El presente trabajo de investigación está motivado en la presunta existencia de una conducta anticompetitiva de abuso de posición dominante en la modalidad de negativa injustificada de trato llevada a cabo por Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA) en relación con el servicio de arrendamiento del material tractivo y rodante concesionado. El presente informe tiene como objetivos determinar (i) si FETRANSA tenía posición de dominio en el mercado relevante correctamente definido; (ii) si la Sala de Defensa de la Competencia (Sala) interpretó el contrato de concesión del Ferrocarril Sur y Sur-Oriente atribuyéndose facultades que no tiene; (iii) si el uso efectivo de la totalidad del material arrendado era una justificación válida para la negativa de arrendar el material tractivo a Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu (FERSIMSAC); y (iv) si la Sala podía ordenar como medida correctiva que FETRANSA cumpla la cláusula 7.6 de su contrato de concesión. Para ello, se evaluarán los criterios generales para definir el mercado relevante y determinar la existencia de posición de dominio de un agente, los métodos y la facultad para interpretar los contratos, los elementos a considerar para evaluar la conducta de negativa injustificada, así como los alcances de la facultad de imponer medidas correctivas que tenía la Sala. Las principales conclusiones extraídas son que la Sala habría determinado incorrectamente el mercado relevante; asimismo, habría excedido sus facultades al interpretar el contrato de concesión del Ferrocarril Sur y Sur-Oriente, y al no estar facultado para ordenar el cumplimiento de la cláusula 7.6 del contrato de concesión. Finalmente, la Sala debió admitir como válida la justificación de FETRANSA de que la totalidad del material tractivo y rodante concesionado estaba siendo utilizado efectivamente.

El presente informe se centra en los aspectos jurídicos clave de la Resolución del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre No 00005-2023-OSINFOR/02.1. El proceso se inició con un PAU en 2010, donde OSINFOR determino la comisión de infracciones por parte de la empresa Maderera Barrios S.R.L. en su concesión forestal, resultando en la declaración de caducidad de dicha concesión. Tras ello, la empresa solicito una apelación en sede administrativa, y a su vez inicio un proceso en sede judicial contra OSINFOR. la Corte Superior de Justicia de Loreto revisó el caso y emitió un pronunciamiento de fondo. TFFS-OSINFOR, que había suspendido su respuesta a la apelación hasta la conclusión del proceso judicial, finalmente emitió un pronunciamiento reconociendo el análisis de fondo realizado por la Corte. El análisis crítico del caso revela tres problemas sustanciales en la Resolución. En primer lugar, se cuestiona el inicio del cómputo de la prescripción de una infracción continuada, destacando la necesidad de definirlo desde la última acción constitutiva para asegurar un control efectivo sobre las actividades extractivas. En segundo lugar, se examina si el colegiado respetó el principio non bis in ídem al no llevar a cabo una prueba de triple identidad. Finalmente, se aborda la naturaleza de la caducidad como una consecuencia del incumplimiento contractual o como una medida sancionadora, debatiendo si debe fundamentarse principalmente en el daño ambiental o ser evaluada desde una perspectiva contractual. / The present report focuses on the key legal aspects of Resolution No 00005-2023- OSINFOR/02.1 from the Forest and Wildlife Tribunal. The process began with an Administrative Sanctioning Procedure (PAU) in 2010, where OSINFOR determined that Maderera Barrios S.R.L. had committed infractions within its forest concession, resulting in the declaration of the concession's expiration. Subsequently, the company appealed administratively and initiated a judicial process against OSINFOR. The Superior Court of Justice of Loreto reviewed the case and issued a substantive ruling. TFFS-OSINFOR, having suspended its response to the appeal pending the conclusion of the judicial process, eventually issued a statement recognizing the substantive analysis conducted by the Court. The critical analysis of the case reveals three significant issues in the Resolution. Firstly, there is a question regarding the start of the prescription period for a continuous infraction, emphasizing the need to define it from the last constitutive action to ensure effective control over extractive activities. Secondly, it examines whether the collegiate body respected the non bis in idem principle by not conducting a triple identity test. Finally, it addresses the nature of expiration as either a consequence of contractual noncompliance or a punitive measure, debating whether it should primarily be based on environmental damage or evaluated from a contractual perspective.

