El artículo sostiene que en el caso de testigos adversos ofrecidos por una de las partes del proceso laboral, cuya declaración es fundamental para conocer los hechos de la controversia planteada ante el órgano jurisdiccional, no se debe aplicar estrictamente la regla general prevista en el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley 29497, en el sentido que cada parte es responsable de concurrir a la audiencia en que se actúan las pruebas con los medios probatorios que ha ofrecido. Así, el artículo plantea que en estos casos el juez laboral debe citar al testigo, a fin de que este tenga mayores incentivos para asistir a la audiencia de juzgamiento, pues su eventual incumplimiento del mandato judicial podría justificar la imposición de una multa y/o la imputación del delito de negativa a colaborar con la administración de justicia, tipificado en el artículo 371 del Código Penal. The article states that in the case of adverse witnesses requested to testify by one of the parties of a labor procedure, whose testimony is fundamental to know the facts of the controversy proposed before the jurisdictional authority, the general rule foreseen in the second paragraph of article 21 of Law 29497 (each party is responsible for the evidence it has offered) must not be applied strictly. thus, the article suggests that in these cases a labor judge must summon the witness, in order for him to have greater incentives to attend to the judgment hearing, since his failure to comply with the judge’s order could justify the imposition of a fine and/or the imputation of the crime foreseen in article 371 of the Penal Code (refusal to cooperate with the justice administration).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero de ellos, introduce una serie de consideraciones elementales que debemos precisar tanto en Derecho Penal como asimismo, en Derecho Procesal Penal, a fin de interiorizarnos en el área de conocimiento que se escogió como tema de estudio. La orientación de su contenido refiere una breve presentación del Sistema Penal y de los Sistemas Procesales Penales, todo ello con la finalidad de conocer la naturaleza jurídica del modelo adoptado por nuestro país y que posee más de cien años de vigencia. Luego, un segundo capítulo entra a indagar en todas aquellas cuestiones relativas a la gestación de la reforma, tanto en el medio Latinoamericano, como en el nuestro. En este acápite se intentó una caracterización del modelo inquisitivo aún vigente en Chile y sus principales modificaciones, para concluir con la reforma misma en cuanto a su origen, materialización y proyección legal. Luego, un tercer capítulo pretende analizar el Marco Legal Regulador de la Reforma Procesal Penal estudiada. Para ello, se procuró analizar someramente las leyes introducidas al efecto, eso sí, sin las concordancias que serían propias del caso pero que sobrepasan los objetivos de la presente investigación. Por último, un cuarto capítulo intenta un análisis pormenorizado respecto del Juez de Garantía, considerado éste como una de las instituciones más importantes dentro de la nueva estructura procesal penal. Finalmente, valganos pedir las disculpas por las posibles falencias que el presente trabajo de investigación pueda presentar, no son sino las propias de una labor desarrollada en un tiempo muy limitado y por una persona que recién inicia su recorrido en esta querida profesión. Pasemos entonces a revisar de lleno el proyecto propuesto

The scientific advances have greatly influenced the perception of the facts, generating some objectivation of the perception of the proof . In the past, many decisions were made on the basis of common sense and presumptions. This is reduced by the performance of more reliable evidence, which can generate a better conviction in the judge or legal operator.In this article, the author develops the effects that scientific evidence has had on legal practitioners, such as judges. Also, a theoretical framework will be proposed to understand this type of test, taking as reference emblematic cases. / Los avances científicos han influenciado enormemente la percepción de los hechos, generando cierta objetivación de la percepción de la prueba. En el pasado, muchas decisiones se tomaban sobre la base del sentido común y las presunciones. Ello se ve reducido con la actuación de medios probatorios más certeros y fiables, los cuales pueden generar una mejor convicción en el juez u operador jurídico.En el presente artículo, el autor desarrolla los efectos que ha tenido la prueba científica en los operadores del derecho, como los jueces. Asimismo, se planteará un marco teórico para comprender a dicho tipo de prueba, tomando como referencia casos emblemáticos.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho privado) / El presente trabajo de investigación busca aportar con conocimientos nuevos al estudio del derecho procesal de familia, analizando la efectiva observancia del derecho fundamental al debido proceso en el ejercicio de las facultades de oficio de carácter probatorio y cautelar del juez de familia, al identificar las garantías procesales que estarían siendo vulneradas por su empleo y los remedios o atenuantes a tales limitaciones. Fue divido en cinco capítulos, los cuatro primeros dicen relación, en términos generales, con aspectos sustantivos y procesales del contencioso familiar y de las facultades oficiosas de carácter probatorio y cautelar del juez de familia, y el quinto y último capítulo está destinado a la comprobación de la hipótesis planteada.

