma XVI en el período de estudio. Así se identifican los elementos que dan forma a la percepción de los policymakers respecto del sector empresarial en el Perú y de posición estructural de este sector en la economía del país.

En este trabajo se demuestra que el crecimiento de China es un determinante importante para la inversión privada en el Perú. Usando un modelo BVAR con bloque de exogeneidad, se evidencia que un aumento de 1 por ciento en la tasa de crecimiento de China, genera un aumento de 0,9 por ciento en la inversión privada peruana, la cual continúa creciendo en los siguientes trimestres, alcanzando un crecimiento de 2,8 por ciento después de un año. Asimismo, se muestra que este impacto tiene una persistencia de dos años (esta persistencia representa los costos de ajuste o el tiempo que demora en poner en marcha los proyectos de construcción) y que el efecto traspaso a cinco años es de 3,64. También se encuentra que los términos de intercambio, es el principal canal a través del cual China impacta sobre la inversión privada en el Perú.

La tesis estudia el impacto de las inversiones mineras en la dinámica política de las comunidades campesinas, abordando el caso de la comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará (1997 – 2017) y el proyecto minero Toromocho. La justificación de esta investigación se basa en la dependencia de nuestra economía contemporánea desde hace 25 años de la actividad mineroexportadora, la misma que ha devenido en una relación de tensión y cambio con las comunidades campesinas aledañas. La tesis analiza los impactos de la gran inversión minera en la forma de hacer política en la comunidad campesina, producto de la inversión minera, para ello analiza el rol del Estado en la relación mina – comunidad, el tipo de relación entre la Comunidad y Mina y por último describe los principales cambios en la forma de hacer política de la comunidad campesina después de la inversión minera en el 2006. Los supuestos teóricos en lo que se desarrolla la investigación se enmarca en la teoría política de Huntington; “El orden político de las sociedades en cambio”, la tesis primordial del libro es que la violencia e inestabilidad de una sociedad es por los cambios sociales y económicos rápidos que generan movilizaciones de ciertos grupos unido a la lenta evolución de las instituciones políticas. La investigación concluye que calificando de “interviniente” el rol del Estado en la relación mina comunidad, por otro lado, a pesar de que las relaciones entre mina y comunidad son asimétricas, debido a factores estructurales, la relación coyuntural entre la Comunidad y la Mina del estudio de caso se considera consensuada con episodios de tensión. Por último, se evidencia un esfuerzo y capacidad de la comunidad campesina abordada por interaccionar de manera asertiva con la mina con capacidad de reestructurarse al interno y externo.

Desde su concepción las IPC tuvieron como objetivo principal, la atención de las demandas sociales en la provisión de la infraestructura pública y la prestación de servicios públicos mediante una colaboración o asociación público – privado. El Estado soportaría al privado en la financiación de aquellos proyectos de alta rentabilidad social pero escasa o nula rentabilidad económica. No obstante, los altos costos de transacción y demoras que involucra la tramitación de las IPC, ha generado grandes cuestionamientos sobre la idoneidad de la herramienta, más aún si habiendo transcurrido más de 5 años desde su creación formal, hasta el momento no hay ejemplos de proyectos adjudicados mediante IPC. El presente trabajo de investigación analiza las posibles causas de los problemas e inconvenientes que enfrenta las IPC, así como las fortalezas y oportunidades que dispone para lograr su objetivo de reducción de brechas de infraestructura y servicios públicos / Tesis

Las AFP, a fin de salvaguardar los intereses de los afiliados, deben proteger las inversiones realizadas con los recursos de las Carteras Administradas, por lo cual, en su carácter de fiduciarios, deberán ejercer el debido cuidado, diligencia y destreza al gestionar la cartera de inversiones. Existe desconocimiento de cuál es el due diligence que deben cumplir las AFP, ello se vislumbra en los procedimientos administrativos sancionadores sobre el caso Fondo Transandino Perú. En ese sentido, para que sean exigible los estándares de responsabilidad fiduciaria, en el marco de la debida diligencia, se debe delimitar ¿cuáles son los criterios de diligencia que deben cumplir las AFP en el marco de su deber fiduciario tipificado en el artículo 21-B del TUO? Para ello, se adopta la doctrina comparada, la cual hace referencia al comportamiento de una persona experta en inversiones de los fondos de pensiones “prudent investor rule” en lugar de compararlo con una persona ordinaria, asimismo, realizar una investigación diligente antes y durante el proceso de inversión, y diversificar el portafolio así como maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo. Al tener en cuenta las reglas de responsabilidad aplicadas en la doctrina comparada de Estados Unidos y Reino Unido, conjunto al análisis de la doctrina nacional sobre la responsabilidad civil por incumplir la debida diligencia, además del análisis al caso Transandino Perú se delimita como criterios de debida diligencia a cumplir por las AFP el realizar una investigación apropiada del manejo de las inversiones, actuar como una persona experta en inversiones, e implementar mecanismos en el manejo del riesgo del fondo.