El presente informe jurídico examina la sentencia recaída en el expediente N.º 3563-2019, en la que el Tribunal Constitucional determina la nulidad del despido de una trabajadora como consecuencia de su embarazo. Para ello, el autor examina los instrumentos jurídicos que fundamentan el privilegio de protección especial de las madres trabajadoras, así como la evolución jurisprudencial en esta materia, así como los tratados internacionales de Derechos Humanos y Convenios. En el informe se analiza la resolución señalada, que establece la protección reforzada de este sujeto de derecho, incluso en el caso de contratos a plazo fijo. Para lograr este objetivo, la autora examina los instrumentos jurídicos que sustentan la protección especial a las madres trabajadoras, así como los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y el desarrollo jurisprudencial sobre la materia. El propósito del informe es atender consultas sobre el alcance de la estabilidad laboral de las trabajadoras gestantes, el tipo de protección que reciben los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) frente al despido nulo y las restricciones a la reincorporación en los contratos a plazo fijo en el sector público. La protección restitutiva, que comprende la reincorporación efectiva y el pago de las remuneraciones devengadas, es la salvaguarda adecuada frente al despido de una servidora pública en estado de embarazo o lactancia que se encuentre contratada bajo el régimen CAS, según las conclusiones del trabajo. Sin embargo, es importante señalar que el TC no aborda la estabilidad laboral de la trabajadora en el caso específico de la sentencia bajo análisis. Ello debido a que defiere a la discrecionalidad de la entidad pública la determinación del periodo de contratación luego de hacerse efectiva la reincorporación. / In case No. 3563-2019-PA/TC, the Constitutional Court declared the dismissal of a civil servant on the basis of pregnancy to be null and invalid. This ruling established the increased protection of this subject of law, even in the case of impermanent contracts. This report analyzes the ruling. In order to achieve this objective, the author examines the legal instruments that underpin the special protection of working mothers, as well as the international human rights treaties and conventions and the jurisprudential development on this matter. The report aims to address inquiries regarding the extent of labor stability for expectant workers, the nature of protection against unlawful dismissal for workers in the Administrative Contracting of Services regime, and the restrictions of reinstatement in fixed-term contracts in the public sector. With regard to the report's conclusions, it is feasible to assert that restitutive protection, which encompasses the effective reinstatement and payment of accrued remuneration, is the appropriate safeguard against dismissal of a public servant who is pregnant or breastfeeding and employed under the CAS regime. In the specific case of the judgment under analysis, it is observed that the Constitutional Court does not intervene in the worker's labor stability, as it defers to the public entity's discretion in determining the hiring period upon the reinstatement's effective date.

En el presente artículo se busca analizar la pieza publicitaria del producto "Maggi Cubito de Carne de 100g" a partir de la siguiente pregunta: ¿constituye dicha pieza publicitaria un acto de competencia desleal en la modalidad de engaño? Para responder a esta cuestión, será necesario abordar la siguiente interrogante: ¿debe la frase "Mezcla deshidratada sabor carne", que figura en la parte frontal del producto, ser considerada parte de la publicidad, a pesar de estar incluida en el rotulado registrado ante la Dirección General de Salud Ambiental (“DIGESA”)? Para delimitar el mensaje publicitario, será esencial llevar a cabo un análisis tanto superficial como integral de la publicidad de empaque del producto. Este análisis debe realizarse conforme al artículo 21 del Decreto Legislativo N.º 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (“LRCD”), con el objetivo de determinar la interpretación que el destinatario (consumidor) tendría de la publicidad sin requerir un análisis exhaustivo ni razonado. Este enfoque debe basarse en la experiencia general de consumo en el mercado de productos saborizantes. De esta forma, se podrá evaluar si la Sala Especializada en Defensa de la Competencia realizó un análisis adecuado de la pieza publicitaria y si esta constituye o no un acto de competencia desleal en la modalidad de engaño, según lo regulado en el artículo 8 de la LRCD. / This article seeks to analyze the advertising piece of the product "Maggi Cubito de Carne de 100g" based on the following question: does such advertising constitute an act of unfair competition in the form of deception? In order to answer this question, it will be necessary to approach the following question: should the phrase "Meat flavor dehydrated mixture", which appears on the front of the product, be considered part of the advertising, despite being included in the labeling registered before DIGESA? In order to delimit the advertising message, it will be essential to carry out a superficial as well as an integral analysis of the product packaging advertising. This analysis must be carried out in accordance with Article 21 of Legislative Decree No. 1044 - Law for the Repression of Unfair Competition ("LRUC"), with the objective of determining the interpretation that the addressee (consumer) would have of the advertising without requiring an exhaustive and reasoned analysis. This approach should be based on the general consumer experience in the market for flavoring products. In this way, it will be possible to evaluate whether or not the Specialized Antitrust Court conducted an adequate analysis of the advertising piece and whether or not it constitutes an act of unfair competition in the form of deception, as regulated in article 8 of the LRUC.