Thanks to Severan jurists’ testimonies collected in the Digest, we know that the appeal eligibility was conditioned by the «a quo» judge’s analysis of the respect of the prescribed terms and formalities and the nature of the contested measure. Against the possible refusal of the first instance judge, the parties were given the opportunity to take their case to the «ad quem» judge, who could confirm the decision and give way to the implementation of the judgment, or accept the part’s motion and proceed to the examination of the merits of the case. The Draft of the Model Civil Procedure Code for Ibero-America (texto del anteproyecto del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica) follows, on the subject of appeal, Roman discipline faithfully, as regards both the «a quo» judge’s role and the possibility of contesting the latter’s decision before the «ad quem» judge through the complaint (recurso de queja). The strong Roman stamp also arises, similarly, in Peru’s Civil Procedure Code, where the right to a second court has a very incisive constitutional backing. The traditional problem to keep the justice process within reasonable time limits is closely connected with the appeal eligibility. The solution adopted by Roman Law —to take financial penalties to discourage daring appeals, filtering thus the merely delaying appeals— could represent an interesting indication for legislators, who are still grappling with the need to ensure the right, on the one hand, to appeal and to efficiency regarding the administration of justice on the other hand. / Gracias a los testimonios de los juristas de la época Severa, recogidos en el Digesto, sabemos que la admisibilidad de la apelación estaba condicionada a una revisión efectuada por el juez a quo, por lo que concernía al respeto de los plazos y de las formalidades prescritos y a la naturaleza de la resolución impugnada. Contra la eventual denegación del juez de primera instancia, las partes tenían la facultad de dirigirse al juez ad quem, quien podía confirmar la decisión y, por consiguiente, dar curso a la ejecución de la sentencia, o bien estimar el recurso de parte y proceder al examen de fondo de la cuestión. El texto del anteproyecto del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica sigue la línea, en tema de apelación, de la disciplina romanística, tanto en lo que concierne al papel del juez a quo, como en lo que se refiere a la posibilidad de impugnar la decisión de este último ante el juez ad quem por medio del recurso de queja. Análogamente, la fuerte matriz romana emerge también en el Código Procesal Civil de Perú, país donde, por otra parte, el derecho al doble grado de jurisdicción hace alarde de una cobertura constitucional muy penetrante. Tradicionalmente, el problema de contener los tiempos de la justicia dentro de plazos aceptables se presenta estrictamente relacionado con el tema de la admisibilidad de la apelación. La solución adoptada por el derecho romano recurrir a medidas sancionatorias de naturaleza pecuniaria para desincentivar la interposición de apelaciones temerarias, de manera que se filtren las impugnaciones meramente dilatorias— podría representar un punto de partida interesante y una útil sugerencia para los legisladores, que también hoy en día se enfrentan a la necesidad de garantizar el derecho, por un lado a apelar y, por otro, a una administración eficiente de la justicia.

Con ocasión del IV Seminario Internacional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución, IUS ET VERITAS logró reunir a tres destacados juristas internacionales expertos en el Derecho Procesal, los cuales nos dieron su propia perspectiva del concepto de tutela diferenciada. Con este aporte, se logró crear un interesante debate sobre la necesidad e importancia de un sistema que admita este concepto de tutela jurisdiccional. Asimismo, nos dieron un mayor entendimiento sobre las consecuencias que la llamada tutela diferenciada podría traer sobre otros derechos y garantías.

La sentencia de amparo resulta ser uno de los medios más importantes para la tutela de los derechos fundamentales que son recogidas por esta misma institución. Es por tal motivo que para asegurar su eficacia cuenta con un proceso especial. Sin embargo, en la realidad peruana, la ejecución de dichas sentencias cuenta con muchas dilaciones, si es que no son ejecutadas. En el presente artículo, el autor analiza dicha problemática para terminar concluyendo que es necesario una reforma legal para asegurar la eficacia de la sentencia definitivas de amparo Amparo judgment turns out to be one of the most important means for the protection of fundamental rights which are collected by the same institution. It is for this reason that to ensure its effectiveness has a special process. However, in the Peruvian reality, The enforcement of such sentences has many delays, if they are not executed in many cases. In this article, the author analyzes this problem. then, he ends concluding that legal reform is needed to ensure the effectiveness of the final judgment of amparo.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:27:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ivone da Silva Barros.pdf: 409674 bytes, checksum: 63d2a78ac23fd5c5472fe83e4f1601b9 (MD5) Previous issue date: 2008-06-13 / El proceso penal, en una visión moderna, no puede más ser visto como simple concretización del Derecho Penal. El proceso penal, en un Estado Democrático de Derecho, constituye instrumento de garantía del acusado, en una limitación al Poder Punitivo. Aunque, por fuerza de preceptos constitucionales, nuestro sistema procesal penal deba ser acusatorio, el Código de Proceso Penal, en razón de la ideología de la época de su promulgación, conserva algunos resquicios de inquisición, a indicar necesidad de reforma para adecuación a la Constitución Federal de 1988. El principio de la oralidad, como predominancia de la forma oral sobre la escrita, es propio del régimen acusatorio, y tiene como corolarios lógicos la concentración, la inmediatividad y la identidad del juez. Entretanto, esa identidad física del juez, al cual la doctrina no se ocupa con la atención debida, se revela como la mayor importancia en un proceso penal de cuño garantizador, como aquel consagrado en nuestra Constitución Federal. El trabajo es rescata el instituto de la identidad física del juez en el proceso penal, confiriéndole el valor que merece. Para eso, se partió del análisis de los fines del proceso penal, pasando por el estudio de los sistemas procésales penales, de los principios del proceso penal centrados al tema, y de las pruebas. Con relación a esas, mereció espacio un análisis de un tema actual, que es el interrogatorio por videoconferencia. Fue realizado, también, al estudio del papel del juez en el proceso penal, asi como la identidad física del juez en el proceso civil. La parte final del trabajo es dedicada al tema central, con análisis doctrinaria y jurisprudencial en el proceso brasileño, especialmente con enfoque en la importancia de un proceso penal garantizador / O processo penal, numa visão moderna, não mais pode ser visto como simples concretização do Direito Penal. O processo penal, num Estado Democrático de Direito, constitui instrumento de garantia do acusado, numa limitação ao Poder Punitivo. Embora, por força de preceitos constitucionais, nosso sistema processual penal deva ser acusatório, o Código de Processo Penal, em razão da ideologia da época de sua promulgação, conserva alguns resquícios de inquisitoriedade, a indicar necessidade de reforma para adequação à Constituição Federal de 1.988. O princípio da oralidade, como predominância da forma oral sobre a escrita, é próprio do regime acusatório, e tem como corolários lógicos a concentração, a imediatidade e a identidade física do juiz. Por falta de previsão legal, no sistema processual penal brasileiro não existe a identidade física do juiz. No entanto, essa identidade física do juiz, do qual a doutrina não se ocupa com a atenção devida, se revela da maior importância num processo penal de cunho garantista, como aquele consagrado em nossa Constituição Federal. O trabalho resgata o instituto da identidade física do juiz no processo penal, conferindo-lhe o valor que merece. Para isso, partiu-se da análise dos fins do processo penal, passando pelo estudo dos sistemas processuais penais, dos princípios do processo penal ligados ao tema, e das provas. No tocante a estas, mereceu espaço uma análise de um tema atual, que é o interrogatório por videoconferência. Realizou-se, também, estudo do papel do juiz no processo penal, bem como a análise da identidade física do juiz no processo civil. A parte final do trabalho é dedicada ao tema central, com análise doutrinária e jurisprudencial no processo penal brasileiro, especialmente com enfoque na importância de um processo penal garantista

The present interview indicate how the legal tradition inherited Latin America, from Spain and France, has been changing being as in the Latin tradition the judge’s role has been subordinated to political power, unlike other countries. Thus it is arises the motivations to start and continue, in many cases, with the reform of the justice system, where what is needed is a set of actors that define and carry out this reform. / La presente entrevista busca mostrar cómo la tradición jurídica que hereda América Latina, proveniente de España y Francia, ha ido cambiando puesto que en la tradición Hispanoamérica el papel del juez se ha visto subordinado al del poder político a diferencia de otros países. Es así que surgen las motivaciones para empezar y continuar, en muchos casos, con la reformar del sistema de justicia, donde lo que se necesita es un conjunto de actores que definan y lleven adelante esta reforma.

In this article, the author tell us about the job of the constitutional judge and the importance that this takes in a context of crisis. Also, he highlights the conventionalization of law as the central task of constitutional judges. Likewise, he details the difficulties involved in this task and the challenges to be faced for the consolidation of a common law in Latin America. / En el presente artículo el autor nos habla sobre la labor del juez constitucional y la importancia que adquiere está en un contexto de crisis. Asimismo, resalta la convencionalización del Derecho como tarea central de los jueces constitucionales. De igual manera, detalla las dificultades que acarrea esta tarea y los retos a enfrentar para la consolidación de un derecho común en América Latina.