El informe jurídico aborda la aplicación del silencio administrativo negativo en la emisión de la Resolución Final N° 3390-2023/SPC-INDECOPI por parte de la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en ausencia de un pronunciamiento de primera instancia previo. Se evalúa si la mencionada resolución se ajusta al marco normativo vigente del ordenamiento jurídico peruano, con especial atención al Código de Protección y Defensa del Consumidor y al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. El análisis considera el impacto de la figura jurídica del silencio administrativo negativo en el principio de legalidad, que exige que los actos administrativos estén en concordancia con las leyes; y en el derecho a la pluralidad de instancias, que mediante el cual los administrados puedan apelar decisiones ante una instancia superior. Se concluye que la Sala tiene el deber de pronunciarse sobre la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador de iniciativa de parte en materia de consumo. Ello con el objetivo de otorgar seguridad jurídica tanto en la protección de los derechos de los consumidores como de los proveedores frente al uso del silencio administrativo negativo. Adicionalmente, el informe subraya la relevancia de que los proveedores no deben brindar información que como consecuencia induzca a error en la denominación de los productos destinados al consumo de mascotas. Este aspecto es fundamental para salvaguardar la salud de los animales. / The legal report examines the application of negative administrative silence in the Final Resolution No. 3390-2023/SPC-INDECOPI by the Specialized Chamber for Consumer Protection of INDECOPI, in the absence of a prior first-instance ruling. The report assesses whether the resolution in question complies with the prevailing regulatory framework within the Peruvian legal system, with particular emphasis on the Consumer Protection and Defense Code and the Consolidated Text of Law No. 27444, Law of General Administrative Procedure. The analysis considers the impact of the legal figure of negative administrative silence on the principle of legality, which requires that administrative acts align with the law, and on the right to a plurality of instances, which ensures that administrative decisions can be appealed before a higher authority. It concludes that the Specialized Chamber for Consumer Protection is obligated to issue a ruling regarding the nature of sanctioning administrative procedures initiated by private parties in the realm of consumer protection. This is to ensure legal certainty in both protecting consumer rights and safeguarding providers against the application of negative administrative silence. Additionally, the report underscores the importance of avoiding the provision of misleading information in the labeling of products intended for pet consumption. This aspect is crucial for safeguarding animal health.

El presente informe jurídico analiza la operación realizada por Enel S.P.A. consistente en la adquisición de la totalidad de acciones de Endesa S.A., ejecutada en territorio extranjero, así como los razonamientos realizados por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia No.1 de INDECOPI para justificar la apertura de un procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción al Artículo 6 de la Ley 26876. Se proporcionará una respuesta frente a los tres problemas jurídicos principales identificados, vinculados a la aplicación de la Ley 26876 frente a una concentración empresarial perfeccionada en territorio extranjero, la determinación correcta de la sanción administrativa impuesta en virtud de los criterios que concretizan el principio de razonabilidad en materia sancionadora, y la correcta adecuación de la actuación administrativa en el presente caso frente a los principios de debido procedimiento y de tipicidad que fundamentan el procedimiento administrativo sancionador. Las conclusiones del análisis establecen la utilidad de la effects doctrine para identificar el elemento que habilita la aplicación de la Ley 26876 frente a una concentración perfeccionada en el extranjero, la fundamentación insuficiente de la cuantía de la sanción establecida en base a los criterios de graduación vigentes, y la adecuación por parte de la Comisión y la Sala a los principios de debido procedimiento y tipicidad. / This report analyzes Enel S.P.A.’s shares acquisition of Endesa S.A. executed in foreign territory, and INDECOPI’s Comisión and Sala de Defensa de la Competencia No.1 reasonings to inititate an administrative sanctioning procedure for the infringement of Article 6 of the Ley 26876. A solution to the three principal legal problems identified will be given regarding the application of Ley 26876 against a foreign economic concentration, the correct establishment of an administrative sanction in virtue of the principle of reasonableness’s criteria, and the adequacy of the actions in the present case in virtue of the administrative due process and principle of typicality. The main conclusions of this analysis establish the usefulness of the effects doctrine regarding the identification of the elements that enable the application of Ley 26876 against an economic concentration perfected abroad, the insufficient substantiation of the quantum of the imposed sanction in virtue of the existing criterias, and the adecuacy of the actions of the Comisión and Sala regarding the administrative due process and principle of typicality.

El presente informe jurídico tiene como objetivo general analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N°00413-2022-PHC/TC, la cual resulta de gran relevancia ya que mediante esta se establecen parámetros y límites a las atribuciones de la policía en la realización del control de identidad, mediante el cual, sin necesidad de un mandato judicial, el policía puede requerir la identificación de una persona con fines de prevención o investigación de un delito. En ese sentido, se analizará de manera crítica la sentencia considerando que, si bien la decisión del máximo intérprete constitucional es acertada en declarar fundada la demanda de hábeas corpus a favor de Luis Enrique Rodríguez Gutiérrez y Katya Karina Vilca Jaramillo; no obstante, el caso plantea cuestiones más amplias que deben ser abordadas, las cuales incluyen el delimitar parámetros objetivos para determinar qué se entiende por “actitud sospechosa”, categoría usada usualmente en las actuaciones u operaciones policiales para justificar su labor en la prevención del delito. Por ello, consideramos que el máximo intérprete de la Constitución ha perdido una valiosa oportunidad de crear criterios jurisprudenciales más sólidos respecto a esta problemática, la cual es común y cotidiana en la práctica. Particularmente, debió haber considerado los parámetros ya delimitados por Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina. En dicha sentencia, se establecieron criterios respecto a la exigencia de elementos probatorios concretos que fundamenten la actividad del control y prevención policial para el resguardo de la libertad personal. / Constitutional Court in Exp. N°00413-2022-PHC/TC, which is of great relevance, as it establishes parameters and limits to the powers of the police in carrying out identity checks, whereby, without the need for a warrant, the police can request the identification of a person for the purpose of preventing or investigating a crime. In this sense, we will critically analyse the sentence considering that, although the decision of the highest constitutional interpreter is correct in declaring the habeas corpus petition in favour of Luis Enrique Rodríguez Gutiérrez and Katya Karina Vilca Jaramillo to be well founded; nevertheless, the case raises broader issues that must be addressed, which include the delimitation of objective parameters to determine what is understood by "suspicious attitude", a category usually used in police actions or operations to justify their work in crime prevention. For this reason, we consider that the highest constitutional court has missed a valuable opportunity to create more solid jurisprudential criteria with respect to this problem, which is common and everyday in practice. In particular, it should have considered the parameters already established by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Fernández Prieto and Tumbeiro v. Argentina. In this judgment, criteria have been defined with respect to the requirement of concrete evidence to support the activity of police control and prevention in order to safeguard personal liberty.

De acuerdo con lo resuelto por la Sentencia N°41-2023 de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, emitida bajo el expediente N° 00132-2022-0-0401-JR-CI-01, el presente informe analiza los siguientes dos problemas jurídicos. En primer lugar, el presente informe analizará si es que la señalada sentencia transgrede la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Para ello, se evaluará lo que la norma, la jurisprudencia y la doctrina señalan sobre las implicancias de dicha garantía. En segundo lugar, se analizará si existió justificación para que la sala evalúe la motivación del tribunal arbitral. Para esto, se establecerá, por un lado, los alcances de la motivación en los laudos que resuelven controversias derivadas de la ejecución de contratos suscritos bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y, por otro lado, los alcances del control judicial a estos. A consecuencia de lo analizado, se concluye que la sala vulnera la garantía de la debida motivación y, asimismo, que no existió justificación para cuestionar la motivación del Tribunal Arbitral. / According to the ruling of Judgment No. 41-2023 from the First Civil Chamber of the Superior Court of Justice of Arequipa, issued under case number 00132- 2022-0-0401- JR-CI-01, this report analyzes the following two legal issues. First, it will examine whether the mentioned judgment violates the guarantee of proper reasoning in judicial decisions. To do so, we will evaluate what the law, jurisprudence, and doctrine state regarding the implications of this guarantee. Second, we will analyze whether there was justification for the chamber to assess the motivation of the arbitral tribunal. For this purpose, we will establish, on the one hand, the scope of reasoning in awards that resolve disputes arising from contracts executed under the State Procurement Law and, on the other hand, the extent of judicial review of these decisions. Based on the analysis, it is concluded that the chamber violates the guarantee of proper reasoning and that there was no justification for questioning the motivation of the Arbitral Tribunal.

El presente informe busca analizar la Resolución N° 1547-2024-SUNARP-TR para evaluar si es posible efectuar la consolidación la propiedad definitiva sobre dos secciones de propiedad exclusiva de un régimen de propiedad horizontal constituido sobre una edificación superficiaria, con la adquisición en simultáneo de los derechos de propiedad temporal sobre las referidas secciones de propiedad exclusiva, del 5.29% de acciones y derechos sobre el derecho de superficie respectivo y del 5.29% de acciones y derechos sobre el predio matriz. Para ello, se recurrirá a los conceptos desarrollados por la doctrina extranjera y nacional en lo relacionado al derecho de superficie, a la propiedad superficiaria, a la propiedad horizontal, a la consolidación de derechos reales y a la extinción de derechos reales. La principal conclusión del informe será que no es posible consolidar la propiedad definitiva sobre las dos secciones de propiedad exclusiva por la inaplicabilidad de la figura de la consolidación a los derechos de propiedad temporal, por la imposibilidad de extinguir el derecho de superficie sobre secciones de aire del sobresuelo, y por la imposibilidad de dividir el predio matriz con la presencia de una edificación superficiaria. Igualmente, se evidenciará la afectación a los principios registrales de legalidad, de prioridad excluyente y de legitimación. Por último, se dispondrá cual es la manera adecuada por la cual establecer derechos de propiedad definitivos sobre las secciones de propiedad exclusiva. / This legal report seeks to analyse Resolution No. 1547-2024-SUNARP-TR in order to assess whether it is possible to consolidate the definitive property rights of two sections of exclusive property of a horizontal property regime constituted on a superficial building, with the simultaneous acquisition of the temporary ownership rights over the referred sections of exclusive property, of 5.29% of shares and rights over the respective surface right and of 5.29% of shares and rights over the parent property. For this end, it will be used the concepts developed by foreign and national doctrine in relation to the surface right, the surface property, the horizontal property regime, the consolidation of real rights and the extinction of real rights. The main conclusion of this report will be that it is not possible to consolidate the definitive property rights of the two sections of exclusive property due to the inapplicability of the figure of consolidation to temporary property rights, due to the impossibility of extinguishing the surface right only on aerial sections of the upper floor, and due to the impossibility of dividing the parent property with the presence of an surface building. It will also be shown how the principles of legality, exclusionary priority and legitimacy are affected. Finally, it will be provided the appropriate manner by which to establish definitive property rights over the sections of exclusive property.

La ejecución de las medidas de coerción personal menos gravosa para la libertad de los procesados que reconoce nuestro ordenamiento procesal peruano como la comparecencia simple, comparecencia con restricciones, detención domiciliaria, impedimento de salida del país o suspensión preventiva de derechos, presenta una serie de desafíos y dificultades que están limitando su viabilidad y consolidación, motivados por la falta de mecanismos eficaces de monitoreo y supervisión. No existe un sistema integral de control que asegure el cumplimiento de estas medidas, por lo que son consideras alternativas insuficientes que favorecen la impunidad y contribuyen a los altos niveles de inseguridad ciudadana, de modo que la prisión preventiva representa el principal instrumento viable de respuesta para enfrentar la problemática de la delincuencia común. En ese contexto, el presente trabajo consiste en el análisis de las medidas de coerción personal y la necesidad de implementar un “Centro de monitoreo y supervisión de riesgos procesales de las medidas de coerción personal no privativas de la libertad”, con la finalidad de abordar de forma sistémica e integral las estrategias de control y vigilancia para la ejecución de las restricciones o normas impuestas por las autoridades del sistema de justicia penal, coadyuvando a que el procesado en libertad pueda comparecer al juicio, no obstaculice la investigación o represente un peligro para la seguridad de la víctima, testigo o sociedad en general, previniendo oportunamente actos de reiteración delictiva o revictimización.